María Jesús Montero se reunía este jueves con FOAM, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Lo hacía, curiosamente, tras llegar en coche oficial porque el AVE en el que viajaba desde Madrid sufría una de sus habituales averías, en esta ocasión a su paso por Córdoba.La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a las elecciones autonómicas escuchaba de viva voz las reclamaciones de los ancianos de esta tierra , que siempre son duros y contundentes con la clase política debido al abandono constante y el grueso de las listas de dependencia. Una vez concluida la cita, la ministra de Economía y Hacienda se grababa un vídeo para sus perfiles en redes sociales en el que se comprometía an «acabar con las listas de espera» en la comunidad, donde según sus números hay «50.000 personas esperando a ser atendidas para recibir su prestación», y muchas se mueren sin que les llegue. «Va a ser prioridad en mi gobierno como presidenta de la Junta», señala. Montero ‘olvida’ que fue consejera del Gobierno andaluz en la época socialista. Una etapa en la que esas mismas ayudas que ella pide tardaban hasta tres años y medio en aprobarse. En los años más oscuros, los de la crisis, se llegaron a alcanzar los 1.275 días de espera, 904 en diciembre de 2018, el último antes del cambio en la legislatura. En la actualidad, son 477 (datos oficiales de febrero del Imserso), los más bajos en los últimos 15 años. A lo que hay que añadir que entre octubre de 2012 y octubre de 2014, el PSOE expulsó del sistema de dependencia a 33.889 andaluces, guardados en un cajón.El Estado no llega al 50%Las actuales aún son cifras altísimas que sitúan a Andalucía en el penúltimo lugar de todo el país, sólo por delante de Murcia. Números que martillean en la Consejería. «Queda mucho por hacer». No obstante, se va reduciendo paulatinamente (hace un año estaba en 592) mientras crece la media nacional, con la puesta en marcha de un nuevo sistema que recorta plazos y agiliza la labor administrativa.Montero se refiere a 50.000 personas en listas de espera (según la Junta, 38.802 a 28 de febrero), sin recordar que a finales de 2018 eran algo más de 109.000 . Y eso que han aumentado los beneficiarios (38.796, casi un 50% más) y las prestaciones (524.311, más del 70%). En 2025 se registraron 6.995 fallecimientos mientras aguardan la ayuda, frente a los 13.149 contabilizados en 2018.Estos olvidos se pueden deber al paso del tiempo. Pero la candidata a las elecciones autonómicas tampoco se refería a una de las grandes demandas de los mayores andaluces y de la Junta: que el Gobierno (del que es ministra de Hacienda y Economía) cumpla con la ley y alcance el 50% en la financiación en dependencia. Que se encargue de la mitad, y no del 29%, como ocurre en este momento (la administración autonómica se hace cargo del 71%). Entre 2019 y 2026, la Junta aportará 10.573,9 millones de euros, mientras que el Estado sólo 4.475,2 millones, así que ‘deben’ 6.000.Horas después de esta crítica, se presentaba el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia en el Congreso de los Diputados por la independiente Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Andalucía se sitúa como la tercera comunidad autónoma mejor valorada (6,75) en la gestión del sistema de atención a la dependencia en España. Este 2025, sólo seis comunidades autónomas superan el aprobado en la evaluación del sistema. Andalucía ocupa la tercera posición por detrás de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Extremadura, Ceuta y Melilla, Murcia y Cataluña ocupan los últimos puestos.32.704 personas fallecieron en 2025 esperando ser valoradas o atendidas (cada 16 minutos fallece una persona en las listas). El tiempo medio de resolución en España fue de 341 días, siete más que el año anterior. La región andaluza está por encima de la media (477), pero ha recortado más de 100 días en el último curso.Las reclamaciones de los mayoresLa FOAM ha reclamado insistentemente al Gobierno «cumplir la Ley de Dependencia aportando el 50% de la financiación del sistema, como establece la norma vigente». A su vez, «elevar su esfuerzo presupuestario en dependencia hasta el 1,58% del PIB de forma inmediata, estableciendo una hoja de ruta vinculante para alcanzar progresivamente el 2% , en línea con los estándares europeos de protección».En esta misma dirección se manifiesta la consejera de Inclusión Social, Loles López, que insta a la ministra de Hacienda a «pedir perdón» a los andaluces por «pagarle al País Vasco el 50% de la dependencia y negárselo a Andalucía». Y es que María Jesús Montero sí ha firmado un acuerdo con el lehendakari para alcanzar esa cifra antes de que termine la actual legislatura en Euskadi. Para López, «la lista mayor» es la de los «ocho millones de andaluces a los que nos tiene que pedir perdón por pagarle el 50% de la dependencia al País Vasco y negárselo a Andalucía». El pasado mes de febrero se han introducido 4.505 nuevos beneficiarios en el sistema y el tiempo de espera ha bajado a los 477 días frente a los 488 del mes anterior. «Es decir, once días menos, lo que afianza que Andalucía tiene el tiempo de espera más bajo de los últimos quince años».La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) sigue insistiendo en que no es suficiente, pues «Andalucía se sitúa actualmente como la segunda comunidad autónoma con mayor lista de espera del país, sólo por detrás de Cataluña (81.063 personas) y por delante de la Comunidad Valenciana (30.513 personas)». Desde el colectivo demandan el aumento inmediato de la financiación autonómica hasta al menos el 1,58% del PIB, y un plan de choque, calendarizado y evaluable para reducir el tiempo de espera por debajo de 180 días en 2026, que es lo que marca la ley. María Jesús Montero se reunía este jueves con FOAM, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Lo hacía, curiosamente, tras llegar en coche oficial porque el AVE en el que viajaba desde Madrid sufría una de sus habituales averías, en esta ocasión a su paso por Córdoba.La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a las elecciones autonómicas escuchaba de viva voz las reclamaciones de los ancianos de esta tierra , que siempre son duros y contundentes con la clase política debido al abandono constante y el grueso de las listas de dependencia. Una vez concluida la cita, la ministra de Economía y Hacienda se grababa un vídeo para sus perfiles en redes sociales en el que se comprometía an «acabar con las listas de espera» en la comunidad, donde según sus números hay «50.000 personas esperando a ser atendidas para recibir su prestación», y muchas se mueren sin que les llegue. «Va a ser prioridad en mi gobierno como presidenta de la Junta», señala. Montero ‘olvida’ que fue consejera del Gobierno andaluz en la época socialista. Una etapa en la que esas mismas ayudas que ella pide tardaban hasta tres años y medio en aprobarse. En los años más oscuros, los de la crisis, se llegaron a alcanzar los 1.275 días de espera, 904 en diciembre de 2018, el último antes del cambio en la legislatura. En la actualidad, son 477 (datos oficiales de febrero del Imserso), los más bajos en los últimos 15 años. A lo que hay que añadir que entre octubre de 2012 y octubre de 2014, el PSOE expulsó del sistema de dependencia a 33.889 andaluces, guardados en un cajón.El Estado no llega al 50%Las actuales aún son cifras altísimas que sitúan a Andalucía en el penúltimo lugar de todo el país, sólo por delante de Murcia. Números que martillean en la Consejería. «Queda mucho por hacer». No obstante, se va reduciendo paulatinamente (hace un año estaba en 592) mientras crece la media nacional, con la puesta en marcha de un nuevo sistema que recorta plazos y agiliza la labor administrativa.Montero se refiere a 50.000 personas en listas de espera (según la Junta, 38.802 a 28 de febrero), sin recordar que a finales de 2018 eran algo más de 109.000 . Y eso que han aumentado los beneficiarios (38.796, casi un 50% más) y las prestaciones (524.311, más del 70%). En 2025 se registraron 6.995 fallecimientos mientras aguardan la ayuda, frente a los 13.149 contabilizados en 2018.Estos olvidos se pueden deber al paso del tiempo. Pero la candidata a las elecciones autonómicas tampoco se refería a una de las grandes demandas de los mayores andaluces y de la Junta: que el Gobierno (del que es ministra de Hacienda y Economía) cumpla con la ley y alcance el 50% en la financiación en dependencia. Que se encargue de la mitad, y no del 29%, como ocurre en este momento (la administración autonómica se hace cargo del 71%). Entre 2019 y 2026, la Junta aportará 10.573,9 millones de euros, mientras que el Estado sólo 4.475,2 millones, así que ‘deben’ 6.000.Horas después de esta crítica, se presentaba el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia en el Congreso de los Diputados por la independiente Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Andalucía se sitúa como la tercera comunidad autónoma mejor valorada (6,75) en la gestión del sistema de atención a la dependencia en España. Este 2025, sólo seis comunidades autónomas superan el aprobado en la evaluación del sistema. Andalucía ocupa la tercera posición por detrás de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Extremadura, Ceuta y Melilla, Murcia y Cataluña ocupan los últimos puestos.32.704 personas fallecieron en 2025 esperando ser valoradas o atendidas (cada 16 minutos fallece una persona en las listas). El tiempo medio de resolución en España fue de 341 días, siete más que el año anterior. La región andaluza está por encima de la media (477), pero ha recortado más de 100 días en el último curso.Las reclamaciones de los mayoresLa FOAM ha reclamado insistentemente al Gobierno «cumplir la Ley de Dependencia aportando el 50% de la financiación del sistema, como establece la norma vigente». A su vez, «elevar su esfuerzo presupuestario en dependencia hasta el 1,58% del PIB de forma inmediata, estableciendo una hoja de ruta vinculante para alcanzar progresivamente el 2% , en línea con los estándares europeos de protección».En esta misma dirección se manifiesta la consejera de Inclusión Social, Loles López, que insta a la ministra de Hacienda a «pedir perdón» a los andaluces por «pagarle al País Vasco el 50% de la dependencia y negárselo a Andalucía». Y es que María Jesús Montero sí ha firmado un acuerdo con el lehendakari para alcanzar esa cifra antes de que termine la actual legislatura en Euskadi. Para López, «la lista mayor» es la de los «ocho millones de andaluces a los que nos tiene que pedir perdón por pagarle el 50% de la dependencia al País Vasco y negárselo a Andalucía». El pasado mes de febrero se han introducido 4.505 nuevos beneficiarios en el sistema y el tiempo de espera ha bajado a los 477 días frente a los 488 del mes anterior. «Es decir, once días menos, lo que afianza que Andalucía tiene el tiempo de espera más bajo de los últimos quince años».La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) sigue insistiendo en que no es suficiente, pues «Andalucía se sitúa actualmente como la segunda comunidad autónoma con mayor lista de espera del país, sólo por detrás de Cataluña (81.063 personas) y por delante de la Comunidad Valenciana (30.513 personas)». Desde el colectivo demandan el aumento inmediato de la financiación autonómica hasta al menos el 1,58% del PIB, y un plan de choque, calendarizado y evaluable para reducir el tiempo de espera por debajo de 180 días en 2026, que es lo que marca la ley.
María Jesús Montero se reunía este jueves con FOAM, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Lo hacía, curiosamente, tras llegar en coche oficial porque el AVE en el que viajaba desde Madrid sufría una de sus habituales averías, en esta ocasión a … su paso por Córdoba.
La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a las elecciones autonómicas escuchaba de viva voz las reclamaciones de los ancianos de esta tierra, que siempre son duros y contundentes con la clase política debido al abandono constante y el grueso de las listas de dependencia. Una vez concluida la cita, la ministra de Economía y Hacienda se grababa un vídeo para sus perfiles en redes sociales en el que se comprometía an«acabar con las listas de espera» en la comunidad, donde según sus números hay «50.000 personas esperando a ser atendidas para recibir su prestación», y muchas se mueren sin que les llegue. «Va a ser prioridad en mi gobierno como presidenta de la Junta», señala.
Montero ‘olvida’ que fue consejera del Gobierno andaluz en la época socialista. Una etapa en la que esas mismas ayudas que ella pide tardaban hasta tres años y medio en aprobarse. En los años más oscuros, los de la crisis, se llegaron a alcanzar los 1.275 días de espera, 904 en diciembre de 2018, el último antes del cambio en la legislatura. En la actualidad, son 477 (datos oficiales de febrero del Imserso), los más bajos en los últimos 15 años. A lo que hay que añadir que entre octubre de 2012 y octubre de 2014, el PSOE expulsó del sistema de dependencia a 33.889 andaluces, guardados en un cajón.
El Estado no llega al 50%
Las actuales aún son cifras altísimas que sitúan a Andalucía en el penúltimo lugar de todo el país, sólo por delante de Murcia. Números que martillean en la Consejería. «Queda mucho por hacer». No obstante, se va reduciendo paulatinamente (hace un año estaba en 592) mientras crece la media nacional, con la puesta en marcha de un nuevo sistema que recorta plazos y agiliza la labor administrativa.
Montero se refiere a 50.000 personas en listas de espera (según la Junta, 38.802 a 28 de febrero), sin recordar que a finales de 2018 eran algo más de 109.000. Y eso que han aumentado los beneficiarios (38.796, casi un 50% más) y las prestaciones (524.311, más del 70%). En 2025 se registraron 6.995 fallecimientos mientras aguardan la ayuda, frente a los 13.149 contabilizados en 2018.
Estos olvidos se pueden deber al paso del tiempo. Pero la candidata a las elecciones autonómicas tampoco se refería a una de las grandes demandas de los mayores andaluces y de la Junta: que el Gobierno (del que es ministra de Hacienda y Economía) cumpla con la ley y alcance el 50% en la financiación en dependencia. Que se encargue de la mitad, y no del 29%, como ocurre en este momento (la administración autonómica se hace cargo del 71%). Entre 2019 y 2026, la Junta aportará 10.573,9 millones de euros, mientras que el Estado sólo 4.475,2 millones, así que ‘deben’ 6.000.
Horas después de esta crítica, se presentaba el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia en el Congreso de los Diputados por la independiente Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Andalucía se sitúa como la tercera comunidad autónoma mejor valorada (6,75) en la gestión del sistema de atención a la dependencia en España. Este 2025, sólo seis comunidades autónomas superan el aprobado en la evaluación del sistema. Andalucía ocupa la tercera posición por detrás de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Extremadura, Ceuta y Melilla, Murcia y Cataluña ocupan los últimos puestos.
32.704 personas fallecieron en 2025 esperando ser valoradas o atendidas (cada 16 minutos fallece una persona en las listas). El tiempo medio de resolución en España fue de 341 días, siete más que el año anterior. La región andaluza está por encima de la media (477), pero ha recortado más de 100 días en el último curso.
Las reclamaciones de los mayores
La FOAM ha reclamado insistentemente al Gobierno «cumplir la Ley de Dependencia aportando el 50% de la financiación del sistema, como establece la norma vigente». A su vez, «elevar su esfuerzo presupuestario en dependencia hasta el 1,58% del PIB de forma inmediata, estableciendo una hoja de ruta vinculante para alcanzar progresivamente el 2%, en línea con los estándares europeos de protección».
En esta misma dirección se manifiesta la consejera de Inclusión Social, Loles López, que insta a la ministra de Hacienda a «pedir perdón» a los andaluces por «pagarle al País Vasco el 50% de la dependencia y negárselo a Andalucía». Y es que María Jesús Montero sí ha firmado un acuerdo con el lehendakari para alcanzar esa cifra antes de que termine la actual legislatura en Euskadi.
Para López, «la lista mayor» es la de los «ocho millones de andaluces a los que nos tiene que pedir perdón por pagarle el 50% de la dependencia al País Vasco y negárselo a Andalucía». El pasado mes de febrero se han introducido 4.505 nuevos beneficiarios en el sistema y el tiempo de espera ha bajado a los 477 días frente a los 488 del mes anterior. «Es decir, once días menos, lo que afianza que Andalucía tiene el tiempo de espera más bajo de los últimos quince años».
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) sigue insistiendo en que no es suficiente, pues «Andalucía se sitúa actualmente como la segunda comunidad autónoma con mayor lista de espera del país, sólo por detrás de Cataluña (81.063 personas) y por delante de la Comunidad Valenciana (30.513 personas)». Desde el colectivo demandan el aumento inmediato de la financiación autonómica hasta al menos el 1,58% del PIB, y un plan de choque, calendarizado y evaluable para reducir el tiempo de espera por debajo de 180 días en 2026, que es lo que marca la ley.
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