El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por la modificación del Reglamento General de Costas, que afecta a miles de vecinos de la localidad alicantina de Denia, volvió a hacerse patente este lunes en un encuentro de la Administración autonómica con representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes.El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, reiteró su rechazo a la modificación impulsada por el Ejecutivo central, al tiempo que insistió en que la Generalitat defenderá sus posiciones por las vías administrativa, política y judicial.En esta línea, Rosa Marín, vicepresidenta de la Asociación de Defensa de Playas Norte de Denia, explica a ABC que tras años reclamando actuaciones para frenar la regresión del litoral, la regeneración ejecutada en Les Deveses no ha evitado que decenas de viviendas se vean afectadas por los nuevos deslindes. «Han aplicado los deslindes con los límites anteriores a la regeneración. Con los límites actuales no habría resultado afectada ninguna vivienda», apunta. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Llorca denunciará al Gobierno al cambiar «por la puerta de atrás» el deslinde de CostasEn este sentido, Marín señala que la medida ha alcanzado a 56 viviendas en Les Deveses y a un total de 99 inmuebles en el litoral de Denia que, según indica, han pasado a formar parte del dominio público. «El dueño deja de ser dueño de su casa y pasa a ser concesionario porque el Ministerio así lo ha decidido», asegura. Asimismo, añade que las concesiones son de 30 años, prorrogables por otros 30, y advierte de que, una vez finalizado ese periodo, «el propietario tiene que derribar la casa y costeárselo él». Así, califica esta situación como «la más límite» y afirma que es la que mayor malestar ha generado.Asimismo, ha explicado que el deslinde no solo ha afectado a las viviendas que pasan a dominio público, sino también a otras cerca de 3.000 propiedades del frente litoral por las zonas de protección y de tránsito. En su caso, ha indicado que la terraza de su vivienda ha quedado dentro del dominio público, mientras que el porche ha sido considerado zona de tránsito y los 20 metros posteriores han quedado como zona de protección, lo que obliga a solicitar autorización al Ministerio para realizar cualquier modificación.Además, denuncia que el Registro de la Propiedad ha incorporado una anotación que hace constar la afección por el deslinde. A su juicio, esta circunstancia ha provocado que «automáticamente se devalúe» el valor de las viviendas, llegando «incluso hasta la mitad de lo que podría valer».Por su parte, la representante vecinal insiste en que las consecuencias van mucho más allá del aspecto urbanístico. «El daño que han hecho a nivel moral y afectivo no se puede medir», afirma, al explicar que muchas de las viviendas pertenecen a familias desde hace generaciones. En este sentido, Marín explica que las asociaciones continúan impulsando diversas modificaciones de la Ley de Costas para proteger los núcleos residenciales históricos y garantizar el respeto a la propiedad privada. «Lo más importante es que se respete la propiedad privada de las personas y que no se consiga dominio público a costa de la propiedad privada de los vecinos», subraya.La vicepresidenta también cuestiona que se responsabilice a las viviendas de primera línea de la regresión del litoral. A su juicio, «las causas de la regresión de las costas son por la retención de áridos por las presas y las estructuras rígidas como los puertos», al tiempo que defiende que existen soluciones aplicadas en otros países, como la regeneración de playas, la construcción de arrecifes o la restitución de sedimentos a los ríos.La Generalitat reclamará por «vía administrativa, política y judicial»Por su parte, Vicente Martínez Mus trasladó este lunes a los representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes de la costa de Denia que la Generalitat combatirá la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España por la «vía administrativa, política y judicial».En esta línea, Mus anunció que el Consell presentará el correspondiente recurso el próximo mes de septiembre y les expuso las alternativas que defiende la Generalitat para compatibilizar la protección del litoral con la seguridad jurídica de los ciudadanos.Asimismo, Martínez Mus aseguró a los asistentes que «la Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance». En este sentido, recordó que el Consell se ha opuesto a los deslindes durante toda su tramitación administrativa, mantiene recursos contra los tres expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ahora recurrirá también la modificación del Reglamento General de Costas.Al respecto, el conseller explicó que la Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal, pero advirtió de que, una vez aprobado definitivamente, «acudiremos a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales, para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».En este sentido, defendió que «la protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros». Durante la reunión también se explicó a los afectados las consecuencias de la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España, una reforma que la Generalitat rechaza por considerar que introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas.Según detalló el conseller, la principal novedad consiste en «permitir que un único temporal excepcional pueda utilizarse como referencia para determinar de forma permanente los deslindes del dominio público marítimo-terrestre». «Este cambio sustituye un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un episodio aislado», lo que, a juicio de la Generalitat, «genera una grave inseguridad jurídica, incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano».El vicepresidente también reclamó al Gobierno de España actuaciones efectivas para combatir la regresión costera y recordó que dos de los cinco tramos más afectados de toda España se encuentran en la Comunidad Valenciana: Castellón-Sagunto y Valencia-Denia. El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por la modificación del Reglamento General de Costas, que afecta a miles de vecinos de la localidad alicantina de Denia, volvió a hacerse patente este lunes en un encuentro de la Administración autonómica con representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes.El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, reiteró su rechazo a la modificación impulsada por el Ejecutivo central, al tiempo que insistió en que la Generalitat defenderá sus posiciones por las vías administrativa, política y judicial.En esta línea, Rosa Marín, vicepresidenta de la Asociación de Defensa de Playas Norte de Denia, explica a ABC que tras años reclamando actuaciones para frenar la regresión del litoral, la regeneración ejecutada en Les Deveses no ha evitado que decenas de viviendas se vean afectadas por los nuevos deslindes. «Han aplicado los deslindes con los límites anteriores a la regeneración. Con los límites actuales no habría resultado afectada ninguna vivienda», apunta. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Llorca denunciará al Gobierno al cambiar «por la puerta de atrás» el deslinde de CostasEn este sentido, Marín señala que la medida ha alcanzado a 56 viviendas en Les Deveses y a un total de 99 inmuebles en el litoral de Denia que, según indica, han pasado a formar parte del dominio público. «El dueño deja de ser dueño de su casa y pasa a ser concesionario porque el Ministerio así lo ha decidido», asegura. Asimismo, añade que las concesiones son de 30 años, prorrogables por otros 30, y advierte de que, una vez finalizado ese periodo, «el propietario tiene que derribar la casa y costeárselo él». Así, califica esta situación como «la más límite» y afirma que es la que mayor malestar ha generado.Asimismo, ha explicado que el deslinde no solo ha afectado a las viviendas que pasan a dominio público, sino también a otras cerca de 3.000 propiedades del frente litoral por las zonas de protección y de tránsito. En su caso, ha indicado que la terraza de su vivienda ha quedado dentro del dominio público, mientras que el porche ha sido considerado zona de tránsito y los 20 metros posteriores han quedado como zona de protección, lo que obliga a solicitar autorización al Ministerio para realizar cualquier modificación.Además, denuncia que el Registro de la Propiedad ha incorporado una anotación que hace constar la afección por el deslinde. A su juicio, esta circunstancia ha provocado que «automáticamente se devalúe» el valor de las viviendas, llegando «incluso hasta la mitad de lo que podría valer».Por su parte, la representante vecinal insiste en que las consecuencias van mucho más allá del aspecto urbanístico. «El daño que han hecho a nivel moral y afectivo no se puede medir», afirma, al explicar que muchas de las viviendas pertenecen a familias desde hace generaciones. En este sentido, Marín explica que las asociaciones continúan impulsando diversas modificaciones de la Ley de Costas para proteger los núcleos residenciales históricos y garantizar el respeto a la propiedad privada. «Lo más importante es que se respete la propiedad privada de las personas y que no se consiga dominio público a costa de la propiedad privada de los vecinos», subraya.La vicepresidenta también cuestiona que se responsabilice a las viviendas de primera línea de la regresión del litoral. A su juicio, «las causas de la regresión de las costas son por la retención de áridos por las presas y las estructuras rígidas como los puertos», al tiempo que defiende que existen soluciones aplicadas en otros países, como la regeneración de playas, la construcción de arrecifes o la restitución de sedimentos a los ríos.La Generalitat reclamará por «vía administrativa, política y judicial»Por su parte, Vicente Martínez Mus trasladó este lunes a los representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes de la costa de Denia que la Generalitat combatirá la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España por la «vía administrativa, política y judicial».En esta línea, Mus anunció que el Consell presentará el correspondiente recurso el próximo mes de septiembre y les expuso las alternativas que defiende la Generalitat para compatibilizar la protección del litoral con la seguridad jurídica de los ciudadanos.Asimismo, Martínez Mus aseguró a los asistentes que «la Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance». En este sentido, recordó que el Consell se ha opuesto a los deslindes durante toda su tramitación administrativa, mantiene recursos contra los tres expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ahora recurrirá también la modificación del Reglamento General de Costas.Al respecto, el conseller explicó que la Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal, pero advirtió de que, una vez aprobado definitivamente, «acudiremos a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales, para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».En este sentido, defendió que «la protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros». Durante la reunión también se explicó a los afectados las consecuencias de la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España, una reforma que la Generalitat rechaza por considerar que introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas.Según detalló el conseller, la principal novedad consiste en «permitir que un único temporal excepcional pueda utilizarse como referencia para determinar de forma permanente los deslindes del dominio público marítimo-terrestre». «Este cambio sustituye un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un episodio aislado», lo que, a juicio de la Generalitat, «genera una grave inseguridad jurídica, incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano».El vicepresidente también reclamó al Gobierno de España actuaciones efectivas para combatir la regresión costera y recordó que dos de los cinco tramos más afectados de toda España se encuentran en la Comunidad Valenciana: Castellón-Sagunto y Valencia-Denia.
El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por la modificación del Reglamento General de Costas, que afecta a miles de vecinos de la localidad alicantina de Denia, volvió a hacerse patente este lunes en un encuentro de la Administración autonómica con representantes … de las principales asociaciones de afectados por los deslindes.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, reiteró su rechazo a la modificación impulsada por el Ejecutivo central, al tiempo que insistió en que la Generalitat defenderá sus posiciones por las vías administrativa, política y judicial.
En esta línea, Rosa Marín, vicepresidenta de la Asociación de Defensa de Playas Norte de Denia, explica a ABC que tras años reclamando actuaciones para frenar la regresión del litoral, la regeneración ejecutada en Les Deveses no ha evitado que decenas de viviendas se vean afectadas por los nuevos deslindes. «Han aplicado los deslindes con los límites anteriores a la regeneración. Con los límites actuales no habría resultado afectada ninguna vivienda», apunta.
En este sentido, Marín señala que la medida ha alcanzado a 56 viviendas en Les Deveses y a un total de 99 inmuebles en el litoral de Denia que, según indica, han pasado a formar parte del dominio público. «El dueño deja de ser dueño de su casa y pasa a ser concesionario porque el Ministerio así lo ha decidido», asegura. Asimismo, añade que las concesiones son de 30 años, prorrogables por otros 30, y advierte de que, una vez finalizado ese periodo, «el propietario tiene que derribar la casa y costeárselo él». Así, califica esta situación como «la más límite» y afirma que es la que mayor malestar ha generado.
Asimismo, ha explicado que el deslinde no solo ha afectado a las viviendas que pasan a dominio público, sino también a otras cerca de 3.000 propiedades del frente litoral por las zonas de protección y de tránsito. En su caso, ha indicado que la terraza de su vivienda ha quedado dentro del dominio público, mientras que el porche ha sido considerado zona de tránsito y los 20 metros posteriores han quedado como zona de protección, lo que obliga a solicitar autorización al Ministerio para realizar cualquier modificación.
Además, denuncia que el Registro de la Propiedad ha incorporado una anotación que hace constar la afección por el deslinde. A su juicio, esta circunstancia ha provocado que «automáticamente se devalúe» el valor de las viviendas, llegando «incluso hasta la mitad de lo que podría valer».
Por su parte, la representante vecinal insiste en que las consecuencias van mucho más allá del aspecto urbanístico. «El daño que han hecho a nivel moral y afectivo no se puede medir», afirma, al explicar que muchas de las viviendas pertenecen a familias desde hace generaciones.
En este sentido, Marín explica que las asociaciones continúan impulsando diversas modificaciones de la Ley de Costas para proteger los núcleos residenciales históricos y garantizar el respeto a la propiedad privada. «Lo más importante es que se respete la propiedad privada de las personas y que no se consiga dominio público a costa de la propiedad privada de los vecinos», subraya.
La vicepresidenta también cuestiona que se responsabilice a las viviendas de primera línea de la regresión del litoral. A su juicio, «las causas de la regresión de las costas son por la retención de áridos por las presas y las estructuras rígidas como los puertos», al tiempo que defiende que existen soluciones aplicadas en otros países, como la regeneración de playas, la construcción de arrecifes o la restitución de sedimentos a los ríos.
La Generalitat reclamará por «vía administrativa, política y judicial»
Por su parte, Vicente Martínez Mus trasladó este lunes a los representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes de la costa de Denia que la Generalitat combatirá la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España por la «vía administrativa, política y judicial».
En esta línea, Mus anunció que el Consell presentará el correspondiente recurso el próximo mes de septiembre y les expuso las alternativas que defiende la Generalitat para compatibilizar la protección del litoral con la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Asimismo, Martínez Mus aseguró a los asistentes que «la Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance». En este sentido, recordó que el Consell se ha opuesto a los deslindes durante toda su tramitación administrativa, mantiene recursos contra los tres expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ahora recurrirá también la modificación del Reglamento General de Costas.
Al respecto, el conseller explicó que la Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal, pero advirtió de que, una vez aprobado definitivamente, «acudiremos a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales, para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».
En este sentido, defendió que «la protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros».
Durante la reunión también se explicó a los afectados las consecuencias de la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España, una reforma que la Generalitat rechaza por considerar que introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas.
Según detalló el conseller, la principal novedad consiste en «permitir que un único temporal excepcional pueda utilizarse como referencia para determinar de forma permanente los deslindes del dominio público marítimo-terrestre». «Este cambio sustituye un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un episodio aislado», lo que, a juicio de la Generalitat, «genera una grave inseguridad jurídica, incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano».
El vicepresidente también reclamó al Gobierno de España actuaciones efectivas para combatir la regresión costera y recordó que dos de los cinco tramos más afectados de toda España se encuentran en la Comunidad Valenciana: Castellón-Sagunto y Valencia-Denia.
RSS de noticias de espana
