Cuando el PSOE comprobó que, por primera vez en más de un año, Junts no iba de farol con su amenaza de romper, Pedro Sánchez activó toda la maquinaria para salvar la mayoría de la investidura. Fue el miércoles, tras escuchar a Míriam Nogueras en la sesión de control, decir aquello de «menos hablar del cambio de hora y más de la hora del cambio «. Ahí empezó una ofensiva sin éxito, que duró hasta prácticamente el lunes, con promesas y propuestas que permitieran a Carles Puigdemont calmar a los suyos. Pero esos intentos llegaron cuando »ya era demasiado tarde«, explican fuentes de Junts.El presidente del Gobierno, de camino hacia Bruselas, para participar en la reunión bimensual del Consejo Europeo, dio la orden a sus colaboradores de encandilar de nuevo a los independentistas . Con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de esa operación, como ha venido ocurriendo desde el encarcelamiento de Santos Cerdán, Sánchez pidió también a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se implicasen directamente en las conversaciones. Incluso con el propio Puigdemont, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora, provocando que un ministro estuviera negociando telemáticamente con un prófugo de los tribunales.El Gobierno, que fue informado por Junts de su intención de romper las relaciones y dejar sin efecto el mecanismo de la negociación en Suiza hace aproximadamente un mes, «desoyó» durante estas cuatro semanas los avisos de la formación separatista . Defendiendo en todo momento que «nosotros hemos cumplido nuestra palabra» para admitir posteriormente que «no todo depende de nosotros». Para Junts, sin embargo, aun sabiendo de su enfado y de todo lo que estaba en juego «nunca se lo tomaron en serio hasta que ya no había nada que hacer».Fue precisamente cuando la situación ya era irreversible, cuando Puigdemont ya había tomado la decisión de romper, fruto de las presiones internas procedentes del mundo municipal, cuando Moncloa volvió a valorar la necesidad de gesticular a favor de las exigencias de los separatistas . Mediante llamadas y videollamadas en las que no solo estuvieron Zapatero, Montero o Bolaños, también dirigentes de otros partidos a los que el PSOE trató de usar para evitar la ruptura, el Partido Socialista planteó varios escenarios para dar más margen a la negociación. Entre los que pidieron más margen, una vez más, hubo el mediador salvadoreño Francisco Galindo Vélez.El primer intento de acercamiento se produjo la semana pasada por parte del Ministerio de Hacienda con la cuestión de las tan reclamadas balanzas fiscales . Fue en el marco de una reunión que «acabó fatal» por la «manipulación» de los datos por parte del equipo de Montero. Desde Junts acusan a la número dos del Ejecutivo de rebajar de forma sustancial la deuda del Estado con Cataluña y le reprochan no querer hacer públicos todos los datos para que la ciudadanía pueda valorar. «¿Si no tenemos eso, como vamos a negociar unos Presupuestos?», afirmaban ayer en el entorno de Puigdemont.Tras la cuestión fiscal, Sánchez trató de ablandar a los independentistas con un presunto principio de acuerdo con Alemania para avanzar en el reconocimiento del catalán en la Unión Europea . Un movimiento que provocó, el sábado, que el portavoz del canciller alemán tuviera que matizar a Moncloa afirmando que «no hemos cambiado de posición». Eso cabreó especialmente a Junts.Desde Moncloa también trataron de persuadir a los posconvergentes con un calendario más acotado de la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont . Una de las grandes demandas de los últimos meses, ya que el expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, son los únicos dirigentes del ‘procés’ que siguen sin poder pisar Cataluña tras recibir el perdón y el posterior olvido de los delitos por parte del Gobierno. Los emisarios de Sánchez trasladaron a los de Junts que «el Constitucional resolverá a favor en marzo», ofreciendo así un horizonte temporal al prófugo.Involucrando también a dirigentes de Podemos en este movimiento a la desesperada, el Ejecutivo propuso también un cambio del texto legislativo por el que se regularía la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que contaría con el apoyo de los morados. De esta forma, explican, la norma que decayó hace unas semanas lograría el aval del Congreso y el PSOE cumpliría con Junts. Pese a la decisión de Puigdemont, en Moncloa no descartan avanzar en eso para intentar reconducir las relaciones ya rotas . Cuando el PSOE comprobó que, por primera vez en más de un año, Junts no iba de farol con su amenaza de romper, Pedro Sánchez activó toda la maquinaria para salvar la mayoría de la investidura. Fue el miércoles, tras escuchar a Míriam Nogueras en la sesión de control, decir aquello de «menos hablar del cambio de hora y más de la hora del cambio «. Ahí empezó una ofensiva sin éxito, que duró hasta prácticamente el lunes, con promesas y propuestas que permitieran a Carles Puigdemont calmar a los suyos. Pero esos intentos llegaron cuando »ya era demasiado tarde«, explican fuentes de Junts.El presidente del Gobierno, de camino hacia Bruselas, para participar en la reunión bimensual del Consejo Europeo, dio la orden a sus colaboradores de encandilar de nuevo a los independentistas . Con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de esa operación, como ha venido ocurriendo desde el encarcelamiento de Santos Cerdán, Sánchez pidió también a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se implicasen directamente en las conversaciones. Incluso con el propio Puigdemont, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora, provocando que un ministro estuviera negociando telemáticamente con un prófugo de los tribunales.El Gobierno, que fue informado por Junts de su intención de romper las relaciones y dejar sin efecto el mecanismo de la negociación en Suiza hace aproximadamente un mes, «desoyó» durante estas cuatro semanas los avisos de la formación separatista . Defendiendo en todo momento que «nosotros hemos cumplido nuestra palabra» para admitir posteriormente que «no todo depende de nosotros». Para Junts, sin embargo, aun sabiendo de su enfado y de todo lo que estaba en juego «nunca se lo tomaron en serio hasta que ya no había nada que hacer».Fue precisamente cuando la situación ya era irreversible, cuando Puigdemont ya había tomado la decisión de romper, fruto de las presiones internas procedentes del mundo municipal, cuando Moncloa volvió a valorar la necesidad de gesticular a favor de las exigencias de los separatistas . Mediante llamadas y videollamadas en las que no solo estuvieron Zapatero, Montero o Bolaños, también dirigentes de otros partidos a los que el PSOE trató de usar para evitar la ruptura, el Partido Socialista planteó varios escenarios para dar más margen a la negociación. Entre los que pidieron más margen, una vez más, hubo el mediador salvadoreño Francisco Galindo Vélez.El primer intento de acercamiento se produjo la semana pasada por parte del Ministerio de Hacienda con la cuestión de las tan reclamadas balanzas fiscales . Fue en el marco de una reunión que «acabó fatal» por la «manipulación» de los datos por parte del equipo de Montero. Desde Junts acusan a la número dos del Ejecutivo de rebajar de forma sustancial la deuda del Estado con Cataluña y le reprochan no querer hacer públicos todos los datos para que la ciudadanía pueda valorar. «¿Si no tenemos eso, como vamos a negociar unos Presupuestos?», afirmaban ayer en el entorno de Puigdemont.Tras la cuestión fiscal, Sánchez trató de ablandar a los independentistas con un presunto principio de acuerdo con Alemania para avanzar en el reconocimiento del catalán en la Unión Europea . Un movimiento que provocó, el sábado, que el portavoz del canciller alemán tuviera que matizar a Moncloa afirmando que «no hemos cambiado de posición». Eso cabreó especialmente a Junts.Desde Moncloa también trataron de persuadir a los posconvergentes con un calendario más acotado de la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont . Una de las grandes demandas de los últimos meses, ya que el expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, son los únicos dirigentes del ‘procés’ que siguen sin poder pisar Cataluña tras recibir el perdón y el posterior olvido de los delitos por parte del Gobierno. Los emisarios de Sánchez trasladaron a los de Junts que «el Constitucional resolverá a favor en marzo», ofreciendo así un horizonte temporal al prófugo.Involucrando también a dirigentes de Podemos en este movimiento a la desesperada, el Ejecutivo propuso también un cambio del texto legislativo por el que se regularía la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que contaría con el apoyo de los morados. De esta forma, explican, la norma que decayó hace unas semanas lograría el aval del Congreso y el PSOE cumpliría con Junts. Pese a la decisión de Puigdemont, en Moncloa no descartan avanzar en eso para intentar reconducir las relaciones ya rotas .
Cuando el PSOE comprobó que, por primera vez en más de un año, Junts no iba de farol con su amenaza de romper, Pedro Sánchez activó toda la maquinaria para salvar la mayoría de la investidura. Fue el miércoles, tras escuchar a Míriam Nogueras … en la sesión de control, decir aquello de «menos hablar del cambio de hora y más de la hora del cambio«. Ahí empezó una ofensiva sin éxito, que duró hasta prácticamente el lunes, con promesas y propuestas que permitieran a Carles Puigdemont calmar a los suyos. Pero esos intentos llegaron cuando »ya era demasiado tarde«, explican fuentes de Junts.
El presidente del Gobierno, de camino hacia Bruselas, para participar en la reunión bimensual del Consejo Europeo, dio la orden a sus colaboradores de encandilar de nuevo a los independentistas. Con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de esa operación, como ha venido ocurriendo desde el encarcelamiento de Santos Cerdán, Sánchez pidió también a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se implicasen directamente en las conversaciones. Incluso con el propio Puigdemont, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora, provocando que un ministro estuviera negociando telemáticamente con un prófugo de los tribunales.
El Gobierno, que fue informado por Junts de su intención de romper las relaciones y dejar sin efecto el mecanismo de la negociación en Suiza hace aproximadamente un mes, «desoyó» durante estas cuatro semanas los avisos de la formación separatista. Defendiendo en todo momento que «nosotros hemos cumplido nuestra palabra» para admitir posteriormente que «no todo depende de nosotros». Para Junts, sin embargo, aun sabiendo de su enfado y de todo lo que estaba en juego «nunca se lo tomaron en serio hasta que ya no había nada que hacer».
Fue precisamente cuando la situación ya era irreversible, cuando Puigdemont ya había tomado la decisión de romper, fruto de las presiones internas procedentes del mundo municipal, cuando Moncloa volvió a valorar la necesidad de gesticular a favor de las exigencias de los separatistas. Mediante llamadas y videollamadas en las que no solo estuvieron Zapatero, Montero o Bolaños, también dirigentes de otros partidos a los que el PSOE trató de usar para evitar la ruptura, el Partido Socialista planteó varios escenarios para dar más margen a la negociación. Entre los que pidieron más margen, una vez más, hubo el mediador salvadoreño Francisco Galindo Vélez.
El primer intento de acercamiento se produjo la semana pasada por parte del Ministerio de Hacienda con la cuestión de las tan reclamadas balanzas fiscales. Fue en el marco de una reunión que «acabó fatal» por la «manipulación» de los datos por parte del equipo de Montero. Desde Junts acusan a la número dos del Ejecutivo de rebajar de forma sustancial la deuda del Estado con Cataluña y le reprochan no querer hacer públicos todos los datos para que la ciudadanía pueda valorar. «¿Si no tenemos eso, como vamos a negociar unos Presupuestos?», afirmaban ayer en el entorno de Puigdemont.
Tras la cuestión fiscal, Sánchez trató de ablandar a los independentistas con un presunto principio de acuerdo con Alemania para avanzar en el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Un movimiento que provocó, el sábado, que el portavoz del canciller alemán tuviera que matizar a Moncloa afirmando que «no hemos cambiado de posición». Eso cabreó especialmente a Junts.
Desde Moncloa también trataron de persuadir a los posconvergentes con un calendario más acotado de la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. Una de las grandes demandas de los últimos meses, ya que el expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, son los únicos dirigentes del ‘procés’ que siguen sin poder pisar Cataluña tras recibir el perdón y el posterior olvido de los delitos por parte del Gobierno. Los emisarios de Sánchez trasladaron a los de Junts que «el Constitucional resolverá a favor en marzo», ofreciendo así un horizonte temporal al prófugo.
Involucrando también a dirigentes de Podemos en este movimiento a la desesperada, el Ejecutivo propuso también un cambio del texto legislativo por el que se regularía la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que contaría con el apoyo de los morados. De esta forma, explican, la norma que decayó hace unas semanas lograría el aval del Congreso y el PSOE cumpliría con Junts. Pese a la decisión de Puigdemont, en Moncloa no descartan avanzar en eso para intentar reconducir las relaciones ya rotas.
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