Emmanuel Macron ha aceptado este miércoles dar marcha atrás en la simbólica -y polémica- reforma de las pensiones aprobada en el 2023, que elevó de 62 a 64 años la edad legal de jubilación. Se trata de una gran concesión a la izquierda y a los sindicatos con el objetivo de apuntalar al frágil Gobierno y, sobre todo, evitar unas elecciones anticipadas que no garantizarían dar estabilidad a una Francia políticamente muy fracturada.
Un acuerdo con socialistas, verdes y comunistas debería permitir aprobar los presupuestos y evitar nuevas elecciones
Emmanuel Macron ha aceptado este miércoles dar marcha atrás en la simbólica -y polémica- reforma de las pensiones aprobada en el 2023, que elevó de 62 a 64 años la edad legal de jubilación. Se trata de una gran concesión a la izquierda y a los sindicatos con el objetivo de apuntalar al frágil Gobierno y, sobre todo, evitar unas elecciones anticipadas que no garantizarían dar estabilidad a una Francia políticamente muy fracturada.
El primer ministro dimisionario, Sébastien Lecornu, muy próximo al jefe de Estado, fue el encargado de negociar el compromiso, contrarreloj, con los socialistas, los ecologistas y los comunistas. En el sistema francés, muy presidencialista, está claro que un acuerdo de esta trascendencia solo puede producirse con el visto bueno de Macron.
La última reforma de las pensiones fue aprobada finalmente por decreto, sin votación en el Parlamento, utilizando el controvertido artículo 49-3 de la Constitución. La decisión tomada por la entonces primera ministra, Élisabeth Borne, se produjo después de una ola de protestas en la calle, algunas de ellas muy violentas, además de huelgas.
En una entrevista durante el telediario de France 2, después de hablar con Macron en el Elíseo, Lecornu dejó a entender con claridad que la reforma podrá ser suspendida si lo decide el Parlamento. No entró en los detalles de su negociación con la izquierda. Reconoció que la aprobación de la reforma sin votación fue “una herida democrática” y es bueno que se reabra el debate y el Parlamento tenga la última palabra.
Según Lecornu, Macron nombrará un nuevo primer ministro en un plazo de 48 horas. Él mismo da por concluida su misión. Será su sucesor o sucesora quien tendrá que materializar el acuerdo sobre las pensiones en el Parlamento y, a la vez, hacer aprobar los presupuestos. No está claro si el nuevo jefe de gobierno será de izquierdas o tendrá un perfil técnico. Según el premier dimisionario, existe una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional contraria a nuevas elecciones, por el convencimiento de que los resultados podrían perpetuar el bloqueo.
Durante la jornada, el partido de Marine Le Pen, el Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) insistió en que la única solución para superar el bloqueo institucional era disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas anticipadas. La tres veces candidata al Elíseo consideró que los partidos franceses han ofrecido “un espectáculo desesperante”, por lo que exigió “el final de la broma”. La líder ultraderechista acusó a sus rivales de tener miedo a someterse a las urnas.
La tercera crisis de gobierno en menos de un año ha contribuido a hundir aún más la popularidad de Macron. Según un último sondeo del instituto Elabe para el rotativo económico Les Echos, solo un 14% de los franceses aprueba la gestión del presidente de la República, dos puntos menos que una encuesta de la semana pasada encargada por Figaro Magazine. Se trata del nivel más bajo alcanzado por Macron desde que llegó al Elíseo en mayo del 2016. El socialista François Hollande, en cuyo gobierno Macron fue ministro de Economía y Finanzas, también cayó al 16% en el 2016, en la fase final de su mandato.
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