Operación Sotavento: el rumano mal pagado que destapó a un teniente coronel

Entre finales del año 2021 y principios de 2022 un trabajador de origen rumano que estaba haciendo arreglos en unas dependencias de la Guardia Civil en Valencia contó a un sargento que el empresario que se había llevado la concesión de la obra no le pagaba. El guardia civil hizo una nota reservada que fue el inicio de una investigación del Servicio de Asuntos Internos que acorraló a todo un teniente coronel de la Benemérita, Miguel Ángel Escamilla.Los agentes analizaron siete obras en otros tantos cuarteles y descubrieron un patrón: todas se adjudicaron a empresas o autónomos de la familia de un contratista jubilado, Carlos Gómez Neri, por importes que no llegaban a 5.000 euros, lo que permite pagar las facturas sin procedimiento previo alguno, por la vía del anticipo de caja. Si hay quienes usan los contratos menores para trocear las licitaciones y evitar así mayores controles, en este caso el teniente coronel usó los anticipos de caja para evitar incluso contratos menores.Noticia Relacionada estandar No Koldo plantea que su abogado y el de Ábalos «hablen» para que sus defensas se hagan «coherentemente» Guillermo Calvo El exasesor del ministro niega cualquier tipo de relación con Aldama y asume que el empresario está en libertad «solo por decir que miembros del PSOE son corruptos»Sabía que los interventores no los suelen mirar, pues sirven, por ejemplo, para una reparación de fontanería en un pabellón o pintar unas paredes. Las hijas y yernos del contratista facturaron por esos siete apaños 34.000 euros de los cuales 25.000 eran sobrecostes, más del 70 por ciento. «Llegaba un tipo pegaba cuatro brochazos en una pared y se iba», dicen a ABC fuentes conocedoras del caso. O se suponía que iban a arreglar la cocina de un pabellón de una casa cuartel y se limitaban a cambiar el grifo.El mismo teniente coronel era el encargado de firmar las conformidades de estos trabajos y luego se repartía, presuntamente, el sobrecoste con el contratista, según la investigación en marcha que pilota la Fiscalía Anticorrupción, que escudriña más de 70 obras ya peritadas por la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana.Éste llegó hasta la compra en el supermercado o en Ikea, tal y como han acreditado los investigadores. Estos hechos que descubrieron los sabuesos de Asuntos Internos fueron aparejados de un informe patrimonial del investigado, algo habitual en estos casos, para comprobar si se había producido un incremento patrimonial. Resultó que el teniente coronel era propietario de cinco viviendas, tres de ellas en el municipio de Siete Aguas, en la provincia de Valencia. Las había comprado en estado ruinoso por entre 15.000 y 20.000 euros cada una, pero luego las puso a la venta a más de 200.000 euros la unidad.PlusvalíasEl motivo del incremento de valor eran las reformas acometidas, pero el dinero para costearlas no había salido de las cuentas de este mando de la Guardia Civil. Las obras las habían hecho otros constructores que, a su vez, eran beneficiarios de adjudicaciones directas del teniente coronel Escamilla, que puso en marcha un plan perfecto, salvo por el rumano al que no pagaron su trabajo.El teniente coronel de la Guardia Civil está investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Entre finales del año 2021 y principios de 2022 un trabajador de origen rumano que estaba haciendo arreglos en unas dependencias de la Guardia Civil en Valencia contó a un sargento que el empresario que se había llevado la concesión de la obra no le pagaba. El guardia civil hizo una nota reservada que fue el inicio de una investigación del Servicio de Asuntos Internos que acorraló a todo un teniente coronel de la Benemérita, Miguel Ángel Escamilla.Los agentes analizaron siete obras en otros tantos cuarteles y descubrieron un patrón: todas se adjudicaron a empresas o autónomos de la familia de un contratista jubilado, Carlos Gómez Neri, por importes que no llegaban a 5.000 euros, lo que permite pagar las facturas sin procedimiento previo alguno, por la vía del anticipo de caja. Si hay quienes usan los contratos menores para trocear las licitaciones y evitar así mayores controles, en este caso el teniente coronel usó los anticipos de caja para evitar incluso contratos menores.Noticia Relacionada estandar No Koldo plantea que su abogado y el de Ábalos «hablen» para que sus defensas se hagan «coherentemente» Guillermo Calvo El exasesor del ministro niega cualquier tipo de relación con Aldama y asume que el empresario está en libertad «solo por decir que miembros del PSOE son corruptos»Sabía que los interventores no los suelen mirar, pues sirven, por ejemplo, para una reparación de fontanería en un pabellón o pintar unas paredes. Las hijas y yernos del contratista facturaron por esos siete apaños 34.000 euros de los cuales 25.000 eran sobrecostes, más del 70 por ciento. «Llegaba un tipo pegaba cuatro brochazos en una pared y se iba», dicen a ABC fuentes conocedoras del caso. O se suponía que iban a arreglar la cocina de un pabellón de una casa cuartel y se limitaban a cambiar el grifo.El mismo teniente coronel era el encargado de firmar las conformidades de estos trabajos y luego se repartía, presuntamente, el sobrecoste con el contratista, según la investigación en marcha que pilota la Fiscalía Anticorrupción, que escudriña más de 70 obras ya peritadas por la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana.Éste llegó hasta la compra en el supermercado o en Ikea, tal y como han acreditado los investigadores. Estos hechos que descubrieron los sabuesos de Asuntos Internos fueron aparejados de un informe patrimonial del investigado, algo habitual en estos casos, para comprobar si se había producido un incremento patrimonial. Resultó que el teniente coronel era propietario de cinco viviendas, tres de ellas en el municipio de Siete Aguas, en la provincia de Valencia. Las había comprado en estado ruinoso por entre 15.000 y 20.000 euros cada una, pero luego las puso a la venta a más de 200.000 euros la unidad.PlusvalíasEl motivo del incremento de valor eran las reformas acometidas, pero el dinero para costearlas no había salido de las cuentas de este mando de la Guardia Civil. Las obras las habían hecho otros constructores que, a su vez, eran beneficiarios de adjudicaciones directas del teniente coronel Escamilla, que puso en marcha un plan perfecto, salvo por el rumano al que no pagaron su trabajo.El teniente coronel de la Guardia Civil está investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho.  

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