Aunque el Gobierno español no ha querido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) se conozca hasta este viernes , en pleno éxodo vacacional, la institución se lo remitió al Ministerio de Exteriores antes de aprobarlo el pasado 6 de junio. Esto implica que el Ejecutivo conocía perfectamente su contenido más de un mes antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera de manera extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones por el caso Cerdán y presentar su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el que, de haber tenido voluntad, podría haber incluido todas las recomendaciones del informe del Greco que conocemos este viernes. Sin embargo, ese plan no incluye ninguna de las tres medidas que España incumple al 100% desde 2019 y que se pueden relacionar con los principales escándalos que rodean al Gobierno: el control de los asesores del Gobierno, la regulación de los aforamientos y la reforma del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para «fortalecer su transparencia, objetividad y proporcionalidad». Promesa incumplidaEn el caso de los asesores, el Greco reclama a España que «refuerce» su régimen actual para someterles «a requisitos de transparencia e integridad equivalentes» a los aplicados a los altos cargos . El Gobierno había prometido implementar ese control a través de una nueva ley de la Administración abierta que el Consejo de Ministros aprobaría en los «primeros meses» de este 2025, como uno de los tres ejes del Plan de Acción por la Democracia aprobado el pasado 17 de septiembre. Noticias relacionadas estandar Si El Gobierno esconde hasta agosto un informe crítico del Greco sobre la corrupción Ana Sánchez estandar Si El PP fuerza al Gobierno a explicar el bloqueo del informe Greco sobre corrupción Ana SánchezSin embargo, cuando Sánchez compareció ante el Congreso en julio esa aprobación no solo no se había producido sino que el proyecto ni siquiera había sido incluido en la legislación a desarrollar este año, el llamado Plan Anual Normativo 2025, y el jefe del Ejecutivo tampoco hizo alusión alguna a este proyecto. Su plan anticorrupción solo contempla aplicar a los asesores «algunas» de las nuevas medidas de prevención de conflictos de intereses previstas para los altos cargos y dar publicidad a sus reuniones con los lobistas. Estos dos compromisos quedan muy lejos de lo que el Greco reclama al Gobierno y esta limitación resulta incomprensible ante el presunto papel desarrollado por Koldo García, como asesor de José Luis Ábalos cuanto éste ejercía como ministro de Transportes, y la supuesta tolerancia cero contra la corrupción que pregona ahora el Ejecutivo. El caso de David SánchezRespecto a los aforamientos, el Greco ha pedido a España que reforme esta figura «para que no obstaculice el proceso penal en relación con los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción». Sin haber sucedido en el Ejecutivo central, esta recomendación hace inevitable recordar el uso fraudulento que el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo , hizo del aforamiento en la causa en la que se le investiga por la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, de manera presuntamente irregular en la Diputación de Badajoz en 2017. El Gobierno ha evitado poner en marcha una reforma para evitar ese tipo de abusos pese a las peticiones reiteradas del Greco desde 2019 y, pese a conocerlo, el plan anticorrupción de Sánchez tampoco incluye ningún cambio en esa dirección, lo mismo que sucede con la revisión del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil . El Greco lo viene reclamando para que se excluya «la posibilidad de que un supervisor decida por sí solo sobre cuestiones disciplinarias» y lamentando que el Gobierno no lo reconozca como «un área problemática en la necesidad real de mejorar». El Ejecutivo prefiere guardarse esta carta, que permite aplicar castigos con menos transparencia, objetividad y proporcionalidad de las que corresponden a una democracia plena, en un momento en el que está asolado por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aunque el Gobierno español no ha querido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) se conozca hasta este viernes , en pleno éxodo vacacional, la institución se lo remitió al Ministerio de Exteriores antes de aprobarlo el pasado 6 de junio. Esto implica que el Ejecutivo conocía perfectamente su contenido más de un mes antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera de manera extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones por el caso Cerdán y presentar su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el que, de haber tenido voluntad, podría haber incluido todas las recomendaciones del informe del Greco que conocemos este viernes. Sin embargo, ese plan no incluye ninguna de las tres medidas que España incumple al 100% desde 2019 y que se pueden relacionar con los principales escándalos que rodean al Gobierno: el control de los asesores del Gobierno, la regulación de los aforamientos y la reforma del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para «fortalecer su transparencia, objetividad y proporcionalidad». Promesa incumplidaEn el caso de los asesores, el Greco reclama a España que «refuerce» su régimen actual para someterles «a requisitos de transparencia e integridad equivalentes» a los aplicados a los altos cargos . El Gobierno había prometido implementar ese control a través de una nueva ley de la Administración abierta que el Consejo de Ministros aprobaría en los «primeros meses» de este 2025, como uno de los tres ejes del Plan de Acción por la Democracia aprobado el pasado 17 de septiembre. Noticias relacionadas estandar Si El Gobierno esconde hasta agosto un informe crítico del Greco sobre la corrupción Ana Sánchez estandar Si El PP fuerza al Gobierno a explicar el bloqueo del informe Greco sobre corrupción Ana SánchezSin embargo, cuando Sánchez compareció ante el Congreso en julio esa aprobación no solo no se había producido sino que el proyecto ni siquiera había sido incluido en la legislación a desarrollar este año, el llamado Plan Anual Normativo 2025, y el jefe del Ejecutivo tampoco hizo alusión alguna a este proyecto. Su plan anticorrupción solo contempla aplicar a los asesores «algunas» de las nuevas medidas de prevención de conflictos de intereses previstas para los altos cargos y dar publicidad a sus reuniones con los lobistas. Estos dos compromisos quedan muy lejos de lo que el Greco reclama al Gobierno y esta limitación resulta incomprensible ante el presunto papel desarrollado por Koldo García, como asesor de José Luis Ábalos cuanto éste ejercía como ministro de Transportes, y la supuesta tolerancia cero contra la corrupción que pregona ahora el Ejecutivo. El caso de David SánchezRespecto a los aforamientos, el Greco ha pedido a España que reforme esta figura «para que no obstaculice el proceso penal en relación con los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción». Sin haber sucedido en el Ejecutivo central, esta recomendación hace inevitable recordar el uso fraudulento que el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo , hizo del aforamiento en la causa en la que se le investiga por la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, de manera presuntamente irregular en la Diputación de Badajoz en 2017. El Gobierno ha evitado poner en marcha una reforma para evitar ese tipo de abusos pese a las peticiones reiteradas del Greco desde 2019 y, pese a conocerlo, el plan anticorrupción de Sánchez tampoco incluye ningún cambio en esa dirección, lo mismo que sucede con la revisión del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil . El Greco lo viene reclamando para que se excluya «la posibilidad de que un supervisor decida por sí solo sobre cuestiones disciplinarias» y lamentando que el Gobierno no lo reconozca como «un área problemática en la necesidad real de mejorar». El Ejecutivo prefiere guardarse esta carta, que permite aplicar castigos con menos transparencia, objetividad y proporcionalidad de las que corresponden a una democracia plena, en un momento en el que está asolado por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
También ignoró la petición de dar más «objetividad» a los castigos a Policía y Guardia Civil
Aunque el Gobierno español no ha querido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) se conozca hasta este viernes, en pleno éxodo vacacional, la institución se lo remitió al Ministerio de Exteriores antes de aprobarlo … el pasado 6 de junio. Esto implica que el Ejecutivo conocía perfectamente su contenido más de un mes antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera de manera extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones por el caso Cerdán y presentar su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el que, de haber tenido voluntad, podría haber incluido todas las recomendaciones del informe del Greco que conocemos este viernes.
Sin embargo, ese plan no incluye ninguna de las tres medidas que España incumple al 100% desde 2019 y que se pueden relacionar con los principales escándalos que rodean al Gobierno: el control de los asesores del Gobierno, la regulación de los aforamientos y la reforma del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para «fortalecer su transparencia, objetividad y proporcionalidad».
Promesa incumplida
En el caso de los asesores, el Greco reclama a España que «refuerce» su régimen actual para someterles «a requisitos de transparencia e integridad equivalentes» a los aplicados a los altos cargos. El Gobierno había prometido implementar ese control a través de una nueva ley de la Administración abierta que el Consejo de Ministros aprobaría en los «primeros meses» de este 2025, como uno de los tres ejes del Plan de Acción por la Democracia aprobado el pasado 17 de septiembre.
Sin embargo, cuando Sánchez compareció ante el Congreso en julio esa aprobación no solo no se había producido sino que el proyecto ni siquiera había sido incluido en la legislación a desarrollar este año, el llamado Plan Anual Normativo 2025, y el jefe del Ejecutivo tampoco hizo alusión alguna a este proyecto. Su plan anticorrupción solo contempla aplicar a los asesores «algunas» de las nuevas medidas de prevención de conflictos de intereses previstas para los altos cargos y dar publicidad a sus reuniones con los lobistas. Estos dos compromisos quedan muy lejos de lo que el Greco reclama al Gobierno y esta limitación resulta incomprensible ante el presunto papel desarrollado por Koldo García, como asesor de José Luis Ábalos cuanto éste ejercía como ministro de Transportes, y la supuesta tolerancia cero contra la corrupción que pregona ahora el Ejecutivo.
El caso de David Sánchez
Respecto a los aforamientos, el Greco ha pedido a España que reforme esta figura «para que no obstaculice el proceso penal en relación con los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción».
Sin haber sucedido en el Ejecutivo central, esta recomendación hace inevitable recordar el uso fraudulento que el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, hizo del aforamiento en la causa en la que se le investiga por la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, de manera presuntamente irregular en la Diputación de Badajoz en 2017.
El Gobierno ha evitado poner en marcha una reforma para evitar ese tipo de abusos pese a las peticiones reiteradas del Greco desde 2019 y, pese a conocerlo, el plan anticorrupción de Sánchez tampoco incluye ningún cambio en esa dirección, lo mismo que sucede con la revisión del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil. El Greco lo viene reclamando para que se excluya «la posibilidad de que un supervisor decida por sí solo sobre cuestiones disciplinarias» y lamentando que el Gobierno no lo reconozca como «un área problemática en la necesidad real de mejorar». El Ejecutivo prefiere guardarse esta carta, que permite aplicar castigos con menos transparencia, objetividad y proporcionalidad de las que corresponden a una democracia plena, en un momento en el que está asolado por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
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