Si la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya ha condenado reiteradamente los ataques a los jueces pidiendo respeto a su independencia, este jueves ha dado, como se le pedía, un paso más, y ha calificado de inadmisible que la descalificación pública de los togados «se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». «El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad», ha dicho en su intervención ante el Rey durante el acto de Apertura del Año Judicial, celebrado en el Tribunal Supremo. Perelló ha afirmado que la lealtad institucional constituye «un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». Una condena sutil a las injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial. No se trata de una simple «deferencia política», ha dicho, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho.La presidenta ha reiterado su compromiso de trabajar para alcanzar «los más amplios consensos» ejerciendo un «criterio neutral» y, en lo que se interpreta como un mensaje a la clase política, ha recordado que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses». En este sentido ha defendido una justicia «independiente y profesional». «Si falta un poder judicial independiente, desaparece el Estado de derecho». Perelló ha abundado en que los jueces no se deben a nadie más que a la Constitución y las leyes y toman las decisiones «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo». Sobre el salón de plenos del Supremo sobrevolaba la queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska al CGPJ por la actuación de la juez Tardón en el caso de Ceuta, las de Bolaños contra la actuación de Peinado en el caso de Begoña Gómez o incluso las cartas que Perelló ha recibido desde que es presidenta del CGPJ con advertencias o indicaciones sobre la forma en la que, a juicio del ministro de Justicia, debe actuar o posicionarse sobre determinados asuntos el órgano que preside y que orgánicamente nada tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Flexible con la crítica a las resoluciones judiciales -los jueces «no están sustraidos al debate público», sí se ha mostrado implacable con las acusaciones «expresas y generalizadas» de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas, es decir, con el ‘lawfare’. «Son imputaciones de extraordinaria gravedad que pueden llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva«, ha dicho en alusión al delito de prevaricación. En presencia del ministro Bolaños, la presidenta del Poder Judicial ha reconocido que el sistema judicial «no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra» y que, además, «la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva». «Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz». Se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo, para señalar que la situación de la Sala Primera (Civil) «es especialmente preocupante», ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. No le ha temblado el pulso tampoco al calificar de «inadmisible» el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015.Ha hablado también de los nuevos tribunales de instancia, cuya improvisación en su implantación ha generado un enorme caos y malestar en los distintos operadores jurídicos, como ha venido informando ABC. Todavía es pronto para hacer un balance de la ley de eficiencia, ha dicho, pero están «generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos». Entre ellas ha citado expresamente la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción generalizada de personal que esta transformación ha conllevado y la pérdida de contacto del juez con la oficina judicial son algunas de estas trabas. También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la carrera judicial. Es un «importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad», ha remarcado. Sin embargo, ha advertido de que «sigue habiendo un importante déficit de jueces» y que el CGPJ estima necesario «convocar 367 plazas de acceso a la carrera cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes».Se ha referido también Perelló en su discurso a la complicada situación de Ceuta a raíz de la invasión de los pasados 30 y 31 de julio. Sin olvidar a los fallecidos en el intento de llegar a nado a las costas españolas, ha dicho que «los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley». En relación con esta cuestión ha manifestado, además, que «la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento».En los corrillos posteriores al acto de apertura, fuentes judiciales coincidieron en valorar positivamente el discurso de Perelló, en el que dentro del papel institucional que representa dio un paso más que en sus ya recurrentes toques de atención ante las injerencias políticas mostrándose inflexible ante las presiones y exponiendo ante el ministro los problemas de la justicia. Por otra parte aplaudieron la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no abrir una guerra con los magistrados del Supremo que condenaron a su predecesor, Álvaro García Ortiz. Su último movimiento con la Comisión Europea criticando la sentencia había sentado muy mal en la Sala Segunda. Si la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya ha condenado reiteradamente los ataques a los jueces pidiendo respeto a su independencia, este jueves ha dado, como se le pedía, un paso más, y ha calificado de inadmisible que la descalificación pública de los togados «se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». «El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad», ha dicho en su intervención ante el Rey durante el acto de Apertura del Año Judicial, celebrado en el Tribunal Supremo. Perelló ha afirmado que la lealtad institucional constituye «un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». Una condena sutil a las injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial. No se trata de una simple «deferencia política», ha dicho, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho.La presidenta ha reiterado su compromiso de trabajar para alcanzar «los más amplios consensos» ejerciendo un «criterio neutral» y, en lo que se interpreta como un mensaje a la clase política, ha recordado que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses». En este sentido ha defendido una justicia «independiente y profesional». «Si falta un poder judicial independiente, desaparece el Estado de derecho». Perelló ha abundado en que los jueces no se deben a nadie más que a la Constitución y las leyes y toman las decisiones «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo». Sobre el salón de plenos del Supremo sobrevolaba la queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska al CGPJ por la actuación de la juez Tardón en el caso de Ceuta, las de Bolaños contra la actuación de Peinado en el caso de Begoña Gómez o incluso las cartas que Perelló ha recibido desde que es presidenta del CGPJ con advertencias o indicaciones sobre la forma en la que, a juicio del ministro de Justicia, debe actuar o posicionarse sobre determinados asuntos el órgano que preside y que orgánicamente nada tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Flexible con la crítica a las resoluciones judiciales -los jueces «no están sustraidos al debate público», sí se ha mostrado implacable con las acusaciones «expresas y generalizadas» de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas, es decir, con el ‘lawfare’. «Son imputaciones de extraordinaria gravedad que pueden llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva«, ha dicho en alusión al delito de prevaricación. En presencia del ministro Bolaños, la presidenta del Poder Judicial ha reconocido que el sistema judicial «no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra» y que, además, «la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva». «Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz». Se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo, para señalar que la situación de la Sala Primera (Civil) «es especialmente preocupante», ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. No le ha temblado el pulso tampoco al calificar de «inadmisible» el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015.Ha hablado también de los nuevos tribunales de instancia, cuya improvisación en su implantación ha generado un enorme caos y malestar en los distintos operadores jurídicos, como ha venido informando ABC. Todavía es pronto para hacer un balance de la ley de eficiencia, ha dicho, pero están «generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos». Entre ellas ha citado expresamente la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción generalizada de personal que esta transformación ha conllevado y la pérdida de contacto del juez con la oficina judicial son algunas de estas trabas. También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la carrera judicial. Es un «importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad», ha remarcado. Sin embargo, ha advertido de que «sigue habiendo un importante déficit de jueces» y que el CGPJ estima necesario «convocar 367 plazas de acceso a la carrera cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes».Se ha referido también Perelló en su discurso a la complicada situación de Ceuta a raíz de la invasión de los pasados 30 y 31 de julio. Sin olvidar a los fallecidos en el intento de llegar a nado a las costas españolas, ha dicho que «los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley». En relación con esta cuestión ha manifestado, además, que «la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento».En los corrillos posteriores al acto de apertura, fuentes judiciales coincidieron en valorar positivamente el discurso de Perelló, en el que dentro del papel institucional que representa dio un paso más que en sus ya recurrentes toques de atención ante las injerencias políticas mostrándose inflexible ante las presiones y exponiendo ante el ministro los problemas de la justicia. Por otra parte aplaudieron la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no abrir una guerra con los magistrados del Supremo que condenaron a su predecesor, Álvaro García Ortiz. Su último movimiento con la Comisión Europea criticando la sentencia había sentado muy mal en la Sala Segunda.
Si la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya ha condenado reiteradamente los ataques a los jueces pidiendo respeto a su independencia, este jueves ha dado, como se le pedía, un paso más, y ha calificado de «no … admisible» que la descalificación pública de los togados «se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». «El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad», ha dicho en su intervención ante el Rey durante el acto de Apertura del Año Judicial, celebrado en el Tribunal Supremo.
Perelló ha afirmado que la lealtad institucional constituye «un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». Una condena sutil a las injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial. No se trata de una simple «deferencia política», ha dicho, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho.
La presidenta ha reiterado su compromiso de trabajar para alcanzar «los más amplios consensos» ejerciendo un «criterio neutral» y, en lo que se interpreta como un mensaje a la clase política, ha recordado que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses». En este sentido ha defendido una justicia «independiente y profesional». «Si falta un poder judicial independiente, desaparece el Estado de derecho».
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Perelló ha abundado en que los jueces no se deben a nadie más que a la Constitución y las leyes y toman las decisiones «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».
Flexible con la crítica a las resoluciones judiciales -los jueces «no están sustraidos al debate público», sí se ha mostrado implacable con las acusaciones «expresas y generalizadas» de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas, es decir, con el ‘lawfare’. «Son imputaciones de extraordinaria gravedad que pueden llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva«, ha dicho en alusión al delito de prevaricación.
En presencia del ministro Bolaños, la presidenta del Poder Judicial ha reconocido que el sistema judicial “no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra” y que, además, “la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva”. “Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz”. Se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo, para señalar que la situación de la Sala Primera (Civil) “es especialmente preocupante”, ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. No le ha temblado el pulso tampoco al calificar de «inadmisible” el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015.
Ha hablado también de los nuevos tribunales de instancia, cuya improvisación en su implantación ha generado un enorme caos y malestar en los distintos operadores jurídicos, como ha venido informando ABC. Todavía es pronto para hacer un balance de la ley de eficiencia, ha dicho, pero están «generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos». Entre ellas ha citado expresamente la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción generalizada de personal que esta transformación ha conllevado y la pérdida de contacto del juez con la oficina judicial son algunas de estas trabas.
También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la carrera judicial. Es un «importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad”, ha remarcado. Sin embargo, ha advertido de que “sigue habiendo un importante déficit de jueces” y que el CGPJ estima necesario “convocar 367 plazas de acceso a la carrera cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes”.
Se ha referido también Perelló en su discurso a la complicada situación de Ceuta a raíz de la invasión de los pasados 30 y 31 de julio. Sin olvidar a los fallecidos en el intento de llegar a nado a las costas españolas, ha dicho que «los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley”. En relación con esta cuestión ha manifestado, además, que “la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento”.
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Además, ha expresado un reconocimiento especial al trabajo de todos los
jueces/zas y magistrados/as, “en especial de aquellos que sirven en
destinos con mayores cargas y dificultades y que sufren presiones”, y de los
que han intervenido en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o
los incendios forestales de este verano; y ha trasladado sus condolencias a
las familias y los allegados de quienes han fallecido con ocasión de esos
sucesos y su gratitud a quienes han participado en las labores de rescate,
asistencia y extinción.
“Recordamos de manera especial a las personas que han fallecido en la
grave crisis en la que está sumida Ceuta. En una situación tan complicada,
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