La posible ampliación de las Cortes de Castilla-La Mancha hasta un máximo de 55 diputados ha devuelto al primer plano una vieja discusión política : ¿vale lo mismo un voto en Toledo que en Cuenca? ¿Cuántos sufragios necesita realmente un partido para conseguir representación parlamentaria?La respuesta es sencilla, no todos los votos tienen el mismo efecto práctico. El diseño del sistema electoral autonómico provoca que el coste de obtener un escaño varíe considerablemente entre provincias y que las posibilidades de acceder a las Cortes sean muy diferentes para los partidos minoritarios según el territorio en el que concurran.Los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 permiten comprobarlo con claridad. El PSOE fue la fuerza más votada con 490.288 sufragios, seguido del PP con 366.312 y Vox con 139.607 votos. Sin embargo, la traducción de esos apoyos en escaños no depende únicamente del volumen total de votos, sino también de la provincia donde se concentren y de la forma en que opera el sistema D’Hondt.Noticia relacionada No No «Este no es un Estatuto contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio», reivindica García-Page en el Congreso Valle SánchezAunque suele hablarse del «coste» de un escaño dividiendo los votos de un partido entre sus diputados obtenidos, la clave real del sistema se encuentra en otro punto, en concreto en el último escaño que se reparte en cada provincia. Ese diputado final suele ser el más disputado y el que determina mayorías absolutas , cambios de gobierno o la entrada de nuevas fuerzas políticas en el Parlamento regional.En las elecciones autonómicas de 2023, el último escaño adjudicado en cada provincia se obtuvo con los siguientes cocientes. En Toledo con 33.458 votos, en la provincia de Ciudad Real supuso 31.327 votos, mientras que en la de Albacete fueron 24.726 votos. En cuanto a la provincia de Guadalajara el último escaño se adjudicó por 19.764 sufragios y en Cuenca por 17.844 papeletas.La diferencia es significativa. El último diputado en Toledo exigió prácticamente el doble de respaldo electoral que el último parlamentario adjudicado en Cuenca.La provincia donde el resultado fue más ajustado fue Ciudad Real. El séptimo y último diputado provincial correspondió al PSOE gracias a un cociente de 31.327 votos. El siguiente cociente en la clasificación pertenecía al PP y alcanzaba 30.958. La distancia entre ambos era de apenas 369 votos de cociente, lo que significa que alrededor de un millar de votos adicionales habría podido modificar el reparto provincial y alterar la composición de las Cortes regionales dando el Gobierno de Castilla-La Mancha a la derecha con un hipotético pacto de PP y Vox.En otras provincias la diferencia fue más amplia. Cuenca, por ejemplo, presentó el reparto más consolidado y fue donde más difícil resultaba alterar el último escaño adjudicado.Toledo 33.458 Precio del último diputado En las elecciones autonómicas de 2023, el último escaño adjudicado en la provincia de Toledo fue con 33.458 votos y recayó en el PSOE.Cuenca 17.844 Precio del último diputado En la provincia de Cuenca el último diputado regional costó en las elecciones de mayo de 2023 un total de 17.844 sufragios, fue para el PSOE.En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 33 diputados distribuidos entre cinco circunscripciones provinciales. Toledo elige nueve parlamentarios; Ciudad Real y Albacete, siete cada una; mientras Guadalajara y Cuenca reparten cinco.El tamaño del Parlamento autonómico ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la política regional durante los últimos años. En 2014, el Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal como presidenta impulsó una reforma electoral que redujo el número de diputados de 49 a 33 , convirtiendo a Castilla-La Mancha en una de las comunidades autónomas con menor representación parlamentaria de España en relación con su población.Los defensores de aquella reforma argumentaban que permitía reducir costes y aumentar la eficiencia institucional. Sus detractores sostenían, por el contrario, que elevaba las barreras de entrada para las fuerzas minoritarias y reforzaba el bipartidismo.Esa misma ley establece además una barrera mínima del 3 por ciento de los votos válidos para participar en el reparto de escaños. Sin embargo, el verdadero umbral suele ser mucho más elevado en las provincias pequeñas.En una circunscripción de solo cinco diputados, como Cuenca o Guadalajara, una candidatura puede superar ampliamente el 10 por ciento de los votos y quedarse igualmente sin representación. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Vox en Cuenca en 2023, donde superó el 11 por ciento de apoyo electoral sin lograr ningún escaño.Por el contrario, en provincias con más diputados en juego, como Toledo, el sistema ofrece más oportunidades a terceras fuerzas. Aunque el volumen absoluto de votos necesarios es mayor, el reparto resulta más proporcional y facilita la entrada de partidos distintos de PSOE y PP.La ley autonómica establece una barrera mínima del 3 por ciento de los votos válidos para que un partido tenga opciones en el reparto de escañosEl caso más evidente de esta desproporción fue en las elecciones de 2023 el de Unidas Podemos. La formación reunió más de 45.000 votos en toda Castilla-La Mancha, sin embargo, no consiguió representación en ninguna de las cinco provincias.La explicación reside en que el sistema electoral no tiene en cuenta el resultado autonómico global, sino los resultados obtenidos en cada circunscripción provincial. Al no alcanzar los umbrales efectivos necesarios en ninguna de ellas, todos esos votos quedaron sin traducción parlamentaria.Los expertos en sistemas electorales suelen coincidir en que el tamaño de las circunscripciones es uno de los factores que más influyen en la proporcionalidad de una elección. Comunidades autónomas con parlamentos más amplios y provincias que reparten un mayor número de escaños, como Andalucía o Cataluña, facilitan la entrada de nuevas fuerzas políticas y reducen la cantidad de votos que terminan sin representación. En Castilla-La Mancha ocurre lo contrario. La combinación de un Parlamento reducido y provincias que eligen únicamente cinco diputados, como Cuenca y Guadalajara, provoca que el sistema favorezca a los partidos más votados y dificulte la presencia de formaciones medianas.Garantizar el equilibrio territorialLa legislación electoral castellanomanchega busca asegurar la representación de todas las provincias. Para ello asigna inicialmente tres diputados a cada una y distribuye el resto según la población.Ese mecanismo evita que Toledo y Ciudad Real concentren un peso excesivo en las Cortes regionales, pero también genera diferencias entre el valor efectivo de los votos emitidos en unas provincias y otras.Cuantos menos escaños se reparten, mayor es la ventaja para las fuerzas más votadas y más difícil resulta transformar votos en representación parlamentaria. Cuantos más diputados hay en juego, más proporcional se vuelve el resultado.Cuantos menos escaños se reparten, mayor es la ventaja para las fuerzas más votadas y más difícil resulta transformar votos en representación parlamentariaLa reforma del Estatuto de Autonomía fija ahora un techo máximo de 55 parlamentarios frente a los 33 actuales. Aunque la ampliación no será automática y requerirá futuras reformas legales, el simple aumento del techo parlamentario puede modificar de forma importante el equilibrio electoral de Castilla-La Mancha . Con más diputados en juego bajaría la barrera efectiva para entrar en las Cortes, el reparto sería más proporcional y partidos medianos o minoritarios tendrían más posibilidades de obtener representación.En provincias que ahora eligen solo cinco diputados, añadir más escaños suavizaría el efecto del sistema D’Hondt y reduciría el peso del bipartidismo. También aumentaría la influencia de las provincias más pobladas, especialmente Toledo, Ciudad Real y Albacete, que previsiblemente absorberían buena parte de los nuevos parlamentarios debido a su crecimiento demográfico.El debate de fondo enfrenta dos modelos distintos. Los defensores del sistema actual sostienen que garantiza estabilidad institucional y protege a las provincias menos pobladas frente al peso demográfico de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Sus críticos consideran, sin embargo, que la ley electoral penaliza en exceso a las terceras fuerzas y provoca que miles de votos terminen sin representación parlamentaria.La futura ampliación de las Cortes regionales podría acercar Castilla-La Mancha a modelos más proporcionales presentes en otras comunidades autónomas. Porque, en política, el tamaño sí importa. Y en Castilla-La Mancha, el número de diputados puede cambiar el valor real de cada voto.La discusión volverá previsiblemente a intensificarse si finalmente prospera la reforma estatutaria. Porque el valor político de un voto no depende únicamente de cuántas papeletas reciba un partido, sino también de dónde se depositan. Y el número de diputados que se reparten por circunscripción puede alterar de forma decisiva ese equilibrio. La posible ampliación de las Cortes de Castilla-La Mancha hasta un máximo de 55 diputados ha devuelto al primer plano una vieja discusión política : ¿vale lo mismo un voto en Toledo que en Cuenca? ¿Cuántos sufragios necesita realmente un partido para conseguir representación parlamentaria?La respuesta es sencilla, no todos los votos tienen el mismo efecto práctico. El diseño del sistema electoral autonómico provoca que el coste de obtener un escaño varíe considerablemente entre provincias y que las posibilidades de acceder a las Cortes sean muy diferentes para los partidos minoritarios según el territorio en el que concurran.Los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 permiten comprobarlo con claridad. El PSOE fue la fuerza más votada con 490.288 sufragios, seguido del PP con 366.312 y Vox con 139.607 votos. Sin embargo, la traducción de esos apoyos en escaños no depende únicamente del volumen total de votos, sino también de la provincia donde se concentren y de la forma en que opera el sistema D’Hondt.Noticia relacionada No No «Este no es un Estatuto contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio», reivindica García-Page en el Congreso Valle SánchezAunque suele hablarse del «coste» de un escaño dividiendo los votos de un partido entre sus diputados obtenidos, la clave real del sistema se encuentra en otro punto, en concreto en el último escaño que se reparte en cada provincia. Ese diputado final suele ser el más disputado y el que determina mayorías absolutas , cambios de gobierno o la entrada de nuevas fuerzas políticas en el Parlamento regional.En las elecciones autonómicas de 2023, el último escaño adjudicado en cada provincia se obtuvo con los siguientes cocientes. En Toledo con 33.458 votos, en la provincia de Ciudad Real supuso 31.327 votos, mientras que en la de Albacete fueron 24.726 votos. En cuanto a la provincia de Guadalajara el último escaño se adjudicó por 19.764 sufragios y en Cuenca por 17.844 papeletas.La diferencia es significativa. El último diputado en Toledo exigió prácticamente el doble de respaldo electoral que el último parlamentario adjudicado en Cuenca.La provincia donde el resultado fue más ajustado fue Ciudad Real. El séptimo y último diputado provincial correspondió al PSOE gracias a un cociente de 31.327 votos. El siguiente cociente en la clasificación pertenecía al PP y alcanzaba 30.958. La distancia entre ambos era de apenas 369 votos de cociente, lo que significa que alrededor de un millar de votos adicionales habría podido modificar el reparto provincial y alterar la composición de las Cortes regionales dando el Gobierno de Castilla-La Mancha a la derecha con un hipotético pacto de PP y Vox.En otras provincias la diferencia fue más amplia. Cuenca, por ejemplo, presentó el reparto más consolidado y fue donde más difícil resultaba alterar el último escaño adjudicado.Toledo 33.458 Precio del último diputado En las elecciones autonómicas de 2023, el último escaño adjudicado en la provincia de Toledo fue con 33.458 votos y recayó en el PSOE.Cuenca 17.844 Precio del último diputado En la provincia de Cuenca el último diputado regional costó en las elecciones de mayo de 2023 un total de 17.844 sufragios, fue para el PSOE.En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 33 diputados distribuidos entre cinco circunscripciones provinciales. Toledo elige nueve parlamentarios; Ciudad Real y Albacete, siete cada una; mientras Guadalajara y Cuenca reparten cinco.El tamaño del Parlamento autonómico ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la política regional durante los últimos años. En 2014, el Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal como presidenta impulsó una reforma electoral que redujo el número de diputados de 49 a 33 , convirtiendo a Castilla-La Mancha en una de las comunidades autónomas con menor representación parlamentaria de España en relación con su población.Los defensores de aquella reforma argumentaban que permitía reducir costes y aumentar la eficiencia institucional. Sus detractores sostenían, por el contrario, que elevaba las barreras de entrada para las fuerzas minoritarias y reforzaba el bipartidismo.Esa misma ley establece además una barrera mínima del 3 por ciento de los votos válidos para participar en el reparto de escaños. Sin embargo, el verdadero umbral suele ser mucho más elevado en las provincias pequeñas.En una circunscripción de solo cinco diputados, como Cuenca o Guadalajara, una candidatura puede superar ampliamente el 10 por ciento de los votos y quedarse igualmente sin representación. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Vox en Cuenca en 2023, donde superó el 11 por ciento de apoyo electoral sin lograr ningún escaño.Por el contrario, en provincias con más diputados en juego, como Toledo, el sistema ofrece más oportunidades a terceras fuerzas. Aunque el volumen absoluto de votos necesarios es mayor, el reparto resulta más proporcional y facilita la entrada de partidos distintos de PSOE y PP.La ley autonómica establece una barrera mínima del 3 por ciento de los votos válidos para que un partido tenga opciones en el reparto de escañosEl caso más evidente de esta desproporción fue en las elecciones de 2023 el de Unidas Podemos. La formación reunió más de 45.000 votos en toda Castilla-La Mancha, sin embargo, no consiguió representación en ninguna de las cinco provincias.La explicación reside en que el sistema electoral no tiene en cuenta el resultado autonómico global, sino los resultados obtenidos en cada circunscripción provincial. Al no alcanzar los umbrales efectivos necesarios en ninguna de ellas, todos esos votos quedaron sin traducción parlamentaria.Los expertos en sistemas electorales suelen coincidir en que el tamaño de las circunscripciones es uno de los factores que más influyen en la proporcionalidad de una elección. Comunidades autónomas con parlamentos más amplios y provincias que reparten un mayor número de escaños, como Andalucía o Cataluña, facilitan la entrada de nuevas fuerzas políticas y reducen la cantidad de votos que terminan sin representación. En Castilla-La Mancha ocurre lo contrario. La combinación de un Parlamento reducido y provincias que eligen únicamente cinco diputados, como Cuenca y Guadalajara, provoca que el sistema favorezca a los partidos más votados y dificulte la presencia de formaciones medianas.Garantizar el equilibrio territorialLa legislación electoral castellanomanchega busca asegurar la representación de todas las provincias. Para ello asigna inicialmente tres diputados a cada una y distribuye el resto según la población.Ese mecanismo evita que Toledo y Ciudad Real concentren un peso excesivo en las Cortes regionales, pero también genera diferencias entre el valor efectivo de los votos emitidos en unas provincias y otras.Cuantos menos escaños se reparten, mayor es la ventaja para las fuerzas más votadas y más difícil resulta transformar votos en representación parlamentaria. Cuantos más diputados hay en juego, más proporcional se vuelve el resultado.Cuantos menos escaños se reparten, mayor es la ventaja para las fuerzas más votadas y más difícil resulta transformar votos en representación parlamentariaLa reforma del Estatuto de Autonomía fija ahora un techo máximo de 55 parlamentarios frente a los 33 actuales. Aunque la ampliación no será automática y requerirá futuras reformas legales, el simple aumento del techo parlamentario puede modificar de forma importante el equilibrio electoral de Castilla-La Mancha . Con más diputados en juego bajaría la barrera efectiva para entrar en las Cortes, el reparto sería más proporcional y partidos medianos o minoritarios tendrían más posibilidades de obtener representación.En provincias que ahora eligen solo cinco diputados, añadir más escaños suavizaría el efecto del sistema D’Hondt y reduciría el peso del bipartidismo. También aumentaría la influencia de las provincias más pobladas, especialmente Toledo, Ciudad Real y Albacete, que previsiblemente absorberían buena parte de los nuevos parlamentarios debido a su crecimiento demográfico.El debate de fondo enfrenta dos modelos distintos. Los defensores del sistema actual sostienen que garantiza estabilidad institucional y protege a las provincias menos pobladas frente al peso demográfico de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Sus críticos consideran, sin embargo, que la ley electoral penaliza en exceso a las terceras fuerzas y provoca que miles de votos terminen sin representación parlamentaria.La futura ampliación de las Cortes regionales podría acercar Castilla-La Mancha a modelos más proporcionales presentes en otras comunidades autónomas. Porque, en política, el tamaño sí importa. Y en Castilla-La Mancha, el número de diputados puede cambiar el valor real de cada voto.La discusión volverá previsiblemente a intensificarse si finalmente prospera la reforma estatutaria. Porque el valor político de un voto no depende únicamente de cuántas papeletas reciba un partido, sino también de dónde se depositan. Y el número de diputados que se reparten por circunscripción puede alterar de forma decisiva ese equilibrio.
La posible ampliación de las Cortes de Castilla-La Mancha hasta un máximo de 55 diputados ha devuelto al primer plano una vieja discusión política: ¿vale lo mismo un voto en Toledo que en Cuenca? ¿Cuántos sufragios necesita realmente un partido para conseguir representación … parlamentaria?
La respuesta es sencilla, no todos los votos tienen el mismo efecto práctico. El diseño del sistema electoral autonómico provoca que el coste de obtener un escaño varíe considerablemente entre provincias y que las posibilidades de acceder a las Cortes sean muy diferentes para los partidos minoritarios según el territorio en el que concurran.
Los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 permiten comprobarlo con claridad. El PSOE fue la fuerza más votada con 490.288 sufragios, seguido del PP con 366.312 y Vox con 139.607 votos. Sin embargo, la traducción de esos apoyos en escaños no depende únicamente del volumen total de votos, sino también de la provincia donde se concentren y de la forma en que opera el sistema D’Hondt.
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Valle Sánchez
Aunque suele hablarse del «coste» de un escaño dividiendo los votos de un partido entre sus diputados obtenidos, la clave real del sistema se encuentra en otro punto, en concreto en el último escaño que se reparte en cada provincia. Ese diputado final suele ser el más disputado y el que determina mayorías absolutas, cambios de gobierno o la entrada de nuevas fuerzas políticas en el Parlamento regional.
En las elecciones autonómicas de 2023, el último escaño adjudicado en cada provincia se obtuvo con los siguientes cocientes. En Toledo con 33.458 votos, en la provincia de Ciudad Real supuso 31.327 votos, mientras que en la de Albacete fueron 24.726 votos. En cuanto a la provincia de Guadalajara el último escaño se adjudicó por 19.764 sufragios y en Cuenca por 17.844 papeletas.
La diferencia es significativa. El último diputado en Toledo exigió prácticamente el doble de respaldo electoral que el último parlamentario adjudicado en Cuenca.
La provincia donde el resultado fue más ajustado fue Ciudad Real. El séptimo y último diputado provincial correspondió al PSOE gracias a un cociente de 31.327 votos. El siguiente cociente en la clasificación pertenecía al PP y alcanzaba 30.958. La distancia entre ambos era de apenas 369 votos de cociente, lo que significa que alrededor de un millar de votos adicionales habría podido modificar el reparto provincial y alterar la composición de las Cortes regionales dando el Gobierno de Castilla-La Mancha a la derecha con un hipotético pacto de PP y Vox.
En otras provincias la diferencia fue más amplia. Cuenca, por ejemplo, presentó el reparto más consolidado y fue donde más difícil resultaba alterar el último escaño adjudicado.
Toledo
33.458
Precio del último diputado
En las elecciones autonómicas de 2023, el último escaño adjudicado en la provincia de Toledo fue con 33.458 votos y recayó en el PSOE.
Cuenca
17.844
Precio del último diputado
En la provincia de Cuenca el último diputado regional costó en las elecciones de mayo de 2023 un total de 17.844 sufragios, fue para el PSOE.
En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 33 diputados distribuidos entre cinco circunscripciones provinciales. Toledo elige nueve parlamentarios; Ciudad Real y Albacete, siete cada una; mientras Guadalajara y Cuenca reparten cinco.
El tamaño del Parlamento autonómico ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la política regional durante los últimos años. En 2014, el Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal como presidenta impulsó una reforma electoral que redujo el número de diputados de 49 a 33, convirtiendo a Castilla-La Mancha en una de las comunidades autónomas con menor representación parlamentaria de España en relación con su población.
Los defensores de aquella reforma argumentaban que permitía reducir costes y aumentar la eficiencia institucional. Sus detractores sostenían, por el contrario, que elevaba las barreras de entrada para las fuerzas minoritarias y reforzaba el bipartidismo.
Esa misma ley establece además una barrera mínima del 3 por ciento de los votos válidos para participar en el reparto de escaños. Sin embargo, el verdadero umbral suele ser mucho más elevado en las provincias pequeñas.
En una circunscripción de solo cinco diputados, como Cuenca o Guadalajara, una candidatura puede superar ampliamente el 10 por ciento de los votos y quedarse igualmente sin representación. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Vox en Cuenca en 2023, donde superó el 11 por ciento de apoyo electoral sin lograr ningún escaño.
Por el contrario, en provincias con más diputados en juego, como Toledo, el sistema ofrece más oportunidades a terceras fuerzas. Aunque el volumen absoluto de votos necesarios es mayor, el reparto resulta más proporcional y facilita la entrada de partidos distintos de PSOE y PP.
La ley autonómica establece una barrera mínima del 3 por ciento de los votos válidos para que un partido tenga opciones en el reparto de escaños
El caso más evidente de esta desproporción fue en las elecciones de 2023 el de Unidas Podemos. La formación reunió más de 45.000 votos en toda Castilla-La Mancha, sin embargo, no consiguió representación en ninguna de las cinco provincias.
La explicación reside en que el sistema electoral no tiene en cuenta el resultado autonómico global, sino los resultados obtenidos en cada circunscripción provincial. Al no alcanzar los umbrales efectivos necesarios en ninguna de ellas, todos esos votos quedaron sin traducción parlamentaria.
Los expertos en sistemas electorales suelen coincidir en que el tamaño de las circunscripciones es uno de los factores que más influyen en la proporcionalidad de una elección. Comunidades autónomas con parlamentos más amplios y provincias que reparten un mayor número de escaños, como Andalucía o Cataluña, facilitan la entrada de nuevas fuerzas políticas y reducen la cantidad de votos que terminan sin representación.
En Castilla-La Mancha ocurre lo contrario. La combinación de un Parlamento reducido y provincias que eligen únicamente cinco diputados, como Cuenca y Guadalajara, provoca que el sistema favorezca a los partidos más votados y dificulte la presencia de formaciones medianas.
Garantizar el equilibrio territorial
La legislación electoral castellanomanchega busca asegurar la representación de todas las provincias. Para ello asigna inicialmente tres diputados a cada una y distribuye el resto según la población.
Ese mecanismo evita que Toledo y Ciudad Real concentren un peso excesivo en las Cortes regionales, pero también genera diferencias entre el valor efectivo de los votos emitidos en unas provincias y otras.
Cuantos menos escaños se reparten, mayor es la ventaja para las fuerzas más votadas y más difícil resulta transformar votos en representación parlamentaria. Cuantos más diputados hay en juego, más proporcional se vuelve el resultado.
Cuantos menos escaños se reparten, mayor es la ventaja para las fuerzas más votadas y más difícil resulta transformar votos en representación parlamentaria
La reforma del Estatuto de Autonomía fija ahora un techo máximo de 55 parlamentarios frente a los 33 actuales. Aunque la ampliación no será automática y requerirá futuras reformas legales, el simple aumento del techo parlamentario puede modificar de forma importante el equilibrio electoral de Castilla-La Mancha. Con más diputados en juego bajaría la barrera efectiva para entrar en las Cortes, el reparto sería más proporcional y partidos medianos o minoritarios tendrían más posibilidades de obtener representación.
En provincias que ahora eligen solo cinco diputados, añadir más escaños suavizaría el efecto del sistema D’Hondt y reduciría el peso del bipartidismo. También aumentaría la influencia de las provincias más pobladas, especialmente Toledo, Ciudad Real y Albacete, que previsiblemente absorberían buena parte de los nuevos parlamentarios debido a su crecimiento demográfico.
El debate de fondo enfrenta dos modelos distintos. Los defensores del sistema actual sostienen que garantiza estabilidad institucional y protege a las provincias menos pobladas frente al peso demográfico de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Sus críticos consideran, sin embargo, que la ley electoral penaliza en exceso a las terceras fuerzas y provoca que miles de votos terminen sin representación parlamentaria.
La futura ampliación de las Cortes regionales podría acercar Castilla-La Mancha a modelos más proporcionales presentes en otras comunidades autónomas. Porque, en política, el tamaño sí importa. Y en Castilla-La Mancha, el número de diputados puede cambiar el valor real de cada voto.
La discusión volverá previsiblemente a intensificarse si finalmente prospera la reforma estatutaria. Porque el valor político de un voto no depende únicamente de cuántas papeletas reciba un partido, sino también de dónde se depositan. Y el número de diputados que se reparten por circunscripción puede alterar de forma decisiva ese equilibrio.
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