Mientras Donald Trump se prepara para desplegar a los soldados de la Guardia Nacional de Texas que llegaron ayer a Chicago para reprimir protestas, el presidente ha escalado su retórica contra el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que se han opuesto con firmeza a la militarización de sus calles. En una publicación en su plataforma, Truth, el mandatario ha dicho que ambos “deberían ir a la cárcel por no proteger a los agentes del ICE”, las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
El Estado de Illinois ha presentado una demanda para evitar el despliegue de la Guardia Nacional, lo que el gobernador considera una “invasión militar”
Mientras Donald Trump se prepara para desplegar a los soldados de la Guardia Nacional de Texas que llegaron ayer a Chicago para reprimir protestas, el presidente ha escalado su retórica contra el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que se han opuesto con firmeza a la militarización de sus calles. En una publicación en su plataforma, Truth, el mandatario ha dicho que ambos “deberían ir a la cárcel por no proteger a los agentes del ICE”, las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House / Europa Press
La tercera ciudad más poblada del país ha vivido en las últimas semanas un fuerte incremento de agentes del ICE, que están llevando a cabo macrooperaciones, con helicópteros incluidos, para secuestrar a centenares de supuestos inmigrantes indocumentados, lo que en ocasiones ha incluido también el arresto de ciudadanos estadounidenses. La discrecionalidad ha llevado a los residentes de Chicago a protestar delante de edificios del ICE, con manifestaciones pacíficas pero tensas, que han sido reprimidas con gases lacrimógenos y gas pimienta, con una intensidad que los activistas consideran desproporcionada.
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Trump ha usado estas protestas para autorizar, como hizo en verano en Los Ángeles y después en Washington, el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Chicago, algo para lo que en teoría necesita la autorización del gobernador. Ayer llegó a una base militar a las afueras de la ciudad un centenar de los 400 militares de la Guardia Nacional de Texas que están en camino, y Trump planea activar a otros 300 de la de Illinois, en lo que Pritzker ha definido como una “invasión militar”.
La fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, presentó el lunes una demanda contra la Administración Trump para tratar de evitar el despliegue, pero la juez del Tribunal de Distrito, April Perry, se negó a bloquear de inmediato la entrada de las tropas en la ciudad y se prevé que responda este jueves a la petición. La demanda llegó después de que otra juez, Karin Immergut, declarara el sábado que es ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Portland para el mismo uso, acompañar a los agentes federales durante las protestas.
Como señal de resistencia ante el ataque federal contra la ciudad de Chicago, su alcalde, Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes del ICE operar en propiedades de titularidad municipal. “Las propiedades municipales y los negocios privados que no lo deseen ya no servirán como bases de operaciones para estas redadas”, dijo Johnson durante su firma el lunes. “No podemos permitir que arrasen nuestra ciudad sin control ni equilibrio. Nadie está por encima de la ley. Si el Congreso no pone freno a esta administración, entonces lo hará Chicago”.
“Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para impedir que Trump utilice al ejército para invadir los estados”
La Casa Blanca acusó al alcalde de “ayudar y encubrir a inmigrantes ilegales criminales”, a los que definió como “asesinos, violadores, traficantes y pandilleros”. Y ahora Trump pide directamente su encarcelamiento. Su publicación en Truth puede parecer una amenaza vacía, pero el presidente también usó ese método para llamar al procesamiento de otros adversarios políticos, como el exdirector del FBI, James Comey, que ya fue imputado por su Departamento de Justicia y hoy ha comparecido ante el juez en Virginia para su procesamiento.
Trump también ha pedido el arresto del gobernador Pritzker, que ha ganado en las últimas semanas una gran atención mediática en su resistencia contra el presidente. “Cualquier tipo de tropas en las calles de una ciudad estadounidense no tiene cabida, salvo en caso de insurrección o de una verdadera emergencia”, dijo Pritzker, señalando lo que dice la ley: que Trump solo puede autorizar unilateralmente el despliegue de la Guardia Nacional en un Estado, sin autorización del gobernador, en caso de que los agentes del orden se vean sobrepasados, algo que no ha ocurrido en las tímidas protestas de Chicago. “Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para impedir que quite derechos a la gente y que utilice al ejército para invadir los estados”, añadió Pritzker.
El envío de militares a la ciudad forma parte de una campaña de Trump contra las ciudades demócratas, con la que busca hacer una demostración de fuerza federal frente al poder de los estados, así como intimidar y normalizar al ejército en las calles. En su discurso ante centenares de altos mandos la semana pasada en Virginia, Trump dijo que “deberíamos usar algunas de esas peligrosas ciudades como campos de entrenamiento para nuestro ejército”, alegando que lugares como Chicago, Nueva York o Portland están tomados por inmigrantes indocumentados y criminales antifascistas.
Trump dice que aplicará la ley de Insurrección para desplegar soldados en los bastiones demócratas “si es necesario”
El uso de soldados contra los propios ciudadanos estadounidenses está expresamente prohibido por la ley Posse Comitatus, de 1878, que establece que las fuerzas armadas no pueden ser usadas por el gobierno federal para ejecutar leyes dentro del territorio estadounidense, salvo que el Congreso lo autorice expresamente o que la Constitución lo permita. Es decir, prohíbe que el presidente utilice a los militares para labores policiales de orden público, arrestos, registros o aplicación de leyes civiles, como pretende hacer en Portland, en Chicago y otras ciudades, principalmente demócratas.
La excepción que permite su uso es la ley de Insurrección, que autoriza su despliegue para sofocar rebeliones o violencia generalizada, caso que no se da en la actualidad. Ayer, Trump dijo que se planteaba aplicar esa ley “si es necesario”, es decir, si finalmente la justicia falla en su contra en la demanda presentada por el Estado de Illinois. “Hasta el momento no lo ha sido. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una buena razón”, agregó. “Si tengo que invocarla, lo haré”.
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