La Fiscalía pide 15 años de prisión por los delitos de frustración en la ejecución, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, para cada uno de los cuatro miembros de una misma familia de Valencia -el padre, la madre y dos hijos-, acusados de irregularidades en la gestión de los trabajadores de una entidad especializada en la prestación de servicios domiciliarios a personas mayores.Según el relato del ministerio público, que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los procesados constituyeron en 2017 una cooperativa de trabajo en la que uno de los hijos era el presidente, el padre era el secretario y el resto de procesado eran vocales.De acuerdo con la acusación que ejerce la Fiscalía, entre los años 2017 a 2021, dieron de alta como trabajadores a 1.978 personas que prestaron sus servicios en domicilios de todo el país con atención a mayores o dependientes. MÁS INFORMACIÓN noticia No El colegio de la manada que violó en grupo a un compañero durante un viaje: «Tomamos las medidas necesarias»Los procesados habrían dado de alta a estos trabajadores como socios de la cooperativa en régimen de autónomos en lugar de darles de alta en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena. Con esta simulación, según el Ministerio Fiscal, los procesados habrían defraudado a la Seguridad Social más de dos millones de euros . La acusación pública relata además que las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a vacaciones, salarios, jornada, descansos o permisos eran peores que las de un empleado ordinario del mismo sector. La vista oral comienza este lunes 9 y sigue hasta el día 20 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía pide 15 años de prisión por los delitos de frustración en la ejecución, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, para cada uno de los cuatro miembros de una misma familia de Valencia -el padre, la madre y dos hijos-, acusados de irregularidades en la gestión de los trabajadores de una entidad especializada en la prestación de servicios domiciliarios a personas mayores.Según el relato del ministerio público, que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los procesados constituyeron en 2017 una cooperativa de trabajo en la que uno de los hijos era el presidente, el padre era el secretario y el resto de procesado eran vocales.De acuerdo con la acusación que ejerce la Fiscalía, entre los años 2017 a 2021, dieron de alta como trabajadores a 1.978 personas que prestaron sus servicios en domicilios de todo el país con atención a mayores o dependientes. MÁS INFORMACIÓN noticia No El colegio de la manada que violó en grupo a un compañero durante un viaje: «Tomamos las medidas necesarias»Los procesados habrían dado de alta a estos trabajadores como socios de la cooperativa en régimen de autónomos en lugar de darles de alta en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena. Con esta simulación, según el Ministerio Fiscal, los procesados habrían defraudado a la Seguridad Social más de dos millones de euros . La acusación pública relata además que las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a vacaciones, salarios, jornada, descansos o permisos eran peores que las de un empleado ordinario del mismo sector. La vista oral comienza este lunes 9 y sigue hasta el día 20 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
Los procesados habrían dado de alta a trabajadores como socios de la cooperativa en régimen de autónomos en lugar de hacerlo como trabajadores por cuenta ajena
La Fiscalía pide 15 años de prisión por los delitos de frustración en la ejecución, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, para cada uno de los cuatro miembros de una misma familia de Valencia -el padre, la madre y dos hijos-, acusados de irregularidades en la gestión de los trabajadores de una entidad especializada en la prestación de servicios domiciliarios a personas mayores.
Según el relato del ministerio público, que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los procesados constituyeron en 2017 una cooperativa de trabajo en la que uno de los hijos era el presidente, el padre era el secretario y el resto de procesado eran vocales.
De acuerdo con la acusación que ejerce la Fiscalía, entre los años 2017 a 2021, dieron de alta como trabajadores a 1.978 personas que prestaron sus servicios en domicilios de todo el país con atención a mayores o dependientes.
Los procesados habrían dado de alta a estos trabajadores como socios de la cooperativa en régimen de autónomos en lugar de darles de alta en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena. Con esta simulación, según el Ministerio Fiscal, los procesados habrían defraudado a la Seguridad Social más de dos millones de euros.
La acusación pública relata además que las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a vacaciones, salarios, jornada, descansos o permisos eran peores que las de un empleado ordinario del mismo sector. La vista oral comienza este lunes 9 y sigue hasta el día 20 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
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