La carta que ha enviado el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para celebrar reuniones bilaterales sobre la futura financiación autonómica, ha sido recibida con escepticismo total por los gobiernos regionales, especialmente por aquellos presididos por el Partido Popular, que consideran que una cuestión de semejante trascendencia para el conjunto del Estado no puede ser resuelta a través de reuniones separadas entre el Gobierno central y cada territorio. La posición que mantiene Castilla y León no es nueva. La Junta lleva años defendiendo que la reforma del sistema debe discutirse en un marco multilateral, con todas las comunidades autónomas sentadas en la misma mesa y con criterios transparentes. No se trata únicamente de una cuestión de procedimiento, sino de garantías. Cuando cada territorio negocia por separado, aumenta la sospecha de que algunos acuerdos ya están previamente condicionados por intereses políticos ajenos al debate sobre la financiación. En este contexto, las comunidades gobernadas por el PP interpretan que el Ejecutivo lo que realmente persigue es consolidar un modelo que tendría ya muy avanzado en determinadas bases con las fuerzas nacionalistas de las que depende para mantener e en el Gobierno y llegar al final de la legislatura. Esta percepción dificulta cualquier acercamiento y alimenta la desconfianza hacia unas reuniones cuya utilidad práctica está todavía por demostrar. Además, la iniciativa llega en un momento político especialmente delicado para el Gobierno de España. Las dificultades para sostener la legislatura son evidentes y el debate público se encuentra dominado por la incertidumbre sobre la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que algunos de los socios que facilitaron la investidura reclaman medidas políticas que debe tomar el PSOE e incluso PNV y Junts piden elecciones ya mientras el Gobierno intenta proyectar una imagen de actividad institucional y capacidad de iniciativa. Por todo ello, es lógico pensar que se proyecta esta ronda de contactos como una operación con el objetivo de mantener viva la agenda política más que como el comienzo de una negociación real. Castilla y León, al igual que otras comunidades, seguirá defendiendo que la financiación autonómica tiene que acordarse entre todos, porque afecta a todos y porque solo desde el consenso multilateral es posible lograr un modelo estable y duradero. La carta que ha enviado el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para celebrar reuniones bilaterales sobre la futura financiación autonómica, ha sido recibida con escepticismo total por los gobiernos regionales, especialmente por aquellos presididos por el Partido Popular, que consideran que una cuestión de semejante trascendencia para el conjunto del Estado no puede ser resuelta a través de reuniones separadas entre el Gobierno central y cada territorio. La posición que mantiene Castilla y León no es nueva. La Junta lleva años defendiendo que la reforma del sistema debe discutirse en un marco multilateral, con todas las comunidades autónomas sentadas en la misma mesa y con criterios transparentes. No se trata únicamente de una cuestión de procedimiento, sino de garantías. Cuando cada territorio negocia por separado, aumenta la sospecha de que algunos acuerdos ya están previamente condicionados por intereses políticos ajenos al debate sobre la financiación. En este contexto, las comunidades gobernadas por el PP interpretan que el Ejecutivo lo que realmente persigue es consolidar un modelo que tendría ya muy avanzado en determinadas bases con las fuerzas nacionalistas de las que depende para mantener e en el Gobierno y llegar al final de la legislatura. Esta percepción dificulta cualquier acercamiento y alimenta la desconfianza hacia unas reuniones cuya utilidad práctica está todavía por demostrar. Además, la iniciativa llega en un momento político especialmente delicado para el Gobierno de España. Las dificultades para sostener la legislatura son evidentes y el debate público se encuentra dominado por la incertidumbre sobre la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que algunos de los socios que facilitaron la investidura reclaman medidas políticas que debe tomar el PSOE e incluso PNV y Junts piden elecciones ya mientras el Gobierno intenta proyectar una imagen de actividad institucional y capacidad de iniciativa. Por todo ello, es lógico pensar que se proyecta esta ronda de contactos como una operación con el objetivo de mantener viva la agenda política más que como el comienzo de una negociación real. Castilla y León, al igual que otras comunidades, seguirá defendiendo que la financiación autonómica tiene que acordarse entre todos, porque afecta a todos y porque solo desde el consenso multilateral es posible lograr un modelo estable y duradero.
La carta que ha enviado el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para celebrar reuniones bilaterales sobre la futura financiación autonómica, ha sido recibida con escepticismo total por los gobiernos regionales, especialmente por aquellos presididos por el Partido Popular, que consideran que una cuestión … de semejante trascendencia para el conjunto del Estado no puede ser resuelta a través de reuniones separadas entre el Gobierno central y cada territorio.
La posición que mantiene Castilla y León no es nueva. La Junta lleva años defendiendo que la reforma del sistema debe discutirse en un marco multilateral, con todas las comunidades autónomas sentadas en la misma mesa y con criterios transparentes. No se trata únicamente de una cuestión de procedimiento, sino de garantías. Cuando cada territorio negocia por separado, aumenta la sospecha de que algunos acuerdos ya están previamente condicionados por intereses políticos ajenos al debate sobre la financiación.
En este contexto, las comunidades gobernadas por el PP interpretan que el Ejecutivo lo que realmente persigue es consolidar un modelo que tendría ya muy avanzado en determinadas bases con las fuerzas nacionalistas de las que depende para mantener e en el Gobierno y llegar al final de la legislatura. Esta percepción dificulta cualquier acercamiento y alimenta la desconfianza hacia unas reuniones cuya utilidad práctica está todavía por demostrar. Además, la iniciativa llega en un momento político especialmente delicado para el Gobierno de España. Las dificultades para sostener la legislatura son evidentes y el debate público se encuentra dominado por la incertidumbre sobre la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que algunos de los socios que facilitaron la investidura reclaman medidas políticas que debe tomar el PSOE e incluso PNV y Junts piden elecciones ya mientras el Gobierno intenta proyectar una imagen de actividad institucional y capacidad de iniciativa.
Por todo ello, es lógico pensar que se proyecta esta ronda de contactos como una operación con el objetivo de mantener viva la agenda política más que como el comienzo de una negociación real. Castilla y León, al igual que otras comunidades, seguirá defendiendo que la financiación autonómica tiene que acordarse entre todos, porque afecta a todos y porque solo desde el consenso multilateral es posible lograr un modelo estable y duradero.
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