Nómadas, vagabundos y sin techo, excluidos de un espacio íntimo propio –el hogar–, utilizan la calle, no como un medio común disponible, sino como un recurso imprescindible de subsistencia. Carecer de una vivienda donde realizar las necesidades más básicas –comer, dormir, asearse–, implica que tales actividades personales deban desarrollarse en el único lugar del que se dispone, el espacio público. El reconocimiento de esta realidad social ha sido una crítica frecuente al urbanismo clásico, cuyas definiciones más tradicionales del espacio público se han limitado a visiones «paisajistas» y funcionales del territorio, olvidando que existen situaciones de necesidad que no pueden reducirse a un uso público «adecuado». Expresiones normativas de esta tensión entre el interés común de un uso cívico del espacio público y las necesidades propias de las personas «en situación de calle» son las denominadas «leyes anti-homeless» o las arquitecturas hostiles, que bajo la justificación de la «convivencia y civismo» acogen sanciones que prohíben que se lleven a cabo actividades como dormir en la calle o practicar la mendicidad.La nueva ley catalana que está tramitando el Parlament de Catalunya de «medidas transitorias y urgentes para afrontar el sinhogarismo» prohibirá que las ordenanzas municipales sancionen a los sin techo por practicar la mendicidad, salvo que se realice con violencia o intimidación, y no podrán los ayuntamientos tipificar como infracción administrativa que las personas en situación de sinhogarismo coman en la calle o hagan uso de las fuentes públicas para su higiene personal, ni tampoco se podrá prohibir que duerman en la vía pública, en tanto no existan espacios residenciales dignos y centros de baja exigencia. Esta ley catalana, pionera en Europa en el reconocimiento de derechos asistenciales, parte de una iniciativa del tercer sector de acción social, en alianza con el mundo académico y universitario, presentada en el año 2022 pero truncada por la disolución del Parlament debido al adelanto electoral en el año 2023.La cinco entidades que registraron el texto original, Fundació Arrels, Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya y Assís Centre d´Acollida, acompañadas del catedrático honorario Antoni Milian (UAB), volvieron a llevar al Parlament la misma propuesta en febrero de 2025, y ha recibido el apoyo del PSC, Junts, ERC, el PP, los Comuns y la CUP, si bien estos partidos políticos han presentado más de 500 enmiendas que ahora estudia la Comisión de Drets Socials i Inclusió, que deberá emitir un dictamen final antes de la votación en el pleno. Uno de los principales escollos son los derechos asistenciales de las personas extranjeras, pero es previsible que las cuestiones más problemáticas se dejen en manos del reglamento que posteriormente desarrolle la ley. La propuesta, en todo caso, cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, y a ello habría que añadir la oportuna visita del Papa León XIV, que hace del presente un momento histórico para dar luz verde a esta clase de iniciativas.David Miras Estévez Es abogado Experto en delitos de odio y discriminación Nómadas, vagabundos y sin techo, excluidos de un espacio íntimo propio –el hogar–, utilizan la calle, no como un medio común disponible, sino como un recurso imprescindible de subsistencia. Carecer de una vivienda donde realizar las necesidades más básicas –comer, dormir, asearse–, implica que tales actividades personales deban desarrollarse en el único lugar del que se dispone, el espacio público. El reconocimiento de esta realidad social ha sido una crítica frecuente al urbanismo clásico, cuyas definiciones más tradicionales del espacio público se han limitado a visiones «paisajistas» y funcionales del territorio, olvidando que existen situaciones de necesidad que no pueden reducirse a un uso público «adecuado». Expresiones normativas de esta tensión entre el interés común de un uso cívico del espacio público y las necesidades propias de las personas «en situación de calle» son las denominadas «leyes anti-homeless» o las arquitecturas hostiles, que bajo la justificación de la «convivencia y civismo» acogen sanciones que prohíben que se lleven a cabo actividades como dormir en la calle o practicar la mendicidad.La nueva ley catalana que está tramitando el Parlament de Catalunya de «medidas transitorias y urgentes para afrontar el sinhogarismo» prohibirá que las ordenanzas municipales sancionen a los sin techo por practicar la mendicidad, salvo que se realice con violencia o intimidación, y no podrán los ayuntamientos tipificar como infracción administrativa que las personas en situación de sinhogarismo coman en la calle o hagan uso de las fuentes públicas para su higiene personal, ni tampoco se podrá prohibir que duerman en la vía pública, en tanto no existan espacios residenciales dignos y centros de baja exigencia. Esta ley catalana, pionera en Europa en el reconocimiento de derechos asistenciales, parte de una iniciativa del tercer sector de acción social, en alianza con el mundo académico y universitario, presentada en el año 2022 pero truncada por la disolución del Parlament debido al adelanto electoral en el año 2023.La cinco entidades que registraron el texto original, Fundació Arrels, Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya y Assís Centre d´Acollida, acompañadas del catedrático honorario Antoni Milian (UAB), volvieron a llevar al Parlament la misma propuesta en febrero de 2025, y ha recibido el apoyo del PSC, Junts, ERC, el PP, los Comuns y la CUP, si bien estos partidos políticos han presentado más de 500 enmiendas que ahora estudia la Comisión de Drets Socials i Inclusió, que deberá emitir un dictamen final antes de la votación en el pleno. Uno de los principales escollos son los derechos asistenciales de las personas extranjeras, pero es previsible que las cuestiones más problemáticas se dejen en manos del reglamento que posteriormente desarrolle la ley. La propuesta, en todo caso, cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, y a ello habría que añadir la oportuna visita del Papa León XIV, que hace del presente un momento histórico para dar luz verde a esta clase de iniciativas.David Miras Estévez Es abogado Experto en delitos de odio y discriminación
Nómadas, vagabundos y sin techo, excluidos de un espacio íntimo propio –el hogar–, utilizan la calle, no como un medio común disponible, sino como un recurso imprescindible de subsistencia. Carecer de una vivienda donde realizar las necesidades más básicas –comer, dormir, asearse–, implica que tales … actividades personales deban desarrollarse en el único lugar del que se dispone, el espacio público. El reconocimiento de esta realidad social ha sido una crítica frecuente al urbanismo clásico, cuyas definiciones más tradicionales del espacio público se han limitado a visiones «paisajistas» y funcionales del territorio, olvidando que existen situaciones de necesidad que no pueden reducirse a un uso público «adecuado». Expresiones normativas de esta tensión entre el interés común de un uso cívico del espacio público y las necesidades propias de las personas «en situación de calle» son las denominadas «leyes anti-homeless» o las arquitecturas hostiles, que bajo la justificación de la «convivencia y civismo» acogen sanciones que prohíben que se lleven a cabo actividades como dormir en la calle o practicar la mendicidad.
La nueva ley catalana que está tramitando el Parlament de Catalunya de «medidas transitorias y urgentes para afrontar el sinhogarismo» prohibirá que las ordenanzas municipales sancionen a los sin techo por practicar la mendicidad, salvo que se realice con violencia o intimidación, y no podrán los ayuntamientos tipificar como infracción administrativa que las personas en situación de sinhogarismo coman en la calle o hagan uso de las fuentes públicas para su higiene personal, ni tampoco se podrá prohibir que duerman en la vía pública, en tanto no existan espacios residenciales dignos y centros de baja exigencia. Esta ley catalana, pionera en Europa en el reconocimiento de derechos asistenciales, parte de una iniciativa del tercer sector de acción social, en alianza con el mundo académico y universitario, presentada en el año 2022 pero truncada por la disolución del Parlament debido al adelanto electoral en el año 2023.
La cinco entidades que registraron el texto original, Fundació Arrels, Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya y Assís Centre d´Acollida, acompañadas del catedrático honorario Antoni Milian (UAB), volvieron a llevar al Parlament la misma propuesta en febrero de 2025, y ha recibido el apoyo del PSC, Junts, ERC, el PP, los Comuns y la CUP, si bien estos partidos políticos han presentado más de 500 enmiendas que ahora estudia la Comisión de Drets Socials i Inclusió, que deberá emitir un dictamen final antes de la votación en el pleno. Uno de los principales escollos son los derechos asistenciales de las personas extranjeras, pero es previsible que las cuestiones más problemáticas se dejen en manos del reglamento que posteriormente desarrolle la ley. La propuesta, en todo caso, cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, y a ello habría que añadir la oportuna visita del Papa León XIV, que hace del presente un momento histórico para dar luz verde a esta clase de iniciativas.
David Miras Estévez
Es abogado
Experto en delitos de odio y discriminación
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