Las últimas ayudas ponen en el foco a los jóvenes, sobre todo las de vivienda, pero la cadena de trámites para solicitarlas frena el acceso de los que más las necesitan Leer Las últimas ayudas ponen en el foco a los jóvenes, sobre todo las de vivienda, pero la cadena de trámites para solicitarlas frena el acceso de los que más las necesitan Leer
Tres años alcanzan para muchas cosas. Para terminar una carrera universitaria, para cambiar de trabajo o para mudarse de ciudad. También para que el alquiler se encarezca mes a mes. Para Manuel Vázquez, fue el tiempo para recibir una respuesta de la Junta de Andalucía sobre su solicitud para el Bono de Alquiler Joven en Sevilla. Una ayuda económica de hasta 300 euros mensuales para facilitar el pago de la renta a uno de los colectivos que más se han visto afectados por la crisis del mercado. «Hubo muchísimos problemas desde la formalización de la inscripción con la página colpasada para adjuntar todos los documentos que requerían. Aquí es horroroso hacer cualquier trámite«, critica.
Él solicitó la ayuda a finales de 2022, cuando tenía 35 años (la edad límite para acceder a ella) y ya se estaba intensificado la actual crisis de precios desorbitados y el acceso a la vivienda. «Me hubiera venido genial porque la mayor parte de mi salario era para pagar el alquiler», recuerda. «Sabía que la administración tenía seis meses para resolver, pero no hubo comunicación de ningún tipo». No fue hasta agosto de 2025 a las 3:00 de la madrugada y casi tres años después, cuando recibió la primera noticia de la Junta. Le daban hasta el 24 de agosto, apenas ocho días, para resolver con más documentos. «Estaba de vacaciones y, obviamente, desconectado del correo», cuenta. Recibió la negativa un mes después.
«En Andalucía se estaban poniendo más trabas a todo este tema y ahí pierde completamente el propósito de tener el bono», lamenta Vázquez. Precisamente, el Tribunal de Cuentas de la comunidad concluyó, tras un análisis de los resultados de la convocatoria de 2022 y publicado en 2025, que apenas un 51,3% de las solicitudes se habían resuelto de un total de 17.288. Mientras tanto, quedaban 23,2%en tramitación y el 25,5% sin siquiera iniciar por insuficiencia de crédito. «La planificación en materia de vivienda carece de diagnósticos y estadísticas oficiales sobre el contexto o realidad del alquiler y la población potencialmente objetivo de las ayudas», advirtió el documento.
Los jóvenes han sido uno de los ejes centrales de las últimas políticas, sobre todo las de vivienda. De hecho, el nuevo Plan Estatal para el 2026-2030 aumenta hasta 300 euros mensuales el Bono Alquiler Joven -que cada comunidad autónoma gestiona-por cuatro años. «Cuando impulsas la demanda sin afectar la oferta, ocurre una subida en el precio agregado, es decir, el precio de equilibrio», explica José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En teoría, los jóvenes suelen salir beneficiados porque el descuento del bono sería mayor que el posible aumento del alquiler y «le otorga más probabilidades» de acceder al mercado.
En la práctica -y con más fuerza en los focos de empleo y turismo- el control de rentas o el precio máximo permitido para acceder al bono es «demasiado bajo» en comparación con los precios reales del mercado y «enseguida se quedan fuera de la ayuda», apunta Conde Ruiz. En el caso español, el precio del alquiler no puede superar los 1.000 euros, lo que supone un aumento de apenas el 10% respecto a cuando se aprobó la ayuda hace cuatro años, mientras que los alquileres en una vivienda de 80 metros cuadrados han alcanzado los 1.224 euros este junio y en las grandes ciudades, como Madrid, superan los 1.730. «Estas medidas no están atacando la raíz del problema, que es principalmente de oferta», detalla.
Aunque las mejoras de las cuantías de la subvención con un hecho -con la publicación del plan en el BOE-, frente a los vecinos europeos, queda aún camino por recorrer. En países como Francia, Alemania o Austria, las ayudas a la juventud son más amplias, menos restrictivas y están integradas en sistemas de vivienda social, un parque que en España apenas llega al 3%. «Este es precisamente uno de las principales carencias que tiene el sistema español con respecto a otros países, que hay muy poca vivienda social para alquiler», sostiene Conde Ruiz. «España llevó a cabo una política de vivienda muy generosa sobre todo en los años 90 con las viviendas de protección oficial, pero se dieron a la compra. Si ese parque se hubiera dado al alquiler, ahora seguramente tendríamos una situación distinta. Al ritmo que anuncian las nuevas viviendas tardaríamos muchos años en conseguir el parque público».
En el caso de Francia, la ayuda mensual a la que pueden acceder los jóvenes para la vivienda es el APL (Aide Personnalisée au Logement) y se adapta a los ingresos y al precio del alquiler, además de que no tiene límite de tiempo (mientras que se cumplan los requisitos), a diferencia del Bono español. Así pasa también cuando se le compara con Países Bajos, el Huurtoeslag no tiene límite de alquiler desde los 21 años para pisos completos en el país con el parque de vivienda s más grande de Europa (entre el 30% y el 34%del total). Entre otros, el Wohngeld de Alemania depende del número de personas en el hogar, los ingresos totales y el coste del alquiler o hipoteca; así como el Wohnbeihilfe de Austria, que además se mantiene como un referente mundial en vivienda social, con cerca del 24%del total y donde más del 60%de la población vive en viviendas municipales o cooperativas subvencionadas por el Estado.
Además, la cadena de trámites para presentarse a este tipo de subvenciones son de las críticas más frecuentes en medio de una crisis de accesibilidad al mercado inmobiliario, que es el quinto pilar del estado de bienestar. «No le di más importancia porque era una pelea que esta eterna burocracia hace que uno acabe desistiendo. Me harté de mandar correos y pedir información», critica Vázquez. «Lo que más me chocó y hasta me sacó una carcajada es que después de tres años en resolver un expediente me dieran poco más de cinco días para enviar la documentación».
Al ser la vivienda un tema de competencia autonómica, los jóvenes pueden respaldarse con las iniciativas de las comunidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid activó el Plan Alquila que, aunque está abierto a cualquier ciudadano, ofrece condiciones y ventajas reforzadas para los menores de 35 años, como un seguro de impago gratuito de hasta tres años de duración, en lugar del año que se aplica al resto de solicitantes. En el segundo trimestre de 2026, se gestionaron 985 contratos nuevos y 716 renovados, que aún se mantienen lejos del pico que se registró en 2012, cuando llegaron a gestionar más de 12.800 contratos en total. Aunque también se pueden enfrentar la lentitud burocrática, la falta de gestión integral (como los cambios de titularidad de suministros o atención de averías) y la rigidez de las condiciones en los constratos.
Así, la vivienda no es la única que busca atender a la juventud. El Bono Cultural Joven -con un coste en 2025 alrededor de 170 millones de euros- destina un máximo de 400 euros a quienes cumplen 18 años para productos o actividades culturales, como entradas a museos, libros y suscripciones a plataformas. Aunque es una buena oportunidad para acercar a los jóvenes a la cultura, muchos han intentado entrar a discotecas con esta tarjeta, tanto que el Ministerio de Cultura ha tenido que advertir de que su uso fraudulento terminará en una devolución íntegra y sanciones para los comercios.
En materia laboral, la Garantía Juvenil, que le costó al Gobierno el año pasado 465 millones de euros, la Primera Experiencia Profesional (112,75 millones) y el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores (200.000 por edición). En el primer caso, el programa Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) atendió a cerca de 4,6 millones de personas en 2025, pero se inscribieron poco más de 268.267 personas. Este busca facilitar la inserción laboral de personas menores de 29 años que ni estudian ni trabajan (Ninis, que según Eurostat son el 11,5%, un mínimo histórico). Históricamente, se ha enfrentado a quejas por la alta proporción de cursos de formación y prácticas, en lugar de trabajos fijos y la lentitud para contactar con los demandantes.
En estos casos, las trabas burocráticas y las condiciones frenan el acceso de los que más necesitan estas ayudas. «Conozco casos de compañeros que esperaban esa ayuda para poder seguir prorrogando los contratos y han tenido que volver a casa de sus padres», menciona Vázquez. Y es que después de los tres años que tardaron en responder, había podido comprar una casa con su pareja, pero aún así tuvo que pedirle dinero a sus padres. «Se nos fue casi a 40.000 euros la inversión inicial. Sin su ayuda hubiese sido imposible afrontar esos gastos», reconoce. Además del bloqueo económico, el la falta de conocimientos básicos de economía para convertirse en adulto muchas veces resulta decisivo.
Vea el siguiente capítulo de No es país para jóvenes con la historia de Yoana A. García y el reto de ser una madre en la gran ciudad sin una flexibilidad horaria.
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