“¿Qué habéis venido a hacer a Ramala? ¿Acaso está pasando algo importante?”, pregunta con sorna un soldado israelí en uno de los checkpoints de acceso a la capital de la Cisjordania ocupada. La ciudad y otros puntos de Palestina vivieron el miércoles una jornada de huelga general en respuesta a la aprobación de una ley en el Parlamento israelí que introduce una pena de muerte casi obligatoria para residentes palestinos condenados por causar una muerte en un acto de “terrorismo”.
Israel aprueba una ley de pena de muerte que se aplicará exclusivamente a palestinos, en medio de protestas y denuncias de discriminación
“¿Qué habéis venido a hacer a Ramala? ¿Acaso está pasando algo importante?”, pregunta con sorna un soldado israelí en uno de los checkpoints de acceso a la capital de la Cisjordania ocupada. La ciudad y otros puntos de Palestina vivieron el miércoles una jornada de huelga general en respuesta a la aprobación de una ley en el Parlamento israelí que introduce una pena de muerte casi obligatoria para residentes palestinos condenados por causar una muerte en un acto de “terrorismo”.
El proyecto legislativo, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reintroduce la pena capital en Israel, y será aplicada en práctica únicamente a presos palestinos: uno de los requisitos para que la condena sea efectiva es que el crimen se haya cometido con “la intención de negar la existencia del Estado israelí”.
Bajo esa cláusula, los asesinatos por parte de colonos -o cualquier ciudadano israelí- contra palestinos no serán juzgados de la misma forma. El proyecto establece la pena de muerte como la condena por defecto, y sólo permite a los tribunales imponer cadena perpetua en casos excepcionales no especificados en los que los jueces argumenten formalmente “razones especiales”.
La norma se aplicará a través de cortes civiles en la jurisdicción israelí y por tribunales militares en el caso de los territorios ocupados. “Desde 1967, en Cisjordania, el Ejército israelí actúa como gobernador y legislador del territorio”, declaró a La Vanguardia la directora ejecutiva del Comité Público contra la Tortura en Israel, Sari Bashi. Entre los palestinos juzgados en tribunales militares, la tasa de condena alcanza el 99,74 %. En comparación, entre el 2005 y el 2024, los israelíes acusados de delitos cometidos en Cisjordania presentan una tasa de condena de apenas un 3 %.
“La ley de la pena de muerte introduce cambios y ordena al comandante militar modificar el código penal para incluir la pena de muerte, y hace algo similar con la ley penal israelí, que se aplicaría a los ciudadanos israelíes o a los delitos cometidos dentro de Israel”, añadió. Los sentenciados serán ejecutados por la horca, según el texto legal.
Además, el proyecto establece un régimen de ejecución excepcional caracterizado por el secretismo. Ordena ocultar la identidad de quienes participen en las ejecuciones y ordena que toda la información del caso sea clasificada. La medida se aplicará por el momento a nuevos casos, por lo que las actuales cadenas perpetuas no podrán ser revisadas.
La ultraderecha israelí celebró la decisión en el parlamento descorchando botellas de champán en mitad del pleno, mientras las organizaciones civiles locales e internacionales denuncian la aplicación discriminatoria de la ley.
“Israel dice que en el futuro, si algún palestino mata a algún israelí, lo ejecutarán”, declaró al diario el jefe de la Comisión Superior para el Seguimiento de los Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos en Palestina, Amin Shoman. “Hoy todo el pueblo palestino rechaza esa decisión y exige a los gobiernos de Europa y a las Naciones Unidas que se posicionen”, añadió.
El paso legislativo es el último golpe de los grupos ultranacionalistas israelíes al sistema de prisiones que, según numerosas organizaciones, no ha hecho más que empeorar desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Mohamed Ali, vecino de Ramala que ha acudido a protestar, tiene diversos familiares en prisión: “Están en habitaciones pequeñas, los golpean, los molestan, no les permiten dormir, y les privan de comida”, narra.
Una vez se publique de forma oficial la ley en los boletines israelíes, entrará en efecto en un plazo de 30 días. Sin embargo, diversos grupos de la sociedad civil israelí -entre ellos, el Comité contra la Tortura- han apelado la decisión al Tribunal Supremo.
“Es poco probable que se cancele la ley; lo único que podemos esperar es una orden cautelar que detenga al menos temporalmente su implementación”, explica Bashi, quien argumenta que “en cualquier caso, el Tribunal Supremo rara vez contraviene decisiones que el gobierno quiere imponer a los palestinos; a veces las suaviza, lo que ahora es nuestra mejor esperanza”.
Una semana antes de la aprobación, Mohamed Ahmad Faraj, palestino de Jerusalén, fue asesinado en su residencia de Belén por un grupo de colonos israelíes que accedieron a su vivienda y, tras un forcejeo, le dieron un tiro en la sien. Su nombre se suma a los más de mil palestinos, incluidos 233 niños, asesinados desde el 7 de octubre según datos de la ONU.
La situación, según Mohamed Ghasein, joven de 24 años de Ramala, no puede empeorar más. “Sinceramente, no me sorprende la actual situación económica, política y marcada por la guerra, ni que Israel viole todos los derechos humanos y las leyes internacionales. Pero como palestinos, no podemos guardar silencio”.
Internacional
