De manera prácticamente unánime, partidos y patronal catalana apuntaban ayer que la opa del BBVA sobre Banco Sabadell está o bien finiquitada, o bien suficientemente condicionada para garantizar lo que de manera más o menos genérica se define como sistema bancario catalán. Ha sido probablemente la defensa de la continuidad del Sabadell como entidad independiente el único tema que, tras unos últimos años de división y fractura en Cataluña , ha generado una respuesta casi unánime en la comunidad, de derecha a izquierda entre los partidos, y también entre los agentes sociales y entidades económicas, como el Círculo de Economía.De manera algo más comedida, desde el Ejecutivo de Salvador Illa se celebraba ayer la decisión adoptada por el Gobierno, y aunque sin anticipar el resultado de la operación, se alineaba con el resto de agentes. La satisfacción era evidente en el Govern. Si hasta ahora la posición de la Generalitat había sido la de trabajar por el fracaso de la opa pero sin que se notase –« hago cosas, hago más de lo que digo, pero hago », afirmaba hace unas semanas Salvador Illa en sede parlamentaria–, la postura trasladada ayer fue de abierta satisfacción. «Celebro la decisión del Consejo de Ministros sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell. El Gobierno ha actuado poniendo por encima el interés general, cuyas condiciones garantizan la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas», apuntó Illa en la red X añadiendo la preservación de un sistema bancario «arraigado en el territorio».Aunque Illa ha optado durante el último año por una aparente neutralidad, esta se quebró en las últimas semanas cuando el propio ‘president’ dejaba clara su postura. «Prefiero que no salga», dijo cuando ya la presión empezó a subir y una vez el propio Sabadell había anunciado el regreso de su sede social a Cataluña tras su salida en 2017, una decisión, por otra parte, que ha ayudado a los partidos independentistas a salir en defensa de una entidad que tenían enfilada, particularmente a su presidente, Josep Oliu, tras los años del ‘procés’. La oposición a la opa del Govern no era ningún secreto y, de hecho, además de la crisis en el PSOE por la corrupción, este asunto fue uno de los que se trataron en la reunión de urgencia convocada el pasado viernes en La Moncloa entre Illa y el presidente Pedro Sánchez.En clave política se leyó desde Junts el paso dado por el Gobierno, cuestionando unas as condiciones «no son lo bastante contundentes y deberían haber ido más lejos». El partido de Carles Puigdemont , muy beligerante en contra de la operación, aspiraba a unas condiciones «inequívocas para poder parar la OPA», cuestionando que ayer el Gobierno «jugase con el calendario sobre aspectos nucleares». Sin cuestionar la decisión del Gobierno, en ERC se mostraba confianza en la continuidad del Sabadell. ERC, como ha hecho Junts, situaba el conflicto en el marco territorial: «Una opa hostil lo echaría todo a perder en beneficio de Madrid». Tras la opa encarrilada, ERC apunta al siguiente objetivo, la consecución del acuerdo para que el Institut Català de Finances (ICF) –el ICO catalán– obtenga ficha bancaria–. Cuando se consiga, el ICF actuará como «una verdadera banca pública en Cataluña », celebraron los independentistas.Noticia Relacionada estandar Si Bruselas advierte al Gobierno por la opa: «Si es necesario, eliminaremos cualquier restricción injustificada» Enrique Serbeto La Comisión Europea habla de que puede usar sus competencias como guardiana de los tratadosCon menos cautelas se posicionó el presidente de Fomento del Trabajo , Josep Sánchez Llibre, que considera imposible la fusión : «Con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas». La opa, recordó, perjudicaría al interés general y al equilibrio territorial, y se perderían 70.000 millones de crédito que castigarían especialmente a las pymes.En paralelo, Pimec , patronal de las pymes catalanas, valoró las condiciones adicionales porque «pueden abrir una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial», aunque, a su juicio, será necesario un seguimiento riguroso y una supervisión efectiva de su cumplimiento. De manera prácticamente unánime, partidos y patronal catalana apuntaban ayer que la opa del BBVA sobre Banco Sabadell está o bien finiquitada, o bien suficientemente condicionada para garantizar lo que de manera más o menos genérica se define como sistema bancario catalán. Ha sido probablemente la defensa de la continuidad del Sabadell como entidad independiente el único tema que, tras unos últimos años de división y fractura en Cataluña , ha generado una respuesta casi unánime en la comunidad, de derecha a izquierda entre los partidos, y también entre los agentes sociales y entidades económicas, como el Círculo de Economía.De manera algo más comedida, desde el Ejecutivo de Salvador Illa se celebraba ayer la decisión adoptada por el Gobierno, y aunque sin anticipar el resultado de la operación, se alineaba con el resto de agentes. La satisfacción era evidente en el Govern. Si hasta ahora la posición de la Generalitat había sido la de trabajar por el fracaso de la opa pero sin que se notase –« hago cosas, hago más de lo que digo, pero hago », afirmaba hace unas semanas Salvador Illa en sede parlamentaria–, la postura trasladada ayer fue de abierta satisfacción. «Celebro la decisión del Consejo de Ministros sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell. El Gobierno ha actuado poniendo por encima el interés general, cuyas condiciones garantizan la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas», apuntó Illa en la red X añadiendo la preservación de un sistema bancario «arraigado en el territorio».Aunque Illa ha optado durante el último año por una aparente neutralidad, esta se quebró en las últimas semanas cuando el propio ‘president’ dejaba clara su postura. «Prefiero que no salga», dijo cuando ya la presión empezó a subir y una vez el propio Sabadell había anunciado el regreso de su sede social a Cataluña tras su salida en 2017, una decisión, por otra parte, que ha ayudado a los partidos independentistas a salir en defensa de una entidad que tenían enfilada, particularmente a su presidente, Josep Oliu, tras los años del ‘procés’. La oposición a la opa del Govern no era ningún secreto y, de hecho, además de la crisis en el PSOE por la corrupción, este asunto fue uno de los que se trataron en la reunión de urgencia convocada el pasado viernes en La Moncloa entre Illa y el presidente Pedro Sánchez.En clave política se leyó desde Junts el paso dado por el Gobierno, cuestionando unas as condiciones «no son lo bastante contundentes y deberían haber ido más lejos». El partido de Carles Puigdemont , muy beligerante en contra de la operación, aspiraba a unas condiciones «inequívocas para poder parar la OPA», cuestionando que ayer el Gobierno «jugase con el calendario sobre aspectos nucleares». Sin cuestionar la decisión del Gobierno, en ERC se mostraba confianza en la continuidad del Sabadell. ERC, como ha hecho Junts, situaba el conflicto en el marco territorial: «Una opa hostil lo echaría todo a perder en beneficio de Madrid». Tras la opa encarrilada, ERC apunta al siguiente objetivo, la consecución del acuerdo para que el Institut Català de Finances (ICF) –el ICO catalán– obtenga ficha bancaria–. Cuando se consiga, el ICF actuará como «una verdadera banca pública en Cataluña », celebraron los independentistas.Noticia Relacionada estandar Si Bruselas advierte al Gobierno por la opa: «Si es necesario, eliminaremos cualquier restricción injustificada» Enrique Serbeto La Comisión Europea habla de que puede usar sus competencias como guardiana de los tratadosCon menos cautelas se posicionó el presidente de Fomento del Trabajo , Josep Sánchez Llibre, que considera imposible la fusión : «Con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas». La opa, recordó, perjudicaría al interés general y al equilibrio territorial, y se perderían 70.000 millones de crédito que castigarían especialmente a las pymes.En paralelo, Pimec , patronal de las pymes catalanas, valoró las condiciones adicionales porque «pueden abrir una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial», aunque, a su juicio, será necesario un seguimiento riguroso y una supervisión efectiva de su cumplimiento.
De manera prácticamente unánime, partidos y patronal catalana apuntaban ayer que la opa del BBVA sobre Banco Sabadell está o bien finiquitada, o bien suficientemente condicionada para garantizar lo que de manera más o menos genérica se define como sistema bancario catalán. Ha sido … probablemente la defensa de la continuidad del Sabadell como entidad independiente el único tema que, tras unos últimos años de división y fractura en Cataluña, ha generado una respuesta casi unánime en la comunidad, de derecha a izquierda entre los partidos, y también entre los agentes sociales y entidades económicas, como el Círculo de Economía.
De manera algo más comedida, desde el Ejecutivo de Salvador Illa se celebraba ayer la decisión adoptada por el Gobierno, y aunque sin anticipar el resultado de la operación, se alineaba con el resto de agentes. La satisfacción era evidente en el Govern. Si hasta ahora la posición de la Generalitat había sido la de trabajar por el fracaso de la opa pero sin que se notase –«hago cosas, hago más de lo que digo, pero hago», afirmaba hace unas semanas Salvador Illa en sede parlamentaria–, la postura trasladada ayer fue de abierta satisfacción. «Celebro la decisión del Consejo de Ministros sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell. El Gobierno ha actuado poniendo por encima el interés general, cuyas condiciones garantizan la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas», apuntó Illa en la red X añadiendo la preservación de un sistema bancario «arraigado en el territorio».
Aunque Illa ha optado durante el último año por una aparente neutralidad, esta se quebró en las últimas semanas cuando el propio ‘president’ dejaba clara su postura. «Prefiero que no salga», dijo cuando ya la presión empezó a subir y una vez el propio Sabadell había anunciado el regreso de su sede social a Cataluña tras su salida en 2017, una decisión, por otra parte, que ha ayudado a los partidos independentistas a salir en defensa de una entidad que tenían enfilada, particularmente a su presidente, Josep Oliu, tras los años del ‘procés’.
La oposición a la opa del Govern no era ningún secreto y, de hecho, además de la crisis en el PSOE por la corrupción, este asunto fue uno de los que se trataron en la reunión de urgencia convocada el pasado viernes en La Moncloa entre Illa y el presidente Pedro Sánchez.
En clave política se leyó desde Junts el paso dado por el Gobierno, cuestionando unas as condiciones «no son lo bastante contundentes y deberían haber ido más lejos». El partido de Carles Puigdemont, muy beligerante en contra de la operación, aspiraba a unas condiciones «inequívocas para poder parar la OPA», cuestionando que ayer el Gobierno «jugase con el calendario sobre aspectos nucleares».
Sin cuestionar la decisión del Gobierno, en ERC se mostraba confianza en la continuidad del Sabadell. ERC, como ha hecho Junts, situaba el conflicto en el marco territorial: «Una opa hostil lo echaría todo a perder en beneficio de Madrid». Tras la opa encarrilada, ERC apunta al siguiente objetivo, la consecución del acuerdo para que el Institut Català de Finances (ICF) –el ICO catalán– obtenga ficha bancaria–. Cuando se consiga, el ICF actuará como «una verdadera banca pública en Cataluña», celebraron los independentistas.
Con menos cautelas se posicionó el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, que considera imposible la fusión: «Con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas». La opa, recordó, perjudicaría al interés general y al equilibrio territorial, y se perderían 70.000 millones de crédito que castigarían especialmente a las pymes.
En paralelo, Pimec, patronal de las pymes catalanas, valoró las condiciones adicionales porque «pueden abrir una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial», aunque, a su juicio, será necesario un seguimiento riguroso y una supervisión efectiva de su cumplimiento.
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