El Gobierno regional responde a la ministra de Sanidad, Mónica García, que hace unos días apuntaba que aplicaría la ley para que en Madrid se hiciera el registro de objetores de conciencia en casos de aborto . «Utilizaremos todas las herramientas para que la ley se cumpla», dijo la ministra en el consejo de ministros. El Ejecutivo regional le respondía hoy, por boca de la consejera de Sanidad, Fátima Matute: «En la Comunidad de Madrid no se va a perseguir ni a señalar a nadie por hacer, ni por no hacer».Concretamente, Matute señalaba que eso no pasaría en «esta democracia liberal, en la Comunidad de Madrid». Además, señalaba que «en Madrid a ninguna mujer se le ha negado el aborto».De hecho, ha facilitado el dato de intervenciones del embarazo en toda España: «Hay 106.000 abortos el año pasado en España».El aborto se ha vuelto a convertir en caballo de batalla política. El lunes, el presidente del Gobierno enviaba una carta a cuatro regiones amenazándoles con acciones legales si no ponían en marcha el registro de profesionales objetores al aborto. El martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe en el que se señala a los territorios en los que estas intervenciones se realizan mayoritariamente en la privada.Hay regiones con más del 75 por ciento de abortos en los centros públicos (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra); otras que rozan el 60 por ciento, como Cataluña o Baleares; otras que partían de cifras bajas pero las han aumentado en los últimos años, como Canarias y Castilla y León; y todas las demás, que están por debajo del 10 por ciento. El Gobierno regional responde a la ministra de Sanidad, Mónica García, que hace unos días apuntaba que aplicaría la ley para que en Madrid se hiciera el registro de objetores de conciencia en casos de aborto . «Utilizaremos todas las herramientas para que la ley se cumpla», dijo la ministra en el consejo de ministros. El Ejecutivo regional le respondía hoy, por boca de la consejera de Sanidad, Fátima Matute: «En la Comunidad de Madrid no se va a perseguir ni a señalar a nadie por hacer, ni por no hacer».Concretamente, Matute señalaba que eso no pasaría en «esta democracia liberal, en la Comunidad de Madrid». Además, señalaba que «en Madrid a ninguna mujer se le ha negado el aborto».De hecho, ha facilitado el dato de intervenciones del embarazo en toda España: «Hay 106.000 abortos el año pasado en España».El aborto se ha vuelto a convertir en caballo de batalla política. El lunes, el presidente del Gobierno enviaba una carta a cuatro regiones amenazándoles con acciones legales si no ponían en marcha el registro de profesionales objetores al aborto. El martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe en el que se señala a los territorios en los que estas intervenciones se realizan mayoritariamente en la privada.Hay regiones con más del 75 por ciento de abortos en los centros públicos (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra); otras que rozan el 60 por ciento, como Cataluña o Baleares; otras que partían de cifras bajas pero las han aumentado en los últimos años, como Canarias y Castilla y León; y todas las demás, que están por debajo del 10 por ciento.
El Gobierno regional se niega a hacer el registro que exige el Ministerio de Sanidad
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