El Servicio de Seguridad Federal de Rusia(FSB, heredero del KGB) informó este martes de la apertura de una nueva acusación penal contra un grupo de destacados opositores, hoy exiliados, a los que acusa de “organizar una comunidad terrorista” con el fin de tomar el poder de forma violenta.
En la causa penal abierta por el FSB figuran más de 20 disidentes, como el excampeón mundial de ajedrez Kaspárov y el exprimer ministro Kasiánov
El Servicio de Seguridad Federal de Rusia(FSB, heredero del KGB) informó este martes de la apertura de una nueva acusación penal contra un grupo de destacados opositores, hoy exiliados, a los que acusa de “organizar una comunidad terrorista” con el fin de tomar el poder de forma violenta.
Entre los encausados la figura más destacada es Mijaíl Jodorkovski, antiguo dueño de la petrolera Yukos que estuvo en la cárcel de 2003 a 2013 y que ese año fue liberado con la condición de que abandonase Rusia. Junto a él, también están en la lista más de 20 opositores que forman parte del Comité Antibélico de Rusia.
Plataforma con el objetivo declarado de combatir la “dictadura agresiva” de Putin
La plataforma, declarada en Rusia como “organización indeseable”, fue creado por Jodorkovski y otros opositores al Kremlin de Vladímir Putin después de que este ordenase en febrero de 2022 iniciar la campaña militar en Ucrania, con lo que dio comienzo la actual guerra entre los dos países eslavos. Su objetivo declarado era combatir la “dictadura agresiva” de Putin.
Según el código penal ruso, la toma violenta del poder se castiga con hasta 20 años de prisión, mientras que para la organización de una comunidad terrorista prevé un castigo que puede llegar a la cadena perpetua. Participar en una comunidad terrorista se contempla como un delito penado con un máximo de 15 años de cárcel.
El FSB argumenta para sostener la acusación que el documento estatutario del Comité Antibélico, del 30 de abril de 2023, “declara la necesidad de liquidar al actual Gobierno de Rusia”.
Tras una iniciativa en el Consejo de Europa
La decisión se produce menos de dos semanas después de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un foro de derechos humanos formado por legisladores de 46 países europeos, anunciara que iba a crear una “plataforma de diálogo” con las fuerzas democráticas rusas exiliadas. El FSB dice en un comunicado que Jodorkovski ha posicionado esta iniciativa como “una alternativa a las autoridades de la Federación Rusa”.
Además, acusa al exmagnate del petróleo, hasta su detención en 2003 el hombre más rico de Rusia, de financiar unidades paramilitares ucranianas con el fin de utilizarlas para una eventual toma del poder de forma violenta.
En la acusación del FSB también figuran Mijaíl Kasiánov, que fue primer ministro del presidente Vladímir Putin a principios de siglo antes de pasarse a la oposición; el excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov, el exvicepresidente del Banco Central de Rusia Serguéi Aleksáshenko, que vive en Washington desde 2013; el economista Serguéi Guríev, que es decano y profesor de Economía en la London Business School; o la politóloga Yekaterina Shulman.
Disidentes canjeados hace un año
También están entre los acusados varios disidentes y presos políticos que fueron canjeados el año pasado a cambio de un grupo de espías rusos y que desde entonces, como los anteriores, viven fuera de Rusia. Se trataría de Iliá Yashin y Vladímir Kara-Murzá.
Jodorkovski ha negado las nuevas acusaciones contra él, y en Telegram ha dicho que la causa del FSB indica que el Kremlin considera la iniciativa del Consejo de Europa “un problema muy importante”. En la misma respuesta, califica las acusaciones de mentiras.
Rusia formó parte del Consejo de Europa hasta 2022. Anunció que abandonaba el organismo en marzo de ese año, poco antes de una votación convocada para su expulsión por la agresión a Ucrania.
La iniciativa del FSB contra los opositores rusos muestra el deseo del poder ruso de mantener toda la presión sobre la disidencia. De hecho, sin la nueva acusación cualquiera de ellos sería detenido si volviera a Rusia. Y es que todos están ya incluidos en listados de “agentes extranjeros”, y a muchos se les ha declarado extremistas o terroristas, o se encuentran en situación de busca y captura.
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