El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para endurecer el acceso a la Renta Social Garantizada (RESOGA) en las Illes Balears, introduciendo nuevos requisitos que, en la práctica, excluyen a los inmigrantes en situación irregular y refuerzan las condiciones para mantener la prestación.La medida se recoge en una enmienda presentada por Vox al Proyecto de Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y respaldada por el PP, que propone la modificación de la Ley 4/2023 de prestaciones sociales. Entre los cambios más relevantes, se establece la obligación de acreditar una residencia legal e ininterrumpida de al menos tres años en Baleares para poder solicitar la ayuda.Además, el texto endurece las condiciones vinculadas al empleo. Los beneficiarios deberán estar inscritos como demandantes de trabajo y no podrán rechazar ofertas laborales adecuadas ni abandonar voluntariamente un empleo, salvo en casos justificados por motivos de salud. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o incluso la extinción de la prestación.La enmienda también refuerza el control sobre posibles fraudes, estableciendo la devolución de cantidades percibidas indebidamente y sanciones que pueden incluir la pérdida del derecho a la ayuda durante periodos prolongados en casos graves o muy graves.Criterio de «prioridad nacional»Desde Vox, su portavoz parlamentaria Manuela Cañadas defiende que el objetivo es «frenar el efecto llamada» y garantizar que las ayudas públicas se destinen a quienes «realmente las necesitan», vinculando su percepción al cumplimiento de requisitos legales y laborales. La formación considera que estas medidas evitarán un uso indebido de los recursos públicos.El acuerdo entre PP y Vox se enmarca en una estrategia más amplia para condicionar el acceso a las ayudas públicas a la residencia legal en España. En esta línea, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament aprobó este martes una proposición no de ley impulsada por Vox y apoyada por los populares que también plantea limitar las deducciones fiscales por nacimiento o adopción a personas con residencia legal, bajo un criterio de «prioridad nacional».Entre estas ayudas destaca el denominado «cheque bebé», en vigor desde 2024, que contempla deducciones de hasta 1.400 euros en función del número de hijos y que puede percibirse de forma anticipada, sin esperar a la declaración de la renta. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para endurecer el acceso a la Renta Social Garantizada (RESOGA) en las Illes Balears, introduciendo nuevos requisitos que, en la práctica, excluyen a los inmigrantes en situación irregular y refuerzan las condiciones para mantener la prestación.La medida se recoge en una enmienda presentada por Vox al Proyecto de Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y respaldada por el PP, que propone la modificación de la Ley 4/2023 de prestaciones sociales. Entre los cambios más relevantes, se establece la obligación de acreditar una residencia legal e ininterrumpida de al menos tres años en Baleares para poder solicitar la ayuda.Además, el texto endurece las condiciones vinculadas al empleo. Los beneficiarios deberán estar inscritos como demandantes de trabajo y no podrán rechazar ofertas laborales adecuadas ni abandonar voluntariamente un empleo, salvo en casos justificados por motivos de salud. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o incluso la extinción de la prestación.La enmienda también refuerza el control sobre posibles fraudes, estableciendo la devolución de cantidades percibidas indebidamente y sanciones que pueden incluir la pérdida del derecho a la ayuda durante periodos prolongados en casos graves o muy graves.Criterio de «prioridad nacional»Desde Vox, su portavoz parlamentaria Manuela Cañadas defiende que el objetivo es «frenar el efecto llamada» y garantizar que las ayudas públicas se destinen a quienes «realmente las necesitan», vinculando su percepción al cumplimiento de requisitos legales y laborales. La formación considera que estas medidas evitarán un uso indebido de los recursos públicos.El acuerdo entre PP y Vox se enmarca en una estrategia más amplia para condicionar el acceso a las ayudas públicas a la residencia legal en España. En esta línea, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament aprobó este martes una proposición no de ley impulsada por Vox y apoyada por los populares que también plantea limitar las deducciones fiscales por nacimiento o adopción a personas con residencia legal, bajo un criterio de «prioridad nacional».Entre estas ayudas destaca el denominado «cheque bebé», en vigor desde 2024, que contempla deducciones de hasta 1.400 euros en función del número de hijos y que puede percibirse de forma anticipada, sin esperar a la declaración de la renta.
El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para endurecer el acceso a la Renta Social Garantizada (RESOGA) en las Illes Balears, introduciendo nuevos requisitos que, en la práctica, excluyen a los inmigrantes en situación irregular y refuerzan las condiciones para mantener la prestación.
La medida se recoge en una enmienda presentada por Vox al Proyecto de Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y respaldada por el PP, que propone la modificación de la Ley 4/2023 de prestaciones sociales. Entre los cambios más relevantes, se establece la obligación de acreditar una residencia legal e ininterrumpida de al menos tres años en Baleares para poder solicitar la ayuda.
Además, el texto endurece las condiciones vinculadas al empleo. Los beneficiarios deberán estar inscritos como demandantes de trabajo y no podrán rechazar ofertas laborales adecuadas ni abandonar voluntariamente un empleo, salvo en casos justificados por motivos de salud. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o incluso la extinción de la prestación.
La enmienda también refuerza el control sobre posibles fraudes, estableciendo la devolución de cantidades percibidas indebidamente y sanciones que pueden incluir la pérdida del derecho a la ayuda durante periodos prolongados en casos graves o muy graves.
Criterio de «prioridad nacional»
Desde Vox, su portavoz parlamentaria Manuela Cañadas defiende que el objetivo es «frenar el efecto llamada» y garantizar que las ayudas públicas se destinen a quienes «realmente las necesitan», vinculando su percepción al cumplimiento de requisitos legales y laborales. La formación considera que estas medidas evitarán un uso indebido de los recursos públicos.
El acuerdo entre PP y Vox se enmarca en una estrategia más amplia para condicionar el acceso a las ayudas públicas a la residencia legal en España. En esta línea, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament aprobó este martes una proposición no de ley impulsada por Vox y apoyada por los populares que también plantea limitar las deducciones fiscales por nacimiento o adopción a personas con residencia legal, bajo un criterio de «prioridad nacional».
Entre estas ayudas destaca el denominado «cheque bebé», en vigor desde 2024, que contempla deducciones de hasta 1.400 euros en función del número de hijos y que puede percibirse de forma anticipada, sin esperar a la declaración de la renta.
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