VOX ha presentado una querella contra el Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, y las personas que se concentraron e impidieron con sus gritos el desarrollo del acto de la formación este martes 27 en la plaza de La Marina, en Zamora, en el que intervino Santiago Abascal.En la querella, se atribuye a Blanco García delitos de prevaricación administrativa por omisión, denegación de auxilio y delito electoral «por las decisiones y omisiones relativas al dispositivo de seguridad del acto». La denuncia también se dirige contra «los promotores y participantes en la concentración no comunicada por delitos electorales, contra el derecho de reunión y de incitación al odio», han indicado fuentes de la organización política.Han explicado, además, que el acto, celebrado en pleno periodo electoral y con la participación de Abascal, había sido comunicado a la Subdelegación, con solicitud expresa de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, «pese a los incidentes registrados en los seis días anteriores en La Coruña, Avilés y Mahón, no se estableció un perímetro de seguridad ni se previó la separación física de los concentrados, lo que permitió que llegaran hasta el propio espacio del acto».En el texto de la querella se detalla que «el perjuicio es manifiesto, pues se permitió que un grupo organizado increpara a los candidatos y a los asistentes durante el acto, que el principal orador tuviera que interrumpir su discurso para pedir contención y que los electores que acudieron a escucharlos lo hicieran en un ambiente de intimidación». «Impedir que un partido llegue a los electores en condiciones mínimas de normalidad en periodo electoral lesiona directamente el bien jurídico descrito», continúa.Otra de los argumentos es que la Subdelegación del Gobierno «dejó el diseño del dispositivo en manos de la propia Policía, como ha reconocido, no estableció perímetro ni separación alguna y, cuando el grupo llegó hasta el espacio del acto, no acordó su disolución, sino que consintió que siguiera increpando a los asistentes desde la acera de enfrente». Esa decisión, añade, «de no decidir cuando la ley obliga a hacerlo, carece de cualquier fundamento técnico conocido, se adoptó con pleno conocimiento de lo ocurrido en los días anteriores y contrasta con lo que otra Delegación del mismo Gobierno hizo en Mahón ante idéntico riesgo». La querella continúa explicando cómo Vox solicitó expresamente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para evitar la comisión de delitos y otros males previsibles». Sin embargo, denuncian, «el subdelegado no estableció perímetro alguno, permitió que el grupo llegara hasta el espacio del acto y no acordó su disolución».Vox también apunta a la comisión de un delito de odio por parte de los concentrados ya que «la consigna ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’, coreada públicamente frente a varios miles de vecinos de Zamora que asistían a un acto electoral, no expresa una opinión ni una crítica política». En este sentido, advierten de que se señala a los asistentes al mitin como «como enemigos por razón de su ideología y reclaman su expulsión del espacio público común, que es precisamente la vertiente del discurso fóbico que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política de quienes no comparten el ideario de los intolerantes». Con ello «se fomenta la hostilidad contra un grupo determinado por su ideología, marcando ante sus vecinos a quienes acuden a un acto de Vox, y se atenta contra su dignidad y contra el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, de participación política y de igualdad». VOX ha presentado una querella contra el Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, y las personas que se concentraron e impidieron con sus gritos el desarrollo del acto de la formación este martes 27 en la plaza de La Marina, en Zamora, en el que intervino Santiago Abascal.En la querella, se atribuye a Blanco García delitos de prevaricación administrativa por omisión, denegación de auxilio y delito electoral «por las decisiones y omisiones relativas al dispositivo de seguridad del acto». La denuncia también se dirige contra «los promotores y participantes en la concentración no comunicada por delitos electorales, contra el derecho de reunión y de incitación al odio», han indicado fuentes de la organización política.Han explicado, además, que el acto, celebrado en pleno periodo electoral y con la participación de Abascal, había sido comunicado a la Subdelegación, con solicitud expresa de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, «pese a los incidentes registrados en los seis días anteriores en La Coruña, Avilés y Mahón, no se estableció un perímetro de seguridad ni se previó la separación física de los concentrados, lo que permitió que llegaran hasta el propio espacio del acto».En el texto de la querella se detalla que «el perjuicio es manifiesto, pues se permitió que un grupo organizado increpara a los candidatos y a los asistentes durante el acto, que el principal orador tuviera que interrumpir su discurso para pedir contención y que los electores que acudieron a escucharlos lo hicieran en un ambiente de intimidación». «Impedir que un partido llegue a los electores en condiciones mínimas de normalidad en periodo electoral lesiona directamente el bien jurídico descrito», continúa.Otra de los argumentos es que la Subdelegación del Gobierno «dejó el diseño del dispositivo en manos de la propia Policía, como ha reconocido, no estableció perímetro ni separación alguna y, cuando el grupo llegó hasta el espacio del acto, no acordó su disolución, sino que consintió que siguiera increpando a los asistentes desde la acera de enfrente». Esa decisión, añade, «de no decidir cuando la ley obliga a hacerlo, carece de cualquier fundamento técnico conocido, se adoptó con pleno conocimiento de lo ocurrido en los días anteriores y contrasta con lo que otra Delegación del mismo Gobierno hizo en Mahón ante idéntico riesgo». La querella continúa explicando cómo Vox solicitó expresamente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para evitar la comisión de delitos y otros males previsibles». Sin embargo, denuncian, «el subdelegado no estableció perímetro alguno, permitió que el grupo llegara hasta el espacio del acto y no acordó su disolución».Vox también apunta a la comisión de un delito de odio por parte de los concentrados ya que «la consigna ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’, coreada públicamente frente a varios miles de vecinos de Zamora que asistían a un acto electoral, no expresa una opinión ni una crítica política». En este sentido, advierten de que se señala a los asistentes al mitin como «como enemigos por razón de su ideología y reclaman su expulsión del espacio público común, que es precisamente la vertiente del discurso fóbico que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política de quienes no comparten el ideario de los intolerantes». Con ello «se fomenta la hostilidad contra un grupo determinado por su ideología, marcando ante sus vecinos a quienes acuden a un acto de Vox, y se atenta contra su dignidad y contra el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, de participación política y de igualdad».
VOX ha presentado una querella contra el Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, y las personas que se concentraron e impidieron con sus gritos el desarrollo del acto de la formación este martes 27 en la plaza de La Marina, en Zamora, en … el que intervino Santiago Abascal.
En la querella, se atribuye a Blanco García delitos de prevaricación administrativa por omisión, denegación de auxilio y delito electoral «por las decisiones y omisiones relativas al dispositivo de seguridad del acto». La denuncia también se dirige contra «los promotores y participantes en la concentración no comunicada por delitos electorales, contra el derecho de reunión y de incitación al odio», han indicado fuentes de la organización política.
Han explicado, además, que el acto, celebrado en pleno periodo electoral y con la participación de Abascal, había sido comunicado a la Subdelegación, con solicitud expresa de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, «pese a los incidentes registrados en los seis días anteriores en La Coruña, Avilés y Mahón, no se estableció un perímetro de seguridad ni se previó la separación física de los concentrados, lo que permitió que llegaran hasta el propio espacio del acto».
Noticia relacionada
En el texto de la querella se detalla que «el perjuicio es manifiesto, pues se permitió que un grupo organizado increpara a los candidatos y a los asistentes durante el acto, que el principal orador tuviera que interrumpir su discurso para pedir contención y que los electores que acudieron a escucharlos lo hicieran en un ambiente de intimidación». «Impedir que un partido llegue a los electores en condiciones mínimas de normalidad en periodo electoral lesiona directamente el bien jurídico descrito», continúa.
Otra de los argumentos es que la Subdelegación del Gobierno «dejó el diseño del dispositivo en manos de la propia Policía, como ha reconocido, no estableció perímetro ni separación alguna y, cuando el grupo llegó hasta el espacio del acto, no acordó su disolución, sino que consintió que siguiera increpando a los asistentes desde la acera de enfrente». Esa decisión, añade, «de no decidir cuando la ley obliga a hacerlo, carece de cualquier fundamento técnico conocido, se adoptó con pleno conocimiento de lo ocurrido en los días anteriores y contrasta con lo que otra Delegación del mismo Gobierno hizo en Mahón ante idéntico riesgo».
La querella continúa explicando cómo Vox solicitó expresamente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para evitar la comisión de delitos y otros males previsibles». Sin embargo, denuncian, «el subdelegado no estableció perímetro alguno, permitió que el grupo llegara hasta el espacio del acto y no acordó su disolución».
Vox también apunta a la comisión de un delito de odio por parte de los concentrados ya que «la consigna ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’, coreada públicamente frente a varios miles de vecinos de Zamora que asistían a un acto electoral, no expresa una opinión ni una crítica política». En este sentido, advierten de que se señala a los asistentes al mitin como «como enemigos por razón de su ideología y reclaman su expulsión del espacio público común, que es precisamente la vertiente del discurso fóbico que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política de quienes no comparten el ideario de los intolerantes». Con ello «se fomenta la hostilidad contra un grupo determinado por su ideología, marcando ante sus vecinos a quienes acuden a un acto de Vox, y se atenta contra su dignidad y contra el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, de participación política y de igualdad».
RSS de noticias de espana
