La Administración de Donald Trump tiene prohibido, al menos durante las próximas dos semanas, militarizar las calles de Chicago, la tercera ciudad más poblada del país, a la que ya lleva semanas asediando con un fuerte incremento de agentes federales. La juez federal April Perry falló anoche en contra de la Casa Blanca al considerar que no ha visto “ninguna prueba creíble de que haya habido una rebelión en el estado de Illinois” y argumentando que el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para responder a las protestas “tan solo echará más leña al fuego”.
La magistrada Perry considera que no hay pruebas de “rebelión” y el uso de la Guardia Nacional en las protestas “tan solo echará más leña al fuego”
La Administración de Donald Trump tiene prohibido, al menos durante las próximas dos semanas, militarizar las calles de Chicago, la tercera ciudad más poblada del país, a la que ya lleva semanas asediando con un fuerte incremento de agentes federales. La juez federal April Perry falló anoche en contra de la Casa Blanca al considerar que no ha visto “ninguna prueba creíble de que haya habido una rebelión en el estado de Illinois” y argumentando que el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para responder a las protestas “tan solo echará más leña al fuego”.
Siguiendo la estela de Los Ángeles, el presidente quería usar a los militares para “acompañar” y “proteger” a efectivos y edificios del servicio migratorio, donde la última semana residentes de Chicago han protestado contra las indiscriminadas redadas de la Administración. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, presentó el lunes una demanda para tratar de evitar su despliegue, argumentando que Trump se estaba excediendo en su autoridad. Pero el mandatario movió ficha y comenzó el envío el martes de 400 militares de la Guardia Nacional de Texas, así como la activación de otros 300 de Illinois, en lo que el gobernador, J.B. Pritzker, definió como una “invasión militar”.
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La ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe expresamente el uso de soldados para funciones policiales contra los propios ciudadanos estadounidenses. Además, teóricamente el presidente requiere la autorización del gobernador para activar efectivos de la Guardia Nacional de ese Estado. Trump ha avanzado esta semana que, en caso de que la justicia bloquease su plan, como ha ocurrido, se planteaba invocar la ley de Insurrección, la única excepción que permite el uso del ejército para funciones de orden público en territorio americano.
Para justificar la militarización de Chicago, la Administración ha dado a entender que se está produciendo una rebelión en esta ciudad históricamente combativa. Una evaluación, junto con otras producidas por el departamento de Seguridad Nacional, que la juez Perry ha considerado como “poco fiable” en su fallo oral. En realidad, tan solo se han producido pequeñas protestas, pacíficas y muy localizadas, en varios edificios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, han sido reprimidas con gran dureza, con el repetido uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma.
La magistrada asegura que las mayores protestas, en la instalación del ICE en el suburbio de Broadview, no superaron los 200 asistentes, y había unos 100 agentes estatales y locales, de sobras capacitados para controlar a la multitud. Perry considera, de hecho, que el uso de militares en las protestas “echará más leña al fuego”, es decir, puede producir la respuesta violenta que está buscando Trump para justificar sus acciones.
El despliegue de soldados sin justificación razonable en las principales ciudades demócratas del país forma parte de una estrategia global del republicano para perseguir al activismo, infundir miedo a la oposición y hacer una demostración de fuerza federal contra los alcaldes y gobernadores demócratas. De paso, está logrando normalizar la presencia de soldados en las calles de Estados Unidos, una estampa que se ha convertido en el día a día de los habitantes de Washington, donde hace dos meses Trump también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, que patrulla armada sus calles.
El tribunal de apelaciones de Portland parece inclinado a levantar el bloqueo al uso de la Guardia Nacional
El presidente está tratando de hacer lo mismo en Portland (Oregón), pero se encontró la semana pasada con un bloqueo similar de la juez de distrito Karin Immergut –nombrada en el 2019 por el propio Trump–, quien criticó con dureza el movimiento de la Administración: “Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, afirmó en su escrito. La Casa Blanca recurrió el caso, que llegó anoche al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, donde un panel de tres jueces pareció encaminado a retratar el bloqueo, en una decisión opuesta a la que ocurría en el mismo momento en Chicago, a miles de kilómetros de distancia.
El tribunal de apelaciones no ha emitido todavía su fallo, pero su decisión, así como la de Chicago, sentará un precedente que determinará las posibilidades de éxito de Trump. El presidente está decidido a usar las “zonas de guerra” de las ciudades demócratas como “campos de entrenamiento” para el ejército, según afirmó la semana pasada en un discurso en Virginia ante centenares de altos mandos de las Fuerzas Armadas.
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