Fosfato, pesca, arena, sol, viento… Y ahora también hidrógeno verde. El historial de explotación de los recursos del Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos es extenso, como llevan años documentando los defensores del territorio ocupado.
Un informe presentado ante la ONU denuncia más de 170 vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados en el 2025
Fosfato, pesca, arena, sol, viento… Y ahora también hidrógeno verde. El historial de explotación de los recursos del Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos es extenso, como llevan años documentando los defensores del territorio ocupado.
Para su plan de extracción del gas sostenible, en un proyecto llamado Offre Maroc, Rabat ha facilitado recientemente la asignación de terrenos a empresas europeas en un territorio que no le pertenece legalmente, según la ONU. En concreto, ha llamado a participar a consorcios de empresas extranjeras, como la española Acciona, las francesas Total Energies y Engie o la saudí ACWA Power, según explica el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en el Territorio Ocupado en su informe anual (titulado Voces de la resistencia) que presentan este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. “Todas ellas están asegurándose terrenos en territorio ocupado para sus futuros proyectos en El Aiún, Bojador y Dajla”, aseguran los investigadores.
En el caso de Acciona, fue el consorcio ORNX, formado por la empresa española a través de la joint venture Acciona Nordex Hydrogen (ANGH) y la estadounidense Ortus, quien ha firmado le acuerdo para asegurar terrenos en El Aaiún, donde estudia implantar un proyecto de producción de amoniaco renovable.
“Se trata de un proyecto a largo plazo que aún se encuentra en una fase de estudio muy preliminar”, apuntó a La Vanguardia un portavoz de ANGH. “Cualquier desarrollo que se pueda eventualmente llevar a cabo se ajustará plenamente a la legalidad internacional y a los acuerdos comerciales vigentes, en particular entre la Unión Europea y los países del Norte de África”, agregó la misma fuente, que también destacó el potencial del proyecto para generar empleo y desarrollo económico.
La extracción de recursos en territorios no autónomos (…) es considerada ilegal
El Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos según el derecho internacional. Mientras Rabat reclama que la región tiene el estatus de comunidad autónoma marroquí –una demanda que fue avalada por el gobierno de Donald Trump en su primer mandato a cambio de la adhesión marroquí a los Acuerdos de Abraham-, el pueblo saharaui exige poder decidir su futuro en un referéndum de autodeterminación.
Desde la retirada de España el 1976, Marruecos es considerado potencia ocupante, por lo que no tiene soberanía sobre el territorio. “La extracción de recursos en territorios no autónomos sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui es considerada ilegal”, recuerdan los autores del informe, que mencionan el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos (1966) y del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1975) de las Naciones Unidas. La situación de expolio fue reconocida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el 2024 que subrayó que los pactos agrícolas y de pesca firmados en el 2019 entre la UE y Marruecos no eran válidos porque no incluían el consentimiento del pueblo saharaui.
A pesar de ello, la región atestigua como la minería de fosfatos degrada sus tierras o como peligran sus acuíferos, debido a las explotaciones con participación extranjera. Una certificadora contratada por la empresa de agricultura intensiva Maraissa, del grupo francés Azura, advirtió que Dajla, donde operan desde el 2006, es una región con estrés hídrico estructural, recuerda el informe.
“El pueblo saharaui residente en los territorios ocupados por Marruecos ve cómo la explotación de sus recursos naturales beneficia de forma desproporcionada a empresas marroquíes y a multinacionales extranjeras, mientras su situación de pobreza y dependencia se perpetúa y agudiza”, reza el documento, en el que ha colaborado el Instituto NOVACT de Noviolencia y la Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui.
Cualquier desarrollo que se lleve a cabo se ajustará plenamente a la legalidad internacional”
Además de la “apropiación de tierras”, los autores del informe han denunciado ante la ONU más de 170 vulneraciones de los derechos humanos por parte de Marruecos durante el 2025, lo que supone un aumento del 70% respecto al año anterior.
La investigación documenta también el endurecimiento de las represalias contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos — mediante la “asfixia económica” (despidos de empleos o el veto a becas universitarias), las “desapariciones forzosas” (arrestos secretos por parte de policías de paisano) o el “maltrato” a prisioneros políticos, entre otros métodos —. Asimismo, detalla la intensificación del bloqueo informativo: con la “expulsión de 329 observadores internacionales” desde el 2014, por ejemplo.
“Lo que documentamos no son incidentes aislados: son las piezas de una estrategia calculada para hacer insostenible la vida del pueblo saharaui en su propio territorio. Y mientras eso ocurre, empresas europeas firman contratos sobre esas mismas tierras”, afirma Ghalia Djimi, defensora saharaui de los derechos humanos y miembro del Grupo de Trabajo, que está integrado por defensores locales (residentes en El Aaiún) y activistas internacionales. Desde el 2009, Djimi participa en las sesiones del Consejo de la ONU celebradas en Ginebra.
La activista, que estuvo desaparecida forzosamente a manos de las autoridades marroquíes entre 1987 y 1991 (cuando hubo una liberación de unas 300 personas), lamenta la inacción de “todos los países aliados de Marruecos ante la ocupación y la confiscación de tierras”. “Permiten que un pueblo, que tiene una tierra rica en pesca, fosfato y otros minerales, caiga en la pobreza y aboque a los jóvenes a vivir de la caridad de Europa”, añade la defensora a La Vanguardia en referencia a la “emigración forzosa” de miles de jóvenes que van a Canarias (España) o Guayana (Francia).
No son incidentes aislados: son parte de una estrategia para hacer insostenible la vida del pueblo saharaui
“Tenemos todos los factores para poder vivir una vida digna, lejos de toda injusticia, pero estos países —y sobre todo España, que tiene responsabilidad por todo lo que estamos sufriendo, luego está Francia, Reino Unido y Estados Unidos— fomentan este imperialismo y capitalismo”, agrega.
Internacional
