El etarra Julen Atxurra Egurrola, alias ‘Pototo’, sentenciado a 32 años de cárcel por ordenar el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones Ortega Lara como parte de la cúpula de ETA, ha abandonado ya la prisión de Zaballa (Álava) al cumplir su condena. Una que ha visto rebajada, según anunciaba ayer el colectivo de presos Etxerat, al acumular parte de los años cumplidos en Francia. Un cómputo posible gracias a la reforma de la Ley 7/2014 ‘colada’ por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2024 en el Congreso de los Diputados, haciendo efectiva una exigencia histórica de EH Bildu y el entorno de los presos de la banda terrorista.Como recuerda el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el secuestro de Ortega Lara no es el único crimen en el historial de Pototo. Natural de Lequeitio (Vizcaya), formó parte del ‘comando Vizcaya’ en la década de los ochenta, participando en dos atentados frustrados contra la casa cuartel de Durango en 1986 y otro en Baracaldo con coche bomba contra la Guardia Civil. Además, ese mismo año y como parte del comando participó en el asesinato del Cabo Primero de la Policía Nacional Julio César Sánchez Rodríguez en Bilbao. Desde 1992 y hasta su detención en Francia en julio de 1996 integró la dirección de ETA, donde ordenó ejecutar el secuestro de Ortega Lara, que permaneció retenido en un zulo 532 días hasta que fue liberado en 1997. Pototo fue entregado a España definitivamente por las autoridades francesas en noviembre 2013, después de otras entregas para ser juzgado en la Audiencia Nacional. Después de ser trasladado desde Cádiz hasta Madrid en el año 2020 por una cuestión médica, según defendió entonces Instituciones Penitenciarias, y después a Zaballa estaba previsto que cumpliera su condena en 2034. Sin embargo, ha logrado adelantar en ocho años esa fecha gracias a la modificación de la ley 7/2014 que anula el doble cómputo de penas llevada a cabo por el Gobierno en noviembre de 2024. Esta reforma entró en vigor después de una importante polémica por cómo los socios del Ejecutivo la ‘colaron’. El cambio pasó desapercibido incluso para la oposición. Una vez el proyecto de ley pasó por el Congreso, destinado (en principio) a adecuar España a la normativa europea en asuntos como el intercambio de información sobre antecedentes penales, llegó a la Comisión de Justicia. Fue ahí cuando se aprobaron dos enmiendas, propuestas por Sumar, para modificar el artículo 14.1 de la ley y suprimir la disposición adicional que recogía dicho texto. El primero fijaba que, como regla general, se tendrían en cuenta las condenas cumplidas en otros países ante una nueva en España. La disposición establecía la no aplicación de ese principio para las sentencias anteriores a 2010. De esta forma, al eliminar el tope, a los límites de cumplimiento efectivo se restaban los años cumplidos en el extranjero. Sólo al llegar al Senado se destapó la modificación y el PP introdujo un veto (después de haber votado a favor, al igual que Vox, en la Comisión de Justicia) que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pasó por alto dando luz verde a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Tras la derogación de la política de dispersión, la posibilidad de descontar las penas cumplidas en FRancia se convirtió en la principal reivindicación del entorno de ETA para facilitar la salida de sus presos», explica Carmen Ladrón de Guevara, responsable del Observatorio de Política Penitenciara de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).Además de Pototo, otros etarras como Balbino Saenz de Olarra, condenado a 108 años de prisión por el intento de asesinato de los exministros José Barrionuevo y Matilde Fernández, han visto sus condenas rebajadas por esta cuestión. En un primer momento Sare, colectivo complementario a Etxerat y afín a EH Bildu que organiza las protestas y mantiene vivas las reivindicaciones en favor de los presos, cifró en la cincuentena los condenados que podrían verse beneficiados. «Por el momento, cuatro etarras y un miembro de los GRAPO han sido puestos en libertad», afirma Ladrón de Guevara, recordando también las salidas gracias a la autorización del artículo 100.2 y las progresiones a tercer grado. Precisamente, las protestas de las asociaciones de víctimas por la aplicación de beneficios penitenciarios a los etarras llegaron ayer a la rueda de prensa semanal del Gobierno vasco. La portavoz, María Ubarretxena, defendió su aplicación en base a «criterios técnicos», afirmando que «la última palabra» sobre los expedientes «la tiene un juez». Algo que esta mañana han salido a desmentir desde Covite, planteando que, en el caso de los terceros grados, si la Fiscalía no los recurre el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional no puede intervenir. El etarra Julen Atxurra Egurrola, alias ‘Pototo’, sentenciado a 32 años de cárcel por ordenar el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones Ortega Lara como parte de la cúpula de ETA, ha abandonado ya la prisión de Zaballa (Álava) al cumplir su condena. Una que ha visto rebajada, según anunciaba ayer el colectivo de presos Etxerat, al acumular parte de los años cumplidos en Francia. Un cómputo posible gracias a la reforma de la Ley 7/2014 ‘colada’ por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2024 en el Congreso de los Diputados, haciendo efectiva una exigencia histórica de EH Bildu y el entorno de los presos de la banda terrorista.Como recuerda el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el secuestro de Ortega Lara no es el único crimen en el historial de Pototo. Natural de Lequeitio (Vizcaya), formó parte del ‘comando Vizcaya’ en la década de los ochenta, participando en dos atentados frustrados contra la casa cuartel de Durango en 1986 y otro en Baracaldo con coche bomba contra la Guardia Civil. Además, ese mismo año y como parte del comando participó en el asesinato del Cabo Primero de la Policía Nacional Julio César Sánchez Rodríguez en Bilbao. Desde 1992 y hasta su detención en Francia en julio de 1996 integró la dirección de ETA, donde ordenó ejecutar el secuestro de Ortega Lara, que permaneció retenido en un zulo 532 días hasta que fue liberado en 1997. Pototo fue entregado a España definitivamente por las autoridades francesas en noviembre 2013, después de otras entregas para ser juzgado en la Audiencia Nacional. Después de ser trasladado desde Cádiz hasta Madrid en el año 2020 por una cuestión médica, según defendió entonces Instituciones Penitenciarias, y después a Zaballa estaba previsto que cumpliera su condena en 2034. Sin embargo, ha logrado adelantar en ocho años esa fecha gracias a la modificación de la ley 7/2014 que anula el doble cómputo de penas llevada a cabo por el Gobierno en noviembre de 2024. Esta reforma entró en vigor después de una importante polémica por cómo los socios del Ejecutivo la ‘colaron’. El cambio pasó desapercibido incluso para la oposición. Una vez el proyecto de ley pasó por el Congreso, destinado (en principio) a adecuar España a la normativa europea en asuntos como el intercambio de información sobre antecedentes penales, llegó a la Comisión de Justicia. Fue ahí cuando se aprobaron dos enmiendas, propuestas por Sumar, para modificar el artículo 14.1 de la ley y suprimir la disposición adicional que recogía dicho texto. El primero fijaba que, como regla general, se tendrían en cuenta las condenas cumplidas en otros países ante una nueva en España. La disposición establecía la no aplicación de ese principio para las sentencias anteriores a 2010. De esta forma, al eliminar el tope, a los límites de cumplimiento efectivo se restaban los años cumplidos en el extranjero. Sólo al llegar al Senado se destapó la modificación y el PP introdujo un veto (después de haber votado a favor, al igual que Vox, en la Comisión de Justicia) que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pasó por alto dando luz verde a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Tras la derogación de la política de dispersión, la posibilidad de descontar las penas cumplidas en FRancia se convirtió en la principal reivindicación del entorno de ETA para facilitar la salida de sus presos», explica Carmen Ladrón de Guevara, responsable del Observatorio de Política Penitenciara de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).Además de Pototo, otros etarras como Balbino Saenz de Olarra, condenado a 108 años de prisión por el intento de asesinato de los exministros José Barrionuevo y Matilde Fernández, han visto sus condenas rebajadas por esta cuestión. En un primer momento Sare, colectivo complementario a Etxerat y afín a EH Bildu que organiza las protestas y mantiene vivas las reivindicaciones en favor de los presos, cifró en la cincuentena los condenados que podrían verse beneficiados. «Por el momento, cuatro etarras y un miembro de los GRAPO han sido puestos en libertad», afirma Ladrón de Guevara, recordando también las salidas gracias a la autorización del artículo 100.2 y las progresiones a tercer grado. Precisamente, las protestas de las asociaciones de víctimas por la aplicación de beneficios penitenciarios a los etarras llegaron ayer a la rueda de prensa semanal del Gobierno vasco. La portavoz, María Ubarretxena, defendió su aplicación en base a «criterios técnicos», afirmando que «la última palabra» sobre los expedientes «la tiene un juez». Algo que esta mañana han salido a desmentir desde Covite, planteando que, en el caso de los terceros grados, si la Fiscalía no los recurre el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional no puede intervenir.
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(EFE)
Julen Atxurra Egurrola, alias ‘Pototo’, jefe del aparato logístico de ETA y condenado a cientos de años de cárcel por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, entre otros atentados, ha recuperado la libertad tras 30 años de prisión, según ha informado … Etxerat.
Pototo fue detenido en julio de 1996 y se encontraba en la cárcel alavesa de Zaballa después de varios acercamientos. Sin embargo, y pese a la condena que pesaba sobre él, ha salido de prisión al cumplir el máximo permitido al acumular en ellos la condena ejecutada en Francia.
El colectivo de apoyo a presos de la banda terrorista celebrado su excarcelación en las redes sociales.
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