Cada vez son más los propietarios en España que viven atrapados en una pesadilla de la que no encuentran salida. La okupación ilegal ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una realidad que mina los derechos fundamentales de quienes la sufren. Familias que, tras años de esfuerzo, compraron una vivienda como un salvavidas económico o un legado para sus hijos, ven cómo su propiedad es usurpada por desconocidos con la complicidad de un sistema jurídico lento y muchas veces inoperante. Aunque los datos oficiales apuntan a una leve bajada de las okupaciones en 2023, con un 8,8% menos de infracciones respecto al año anterior, las más de 15.000 denuncias presentadas ese año reflejan que el problema sigue muy vivo. Y los afectados no solo sufren un perjuicio económico, el desgaste emocional es, en muchos casos, devastador. Es lo que le ha ocurrido a Joaquim Álvarez, vecino de Reus (Tarragona), padre de tres hijos y víctima de una historia que, por absurda que parezca, es real. No solo lleva más de tres años sin cobrar el alquiler de su única vivienda en propiedad, sino que ha sido multado con 5.000 euros por el uso que otros hacen de su casa . «Me están embargando la nómina», ha declarado en los medios con voz quebrada, reflejo de una impotencia que no encuentra alivio ni en la justicia ni en las administraciones.Según reveló el propietario afectado en una intervención en el programa de radio ‘RAC1’, su historia comenzó en 2019, cuando, ante la imposibilidad de seguir pagando la hipoteca de su casa en el antiguo club de golf ‘Aigüesverds’, decide mudarse con su familia a la masía de unos amigos y alquilar su vivienda a otra familia con tres hijos . El contrato era por tres años . Al principio todo parecía normal, pero al cabo de unos meses los inquilinos comenzaron a retrasarse en los pagos hasta que, en 2021, dejaron de pagar por completo. Fue en ese momento cuando el propietario les comunicó que no les renovaría el contrato , que vencía en julio de 2022, pero se negaron a marcharse .Del alquiler a la pesadillaDesde entonces, no ha vuelto a ver un euro. Mientras tanto, los inquilinos, convertidos ahora en inquiokupas , disfrutan de una vida de confort. Según el afectado, son socios del club de golf y disfrutan de las comidas del restaurante del complejo. Además, los hijos de la familia inquiokupa van a clases de golf y han construido una piscina en el jardín. Pero lo más grave estaba por llegar. Hace apenas unas semanas, Joaquim descubrió que su vivienda estaba anunciada en Booking como un apartamento turístico , con varias reseñas positivas de personas que habían pasado allí sus vacaciones. Todo, sin licencia alguna.Lejos de actuar contra los okupas, la Agencia Tributaria impuso al verdadero propietario una multa de 5.000 euros por esta actividad ilegal. Y, desde hace tres meses, le están embargando 500 euros al mes de su nómina . En 2022, Joaquim presentó una demanda de desahucio , pero la familia alegó que en la vivienda vivían también los padres de uno de ellos, consiguiendo así un certificado de vulnerabilidad , lo que paralizó el proceso. En abril de 2024, se presentó una segunda demanda por impago y reclamación de rentas , pero el procedimiento sigue sin resolverse. «Necesitamos justicia», afirma el propietario al ‘Diari de Tarragona’.Noticia Relacionada estandar No Venden un piso con okupas por 350.000 euros en Valencia: «Se desconoce su estado actual» David Maroto Portales inmobiliarios ofertan decenas de viviendas habitadas ilegalmente mientras el Consistorio cifra 10.000 inmuebles que no salen en alquiler por el miedo de los propietariosEl propietario asegura que la familia cuenta con ingresos suficientes para no ser declarada vulnerable, pero desde el consistorio reconocen que carecen de competencias para verificar la veracidad de esos datos . «No somos inspectores de Hacienda, policías ni jueces», ha declarado Àngels Granados, responsable del área de Bienestar del Ayuntamiento.Un problema que va más allá de los númerosEl caso de Joaquim Álvarez no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que desprotege a los propietarios frente a quienes abusan de los resquicios legales. Mientras unos convierten la okupación en un negocio lucrativo, otros sufren en silencio, con embargos , deudas y la angustia de no poder recuperar lo que legítimamente es suyo. Y aunque las estadísticas digan que el número de okupaciones ha descendido, la realidad demuestra que el drama no entiende de porcentajes, sino de personas y su derecho a la propiedad . Cada vez son más los propietarios en España que viven atrapados en una pesadilla de la que no encuentran salida. La okupación ilegal ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una realidad que mina los derechos fundamentales de quienes la sufren. Familias que, tras años de esfuerzo, compraron una vivienda como un salvavidas económico o un legado para sus hijos, ven cómo su propiedad es usurpada por desconocidos con la complicidad de un sistema jurídico lento y muchas veces inoperante. Aunque los datos oficiales apuntan a una leve bajada de las okupaciones en 2023, con un 8,8% menos de infracciones respecto al año anterior, las más de 15.000 denuncias presentadas ese año reflejan que el problema sigue muy vivo. Y los afectados no solo sufren un perjuicio económico, el desgaste emocional es, en muchos casos, devastador. Es lo que le ha ocurrido a Joaquim Álvarez, vecino de Reus (Tarragona), padre de tres hijos y víctima de una historia que, por absurda que parezca, es real. No solo lleva más de tres años sin cobrar el alquiler de su única vivienda en propiedad, sino que ha sido multado con 5.000 euros por el uso que otros hacen de su casa . «Me están embargando la nómina», ha declarado en los medios con voz quebrada, reflejo de una impotencia que no encuentra alivio ni en la justicia ni en las administraciones.Según reveló el propietario afectado en una intervención en el programa de radio ‘RAC1’, su historia comenzó en 2019, cuando, ante la imposibilidad de seguir pagando la hipoteca de su casa en el antiguo club de golf ‘Aigüesverds’, decide mudarse con su familia a la masía de unos amigos y alquilar su vivienda a otra familia con tres hijos . El contrato era por tres años . Al principio todo parecía normal, pero al cabo de unos meses los inquilinos comenzaron a retrasarse en los pagos hasta que, en 2021, dejaron de pagar por completo. Fue en ese momento cuando el propietario les comunicó que no les renovaría el contrato , que vencía en julio de 2022, pero se negaron a marcharse .Del alquiler a la pesadillaDesde entonces, no ha vuelto a ver un euro. Mientras tanto, los inquilinos, convertidos ahora en inquiokupas , disfrutan de una vida de confort. Según el afectado, son socios del club de golf y disfrutan de las comidas del restaurante del complejo. Además, los hijos de la familia inquiokupa van a clases de golf y han construido una piscina en el jardín. Pero lo más grave estaba por llegar. Hace apenas unas semanas, Joaquim descubrió que su vivienda estaba anunciada en Booking como un apartamento turístico , con varias reseñas positivas de personas que habían pasado allí sus vacaciones. Todo, sin licencia alguna.Lejos de actuar contra los okupas, la Agencia Tributaria impuso al verdadero propietario una multa de 5.000 euros por esta actividad ilegal. Y, desde hace tres meses, le están embargando 500 euros al mes de su nómina . En 2022, Joaquim presentó una demanda de desahucio , pero la familia alegó que en la vivienda vivían también los padres de uno de ellos, consiguiendo así un certificado de vulnerabilidad , lo que paralizó el proceso. En abril de 2024, se presentó una segunda demanda por impago y reclamación de rentas , pero el procedimiento sigue sin resolverse. «Necesitamos justicia», afirma el propietario al ‘Diari de Tarragona’.Noticia Relacionada estandar No Venden un piso con okupas por 350.000 euros en Valencia: «Se desconoce su estado actual» David Maroto Portales inmobiliarios ofertan decenas de viviendas habitadas ilegalmente mientras el Consistorio cifra 10.000 inmuebles que no salen en alquiler por el miedo de los propietariosEl propietario asegura que la familia cuenta con ingresos suficientes para no ser declarada vulnerable, pero desde el consistorio reconocen que carecen de competencias para verificar la veracidad de esos datos . «No somos inspectores de Hacienda, policías ni jueces», ha declarado Àngels Granados, responsable del área de Bienestar del Ayuntamiento.Un problema que va más allá de los númerosEl caso de Joaquim Álvarez no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que desprotege a los propietarios frente a quienes abusan de los resquicios legales. Mientras unos convierten la okupación en un negocio lucrativo, otros sufren en silencio, con embargos , deudas y la angustia de no poder recuperar lo que legítimamente es suyo. Y aunque las estadísticas digan que el número de okupaciones ha descendido, la realidad demuestra que el drama no entiende de porcentajes, sino de personas y su derecho a la propiedad .
La víctima lleva tres años sin cobrar el alquiler de su única vivienda en propiedad y ahora se enfrenta al embargo parcial de su nómina
Cada vez son más los propietarios en España que viven atrapados en una pesadilla de la que no encuentran salida. La okupación ilegal ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una realidad que mina los derechos fundamentales de quienes la sufren. Familias que, tras años de esfuerzo, compraron una vivienda como un salvavidas económico o un legado para sus hijos, ven cómo su propiedad es usurpada por desconocidos con la complicidad de un sistema jurídico lento y muchas veces inoperante. Aunque los datos oficiales apuntan a una leve bajada de las okupaciones en 2023, con un 8,8% menos de infracciones respecto al año anterior, las más de 15.000 denuncias presentadas ese año reflejan que el problema sigue muy vivo. Y los afectados no solo sufren un perjuicio económico, el desgaste emocional es, en muchos casos, devastador. Es lo que le ha ocurrido a Joaquim Álvarez, vecino de Reus (Tarragona), padre de tres hijos y víctima de una historia que, por absurda que parezca, es real. No solo lleva más de tres años sin cobrar el alquiler de su única vivienda en propiedad, sino que ha sido multado con 5.000 euros por el uso que otros hacen de su casa. «Me están embargando la nómina», ha declarado en los medios con voz quebrada, reflejo de una impotencia que no encuentra alivio ni en la justicia ni en las administraciones.
Según reveló el propietario afectado en una intervención en el programa de radio ‘RAC1’, su historia comenzó en 2019, cuando, ante la imposibilidad de seguir pagando la hipoteca de su casa en el antiguo club de golf ‘Aigüesverds’, decide mudarse con su familia a la masía de unos amigos y alquilar su vivienda a otra familia con tres hijos. El contrato era por tres años. Al principio todo parecía normal, pero al cabo de unos meses los inquilinos comenzaron a retrasarse en los pagos hasta que, en 2021, dejaron de pagar por completo. Fue en ese momento cuando el propietario les comunicó que no les renovaría el contrato, que vencía en julio de 2022, pero se negaron a marcharse.
Del alquiler a la pesadilla
Desde entonces, no ha vuelto a ver un euro. Mientras tanto, los inquilinos, convertidos ahora en inquiokupas, disfrutan de una vida de confort. Según el afectado, son socios del club de golf y disfrutan de las comidas del restaurante del complejo. Además, los hijos de la familia inquiokupa van a clases de golf y han construido una piscina en el jardín. Pero lo más grave estaba por llegar. Hace apenas unas semanas, Joaquim descubrió que su vivienda estaba anunciada en Booking como un apartamento turístico, con varias reseñas positivas de personas que habían pasado allí sus vacaciones. Todo, sin licencia alguna.
Lejos de actuar contra los okupas, la Agencia Tributaria impuso al verdadero propietario una multa de 5.000 euros por esta actividad ilegal. Y, desde hace tres meses, le están embargando 500 euros al mes de su nómina.
En 2022, Joaquim presentó una demanda de desahucio, pero la familia alegó que en la vivienda vivían también los padres de uno de ellos, consiguiendo así un certificado de vulnerabilidad, lo que paralizó el proceso. En abril de 2024, se presentó una segunda demanda por impago y reclamación de rentas, pero el procedimiento sigue sin resolverse. «Necesitamos justicia», afirma el propietario al ‘Diari de Tarragona’.
El propietario asegura que la familia cuenta con ingresos suficientes para no ser declarada vulnerable, pero desde el consistorio reconocen que carecen de competencias para verificar la veracidad de esos datos. «No somos inspectores de Hacienda, policías ni jueces», ha declarado Àngels Granados, responsable del área de Bienestar del Ayuntamiento.
Un problema que va más allá de los números
El caso de Joaquim Álvarez no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que desprotege a los propietarios frente a quienes abusan de los resquicios legales. Mientras unos convierten la okupación en un negocio lucrativo, otros sufren en silencio, con embargos, deudas y la angustia de no poder recuperar lo que legítimamente es suyo. Y aunque las estadísticas digan que el número de okupaciones ha descendido, la realidad demuestra que el drama no entiende de porcentajes, sino de personas y su derecho a la propiedad.
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