Faltan todavía algunos meses para las elecciones, pero la campaña electoral italiana promete ser agitada. Giorgia Meloni, acusada de inmovilismo, encadena ahora un anuncio tras otro, con un ojo puesto en la competencia que le ha surgido a su derecha con el nuevo partido del general Roberto Vannacci. Después de anunciar para el próximo año la abolición del impuesto de circulación de coches y motos, la primera ministra cambia de frente y vuelve a uno de los terrenos clásicos de la derecha: la inmigración.
La primera ministra endurece el tono sobre la inmigración ante la competencia a su derecha del partido de Roberto Vannacci
Faltan todavía algunos meses para las elecciones, pero la campaña electoral italiana promete ser agitada. Giorgia Meloni, acusada de inmovilismo, encadena ahora un anuncio tras otro, con un ojo puesto en la competencia que le ha surgido a su derecha con el nuevo partido del general Roberto Vannacci. Después de anunciar para el próximo año la abolición del impuesto de circulación de coches y motos, la primera ministra cambia de frente y vuelve a uno de los terrenos clásicos de la derecha: la inmigración.
Desde el escenario de Fenix, la fiesta de los jóvenes de Hermanos de Italia, Meloni anunció este domingo dos medidas: un límite máximo del 30% de alumnos extranjeros por clase y la prohibición del velo integral en las escuelas. “¿Estáis de acuerdo?”, preguntó retóricamente a sus militantes. La respuesta era previsible: “¡Sííí!”. “No puede ser que en una clase sean los niños italianos quienes se sientan arrinconados porque se han convertido en minoría”, afirmó Meloni. Sobre el velo añadió: “En Italia nadie, en nombre de una verdadera o supuesta tradición, puede decidir que una joven tenga que esconderse”. La ovación estaba asegurada.
Pero entre los especialistas abundan las dudas. Para empezar, las dos medidas anunciadas por Meloni están lejos de partir de cero.
El límite del 30% de alumnos extranjeros por clase existe desde hace dieciséis años. Lo introdujo en enero de 2010 una circular del Ministerio de Educación durante el Gobierno de Silvio Berlusconi. El texto establecía que los estudiantes sin ciudadanía italiana no debían superar, “por regla general”, el 30% de los alumnos de cada clase. Contemplaba excepciones, sobre todo en función del conocimiento del italiano, pero el principio que Meloni presentó este domingo como respuesta al problema de la integración ya estaba escrito negro sobre blanco.
El verdadero problema es otro: aplicarlo. En muchas zonas del país, sobre todo en el norte y en determinadas periferias urbanas, la composición demográfica de los barrios hace prácticamente imposible respetar ese porcentaje sin trasladar alumnos de una escuela a otra. Por eso la disposición de 2010 se ha aplicado de forma muy desigual y con numerosas excepciones. Los directores escolares advierten de que convertir ahora aquel criterio en una obligación más rígida no resolverá por sí solo el problema: para hacerlo cumplir harían falta plazas disponibles en otros centros, transporte y una planificación territorial que hasta ahora no ha existido.
El límite del 30% de alumnos extranjeros por clase ya estaba previsto en una circular del Ministerio de Educación de 2010
La oposición acusa al Gobierno de convertir una cuestión de gestión escolar en un nuevo terreno de confrontación política. El portavoz del Partido Demócrata en el Senado, Francesco Boccia, recordó que la escuela ya dispone de instrumentos para intervenir allí donde la concentración de alumnos extranjeros crea dificultades y señaló que el problema afecta sobre todo a un número limitado de centros. A su juicio, la respuesta debería pasar por más clases y más profesores en esas zonas, no por “convertir a los niños en enemigos para crear un nuevo conflicto”. Boccia acusó además a Meloni de estar “obsesionada con Vannacci” y de haber colocado ahora a los alumnos extranjeros en el “menú de la propaganda de la derecha”.
La paradoja resulta aún más evidente al mirar los números. Italia tiene unos 931.000 alumnos sin ciudadanía italiana, alrededor del 11,6% del total, pero su distribución es muy desigual y buena parte de ellos han nacido en Italia. Bajo la etiqueta de “alumnos extranjeros” conviven, por tanto, situaciones muy diferentes: desde niños recién llegados que todavía no hablan italiano hasta estudiantes nacidos en el país y escolarizados desde siempre en sus aulas.
Italia tiene unos 931.000 alumnos sin ciudadanía, el 11,6% del total, aunque su presencia se concentra en algunas zonas del país
La novedad que prepara ahora el Gobierno consistiría, por tanto, no tanto en crear un nuevo límite como en endurecer y modificar el criterio existente desde 2010. Según las anticipaciones publicadas este lunes por el diario La Repubblica, el techo del 30% no se aplicaría a todos los alumnos extranjeros, sino únicamente a aquellos que no tengan un conocimiento suficiente del italiano. Tampoco quedarían incluidos los estudiantes con ciudadanía de otro país de la Unión Europea. De los casi un millón de alumnos sin ciudadanía italiana, solo alrededor de un tercio podría entrar así en el nuevo cómputo.
El decreto reforzaría además este enfoque lingüístico con otra medida dirigida a las familias: los padres de alumnos extranjeros con graves dificultades de integración escolar tendrían que aprender italiano. La idea sería implicar también al entorno familiar en el proceso de integración, aunque todavía no está claro cómo se organizarían estos cursos ni qué consecuencias tendría para quienes no los siguieran o no alcanzaran el nivel exigido.
La diferencia no es menor. Mientras Meloni habló desde el escenario de niños italianos que corren el riesgo de convertirse en “minoría”, el decreto que prepara su Gobierno parece orientado en realidad a medir las dificultades lingüísticas y no simplemente la nacionalidad de los alumnos. Queda por ver, en cualquier caso, cómo se aplicará el criterio y qué margen de excepción conservarán los centros.
Algo parecido ocurre con el segundo anuncio, aunque aquí la novedad jurídica es mayor. Italia dispone desde 1975 de una norma que prohíbe utilizar en lugares públicos, sin “motivo justificado”, prendas u objetos que dificulten la identificación. Es una disposición que permite exigir a quien lleva burqa o niqab que muestre el rostro cuando sea necesario identificarlo.
Pero esa ley nunca se ha interpretado como una prohibición general del velo integral. La jurisprudencia ha admitido que la motivación religiosa pueda constituir, en determinadas circunstancias, un “motivo justificado”, siempre que la persona acepte identificarse cuando se le requiera. En este caso, por tanto, Meloni sí pretende dar un paso más: prohibir expresamente el burqa y el niqab dentro de las escuelas, eliminando el margen interpretativo existente hasta ahora.
También aquí, sin embargo, el alcance político del anuncio parece mucho mayor que el fenómeno concreto al que pretende responder.
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