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«Los errores son portales del descubrimiento» escribió James Joyce en Ulises. Tras cometer varios errores, España afronta hoy una emergencia nacional ante la ausencia de vivienda. Los precios suben un 12% según el INE, y se acumula un déficit de 700.000 casas, según Banco de España. Ambos factores están relacionados. El déficit se explica porque la demanda (impulsada por el crecimiento poblacional, sobre todo por inmigración) genera una formación anual de unos 160.000 hogares, mientras que la oferta apenas logra cubrir algo más de la mitad. Esta brecha se debe, entre otras razones, a las trabas e ineficiencias administrativas en la producción de suelo finalista. Cuando la demanda es superior a la oferta, los precios suben.
Por si fuera poco, nuestro mundo asiste al derrumbe del orden internacional tejido tras la Segunda Guerra Mundial. Este colapso trae consigo un importante aumento de las tensiones geopolíticas, tensiones que derivan en la necesidad de acometer un mayor gasto en defensa, otro frente en el que España tampoco ha hecho los deberes suficientemente. España abolió el servicio militar obligatorio hace más de veinte años, pero no dotó a las Fuerzas Armadas de un nivel presupuestario acorde con la profesionalización del ejército. En parte por ello, nuestro país es reprendido internacionalmente por mantener niveles de gasto e inversión en defensa inferiores a los de nuestros aliados y a los compromisos asumidos por ellos.
Aunque han sido muchos los errores que nos han llevado hasta aquí, nuestra prioridad como nación debe centrarse en buscar soluciones, los «portales del descubrimiento» a los que aludía al principio. En esta columna planteo una solución que podría hacer aumentar la demanda de reclutas en nuestras Fuerzas Armadas, demanda totalmente imprescindible en los tiempos que vivimos y en el contexto de nuestras alianzas, y que, al mismo tiempo, abordaría el otro problema reseñado en este artículo: la dificultad para acceder a una vivienda asequible.
La propuesta consiste en establecer mecanismos de colaboración público-privada por los cuales el Ministerio de Defensa pueda ceder suelo finalista en desuso bajo un derecho de superficie, de forma que el sector privado construya viviendas en régimen de alquiler destinadas a militares en servicio activo. Como el suelo representa aproximadamente el 28% del precio de una casa, un proyecto de este tipo podría permitir ofrecer vivienda en alquiler a precios un 28% inferiores a los de mercado. Al finalizar el derecho de superficie, tanto las viviendas como el uso del suelo revertirían a Defensa. El modelo no exige desembolsos de dinero público, con lo que no se tensiona el déficit público, y podría aumentar sensiblemente la demanda de plazas en los ejércitos, algo necesario en un contexto de rearme. Además, el régimen de alquiler facilitaría la necesaria movilidad de destinos de nuestros profesionales de la defensa. Este punto es importante ya que la transferencia de destinos que afronta el personal de las FFAA a lo largo de su carrera no tiene paragón con otras profesiones. Si además actualizáramos la parcialmente obsoleta Ley de Tropa y Marinería de 2006 para adaptarla a las necesidades del mundo actual, podríamos hacer frente a una situación geopolítica mucho más amenazante frente a la época en la que tejieron nuestras pretéritas normas.
Según el Informe Anual del Observatorio de la Vida Militar, la vivienda puede considerarse uno de los principales inconvenientes de los traslados nacionales. Los modestos sueldos que cobran las Fuerzas Armadas provocan esta situación. Obviamente parte de la solución pasa por aumentar las retribuciones, pero también es posible combinar estas medidas con la propuesta planteada, de forma que resulten en una demanda de efectivos más acorde a los convulsos tiempos que acechan.
Esta medida se ha aplicado con éxito en Australia (Defence Housing Australia) desde 1988, resultando en 18.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. También en EEUU, donde desde 1996 se han promovido medidas similares, conservando el Departamento de Guerra la propiedad de las bases, pero cediendo al sector privado concesiones para construcción, mantenimiento y gestión del parque de vivienda para el personal militar. Esto ha permitido gestionar 200.000 viviendas en 150 emplazamientos militares, movilizando 32.000 millones de inversión residencial privada y ofreciendo así soluciones de movilidad a los militares de EEUU.
Milton Friedman advirtió una vez que «solo una crisis, real o percibida produce cambio real. Cuando una crisis ocurre, las acciones que se tomen dependen de las ideas que subyacen en la sociedad». Ojalá que debatir ideas para generar vivienda asequible a los profesionales que garantizan nuestra defensa nos permita afrontar el mundo cada vez más inseguro en el que nos adentramos.
Ignacio de la Torrees Economista Jefe en Arcano Partners.
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