La Unió Llauradora i Ramadera ha creado una plataforma de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno verde que atravesará la Comunitat Valenciana por un centenar de municipios. Ofrece asesoramiento jurídico y ha difundido un mapa con el trazado y el listado de los pueblos por donde pasa.Esta iniciativa surge «con el objetivo de defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias afectadas por esta infraestructura», han resumido desde esta organización agraria. La construcción y adaptación de la conducción existente se prevé entre 2028 y 2029.El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros en la Comunitat Valenciana, en las tres provincias. No obstante, desde la entrada por Cataluña y hasta Montesa o Albaida, y desde Tibi-Xixona hasta Murcia, no se va a expropiar porque se pretende utilizar el conducto ya hecho y que transcurre paralelo al transporte de gas natural.No obstante, en esa zona interior entre las provincias de de Valencia y Alicante (desde Montesa-Albaida hasta Tibi-Xixona) es donde probablemente se tengan que hacer más actuaciones expropiatorias.La asociación agraria señala que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser «compatible» con la protección del sector agrario y del territorio. En este sentido, recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen «un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas».Con este objetivo, La Unió ha anunciado que mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para exigir que todo el proceso se desarrolle con las máximas garantías y reclamará varias condiciones.De entrada, habla de «indemnizaciones justas, calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de explotaciones y cultivos afectados». También, que los perjuicios durante la ejecución de las obras sean mínimos, garantizar el acceso a las parcelas, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y el normal desarrollo de la actividad agrícola.Igualmente, piden la «correcta restauración» de los terrenos una vez finalizados los trabajos, incluyendo la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas.Para La Unió, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano» e insiste en que cualquier infraestructura de interés general debe incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial, para así «garantizar que los agricultores no sean quienes soporten el coste de estas actuaciones».Además, pone el foco en que el corredor de hidrógeno es un proyecto estatal que atravesará un centenar de municipios valencianos, muchos de ellos con una elevada dependencia de la agricultura y la ganadería. Por ello, reclama a las administraciones públicas que velen por un procedimiento expropiatorio «transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes que eviten pérdidas irreparables para las explotaciones afectadas».En este contexto previo a las obras, hace un llamamiento a todos los propietarios de fincas afectadas para que se incorporen a esta plataforma, con el fin de reforzar la defensa conjunta de sus derechos durante todo el proceso.La organización ofrecerá además asesoramiento técnico y jurídico, y continuará informando sobre la evolución del proyecto para garantizar que ningún propietario quede «desprotegido» frente a la Administración o la empresa promotora.Listado de municipiosLos municipios afectados en las comarcas de Castelló son 23: Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d’en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d’Alcolea y Vila-real.En el caso de Valencia, se trata de la provincia con más pueblos atravesados por esta infraestructura (54): Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarp, l’Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Moncada, Montesa, Montserrat, Museros, l’Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.Y en las comarcas alicantinas, hay 23 municipios a los que concierne: Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi para enlazar con el tramo de Murcia. La Unió Llauradora i Ramadera ha creado una plataforma de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno verde que atravesará la Comunitat Valenciana por un centenar de municipios. Ofrece asesoramiento jurídico y ha difundido un mapa con el trazado y el listado de los pueblos por donde pasa.Esta iniciativa surge «con el objetivo de defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias afectadas por esta infraestructura», han resumido desde esta organización agraria. La construcción y adaptación de la conducción existente se prevé entre 2028 y 2029.El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros en la Comunitat Valenciana, en las tres provincias. No obstante, desde la entrada por Cataluña y hasta Montesa o Albaida, y desde Tibi-Xixona hasta Murcia, no se va a expropiar porque se pretende utilizar el conducto ya hecho y que transcurre paralelo al transporte de gas natural.No obstante, en esa zona interior entre las provincias de de Valencia y Alicante (desde Montesa-Albaida hasta Tibi-Xixona) es donde probablemente se tengan que hacer más actuaciones expropiatorias.La asociación agraria señala que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser «compatible» con la protección del sector agrario y del territorio. En este sentido, recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen «un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas».Con este objetivo, La Unió ha anunciado que mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para exigir que todo el proceso se desarrolle con las máximas garantías y reclamará varias condiciones.De entrada, habla de «indemnizaciones justas, calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de explotaciones y cultivos afectados». También, que los perjuicios durante la ejecución de las obras sean mínimos, garantizar el acceso a las parcelas, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y el normal desarrollo de la actividad agrícola.Igualmente, piden la «correcta restauración» de los terrenos una vez finalizados los trabajos, incluyendo la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas.Para La Unió, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano» e insiste en que cualquier infraestructura de interés general debe incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial, para así «garantizar que los agricultores no sean quienes soporten el coste de estas actuaciones».Además, pone el foco en que el corredor de hidrógeno es un proyecto estatal que atravesará un centenar de municipios valencianos, muchos de ellos con una elevada dependencia de la agricultura y la ganadería. Por ello, reclama a las administraciones públicas que velen por un procedimiento expropiatorio «transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes que eviten pérdidas irreparables para las explotaciones afectadas».En este contexto previo a las obras, hace un llamamiento a todos los propietarios de fincas afectadas para que se incorporen a esta plataforma, con el fin de reforzar la defensa conjunta de sus derechos durante todo el proceso.La organización ofrecerá además asesoramiento técnico y jurídico, y continuará informando sobre la evolución del proyecto para garantizar que ningún propietario quede «desprotegido» frente a la Administración o la empresa promotora.Listado de municipiosLos municipios afectados en las comarcas de Castelló son 23: Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d’en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d’Alcolea y Vila-real.En el caso de Valencia, se trata de la provincia con más pueblos atravesados por esta infraestructura (54): Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarp, l’Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Moncada, Montesa, Montserrat, Museros, l’Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.Y en las comarcas alicantinas, hay 23 municipios a los que concierne: Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi para enlazar con el tramo de Murcia.
La Unió Llauradora i Ramadera ha creado una plataforma de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno verde que atravesará la Comunitat Valenciana por un centenar de municipios. Ofrece asesoramiento jurídico y ha difundido un mapa con el trazado y el … listado de los pueblos por donde pasa.
Esta iniciativa surge «con el objetivo de defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias afectadas por esta infraestructura», han resumido desde esta organización agraria. La construcción y adaptación de la conducción existente se prevé entre 2028 y 2029.
El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros en la Comunitat Valenciana, en las tres provincias. No obstante, desde la entrada por Cataluña y hasta Montesa o Albaida, y desde Tibi-Xixona hasta Murcia, no se va a expropiar porque se pretende utilizar el conducto ya hecho y que transcurre paralelo al transporte de gas natural.
No obstante, en esa zona interior entre las provincias de de Valencia y Alicante (desde Montesa-Albaida hasta Tibi-Xixona) es donde probablemente se tengan que hacer más actuaciones expropiatorias.
La asociación agraria señala que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser «compatible» con la protección del sector agrario y del territorio. En este sentido, recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen «un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas».
Con este objetivo, La Unió ha anunciado que mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para exigir que todo el proceso se desarrolle con las máximas garantías y reclamará varias condiciones.
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De entrada, habla de «indemnizaciones justas, calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de explotaciones y cultivos afectados». También, que los perjuicios durante la ejecución de las obras sean mínimos, garantizar el acceso a las parcelas, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y el normal desarrollo de la actividad agrícola.
Igualmente, piden la «correcta restauración» de los terrenos una vez finalizados los trabajos, incluyendo la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas.
Para La Unió, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano» e insiste en que cualquier infraestructura de interés general debe incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial, para así «garantizar que los agricultores no sean quienes soporten el coste de estas actuaciones».
Además, pone el foco en que el corredor de hidrógeno es un proyecto estatal que atravesará un centenar de municipios valencianos, muchos de ellos con una elevada dependencia de la agricultura y la ganadería. Por ello, reclama a las administraciones públicas que velen por un procedimiento expropiatorio «transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes que eviten pérdidas irreparables para las explotaciones afectadas».
En este contexto previo a las obras, hace un llamamiento a todos los propietarios de fincas afectadas para que se incorporen a esta plataforma, con el fin de reforzar la defensa conjunta de sus derechos durante todo el proceso.
La organización ofrecerá además asesoramiento técnico y jurídico, y continuará informando sobre la evolución del proyecto para garantizar que ningún propietario quede «desprotegido» frente a la Administración o la empresa promotora.
Listado de municipios
Los municipios afectados en las comarcas de Castelló son 23: Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d’en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d’Alcolea y Vila-real.
En el caso de Valencia, se trata de la provincia con más pueblos atravesados por esta infraestructura (54): Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarp, l’Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Moncada, Montesa, Montserrat, Museros, l’Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.
Y en las comarcas alicantinas, hay 23 municipios a los que concierne: Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi para enlazar con el tramo de Murcia
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