El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes a los servicios jurídicos de la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El recurso de inconstitucionalidad está respaldado por un informe del Consejo Consultivo.El Gobierno regional considera que se trata de «una imposición unilateral» que invade competencias exclusivas de las comunidades y, además, «obliga a asumir gastos sin financiación». «Acoger no es sólo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad» , sentenció la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.Page ya había expresado con contundencia su rechazo a este sistema, acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, al que acusó de dinamitar el modelo de reparto pactado en julio de 2024 entre el PSOE, Coalición Canaria y Sumar. Aquel acuerdo, recordó, planteaba una «corresponsabilidad» territorial basada en dos condiciones esenciales: un acuerdo previo entre comunidades y financiación garantizada por parte del Estado.«Castilla-La Mancha es una región que ha cumplido siempre, que no ha desatendido nunca a un emigrante y menos a un menor . Por eso puedo decir con claridad que me parece bastante intragable lo que ha hecho el Gobierno al aceptar la exigencia de Junts», aseguraba por entonces Page.Además, rechazó de plano el concepto de «solidaridad obligatoria», que calificó de «demagogia pura», y defendió que el Estado debe asumir su responsabilidad en materia migratoria: «El Estado no puede convertirse en un transportista de menores. Es responsable de que entren legal o ilegalmente y, por tanto, de ayudar económicamente cuando el problema supera la capacidad de las autonomías». «El Estado no puede hacer dejación del Estado», aseguró. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes a los servicios jurídicos de la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El recurso de inconstitucionalidad está respaldado por un informe del Consejo Consultivo.El Gobierno regional considera que se trata de «una imposición unilateral» que invade competencias exclusivas de las comunidades y, además, «obliga a asumir gastos sin financiación». «Acoger no es sólo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad» , sentenció la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.Page ya había expresado con contundencia su rechazo a este sistema, acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, al que acusó de dinamitar el modelo de reparto pactado en julio de 2024 entre el PSOE, Coalición Canaria y Sumar. Aquel acuerdo, recordó, planteaba una «corresponsabilidad» territorial basada en dos condiciones esenciales: un acuerdo previo entre comunidades y financiación garantizada por parte del Estado.«Castilla-La Mancha es una región que ha cumplido siempre, que no ha desatendido nunca a un emigrante y menos a un menor . Por eso puedo decir con claridad que me parece bastante intragable lo que ha hecho el Gobierno al aceptar la exigencia de Junts», aseguraba por entonces Page.Además, rechazó de plano el concepto de «solidaridad obligatoria», que calificó de «demagogia pura», y defendió que el Estado debe asumir su responsabilidad en materia migratoria: «El Estado no puede convertirse en un transportista de menores. Es responsable de que entren legal o ilegalmente y, por tanto, de ayudar económicamente cuando el problema supera la capacidad de las autonomías». «El Estado no puede hacer dejación del Estado», aseguró.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a los servicios jurídicos de la Junta a interponer recurso de inconstitucionalidad
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes a los servicios jurídicos de la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El recurso de inconstitucionalidad está respaldado por un informe del Consejo Consultivo.
El Gobierno regional considera que se trata de «una imposición unilateral» que invade competencias exclusivas de las comunidades y, además, «obliga a asumir gastos sin financiación». «Acoger no es sólo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad», sentenció la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.
Page ya había expresado con contundencia su rechazo a este sistema, acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, al que acusó de dinamitar el modelo de reparto pactado en julio de 2024 entre el PSOE, Coalición Canaria y Sumar. Aquel acuerdo, recordó, planteaba una «corresponsabilidad» territorial basada en dos condiciones esenciales: un acuerdo previo entre comunidades y financiación garantizada por parte del Estado.
«Castilla-La Mancha es una región que ha cumplido siempre, que no ha desatendido nunca a un emigrante y menos a un menor. Por eso puedo decir con claridad que me parece bastante intragable lo que ha hecho el Gobierno al aceptar la exigencia de Junts», aseguraba por entonces Page.
Además, rechazó de plano el concepto de «solidaridad obligatoria», que calificó de «demagogia pura», y defendió que el Estado debe asumir su responsabilidad en materia migratoria: «El Estado no puede convertirse en un transportista de menores. Es responsable de que entren legal o ilegalmente y, por tanto, de ayudar económicamente cuando el problema supera la capacidad de las autonomías». «El Estado no puede hacer dejación del Estado», aseguró.
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