El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán , ha anunciado este lunes que la Junta de Castilla y León iniciará «planes de retorno y repatriación» para la inmigración ilegal, tal y como han iniciado ya Aragón y Extremadura. Además, ha expresado que la Comunidad, una vez que han tomado posesión los directores generales del área, pondrá en marcha también los procesos de «verificación» de edad de quienes lleguen a su territorio como menores no acompañados. Así, ha asegurado que en autonomías que ya lo han llevado a cabo, como la aragonesa, se ha comprobado que el «80 por ciento no eran menores». «No es de recibo que se estén destinando recursos públicos en esta situación», ha señalado, antes de añadir que en Extremadura se ha constatado que el 18 por ciento de los denominados menas «tienen familia directa en España» . Unos estudios para los que no ha puesto plazos y que se deberán realizar en «colaboración» con la Fiscalía porque la administración regional no podría hacerlo «directamente». «Ya se ha empezado a hacer en Extremadura y en Aragón y aquí seguiremos los mismos trámites», ha continuado. «Estafa migratoria»«No es asumible», ha indicado el vicepresidente primero de la Junta, que ha asegurado que en el caso de que se demuestre que son menores la intención es acogerse a la Ley de Extranjería para establecer convenios con los países de origen para que «estén con quien tienen que estar, que es con sus padres». En el caso de que la verificación de edad establezca que son mayores de 18, se pondrán en marcha esos mecanismos de repatriación como respuesta a lo que ha considerado la «estafa migratoria de Pedro Sánchez» , en referencia al presidente del Gobierno.En la misma línea, ha explicado que, conforme al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox, el Ejecutivo autonómico auditará «el gasto público» que la Comunidad destina a la «inmigración ilegal», no se pondrán en marcha «más espacios» para la atención a menores no acompañados y se «endurecerán» los reglamentos de esos centros. Al respecto, se ha referido a la «modificación» de la capacidad operativa de las comunidades en torno a los menas aprobado por el Gobierno central. Según el nuevo decreto, que también recurrirá la Junta de Castilla y León, se establecen 833 plazas para la Comunidad. En la actualidad, el sistema autonómico tiene 153 y la decisión del Gobierno de la Nación, «unilateral y sin consenso», supone «multiplicar por cinco» la capacidad de Castilla y León. «Es absolutamente imposible», ha sentenciado Pollán, quien ha asegurado que se oponen a la posición del Ejecutivo nacional por «responsabilidad política» y «por principios» ante la política migratoria de Pedro Sánchez, que supone también un «colapso de los servicios sociales». Noticia relacionada general No No La Junta recurrirá también el nuevo reparto del Gobierno de menores migrantes no acompañados Isabel JimenoAsí lo ha asegurado el vicepresidente primero de la Junta tras mantener una reunión con Cáritas, en la que la entidad y la Consejería han «compartido diferente información». Según ha comentado, este trámite era «obligatorio» con una entidad que trabaja y colabora de manera importante con el área que ahora dirige Pollán con acciones hacia las personas «más vulnerables». Será a partir de ahora cuando los directores generales evalúen los datos aportados por Cáritas de cara a los presupuestos del próximo año. Lo que sí ha garantizado es que las subvenciones que estaban establecidas para este 2026 se mantendrán. «A partir de hoy empezaremos a valorar y estudiar todas las subvenciones a diferentes asociaciones», ha señalado, para después añadir que Cáritas realiza «una labor importante en muy diversos aspectos», como la infancia, las personas mayores o vulnerables y en ese sentido «pueden estar tranquilos» porque ese trabajo se va a mantener al ser esos colectivos una «prioridad» para la Consejería. Sin embargo, ha expresado que «todo lo relacionado con la inmigración ilegal sí se va a intentar combatir». El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán , ha anunciado este lunes que la Junta de Castilla y León iniciará «planes de retorno y repatriación» para la inmigración ilegal, tal y como han iniciado ya Aragón y Extremadura. Además, ha expresado que la Comunidad, una vez que han tomado posesión los directores generales del área, pondrá en marcha también los procesos de «verificación» de edad de quienes lleguen a su territorio como menores no acompañados. Así, ha asegurado que en autonomías que ya lo han llevado a cabo, como la aragonesa, se ha comprobado que el «80 por ciento no eran menores». «No es de recibo que se estén destinando recursos públicos en esta situación», ha señalado, antes de añadir que en Extremadura se ha constatado que el 18 por ciento de los denominados menas «tienen familia directa en España» . Unos estudios para los que no ha puesto plazos y que se deberán realizar en «colaboración» con la Fiscalía porque la administración regional no podría hacerlo «directamente». «Ya se ha empezado a hacer en Extremadura y en Aragón y aquí seguiremos los mismos trámites», ha continuado. «Estafa migratoria»«No es asumible», ha indicado el vicepresidente primero de la Junta, que ha asegurado que en el caso de que se demuestre que son menores la intención es acogerse a la Ley de Extranjería para establecer convenios con los países de origen para que «estén con quien tienen que estar, que es con sus padres». En el caso de que la verificación de edad establezca que son mayores de 18, se pondrán en marcha esos mecanismos de repatriación como respuesta a lo que ha considerado la «estafa migratoria de Pedro Sánchez» , en referencia al presidente del Gobierno.En la misma línea, ha explicado que, conforme al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox, el Ejecutivo autonómico auditará «el gasto público» que la Comunidad destina a la «inmigración ilegal», no se pondrán en marcha «más espacios» para la atención a menores no acompañados y se «endurecerán» los reglamentos de esos centros. Al respecto, se ha referido a la «modificación» de la capacidad operativa de las comunidades en torno a los menas aprobado por el Gobierno central. Según el nuevo decreto, que también recurrirá la Junta de Castilla y León, se establecen 833 plazas para la Comunidad. En la actualidad, el sistema autonómico tiene 153 y la decisión del Gobierno de la Nación, «unilateral y sin consenso», supone «multiplicar por cinco» la capacidad de Castilla y León. «Es absolutamente imposible», ha sentenciado Pollán, quien ha asegurado que se oponen a la posición del Ejecutivo nacional por «responsabilidad política» y «por principios» ante la política migratoria de Pedro Sánchez, que supone también un «colapso de los servicios sociales». Noticia relacionada general No No La Junta recurrirá también el nuevo reparto del Gobierno de menores migrantes no acompañados Isabel JimenoAsí lo ha asegurado el vicepresidente primero de la Junta tras mantener una reunión con Cáritas, en la que la entidad y la Consejería han «compartido diferente información». Según ha comentado, este trámite era «obligatorio» con una entidad que trabaja y colabora de manera importante con el área que ahora dirige Pollán con acciones hacia las personas «más vulnerables». Será a partir de ahora cuando los directores generales evalúen los datos aportados por Cáritas de cara a los presupuestos del próximo año. Lo que sí ha garantizado es que las subvenciones que estaban establecidas para este 2026 se mantendrán. «A partir de hoy empezaremos a valorar y estudiar todas las subvenciones a diferentes asociaciones», ha señalado, para después añadir que Cáritas realiza «una labor importante en muy diversos aspectos», como la infancia, las personas mayores o vulnerables y en ese sentido «pueden estar tranquilos» porque ese trabajo se va a mantener al ser esos colectivos una «prioridad» para la Consejería. Sin embargo, ha expresado que «todo lo relacionado con la inmigración ilegal sí se va a intentar combatir».
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado este lunes que la Junta de Castilla y León iniciará «planes de retorno y repatriación» para la inmigración ilegal, tal y como han iniciado … ya Aragón y Extremadura.
Además, ha expresado que la Comunidad, una vez que han tomado posesión los directores generales del área, pondrá en marcha también los procesos de «verificación» de edad de quienes lleguen a su territorio como menores no acompañados. Así, ha asegurado que en autonomías que ya lo han llevado a cabo, como la aragonesa, se ha comprobado que el «80 por ciento no eran menores».
«No es de recibo que se estén destinando recursos públicos en esta situación», ha señalado, antes de añadir que en Extremadura se ha constatado que el 18 por ciento de los denominados menas «tienen familia directa en España». Unos estudios para los que no ha puesto plazos y que se deberán realizar en «colaboración» con la Fiscalía porque la administración regional no podría hacerlo «directamente». «Ya se ha empezado a hacer en Extremadura y en Aragón y aquí seguiremos los mismos trámites», ha continuado.
«Estafa migratoria»
«No es asumible», ha indicado el vicepresidente primero de la Junta, que ha asegurado que en el caso de que se demuestre que son menores la intención es acogerse a la Ley de Extranjería para establecer convenios con los países de origen para que «estén con quien tienen que estar, que es con sus padres». En el caso de que la verificación de edad establezca que son mayores de 18, se pondrán en marcha esos mecanismos de repatriación como respuesta a lo que ha considerado la «estafa migratoria de Pedro Sánchez», en referencia al presidente del Gobierno.
En la misma línea, ha explicado que, conforme al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox, el Ejecutivo autonómico auditará «el gasto público» que la Comunidad destina a la «inmigración ilegal», no se pondrán en marcha «más espacios» para la atención a menores no acompañados y se «endurecerán» los reglamentos de esos centros.
Al respecto, se ha referido a la «modificación» de la capacidad operativa de las comunidades en torno a los menas aprobado por el Gobierno central. Según el nuevo decreto, que también recurrirá la Junta de Castilla y León, se establecen 833 plazas para la Comunidad. En la actualidad, el sistema autonómico tiene 153 y la decisión del Gobierno de la Nación, «unilateral y sin consenso», supone «multiplicar por cinco» la capacidad de Castilla y León.
«Es absolutamente imposible», ha sentenciado Pollán, quien ha asegurado que se oponen a la posición del Ejecutivo nacional por «responsabilidad política» y «por principios» ante la política migratoria de Pedro Sánchez, que supone también un «colapso de los servicios sociales».
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Así lo ha asegurado el vicepresidente primero de la Junta tras mantener una reunión con Cáritas, en la que la entidad y la Consejería han «compartido diferente información». Según ha comentado, este trámite era «obligatorio» con una entidad que trabaja y colabora de manera importante con el área que ahora dirige Pollán con acciones hacia las personas «más vulnerables».
Será a partir de ahora cuando los directores generales evalúen los datos aportados por Cáritas de cara a los presupuestos del próximo año. Lo que sí ha garantizado es que las subvenciones que estaban establecidas para este 2026 se mantendrán.
«A partir de hoy empezaremos a valorar y estudiar todas las subvenciones a diferentes asociaciones», ha señalado, para después añadir que Cáritas realiza «una labor importante en muy diversos aspectos», como la infancia, las personas mayores o vulnerables y en ese sentido «pueden estar tranquilos» porque ese trabajo se va a mantener al ser esos colectivos una «prioridad» para la Consejería. Sin embargo, ha expresado que «todo lo relacionado con la inmigración ilegal sí se va a intentar combatir».
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