La exconcejal de Los Verdes en Orihuela (Alicante) Martina Scheurer, ha sido condenada a dos penas que suman tres años de prisión por varios delitos al favorecer a una empresa en la adjudicación del servicio de chiringuito en la playa hace más de una década.Según la sentencia de la sección de Elche de la Audiencia Provincial -a la que ha tenido acceso ABC – la entonces dirigente municipal tambien está inhabilitada más diez años para cargos públicos aunque se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.También ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión el empresario beneficiado, Thomas Herteux, a quien la concejal hizo un traje a medida para renovarle la concesión del bar en suelo público al introducir como requisito el sello de calidad turística Q sin avisar al resto de mercantiles competidoras. De esta forma, él sí pudo obtener este certificado que tarda un año en su tramitación.Además, en el proceso administrativo se ignoró que debía medio millón de euros del canon que se abona en estos casos a Costas por aprovechar el dominio marítimo-terrestre.Denunciada por su antecesor en el cargoHa ejercido la acusación particular el anterior concejal de Playas oriolano Pedro Mancebo -del partido Centro Liberal Renovador (CLR)-, asistido por el abogado Santiago Talavera en este caso de corrupción por los delitos que hacen considerar a Scheurer «responsable criminalmente de un delito de prevaricación administrativa» además de otros de fraude, de revelación de información privilegiada «con grave daño para la causa pública».En cuanto al beneficiado, se le condena igualmente «como responsable criminalmente, de un delito de prevaricación administrativa» y otro de «fraude» con la pena accesoria de inhabilitación especial y para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, durante dos años y nueve meses.También es culpable de otro delito de uso de información privilegiada facilitada por autoridad, «del que resulta grave daño para la causa pública», con atenuante simple de dilaciones indebidas.Ambos, la concejal y el empresario, deben asumir también el pago de la mitad de las costas procesales. La exconcejal de Los Verdes en Orihuela (Alicante) Martina Scheurer, ha sido condenada a dos penas que suman tres años de prisión por varios delitos al favorecer a una empresa en la adjudicación del servicio de chiringuito en la playa hace más de una década.Según la sentencia de la sección de Elche de la Audiencia Provincial -a la que ha tenido acceso ABC – la entonces dirigente municipal tambien está inhabilitada más diez años para cargos públicos aunque se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.También ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión el empresario beneficiado, Thomas Herteux, a quien la concejal hizo un traje a medida para renovarle la concesión del bar en suelo público al introducir como requisito el sello de calidad turística Q sin avisar al resto de mercantiles competidoras. De esta forma, él sí pudo obtener este certificado que tarda un año en su tramitación.Además, en el proceso administrativo se ignoró que debía medio millón de euros del canon que se abona en estos casos a Costas por aprovechar el dominio marítimo-terrestre.Denunciada por su antecesor en el cargoHa ejercido la acusación particular el anterior concejal de Playas oriolano Pedro Mancebo -del partido Centro Liberal Renovador (CLR)-, asistido por el abogado Santiago Talavera en este caso de corrupción por los delitos que hacen considerar a Scheurer «responsable criminalmente de un delito de prevaricación administrativa» además de otros de fraude, de revelación de información privilegiada «con grave daño para la causa pública».En cuanto al beneficiado, se le condena igualmente «como responsable criminalmente, de un delito de prevaricación administrativa» y otro de «fraude» con la pena accesoria de inhabilitación especial y para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, durante dos años y nueve meses.También es culpable de otro delito de uso de información privilegiada facilitada por autoridad, «del que resulta grave daño para la causa pública», con atenuante simple de dilaciones indebidas.Ambos, la concejal y el empresario, deben asumir también el pago de la mitad de las costas procesales.
La exconcejal de Los Verdes en Orihuela (Alicante) Martina Scheurer, ha sido condenada a dos penas que suman tres años de prisión por varios delitos al favorecer a una empresa en la adjudicación del servicio de chiringuito en la playa hace más de una década.
Según la sentencia de la sección de Elche de la Audiencia Provincial -a la que ha tenido acceso ABC– la entonces dirigente municipal tambien está inhabilitada más diez años para cargos públicos aunque se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.
También ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión el empresario beneficiado, Thomas Herteux, a quien la concejal hizo un traje a medida para renovarle la concesión del bar en suelo público al introducir como requisito el sello de calidad turística Q sin avisar al resto de mercantiles competidoras. De esta forma, él sí pudo obtener este certificado que tarda un año en su tramitación.
Además, en el proceso administrativo se ignoró que debía medio millón de euros del canon que se abona en estos casos a Costas por aprovechar el dominio marítimo-terrestre.
Denunciada por su antecesor en el cargo
Ha ejercido la acusación particular el anterior concejal de Playas oriolano Pedro Mancebo -del partido Centro Liberal Renovador (CLR)-, asistido por el abogado Santiago Talavera en este caso de corrupción por los delitos que hacen considerar a Scheurer «responsable criminalmente de un delito de prevaricación administrativa» además de otros de fraude, de revelación de información privilegiada «con grave daño para la causa pública».
En cuanto al beneficiado, se le condena igualmente «como responsable criminalmente, de un delito de prevaricación administrativa» y otro de «fraude» con la pena accesoria de inhabilitación especial y para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, durante dos años y nueve meses.
También es culpable de otro delito de uso de información privilegiada facilitada por autoridad, «del que resulta grave daño para la causa pública», con atenuante simple de dilaciones indebidas.
Ambos, la concejal y el empresario, deben asumir también el pago de la mitad de las costas procesales.
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