El Gobierno ha recibido entre 2021 y 2025 quejas por el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en talleres de risoterapia, reggaeton, crochet, hornazos, yoga y suelo pélvico, jabones caseros, cata de chocolates, un «homenaje a la vagina», actos LGTBI y una tertulia flamenca, entre otras actividades.Así lo pone de manifiesto el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a una batería de preguntas de Vox sobre «presuntas irregularidades» en el uso de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género.En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal pide conocer la relación de todas las denuncias registradas en el periodo 2021-2025. De no llevarlo a cabo por parte del Ejecutivo, pregunta por la «imposibilidad o negativa» de facilitar dichos datos, así como la «falta de transparencia» en relación con el control y fiscalización de los fondos públicos.También pregunta por las denuncias que han derivado en aperturas de expedientes, procedimientos sancionadores y/o archivo de actuaciones sin consecuencias administrativas o judiciales y por los mecanismos que ha implementado el Ministerio de Igualdad desde 2021 para prevenir irregularidades en el uso de estos fondos. La justificación del Gobierno Según se desprende del texto, consultado por Europa Press, el Gobierno ha defendido que la revisión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no tiene «naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad» de los mismos.«Las quejas recibidas son objeto de un procedimiento de análisis y seguimiento administrativo, en el que se solicita información a las entidades locales correspondientes a efectos de verificar la adecuación de las actuaciones a los fines del Pacto de Estado. Estas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad de los fondos. Si no están vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se financian», asegura.Del mismo modo, señala que, desde 2024, el Ministerio de Igualdad ha reforzado el control y seguimiento del uso de los fondos del Pacto de Estado «para garantizar su correcta aplicación por parte de las entidades locales ». «Estas medidas tienen como finalidad reforzar la trazabilidad, la transparencia y el control del carácter finalista de los fondos», subraya.Entre las principales medidas implantadas destaca la elaboración y difusión de una guía para el «buen uso» de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado, presentada el 7 de mayo de 2025 y divulgada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los 7.880 municipios.Además, expone que se realiza asesoramiento técnico especializado a través de buzón específico y teléfono exclusivo para atender las dudas y aclaraciones que los ayuntamientos puedan necesitar en cualquier momento a lo largo del ciclo de ejecución.Los criterios de «buen uso» Asimismo, recalca el «refuerzo» de la revisión de las justificaciones, con solicitud de subsanaciones en caso de actuaciones no financiables y control de remanentes, así como el desarrollo de acciones formativas específicas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales para homogeneizar criterios de elegibilidad.Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza envío una carta a las entidades locales tras la aprobación de los fondos del Pacto de Estado 2024 y 2025, recordando los criterios para su «buen uso» y ejecución. El Gobierno ha recibido entre 2021 y 2025 quejas por el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en talleres de risoterapia, reggaeton, crochet, hornazos, yoga y suelo pélvico, jabones caseros, cata de chocolates, un «homenaje a la vagina», actos LGTBI y una tertulia flamenca, entre otras actividades.Así lo pone de manifiesto el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a una batería de preguntas de Vox sobre «presuntas irregularidades» en el uso de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género.En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal pide conocer la relación de todas las denuncias registradas en el periodo 2021-2025. De no llevarlo a cabo por parte del Ejecutivo, pregunta por la «imposibilidad o negativa» de facilitar dichos datos, así como la «falta de transparencia» en relación con el control y fiscalización de los fondos públicos.También pregunta por las denuncias que han derivado en aperturas de expedientes, procedimientos sancionadores y/o archivo de actuaciones sin consecuencias administrativas o judiciales y por los mecanismos que ha implementado el Ministerio de Igualdad desde 2021 para prevenir irregularidades en el uso de estos fondos. La justificación del Gobierno Según se desprende del texto, consultado por Europa Press, el Gobierno ha defendido que la revisión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no tiene «naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad» de los mismos.«Las quejas recibidas son objeto de un procedimiento de análisis y seguimiento administrativo, en el que se solicita información a las entidades locales correspondientes a efectos de verificar la adecuación de las actuaciones a los fines del Pacto de Estado. Estas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad de los fondos. Si no están vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se financian», asegura.Del mismo modo, señala que, desde 2024, el Ministerio de Igualdad ha reforzado el control y seguimiento del uso de los fondos del Pacto de Estado «para garantizar su correcta aplicación por parte de las entidades locales ». «Estas medidas tienen como finalidad reforzar la trazabilidad, la transparencia y el control del carácter finalista de los fondos», subraya.Entre las principales medidas implantadas destaca la elaboración y difusión de una guía para el «buen uso» de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado, presentada el 7 de mayo de 2025 y divulgada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los 7.880 municipios.Además, expone que se realiza asesoramiento técnico especializado a través de buzón específico y teléfono exclusivo para atender las dudas y aclaraciones que los ayuntamientos puedan necesitar en cualquier momento a lo largo del ciclo de ejecución.Los criterios de «buen uso» Asimismo, recalca el «refuerzo» de la revisión de las justificaciones, con solicitud de subsanaciones en caso de actuaciones no financiables y control de remanentes, así como el desarrollo de acciones formativas específicas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales para homogeneizar criterios de elegibilidad.Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza envío una carta a las entidades locales tras la aprobación de los fondos del Pacto de Estado 2024 y 2025, recordando los criterios para su «buen uso» y ejecución.
El Gobierno ha recibido entre 2021 y 2025 quejas por el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en talleres de risoterapia, reggaeton, crochet, hornazos, yoga y suelo pélvico, jabones caseros, cata de chocolates, un «homenaje a la … vagina», actos LGTBI y una tertulia flamenca, entre otras actividades.
Así lo pone de manifiesto el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a una batería de preguntas de Vox sobre «presuntas irregularidades» en el uso de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal pide conocer la relación de todas las denuncias registradas en el periodo 2021-2025. De no llevarlo a cabo por parte del Ejecutivo, pregunta por la «imposibilidad o negativa» de facilitar dichos datos, así como la «falta de transparencia» en relación con el control y fiscalización de los fondos públicos.
También pregunta por las denuncias que han derivado en aperturas de expedientes, procedimientos sancionadores y/o archivo de actuaciones sin consecuencias administrativas o judiciales y por los mecanismos que ha implementado el Ministerio de Igualdad desde 2021 para prevenir irregularidades en el uso de estos fondos.
La justificación del Gobierno
Según se desprende del texto, consultado por Europa Press, el Gobierno ha defendido que la revisión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no tiene «naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad» de los mismos.
«Las quejas recibidas son objeto de un procedimiento de análisis y seguimiento administrativo, en el que se solicita información a las entidades locales correspondientes a efectos de verificar la adecuación de las actuaciones a los fines del Pacto de Estado. Estas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad de los fondos. Si no están vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se financian», asegura.
Del mismo modo, señala que, desde 2024, el Ministerio de Igualdad ha reforzado el control y seguimiento del uso de los fondos del Pacto de Estado «para garantizar su correcta aplicación por parte de las entidades locales». «Estas medidas tienen como finalidad reforzar la trazabilidad, la transparencia y el control del carácter finalista de los fondos», subraya.
Entre las principales medidas implantadas destaca la elaboración y difusión de una guía para el «buen uso» de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado, presentada el 7 de mayo de 2025 y divulgada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los 7.880 municipios.
Además, expone que se realiza asesoramiento técnico especializado a través de buzón específico y teléfono exclusivo para atender las dudas y aclaraciones que los ayuntamientos puedan necesitar en cualquier momento a lo largo del ciclo de ejecución.
Los criterios de «buen uso»
Asimismo, recalca el «refuerzo» de la revisión de las justificaciones, con solicitud de subsanaciones en caso de actuaciones no financiables y control de remanentes, así como el desarrollo de acciones formativas específicas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales para homogeneizar criterios de elegibilidad.
Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza envío una carta a las entidades locales tras la aprobación de los fondos del Pacto de Estado 2024 y 2025, recordando los criterios para su «buen uso» y ejecución.
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