Desde que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla abrió hace 14 años el denominado caso Invercaria para investigar la concesión «arbitraria» de préstamos públicos a empresas privadas por parte de la extinta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la principal línea de defensa de su máximo responsable, Tomás Pérez-Sauquillo , ha sido negarlo todo. Su estrategia en las distintas piezas separadas de la macrocausa se resumen en dos: decir que no hay hecho nada que no viniera avalado por los informes de los técnicos de Invercaria y declararse víctima de una persecución política. El problema es que no ha logrado convencer a todos los tribunales de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo han juzgado. Seis de ellos lo han condenado a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y otros tantos han decidido absolverlo. A pesar de que cuatro de las condenas ya son firmes tras ser ratificadas por el Tribunal Supremo, Pérez-Sauquillo no ha entrado en la prisión ni, seguramente, lo haga nunca porque los tribunales que lo han castigado con la privación del libertad lo han eximido de cumplir su condena dentro de un centro penitenciario por sufrir una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Con estos precedentes, el que fuera presidente de Invercaria entre 2005 y 2010, nombrado por su amigo el entonces consejero andaluz del PSOE Francisco Vallejo , ha grabado desde su casa un vídeo remitido a ABC en el que se declara víctima de una «estafa procesal», de la «politización» de la Justicia y de una persecución «de un determinado partido político» que no nombra. Afirma sentir «pánico» ante el uso de la Justicia como instrumento para perseguirle, pero omite un dato fundamental: ese mismo sistema judicial que cuestiona ha mostrado una sensibilidad extrema hacia su situación personal y ha atendido la petición de su abogado para suspender durante cinco años su internamiento en la cárcel. En un vídeo grabado en su casa afirma sentir «pánico» por el uso de la Justicia para perseguirloA pesar de tener sobre sus hombros seis condenas, cuatro de ellas con sentencias firmes que suman 13 años de cárcel en cuarto piezas del caso (Aceitunas Tatis, Fumapa, Personal y Cedes Electria), la Sección Primera ha dejado en suspenso durante cinco años la pena de prisión. Lo hace al amparo de un artículo que el Código Penal reserva para casos de humanidad extrema, cuando el acusado está aquejado de una enfermedad muy grave, como a él le ocurre.Asegura que no es socialistaEl vídeo de Pérez-Sauquillo, de 80 años, comienza con una crítica al periodista de ABC de Sevilla que cubre el caso Invercaria, medio al que acusa de etiquetarlo erróneamente para alimentar un relato político. « No soy ni he sido socialista », afirma categórico quien ejerció como directivo de Invercaria durante distintos gobiernos del PSOE, aunque nunca militara en este partido. Se define como un «huérfano político» cuyos referentes murieron con la UCD, el CDS y Ciudadanos. Al desvincularse del PSOE, Sauquillo intenta presentarse no como una pieza de un engranaje de corrupción institucionalizada, sino como un técnico independiente atrapado en una batalla política.Es en el terreno judicial donde su tono se vuelve más combativo. Según Sauquillo, su condena en la pieza de Astilleros Astraea —avanzada por ABC— es el resultado de una sala que ha ignorado pruebas documentales «palmarias». Para el expresidente, el hecho de que se le condene por no seguir procedimientos reglamentarios , lo cual es «totalmente incierto» porque, según su versión, la sala ha ignorado pruebas documentales —cita los folios del sumarios— que demostrarían que sí existieron informes técnicos que avalaban las inversiones en esta empresa. Su defensa se apoya en que el Plan Director de Invercaria —eje de muchas de sus condenas— ha sido calificado por la Audiencia en otras ocasiones como un «documento interno de no obligada observancia». Es lo contrario que sostienen distintas secciones de la Audiencia de Sevilla y el propio Tribunal Supremo para condenarlo, que consideran probado que el dinero público se repartía de manera «injusta y arbitraria», sin planes de negocio reales en algunos casos y bajo el control absoluto de su expresidente.Borrado de los correos electrónicosAun así, Sauquillo se presenta como una persona indefensa. El ex alto cargo sostiene que alguien —apuntando a la agencia IDEA, a la propia Invercaria o al testigo principal, Cristóbal Cantos — manipuló el servidor de la empresa dos años después de su cese en 2010 para borrar sus correos electrónicos. «Es un grave precedente judicial que un empleado desleal manipule el servidor para privar a su jefe de la documentación que justifica sus decisiones», lamenta. Lo califica de «estafa procesal» y señala a Cantos como un «protegido de un determinado partido político». En el tramo final de su declaración, Sauquillo se muestra como un hombre resignado, pero no arrepentido. «Siento haber llegado a los 80 años con graves patologías que me impiden ya luchar contra este atropello», concluye. Desde que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla abrió hace 14 años el denominado caso Invercaria para investigar la concesión «arbitraria» de préstamos públicos a empresas privadas por parte de la extinta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la principal línea de defensa de su máximo responsable, Tomás Pérez-Sauquillo , ha sido negarlo todo. Su estrategia en las distintas piezas separadas de la macrocausa se resumen en dos: decir que no hay hecho nada que no viniera avalado por los informes de los técnicos de Invercaria y declararse víctima de una persecución política. El problema es que no ha logrado convencer a todos los tribunales de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo han juzgado. Seis de ellos lo han condenado a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y otros tantos han decidido absolverlo. A pesar de que cuatro de las condenas ya son firmes tras ser ratificadas por el Tribunal Supremo, Pérez-Sauquillo no ha entrado en la prisión ni, seguramente, lo haga nunca porque los tribunales que lo han castigado con la privación del libertad lo han eximido de cumplir su condena dentro de un centro penitenciario por sufrir una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Con estos precedentes, el que fuera presidente de Invercaria entre 2005 y 2010, nombrado por su amigo el entonces consejero andaluz del PSOE Francisco Vallejo , ha grabado desde su casa un vídeo remitido a ABC en el que se declara víctima de una «estafa procesal», de la «politización» de la Justicia y de una persecución «de un determinado partido político» que no nombra. Afirma sentir «pánico» ante el uso de la Justicia como instrumento para perseguirle, pero omite un dato fundamental: ese mismo sistema judicial que cuestiona ha mostrado una sensibilidad extrema hacia su situación personal y ha atendido la petición de su abogado para suspender durante cinco años su internamiento en la cárcel. En un vídeo grabado en su casa afirma sentir «pánico» por el uso de la Justicia para perseguirloA pesar de tener sobre sus hombros seis condenas, cuatro de ellas con sentencias firmes que suman 13 años de cárcel en cuarto piezas del caso (Aceitunas Tatis, Fumapa, Personal y Cedes Electria), la Sección Primera ha dejado en suspenso durante cinco años la pena de prisión. Lo hace al amparo de un artículo que el Código Penal reserva para casos de humanidad extrema, cuando el acusado está aquejado de una enfermedad muy grave, como a él le ocurre.Asegura que no es socialistaEl vídeo de Pérez-Sauquillo, de 80 años, comienza con una crítica al periodista de ABC de Sevilla que cubre el caso Invercaria, medio al que acusa de etiquetarlo erróneamente para alimentar un relato político. « No soy ni he sido socialista », afirma categórico quien ejerció como directivo de Invercaria durante distintos gobiernos del PSOE, aunque nunca militara en este partido. Se define como un «huérfano político» cuyos referentes murieron con la UCD, el CDS y Ciudadanos. Al desvincularse del PSOE, Sauquillo intenta presentarse no como una pieza de un engranaje de corrupción institucionalizada, sino como un técnico independiente atrapado en una batalla política.Es en el terreno judicial donde su tono se vuelve más combativo. Según Sauquillo, su condena en la pieza de Astilleros Astraea —avanzada por ABC— es el resultado de una sala que ha ignorado pruebas documentales «palmarias». Para el expresidente, el hecho de que se le condene por no seguir procedimientos reglamentarios , lo cual es «totalmente incierto» porque, según su versión, la sala ha ignorado pruebas documentales —cita los folios del sumarios— que demostrarían que sí existieron informes técnicos que avalaban las inversiones en esta empresa. Su defensa se apoya en que el Plan Director de Invercaria —eje de muchas de sus condenas— ha sido calificado por la Audiencia en otras ocasiones como un «documento interno de no obligada observancia». Es lo contrario que sostienen distintas secciones de la Audiencia de Sevilla y el propio Tribunal Supremo para condenarlo, que consideran probado que el dinero público se repartía de manera «injusta y arbitraria», sin planes de negocio reales en algunos casos y bajo el control absoluto de su expresidente.Borrado de los correos electrónicosAun así, Sauquillo se presenta como una persona indefensa. El ex alto cargo sostiene que alguien —apuntando a la agencia IDEA, a la propia Invercaria o al testigo principal, Cristóbal Cantos — manipuló el servidor de la empresa dos años después de su cese en 2010 para borrar sus correos electrónicos. «Es un grave precedente judicial que un empleado desleal manipule el servidor para privar a su jefe de la documentación que justifica sus decisiones», lamenta. Lo califica de «estafa procesal» y señala a Cantos como un «protegido de un determinado partido político». En el tramo final de su declaración, Sauquillo se muestra como un hombre resignado, pero no arrepentido. «Siento haber llegado a los 80 años con graves patologías que me impiden ya luchar contra este atropello», concluye.
Desde que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla abrió hace 14 años el denominado caso Invercaria para investigar la concesión «arbitraria» de préstamos públicos a empresas privadas por parte de la extinta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la … principal línea de defensa de su máximo responsable, Tomás Pérez-Sauquillo, ha sido negarlo todo. Su estrategia en las distintas piezas separadas de la macrocausa se resumen en dos: decir que no hay hecho nada que no viniera avalado por los informes de los técnicos de Invercaria y declararse víctima de una persecución política.
El problema es que no ha logrado convencer a todos los tribunales de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo han juzgado. Seis de ellos lo han condenado a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y otros tantos han decidido absolverlo. A pesar de que cuatro de las condenas ya son firmes tras ser ratificadas por el Tribunal Supremo, Pérez-Sauquillo no ha entrado en la prisión ni, seguramente, lo haga nunca porque los tribunales que lo han castigado con la privación del libertad lo han eximido de cumplir su condena dentro de un centro penitenciario por sufrir una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
Con estos precedentes, el que fuera presidente de Invercaria entre 2005 y 2010, nombrado por su amigo el entonces consejero andaluz del PSOE Francisco Vallejo, ha grabado desde su casa un vídeo remitido a ABC en el que se declara víctima de una «estafa procesal», de la «politización» de la Justicia y de una persecución «de un determinado partido político» que no nombra. Afirma sentir «pánico» ante el uso de la Justicia como instrumento para perseguirle, pero omite un dato fundamental: ese mismo sistema judicial que cuestiona ha mostrado una sensibilidad extrema hacia su situación personal y ha atendido la petición de su abogado para suspender durante cinco años su internamiento en la cárcel.
En un vídeo grabado en su casa afirma sentir «pánico» por el uso de la Justicia para perseguirlo
A pesar de tener sobre sus hombros seis condenas, cuatro de ellas con sentencias firmes que suman 13 años de cárcel en cuarto piezas del caso (Aceitunas Tatis, Fumapa, Personal y Cedes Electria), la Sección Primera ha dejado en suspenso durante cinco años la pena de prisión. Lo hace al amparo de un artículo que el Código Penal reserva para casos de humanidad extrema, cuando el acusado está aquejado de una enfermedad muy grave, como a él le ocurre.
Asegura que no es socialista
El vídeo de Pérez-Sauquillo, de 80 años, comienza con una crítica al periodista de ABC de Sevilla que cubre el caso Invercaria, medio al que acusa de etiquetarlo erróneamente para alimentar un relato político. «No soy ni he sido socialista», afirma categórico quien ejerció como directivo de Invercaria durante distintos gobiernos del PSOE, aunque nunca militara en este partido. Se define como un «huérfano político» cuyos referentes murieron con la UCD, el CDS y Ciudadanos. Al desvincularse del PSOE, Sauquillo intenta presentarse no como una pieza de un engranaje de corrupción institucionalizada, sino como un técnico independiente atrapado en una batalla política.
Es en el terreno judicial donde su tono se vuelve más combativo. Según Sauquillo, su condena en la pieza de Astilleros Astraea —avanzada por ABC— es el resultado de una sala que ha ignorado pruebas documentales «palmarias». Para el expresidente, el hecho de que se le condene por no seguir procedimientos reglamentarios, lo cual es «totalmente incierto» porque, según su versión, la sala ha ignorado pruebas documentales —cita los folios del sumarios— que demostrarían que sí existieron informes técnicos que avalaban las inversiones en esta empresa. Su defensa se apoya en que el Plan Director de Invercaria —eje de muchas de sus condenas— ha sido calificado por la Audiencia en otras ocasiones como un «documento interno de no obligada observancia».
Es lo contrario que sostienen distintas secciones de la Audiencia de Sevilla y el propio Tribunal Supremo para condenarlo, que consideran probado que el dinero público se repartía de manera «injusta y arbitraria», sin planes de negocio reales en algunos casos y bajo el control absoluto de su expresidente.
Borrado de los correos electrónicos
Aun así, Sauquillo se presenta como una persona indefensa. El ex alto cargo sostiene que alguien —apuntando a la agencia IDEA, a la propia Invercaria o al testigo principal, Cristóbal Cantos— manipuló el servidor de la empresa dos años después de su cese en 2010 para borrar sus correos electrónicos. «Es un grave precedente judicial que un empleado desleal manipule el servidor para privar a su jefe de la documentación que justifica sus decisiones», lamenta. Lo califica de «estafa procesal» y señala a Cantos como un «protegido de un determinado partido político».
En el tramo final de su declaración, Sauquillo se muestra como un hombre resignado, pero no arrepentido. «Siento haber llegado a los 80 años con graves patologías que me impiden ya luchar contra este atropello», concluye.
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