Un fantasma recorre Estados Unidos: el fantasma del socialismo.
El Gobierno de EE.UU. se ha convertido en accionista de 30 empresas en el último año, una cifra sin precedentes
Un fantasma recorre Estados Unidos: el fantasma del socialismo.
Las sucesivas victorias de los candidatos demócratas que se identifican con esa etiqueta, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o el flamante ganador de las primarias de Michigan, Abdul el Sayed, han puesto el término en el centro del debate político.
Para los demócratas moderados, el auge del ala más izquierdista del partido es una pésima noticia: piensan que la apuesta por esa opción puede conducir a una derrota en las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, cruciales para el futuro del país.
A este temor le dan impulso los republicanos, que ya han dejado claro que convertirán la amenaza socialista en el eje de su campaña electoral. La estrategia pasa por vincular a Mamdani y sus aliados –que en Europa pasarían por unos progresistas estándar– con la peor pesadilla del estadounidense medio: el comunismo.
“Estamos hablando de socialistas demócratas, pero en realidad… son comunistas, esa es la clase de gente que son”, dijo Donald Trump el pasado junio, consciente del terror que infunde ese calificativo. “América nunca será un país comunista, eso no pasará”, prometió en su discurso del 4 de julio.
La paradoja es que, al mismo tiempo que agita el fantasma socialista, Trump está promoviendo desde la Casa Blanca una política económica que bien podría enmarcarse en esas coordenadas ideológicas.
Desde junio del año pasado, el Gobierno de EE.UU. ha adquirido –o ha anunciado que lo hará– participaciones en 30 empresas privadas, una cifra sin precedentes recientes. El recuento lo ha llevado a cabo el Instituto Cato, un centro con sede en Washington de orientación libertaria –esto es, alérgico a cualquier intervención del Estado en la economía–.
Valorada en unos 27.000 millones de dólares, la cartera de acciones del Ejecutivo estadounidense se concentra en sectores estratégicos, como los semiconductores, la minería, la computación cuántica y la energía.
La mayor inversión es la realizada en la tecnológica Intel hace ahora justo un año, cuando la Administración Trump desembolsó 8.900 millones de dólares para hacerse con el 10% del gigante de la fabricación de chips. Aquella operación causó un gran revuelo en un país poco acostumbrado al desembarco del Gobierno en el mundo empresarial, pero Trump ya anticipó que no se trataba de una compra aislada: “Haré tratos como este para nuestro país una y otra vez”, aseguró.
De hecho, la ofensiva intervencionista había arrancado unos meses antes, en junio del 2025, con el acuerdo para obtener una “acción de oro” de la siderúrgica U.S. Steel. Ese pacto otorgó a Trump la capacidad de veto sobre decisiones importantes de la empresa, así como el derecho a nombrar a un consejero independiente.
En los últimos meses, el ritmo de adquisiciones se ha acelerado. Sin ir más lejos, a finales de julio, el Departamento de Comercio anunció que incorporaría seis nuevas empresas de semiconductores a su cartera, y la semana pasada el Departamento de Defensa comunicó que invertirá 85,5 millones de dólares en una compañía dedicada al suministro de bauxita, mineral clave para la industria militar.
El Gobierno argumenta que su objetivo es asegurar los sectores estratégicos y rebajar la dependencia de China
Para la Casa Blanca, este intervencionismo está más que justificado: permite asegurar las capacidades de EE.UU. en sectores críticos y rebajar la dependencia de China en un momento de pugna por la hegemonía global. Pero los expertos no son tan entusiastas. Temen que se caiga en la politización del sector privado y en el amiguismo. No hay que olvidar que Trump tiende a aprovechar el poder para su propio beneficio: su fortuna se ha disparado desde que regresó a la Casa Blanca.
Las llamadas de alerta llegan desde el propio sector conservador. “¿Se dan cuenta los republicanos de que están practicando el socialismo abiertamente?”, denunciaba la analista Veronica de Rugy, hace unos días en Los Angeles Times .
La ciudadanía tampoco lo acaba de ver claro: según un sondeo reciente de la CNBC, el 49% de los estadounidenses se opone a que el Gobierno sea accionista de empresas, frente al 19% que piensa que está bien.
Trump, sin embargo, parece decidido a seguir adelante con su apuesta estatalista. Como dijo en un mitin en junio: “Yo sería el mejor comunista de la historia, a la altura de Lenin”.
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