El Ayuntamiento de Talavera quiere elevar las garantías frente a la instalación y gestión de plantas destinadas a transformar residuos orgánicos en biometano. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la presentación de 10 alegaciones al proyecto de decreto de Castilla-La Mancha que regula este tipo de instalaciones y, además, ha dado luz verde a la presentación de un recurso de alzada contra una autorización ambiental integrada concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental.El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado que ambas actuaciones responden a los acuerdos adoptados en el último Pleno Extraordinario y tienen como objetivo reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad , así como preservar las competencias de las administraciones locales.Entre las principales alegaciones planteadas por el Consistorio se encuentra el aumento de la distancia mínima que deben guardar estas instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales. El Ayuntamiento reclama que pase de los dos kilómetros previstos inicialmente a cinco kilómetros , al considerar que esta ampliación ofrecería una mayor protección a los núcleos de población y las zonas urbanizadas.Otra de las propuestas se centra en el principio de proximidad. El Ayuntamiento reclama restringir la entrada de residuos y establecer un ámbito máximo inferior al planteado por la Junta.En concreto, plantea fijar un límite absoluto de 50 kilómetros para el 100 por cien de los insumos utilizados por las plantas, con el objetivo de evitar que dependan de residuos transportados desde largas distancias.También solicita que se prohíba expresamente la importación o introducción en el circuito regional de sustratos procedentes de otras comunidades autónomas y que exista una correspondencia directa entre la capacidad de generación de residuos y el dimensionamiento técnico de cada instalación.Blindaje ante gestiones ajenasEn el ámbito administrativo, el Consistorio reclama que el órgano ambiental autonómico mantenga las competencias técnicas de validación e instrucción, para evitar que los municipios tengan que asumir responsabilidades o cargas de gestión que, a juicio del Ayuntamiento, no les corresponden.Asimismo, propone suprimir o limitar de forma tasada el régimen de excepcionalidad previsto para las inversiones estratégicas. El objetivo de esta reclamación es impedir que esa vía pueda utilizarse para dejar sin efecto las competencias municipales de control urbanístico y ambiental.La Junta de Gobierno Local también ha autorizado al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 24 de julio de 2026, relativa a una autorización ambiental integrada.Según ha explicado García-Barroso, el recurso se articula en torno a cinco motivos. El primero plantea una posible nulidad por infracción de la reciente reforma de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.El Ayuntamiento argumenta además que no se habrían respetado adecuadamente los derechos relacionados con la autonomía local de las administraciones afectadas por el expediente, con especial referencia al municipio de Cazalegas. Por ello, reclama la adecuación y retroacción del procedimiento para garantizar su correcta tramitación.Otro de los argumentos es la existencia de una incompatibilidad urbanística sobrevenida , después de que el pasado 7 de agosto se acordara el inicio formal de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal.El recurso incorpora asimismo cuestiones relacionadas con los posibles efectos sobre la fauna de la cuenca del río Tajo y una zona de especial protección, así como la supuesta omisión de impactos críticos sobre la avifauna catalogada de la zona.Por último, el Ayuntamiento plantea una posible vulneración de las distancias mínimas y advierte de riesgos relacionados con la salubridad y de posibles defectos de modelización.Con estas dos actuaciones, el Gobierno municipal pretende ahora reforzar su posición frente al actual marco regulador de las plantas de biometano y defender tanto las garantías ambientales y urbanísticas como las competencias municipales en los procedimientos que puedan afectar al término municipal y a su entorno. El Ayuntamiento de Talavera quiere elevar las garantías frente a la instalación y gestión de plantas destinadas a transformar residuos orgánicos en biometano. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la presentación de 10 alegaciones al proyecto de decreto de Castilla-La Mancha que regula este tipo de instalaciones y, además, ha dado luz verde a la presentación de un recurso de alzada contra una autorización ambiental integrada concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental.El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado que ambas actuaciones responden a los acuerdos adoptados en el último Pleno Extraordinario y tienen como objetivo reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad , así como preservar las competencias de las administraciones locales.Entre las principales alegaciones planteadas por el Consistorio se encuentra el aumento de la distancia mínima que deben guardar estas instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales. El Ayuntamiento reclama que pase de los dos kilómetros previstos inicialmente a cinco kilómetros , al considerar que esta ampliación ofrecería una mayor protección a los núcleos de población y las zonas urbanizadas.Otra de las propuestas se centra en el principio de proximidad. El Ayuntamiento reclama restringir la entrada de residuos y establecer un ámbito máximo inferior al planteado por la Junta.En concreto, plantea fijar un límite absoluto de 50 kilómetros para el 100 por cien de los insumos utilizados por las plantas, con el objetivo de evitar que dependan de residuos transportados desde largas distancias.También solicita que se prohíba expresamente la importación o introducción en el circuito regional de sustratos procedentes de otras comunidades autónomas y que exista una correspondencia directa entre la capacidad de generación de residuos y el dimensionamiento técnico de cada instalación.Blindaje ante gestiones ajenasEn el ámbito administrativo, el Consistorio reclama que el órgano ambiental autonómico mantenga las competencias técnicas de validación e instrucción, para evitar que los municipios tengan que asumir responsabilidades o cargas de gestión que, a juicio del Ayuntamiento, no les corresponden.Asimismo, propone suprimir o limitar de forma tasada el régimen de excepcionalidad previsto para las inversiones estratégicas. El objetivo de esta reclamación es impedir que esa vía pueda utilizarse para dejar sin efecto las competencias municipales de control urbanístico y ambiental.La Junta de Gobierno Local también ha autorizado al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 24 de julio de 2026, relativa a una autorización ambiental integrada.Según ha explicado García-Barroso, el recurso se articula en torno a cinco motivos. El primero plantea una posible nulidad por infracción de la reciente reforma de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.El Ayuntamiento argumenta además que no se habrían respetado adecuadamente los derechos relacionados con la autonomía local de las administraciones afectadas por el expediente, con especial referencia al municipio de Cazalegas. Por ello, reclama la adecuación y retroacción del procedimiento para garantizar su correcta tramitación.Otro de los argumentos es la existencia de una incompatibilidad urbanística sobrevenida , después de que el pasado 7 de agosto se acordara el inicio formal de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal.El recurso incorpora asimismo cuestiones relacionadas con los posibles efectos sobre la fauna de la cuenca del río Tajo y una zona de especial protección, así como la supuesta omisión de impactos críticos sobre la avifauna catalogada de la zona.Por último, el Ayuntamiento plantea una posible vulneración de las distancias mínimas y advierte de riesgos relacionados con la salubridad y de posibles defectos de modelización.Con estas dos actuaciones, el Gobierno municipal pretende ahora reforzar su posición frente al actual marco regulador de las plantas de biometano y defender tanto las garantías ambientales y urbanísticas como las competencias municipales en los procedimientos que puedan afectar al término municipal y a su entorno.
El Ayuntamiento de Talavera quiere elevar las garantías frente a la instalación y gestión de plantas destinadas a transformar residuos orgánicos en biometano. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la presentación de 10 alegaciones al proyecto de decreto de Castilla-La Mancha que regula … este tipo de instalaciones y, además, ha dado luz verde a la presentación de un recurso de alzada contra una autorización ambiental integrada concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental.
El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado que ambas actuaciones responden a los acuerdos adoptados en el último Pleno Extraordinario y tienen como objetivo reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad, así como preservar las competencias de las administraciones locales.
Entre las principales alegaciones planteadas por el Consistorio se encuentra el aumento de la distancia mínima que deben guardar estas instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales. El Ayuntamiento reclama que pase de los dos kilómetros previstos inicialmente a cinco kilómetros, al considerar que esta ampliación ofrecería una mayor protección a los núcleos de población y las zonas urbanizadas.
Otra de las propuestas se centra en el principio de proximidad. El Ayuntamiento reclama restringir la entrada de residuos y establecer un ámbito máximo inferior al planteado por la Junta.
En concreto, plantea fijar un límite absoluto de 50 kilómetros para el 100 por cien de los insumos utilizados por las plantas, con el objetivo de evitar que dependan de residuos transportados desde largas distancias.
También solicita que se prohíba expresamente la importación o introducción en el circuito regional de sustratos procedentes de otras comunidades autónomas y que exista una correspondencia directa entre la capacidad de generación de residuos y el dimensionamiento técnico de cada instalación.
Blindaje ante gestiones ajenas
En el ámbito administrativo, el Consistorio reclama que el órgano ambiental autonómico mantenga las competencias técnicas de validación e instrucción, para evitar que los municipios tengan que asumir responsabilidades o cargas de gestión que, a juicio del Ayuntamiento, no les corresponden.
Asimismo, propone suprimir o limitar de forma tasada el régimen de excepcionalidad previsto para las inversiones estratégicas. El objetivo de esta reclamación es impedir que esa vía pueda utilizarse para dejar sin efecto las competencias municipales de control urbanístico y ambiental.
La Junta de Gobierno Local también ha autorizado al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 24 de julio de 2026, relativa a una autorización ambiental integrada.
Según ha explicado García-Barroso, el recurso se articula en torno a cinco motivos. El primero plantea una posible nulidad por infracción de la reciente reforma de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento argumenta además que no se habrían respetado adecuadamente los derechos relacionados con la autonomía local de las administraciones afectadas por el expediente, con especial referencia al municipio de Cazalegas. Por ello, reclama la adecuación y retroacción del procedimiento para garantizar su correcta tramitación.
Otro de los argumentos es la existencia de una incompatibilidad urbanística sobrevenida, después de que el pasado 7 de agosto se acordara el inicio formal de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal.
El recurso incorpora asimismo cuestiones relacionadas con los posibles efectos sobre la fauna de la cuenca del río Tajo y una zona de especial protección, así como la supuesta omisión de impactos críticos sobre la avifauna catalogada de la zona.
Por último, el Ayuntamiento plantea una posible vulneración de las distancias mínimas y advierte de riesgos relacionados con la salubridad y de posibles defectos de modelización.
Con estas dos actuaciones, el Gobierno municipal pretende ahora reforzar su posición frente al actual marco regulador de las plantas de biometano y defender tanto las garantías ambientales y urbanísticas como las competencias municipales en los procedimientos que puedan afectar al término municipal y a su entorno.
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