Sobre el papel, una ley para mejorar el sistema educativo. En la práctica, un subterfugio del Gobierno para sortear una decisión como mínimo incómoda del Tribunal Supremo . El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, continúan con sus planes. Contra el criterio de los letrados, han admitido a trámite una enmienda en una norma educativa que modifica ni más ni menos que la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, la célebre ‘ley de nietos’.La maniobra no era ningún secreto. La anunciaron a bombo y platillo, en una rueda de prensa en el escritorio del Congreso, los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Toni Valero y Engracia Rivera. La controversia alrededor de la ‘ley de nietos’, y más concretamente de la instrucción posterior de Justicia que eliminaba la condición de exiliados políticos para la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de emigrantes españoles, provocó que el Tribunal Supremo suspendiese cautelarmente el derecho a voto de quienes hayan obtenido la ciudadanía por esta vía. Ahora deberán demostrar el arraigo documentado de su ascendiente con el municipio en el que desean ser inscritos.El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar reaccionó con premura y anunció que iba a presentar una enmienda en la primera norma disponible, en este caso una modificación de la Ley de Educación y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza en el Ámbito de la Educación no Universitaria, para sortear la medida del Supremo, que a juicio del partido es injusta y limita un derecho fundamental como es el voto. Vox, alerta, exigió un informe de los letrados de la Comisión de Educación que se remitió este lunes a todos los diputados adscritos a ella.En el escrito, publicado este martes por ABC y firmado por el letrado Fernando Dorado, asignado a la citada comisión, se analiza si la enmienda número 63, registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, guarda relación con la reforma de las dos leyes educativas. La conclusión es muy clara: «La simple lectura de la enmienda núm. 63 permite afirmar que su tenor literal resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar. No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y la finalidad de la enmienda núm. 63».Sumar pretende que se reconozca por ley como exiliado a todos los que emigraron entre 1936 y 1955 con independencia de los motivosLos letrados remarcan, asimismo, que hay sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se deja claro «el carácter subsidiario que toda enmienda debe tener respecto del texto enmendado». «Las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo, y por lo tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente», inciden. El criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, en este caso, es contundente. Pero la última palabra la tenía la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, que estaba convocada este miércoles, al finalizar la sesión plenaria, para calificar las enmiendas registradas por los grupos.Diez minutos de reuniónEn una ley educativa, que se supone que debería centrarse en la calidad de la enseñanza, todas las miradas se dirigían a la enmienda número 63, la de la ‘ley de nietos’. Según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, tras una reunión brevísima, de apenas diez minutos, la Mesa de la Comisión de Educación ha decidido admitir a trámite la propuesta de cambio registrada por Sumar por tres votos (dos del PSOE y uno de Sumar) a dos (del PP). Según estas mismas fuentes, el argumento de la mayoría ha sido, a pesar de la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que rechazar el debate de la enmienda equivaldría a hurtar a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución.Ese razonamiento lo desmontaban los letrados en su informe, porque no cabe la tramitación de una enmienda en una ley que no tenga absolutamente ninguna relación con el cambio propuesto, pero el PSOE y Sumar actúan a conveniencia. Por eso, ignoraron también a los letrados de la Comisión de Justicia que dijeron que para aprobar la ley de amnistía sería antes necesaria una reforma constitucional, pero dejaron fuera de la modificación del artículo 49 de la Carta Magna todas las propuestas de los grupos que no versasen, específicamente, sobre las personas con discapacidad.«Es una más», se lamentaba un diputado de la oposición al conocer la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación, que, por otro lado, se esperaban tanto el PP como Vox por el ‘modus operandi’ del Ejecutivo en la presente legislatura. La enmienda que registró Sumar, básicamente, busca recoger el espíritu de la instrucción que ha dejado en barbecho el Supremo. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y cuya intención es resarcir y reconocer a las víctimas del franquismo, permitía pedir la nacionalidad española a los hijos y nietos de los emigrantes que se marchasen del país «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».El PP recurrirá la decisión: «Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro»Como adelantó ABC hace años, el problema es que la instrucción de Justicia, dictada por Sofía Puente, hermana del ministro, venía a eliminar el requisito del exilio y permitía que solicitasen la nacionalidad todos los descendientes de emigrantes españoles con independencia de los motivos por los que se marcharon del país. El PP y Vox dieron la voz de alarma por temor a que una nacionalización masiva —la solicitaron, según los datos que maneja este periódico, más de 2,5 millones de personas— afectase a la limpieza de los procesos electorales y el Supremo paralizó la inscripción en el censo de los nuevos ciudadanos vía ‘ley de nietos’ hasta que se compruebe si tiene base legal.Por eso, Sumar planteó una modificación exprés de la Ley de Memoria Democrática para añadir lo siguiente: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Así, elimina la motivación de ese exilio y convierte automáticamente en exiliados a todos los emigrantes. Eso sí, al señalar un periodo concreto, la Guerra Civil, la posguerra y los primeros años de la dictadura franquista, de facto no llega ni siquiera tan lejos como la propia instrucción de Justicia. Y es que, como publicó ABC, los cónsules recibieron órdenes de aplicar la ‘ley de nietos’ incluso a descendientes de españoles emigrados antes de 1936.Una vez calificada la enmienda, los grupos parlamentarios deberán votar si la aceptan o no en la Comisión de Educación, durante la tramitación de la reforma de las dos normas educativas. Una alianza de PP, Vox, Junts y UPN desbarataría la treta de Sumar. El Grupo Parlamentario Popular ya ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso su admisión a trámite: «Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver con esa materia para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro». Sobre el papel, una ley para mejorar el sistema educativo. En la práctica, un subterfugio del Gobierno para sortear una decisión como mínimo incómoda del Tribunal Supremo . El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, continúan con sus planes. Contra el criterio de los letrados, han admitido a trámite una enmienda en una norma educativa que modifica ni más ni menos que la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, la célebre ‘ley de nietos’.La maniobra no era ningún secreto. La anunciaron a bombo y platillo, en una rueda de prensa en el escritorio del Congreso, los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Toni Valero y Engracia Rivera. La controversia alrededor de la ‘ley de nietos’, y más concretamente de la instrucción posterior de Justicia que eliminaba la condición de exiliados políticos para la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de emigrantes españoles, provocó que el Tribunal Supremo suspendiese cautelarmente el derecho a voto de quienes hayan obtenido la ciudadanía por esta vía. Ahora deberán demostrar el arraigo documentado de su ascendiente con el municipio en el que desean ser inscritos.El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar reaccionó con premura y anunció que iba a presentar una enmienda en la primera norma disponible, en este caso una modificación de la Ley de Educación y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza en el Ámbito de la Educación no Universitaria, para sortear la medida del Supremo, que a juicio del partido es injusta y limita un derecho fundamental como es el voto. Vox, alerta, exigió un informe de los letrados de la Comisión de Educación que se remitió este lunes a todos los diputados adscritos a ella.En el escrito, publicado este martes por ABC y firmado por el letrado Fernando Dorado, asignado a la citada comisión, se analiza si la enmienda número 63, registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, guarda relación con la reforma de las dos leyes educativas. La conclusión es muy clara: «La simple lectura de la enmienda núm. 63 permite afirmar que su tenor literal resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar. No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y la finalidad de la enmienda núm. 63».Sumar pretende que se reconozca por ley como exiliado a todos los que emigraron entre 1936 y 1955 con independencia de los motivosLos letrados remarcan, asimismo, que hay sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se deja claro «el carácter subsidiario que toda enmienda debe tener respecto del texto enmendado». «Las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo, y por lo tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente», inciden. El criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, en este caso, es contundente. Pero la última palabra la tenía la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, que estaba convocada este miércoles, al finalizar la sesión plenaria, para calificar las enmiendas registradas por los grupos.Diez minutos de reuniónEn una ley educativa, que se supone que debería centrarse en la calidad de la enseñanza, todas las miradas se dirigían a la enmienda número 63, la de la ‘ley de nietos’. Según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, tras una reunión brevísima, de apenas diez minutos, la Mesa de la Comisión de Educación ha decidido admitir a trámite la propuesta de cambio registrada por Sumar por tres votos (dos del PSOE y uno de Sumar) a dos (del PP). Según estas mismas fuentes, el argumento de la mayoría ha sido, a pesar de la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que rechazar el debate de la enmienda equivaldría a hurtar a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución.Ese razonamiento lo desmontaban los letrados en su informe, porque no cabe la tramitación de una enmienda en una ley que no tenga absolutamente ninguna relación con el cambio propuesto, pero el PSOE y Sumar actúan a conveniencia. Por eso, ignoraron también a los letrados de la Comisión de Justicia que dijeron que para aprobar la ley de amnistía sería antes necesaria una reforma constitucional, pero dejaron fuera de la modificación del artículo 49 de la Carta Magna todas las propuestas de los grupos que no versasen, específicamente, sobre las personas con discapacidad.«Es una más», se lamentaba un diputado de la oposición al conocer la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación, que, por otro lado, se esperaban tanto el PP como Vox por el ‘modus operandi’ del Ejecutivo en la presente legislatura. La enmienda que registró Sumar, básicamente, busca recoger el espíritu de la instrucción que ha dejado en barbecho el Supremo. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y cuya intención es resarcir y reconocer a las víctimas del franquismo, permitía pedir la nacionalidad española a los hijos y nietos de los emigrantes que se marchasen del país «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».El PP recurrirá la decisión: «Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro»Como adelantó ABC hace años, el problema es que la instrucción de Justicia, dictada por Sofía Puente, hermana del ministro, venía a eliminar el requisito del exilio y permitía que solicitasen la nacionalidad todos los descendientes de emigrantes españoles con independencia de los motivos por los que se marcharon del país. El PP y Vox dieron la voz de alarma por temor a que una nacionalización masiva —la solicitaron, según los datos que maneja este periódico, más de 2,5 millones de personas— afectase a la limpieza de los procesos electorales y el Supremo paralizó la inscripción en el censo de los nuevos ciudadanos vía ‘ley de nietos’ hasta que se compruebe si tiene base legal.Por eso, Sumar planteó una modificación exprés de la Ley de Memoria Democrática para añadir lo siguiente: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Así, elimina la motivación de ese exilio y convierte automáticamente en exiliados a todos los emigrantes. Eso sí, al señalar un periodo concreto, la Guerra Civil, la posguerra y los primeros años de la dictadura franquista, de facto no llega ni siquiera tan lejos como la propia instrucción de Justicia. Y es que, como publicó ABC, los cónsules recibieron órdenes de aplicar la ‘ley de nietos’ incluso a descendientes de españoles emigrados antes de 1936.Una vez calificada la enmienda, los grupos parlamentarios deberán votar si la aceptan o no en la Comisión de Educación, durante la tramitación de la reforma de las dos normas educativas. Una alianza de PP, Vox, Junts y UPN desbarataría la treta de Sumar. El Grupo Parlamentario Popular ya ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso su admisión a trámite: «Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver con esa materia para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro».
Sobre el papel, una ley para mejorar el sistema educativo. En la práctica, un subterfugio del Gobierno para sortear una decisión como mínimo incómoda del Tribunal Supremo. El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y … Deportes, continúan con sus planes. Contra el criterio de los letrados, han admitido a trámite una enmienda en una norma educativa que modifica ni más ni menos que la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, la célebre ‘ley de nietos’.
La maniobra no era ningún secreto. La anunciaron a bombo y platillo, en una rueda de prensa en el escritorio del Congreso, los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Toni Valero y Engracia Rivera. La controversia alrededor de la ‘ley de nietos’, y más concretamente de la instrucción posterior de Justicia que eliminaba la condición de exiliados políticos para la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de emigrantes españoles, provocó que el Tribunal Supremo suspendiese cautelarmente el derecho a voto de quienes hayan obtenido la ciudadanía por esta vía. Ahora deberán demostrar el arraigo documentado de su ascendiente con el municipio en el que desean ser inscritos.
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar reaccionó con premura y anunció que iba a presentar una enmienda en la primera norma disponible, en este caso una modificación de la Ley de Educación y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza en el Ámbito de la Educación no Universitaria, para sortear la medida del Supremo, que a juicio del partido es injusta y limita un derecho fundamental como es el voto. Vox, alerta, exigió un informe de los letrados de la Comisión de Educación que se remitió este lunes a todos los diputados adscritos a ella.
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En el escrito, publicado este martes por ABC y firmado por el letrado Fernando Dorado, asignado a la citada comisión, se analiza si la enmienda número 63, registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, guarda relación con la reforma de las dos leyes educativas. La conclusión es muy clara: «La simple lectura de la enmienda núm. 63 permite afirmar que su tenor literal resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar. No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y la finalidad de la enmienda núm. 63».
Sumar pretende que se reconozca por ley como exiliado a todos los que emigraron entre 1936 y 1955 con independencia de los motivos
Los letrados remarcan, asimismo, que hay sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se deja claro «el carácter subsidiario que toda enmienda debe tener respecto del texto enmendado». «Las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo, y por lo tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente», inciden. El criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, en este caso, es contundente. Pero la última palabra la tenía la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, que estaba convocada este miércoles, al finalizar la sesión plenaria, para calificar las enmiendas registradas por los grupos.
Diez minutos de reunión
En una ley educativa, que se supone que debería centrarse en la calidad de la enseñanza, todas las miradas se dirigían a la enmienda número 63, la de la ‘ley de nietos’. Según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, tras una reunión brevísima, de apenas diez minutos, la Mesa de la Comisión de Educación ha decidido admitir a trámite la propuesta de cambio registrada por Sumar por tres votos (dos del PSOE y uno de Sumar) a dos (del PP). Según estas mismas fuentes, el argumento de la mayoría ha sido, a pesar de la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que rechazar el debate de la enmienda equivaldría a hurtar a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución.
Ese razonamiento lo desmontaban los letrados en su informe, porque no cabe la tramitación de una enmienda en una ley que no tenga absolutamente ninguna relación con el cambio propuesto, pero el PSOE y Sumar actúan a conveniencia. Por eso, ignoraron también a los letrados de la Comisión de Justicia que dijeron que para aprobar la ley de amnistía sería antes necesaria una reforma constitucional, pero dejaron fuera de la modificación del artículo 49 de la Carta Magna todas las propuestas de los grupos que no versasen, específicamente, sobre las personas con discapacidad.
«Es una más», se lamentaba un diputado de la oposición al conocer la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación, que, por otro lado, se esperaban tanto el PP como Vox por el ‘modus operandi’ del Ejecutivo en la presente legislatura. La enmienda que registró Sumar, básicamente, busca recoger el espíritu de la instrucción que ha dejado en barbecho el Supremo. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y cuya intención es resarcir y reconocer a las víctimas del franquismo, permitía pedir la nacionalidad española a los hijos y nietos de los emigrantes que se marchasen del país «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».
El PP recurrirá la decisión: «Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro»
Como adelantó ABC hace años, el problema es que la instrucción de Justicia, dictada por Sofía Puente, hermana del ministro, venía a eliminar el requisito del exilio y permitía que solicitasen la nacionalidad todos los descendientes de emigrantes españoles con independencia de los motivos por los que se marcharon del país. El PP y Vox dieron la voz de alarma por temor a que una nacionalización masiva —la solicitaron, según los datos que maneja este periódico, más de 2,5 millones de personas— afectase a la limpieza de los procesos electorales y el Supremo paralizó la inscripción en el censo de los nuevos ciudadanos vía ‘ley de nietos’ hasta que se compruebe si tiene base legal.
Por eso, Sumar planteó una modificación exprés de la Ley de Memoria Democrática para añadir lo siguiente: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Así, elimina la motivación de ese exilio y convierte automáticamente en exiliados a todos los emigrantes. Eso sí, al señalar un periodo concreto, la Guerra Civil, la posguerra y los primeros años de la dictadura franquista, de facto no llega ni siquiera tan lejos como la propia instrucción de Justicia. Y es que, como publicó ABC, los cónsules recibieron órdenes de aplicar la ‘ley de nietos’ incluso a descendientes de españoles emigrados antes de 1936.
Una vez calificada la enmienda, los grupos parlamentarios deberán votar si la aceptan o no en la Comisión de Educación, durante la tramitación de la reforma de las dos normas educativas. Una alianza de PP, Vox, Junts y UPN desbarataría la treta de Sumar. El Grupo Parlamentario Popular ya ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso su admisión a trámite: «Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver con esa materia para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro».
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