Pedro Sánchez ha reaccionado con firmeza al reciente revés judicial propinado por el Tribunal Supremo al Real Decreto 905/2025 , la regulación estrella del Ejecutivo para frenar el crecimiento de universidades privadas. Con un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha remarcado que la universidad pública «está bajo asedio» y ha criticado la «proliferación descontrolada» de centros privados por dañar la calidad del sistema educativo. Lejos de dar un paso atrás tras el fallo, Sánchez ha advertido de que su gabinete «no se cruzará de brazos» y que ya trabaja en un nuevo texto normativo para evitar la mercantilización de la enseñanza superior.La declaración de Sánchez llega inmediatamente después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal anulara de pleno derecho el denominado decreto «antichiringuitos». El fallo responde al recurso presentado por el Govern balear, al que se adhirieron otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Extremadura, Aragón y La Rioja, y varias instituciones académicas privadas.El motivo que ha llevado al Supremo a tumbar la norma no responde al fondo del texto ni a las exigencias fijadas, sino a un defecto de forma formalizado durante su tramitación : el Consejo de Ministros recurrió a la vía de urgencia sin una justificación suficiente, lo que impidió realizar el trámite obligatorio de consulta pública previa para que los sectores afectados pudieran presentar sus alegaciones.El varapalo judicial deja por ahora en el aire el cerco regulatorio dictado por el ministerio dirigido por Diana Morant. Con la anulación de la norma, caen de forma automática exigencias como el límite mínimo de 4.500 alumnos en los primeros seis años de actividad o la obligación de contar con plazas de alojamiento universitario para al menos el 10 % del estudiantado presencial. Asimismo, la sentencia desatasca el escenario para cerca de una decena de proyectos universitarios privados que habían quedado bloqueados en Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura y Canarias, devolviendo la potestad tramitadora a los gobiernos autonómicos.Pese a que el fallo judicial supone un espaldarazo a los avisos previos del Consejo de Estado sobre las deficiencias de procedimiento, el Ejecutivo reitera su determinación regulatoria . Sánchez confirma así la puesta en marcha de un nuevo proyecto normativo con el que busca blindar la universidad pública y exigir estándares más rigurosos a la iniciativa privada, manteniendo una intensa confrontación política y judicial en torno al modelo universitario español. Pedro Sánchez ha reaccionado con firmeza al reciente revés judicial propinado por el Tribunal Supremo al Real Decreto 905/2025 , la regulación estrella del Ejecutivo para frenar el crecimiento de universidades privadas. Con un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha remarcado que la universidad pública «está bajo asedio» y ha criticado la «proliferación descontrolada» de centros privados por dañar la calidad del sistema educativo. Lejos de dar un paso atrás tras el fallo, Sánchez ha advertido de que su gabinete «no se cruzará de brazos» y que ya trabaja en un nuevo texto normativo para evitar la mercantilización de la enseñanza superior.La declaración de Sánchez llega inmediatamente después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal anulara de pleno derecho el denominado decreto «antichiringuitos». El fallo responde al recurso presentado por el Govern balear, al que se adhirieron otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Extremadura, Aragón y La Rioja, y varias instituciones académicas privadas.El motivo que ha llevado al Supremo a tumbar la norma no responde al fondo del texto ni a las exigencias fijadas, sino a un defecto de forma formalizado durante su tramitación : el Consejo de Ministros recurrió a la vía de urgencia sin una justificación suficiente, lo que impidió realizar el trámite obligatorio de consulta pública previa para que los sectores afectados pudieran presentar sus alegaciones.El varapalo judicial deja por ahora en el aire el cerco regulatorio dictado por el ministerio dirigido por Diana Morant. Con la anulación de la norma, caen de forma automática exigencias como el límite mínimo de 4.500 alumnos en los primeros seis años de actividad o la obligación de contar con plazas de alojamiento universitario para al menos el 10 % del estudiantado presencial. Asimismo, la sentencia desatasca el escenario para cerca de una decena de proyectos universitarios privados que habían quedado bloqueados en Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura y Canarias, devolviendo la potestad tramitadora a los gobiernos autonómicos.Pese a que el fallo judicial supone un espaldarazo a los avisos previos del Consejo de Estado sobre las deficiencias de procedimiento, el Ejecutivo reitera su determinación regulatoria . Sánchez confirma así la puesta en marcha de un nuevo proyecto normativo con el que busca blindar la universidad pública y exigir estándares más rigurosos a la iniciativa privada, manteniendo una intensa confrontación política y judicial en torno al modelo universitario español.
Con un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha … remarcado que la universidad pública «está bajo asedio» y ha criticado la «proliferación descontrolada» de centros privados por dañar la calidad del sistema educativo. Lejos de dar un paso atrás tras el fallo, Sánchez ha advertido de que su Gabinete «no se cruzará de brazos» y que ya trabaja en un nuevo texto normativo para evitar la mercantilización de la enseñanza superior.
La declaración de Sánchez llega inmediatamente después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal anulara de pleno derecho el denominado decreto «antichiringuitos». El fallo responde al recurso presentado por el Govern balear, al que se adhirieron otras comunidades gobernadas por el Partido Popular —como Madrid, Extremadura, Aragón y La Rioja— y diversas entidades académicas privadas.
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Beatriz L. Echazarreta
Sin embargo, el motivo que ha llevado al Supremo a tumbar la norma no responde al fondo del texto ni a las exigencias fijadas, sino a un defecto de forma formalizado durante su tramitación: el Consejo de Ministros recurrió a la vía de urgencia sin una justificación suficiente, lo que impidió realizar el trámite obligatorio de consulta pública previa para que los sectores afectados pudieran presentar sus alegaciones.
El varapalo judicial deja por ahora en el aire el cerco regulatorio dictado por el ministerio dirigido por Diana Morant. Con la anulación de la norma, caen de forma automática exigencias como el límite mínimo de 4.500 alumnos en los primeros seis años de actividad o la obligación de contar con plazas de alojamiento universitario para al menos el 10 % del estudiantado presencial. Asimismo, el dictamen desatasca el escenario para cerca de una decena de proyectos universitarios privados que habían quedado bloqueados en Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura y Canarias, devolviendo la potestad tramitadora a los gobiernos autonómicos.
Pese a que el fallo judicial supone un espaldarazo a los avisos previos del Consejo de Estado sobre las deficiencias de procedimiento, el Ejecutivo reitera su determinación regulatoria. Sánchez confirma así la puesta en marcha de un nuevo proyecto normativo con el que busca blindar la universidad pública y exigir estándares más rigurosos a la iniciativa privada, manteniendo una intensa confrontación política y judicial en torno al modelo universitario español.
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