El vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia , Alejandro Nolasco , ha anunciado este jueves que la comunidad pondrá «todas las trabas posibles» mediante la interposición de recursos administrativos y judiciales para oponerse a la llegada de nuevos menores inmigrantes no acompañados por el carácter «fraudulento» del reparto que lleva a cabo el Gobierno de España.Un «fraude» que Nolasco justifica por el incumplimiento de la Ley de Extranjería y de las convenciones internacionales sobre menores. «Se nos obliga a acoger a menas sin acreditarnos que son realmente menores de edad, porque muchos no lo son; se nos dice que están desamparados porque no tienen referentes familiares, pero sí que los tienen y se saben; y se incumple con la obligación legal de repatriarlos para devolverlos a sus familias», ha destacado Nolasco.Aragón, ha asegurado Nolasco, será «mucho más exhaustivo» con la comprobación de la edad real de los menores que entrega el Ministerio con muchas más pruebas y el estudio de cada expediente en busca de lo que ha definido como «incongruencias» a partir de la «duda visual» de la apariencia, la falta de coincidencia con la documentación que aporte y su posible falsificación. Así, ha dicho que el 70% de los expedientes analizados correspondían a jóvenes mayores de edad y que en algunos casos constaba como fecha genérica de nacimiento el 1 de enero: «Se está reconociendo la condición de mena a jóvenes en edad militar y mayores de edad», ha sostenido.Noticia relacionada general No No Aragón paraliza la llegada de cuatro menas mientras espera otros tres E. Montañés / EpEn la actualidad, Aragón acoge a 219 menores inmigrantes no acompañados, de los que 130 han llegado al amparo del decreto suscrito por las comunidades autónomas, 14 en los últimos diez días y 130 en los últimos ocho meses, según ha detallado Nolasco. Un reparto «obligatorio y bajo amenaza de prevaricación» que rechaza, pero ante el que ha asegurado que se atendrá a la legalidad:«En Vox no vamos a prevaricar, estamos decididos a emplear todas las herramientas jurídicas necesarias para impedir que estos menas vengan, para evitar el fraude, para impedir la inseguridad y, sobre todo, para acabar con el efecto llamada», ha asegurado el vicepresidente del Gobierno de Aragón durante la rueda de prensa en el Pignatelli.Por ello, ha anunciado una «ofensiva jurídica» contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España para denunciar lo que ha calificado como la «reiterada y masiva acción fraudulenta en materia de menas». La pondrá en marcha con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma «y, si fuera necesario, ha advertido, recurriendo a gabinetes jurídicos externos, porque la urgencia es máxima».Además, el Gobierno exigirá a la Fiscalía que practique a través del Instituto de Medicina Legal de Aragón -IMLA- u na prueba pericial forense que compruebe la edad real de todos aquellos menores en acogida que no tengan acreditada fehacientemente su edad. «Y todo mena que no sea menor, lo sacaremos del sistema y se lo dejaremos en la puerta de la Delegación al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez para que quede bajo su responsabilidad, como por otro lado marca la ley», ha asegurado.Acuerdos con los países de origenNolasco también ha puesto en cuestión el «desamparo» de los menores en acogida porque «sabemos que tienen referentes familiares en sus países de origen y la práctica totalidad de los menas declaran en los expedientes que obran en nuestro poder que tienen familia y que mantienen contacto con ellas».En ese sentido, ha establecido que, «con la máxima urgencia», con base en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería y la Convención de Derechos del Niño, se van a promover «acuerdos con los principales países de origen» de esos menores para reforzar sus redes de atención social y acogida «con compromisos firmes, verificables y efectivos por parte de las autoridades de esos países».El vicepresidente defiende que el «interés superior del menor» pasa sostener que «donde mejor están esos menores y donde deben estar es junto a sus familias, siendo educados en su cultura y no en un centro a miles de kilómetros de su hogar».Y ha avanzado que va a suspender todas aquellas subvenciones a la cooperación internacional y al desarrollo del Gobierno de Aragón «que no vayan dirigidas a facilitar la repatriación de menas».TransparenciaNolasco ha reiterado que va a dar cuenta públicamente, «con absoluta transparencia, de la gravísima situación que está provocando el Gobierno de Pedro Sánchez con su política de acogida de menas» . «Lo hago -ha destacado- porque la opinión pública debe saber la realidad y sus consecuencias».«No voy a ocultar la realidad, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer esa realidad y saber también que mi compromiso es trabajar y pelear con todas las herramientas legales para cambiarla, para dar seguridad y tranquilidad a los aragoneses».Al respecto, ha aludido a «la larga lista de delitos», sin ofrecer datos concretos, que tienen como protagonistas a «un elevado número de menas», entre agresiones a trabajadores sociales, robos en el exterior de los centros de acogida, amenazas dentro y fuera de esos centros.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Detenidos en Caspe por explotar a más de 50 temporeros y agredir sexualmente a 9 galeria Si Vox nombra a un juez como director general de Desregulación en AragónY ha mencionado la incautación «a un peligroso mena» de un arma blanca casera de grandes dimensiones y ha llegado a calificar algunas situaciones generadas por grupos de esos menores de «regímenes de terror y de extorsión», por lo que ha justificado la necesidad de reforzar la seguridad de los centros con vigilantes de seguridad las 24 horas los 365 días del año , una medida que ha asegurado concretará en los próximos días. El vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia , Alejandro Nolasco , ha anunciado este jueves que la comunidad pondrá «todas las trabas posibles» mediante la interposición de recursos administrativos y judiciales para oponerse a la llegada de nuevos menores inmigrantes no acompañados por el carácter «fraudulento» del reparto que lleva a cabo el Gobierno de España.Un «fraude» que Nolasco justifica por el incumplimiento de la Ley de Extranjería y de las convenciones internacionales sobre menores. «Se nos obliga a acoger a menas sin acreditarnos que son realmente menores de edad, porque muchos no lo son; se nos dice que están desamparados porque no tienen referentes familiares, pero sí que los tienen y se saben; y se incumple con la obligación legal de repatriarlos para devolverlos a sus familias», ha destacado Nolasco.Aragón, ha asegurado Nolasco, será «mucho más exhaustivo» con la comprobación de la edad real de los menores que entrega el Ministerio con muchas más pruebas y el estudio de cada expediente en busca de lo que ha definido como «incongruencias» a partir de la «duda visual» de la apariencia, la falta de coincidencia con la documentación que aporte y su posible falsificación. Así, ha dicho que el 70% de los expedientes analizados correspondían a jóvenes mayores de edad y que en algunos casos constaba como fecha genérica de nacimiento el 1 de enero: «Se está reconociendo la condición de mena a jóvenes en edad militar y mayores de edad», ha sostenido.Noticia relacionada general No No Aragón paraliza la llegada de cuatro menas mientras espera otros tres E. Montañés / EpEn la actualidad, Aragón acoge a 219 menores inmigrantes no acompañados, de los que 130 han llegado al amparo del decreto suscrito por las comunidades autónomas, 14 en los últimos diez días y 130 en los últimos ocho meses, según ha detallado Nolasco. Un reparto «obligatorio y bajo amenaza de prevaricación» que rechaza, pero ante el que ha asegurado que se atendrá a la legalidad:«En Vox no vamos a prevaricar, estamos decididos a emplear todas las herramientas jurídicas necesarias para impedir que estos menas vengan, para evitar el fraude, para impedir la inseguridad y, sobre todo, para acabar con el efecto llamada», ha asegurado el vicepresidente del Gobierno de Aragón durante la rueda de prensa en el Pignatelli.Por ello, ha anunciado una «ofensiva jurídica» contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España para denunciar lo que ha calificado como la «reiterada y masiva acción fraudulenta en materia de menas». La pondrá en marcha con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma «y, si fuera necesario, ha advertido, recurriendo a gabinetes jurídicos externos, porque la urgencia es máxima».Además, el Gobierno exigirá a la Fiscalía que practique a través del Instituto de Medicina Legal de Aragón -IMLA- u na prueba pericial forense que compruebe la edad real de todos aquellos menores en acogida que no tengan acreditada fehacientemente su edad. «Y todo mena que no sea menor, lo sacaremos del sistema y se lo dejaremos en la puerta de la Delegación al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez para que quede bajo su responsabilidad, como por otro lado marca la ley», ha asegurado.Acuerdos con los países de origenNolasco también ha puesto en cuestión el «desamparo» de los menores en acogida porque «sabemos que tienen referentes familiares en sus países de origen y la práctica totalidad de los menas declaran en los expedientes que obran en nuestro poder que tienen familia y que mantienen contacto con ellas».En ese sentido, ha establecido que, «con la máxima urgencia», con base en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería y la Convención de Derechos del Niño, se van a promover «acuerdos con los principales países de origen» de esos menores para reforzar sus redes de atención social y acogida «con compromisos firmes, verificables y efectivos por parte de las autoridades de esos países».El vicepresidente defiende que el «interés superior del menor» pasa sostener que «donde mejor están esos menores y donde deben estar es junto a sus familias, siendo educados en su cultura y no en un centro a miles de kilómetros de su hogar».Y ha avanzado que va a suspender todas aquellas subvenciones a la cooperación internacional y al desarrollo del Gobierno de Aragón «que no vayan dirigidas a facilitar la repatriación de menas».TransparenciaNolasco ha reiterado que va a dar cuenta públicamente, «con absoluta transparencia, de la gravísima situación que está provocando el Gobierno de Pedro Sánchez con su política de acogida de menas» . «Lo hago -ha destacado- porque la opinión pública debe saber la realidad y sus consecuencias».«No voy a ocultar la realidad, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer esa realidad y saber también que mi compromiso es trabajar y pelear con todas las herramientas legales para cambiarla, para dar seguridad y tranquilidad a los aragoneses».Al respecto, ha aludido a «la larga lista de delitos», sin ofrecer datos concretos, que tienen como protagonistas a «un elevado número de menas», entre agresiones a trabajadores sociales, robos en el exterior de los centros de acogida, amenazas dentro y fuera de esos centros.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Detenidos en Caspe por explotar a más de 50 temporeros y agredir sexualmente a 9 galeria Si Vox nombra a un juez como director general de Desregulación en AragónY ha mencionado la incautación «a un peligroso mena» de un arma blanca casera de grandes dimensiones y ha llegado a calificar algunas situaciones generadas por grupos de esos menores de «regímenes de terror y de extorsión», por lo que ha justificado la necesidad de reforzar la seguridad de los centros con vigilantes de seguridad las 24 horas los 365 días del año , una medida que ha asegurado concretará en los próximos días.
El vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este jueves que la comunidad pondrá «todas las trabas posibles» mediante la interposición de recursos administrativos y judiciales para oponerse a la llegada de nuevos menores inmigrantes … no acompañados por el carácter «fraudulento» del reparto que lleva a cabo el Gobierno de España.
Un «fraude» que Nolasco justifica por el incumplimiento de la Ley de Extranjería y de las convenciones internacionales sobre menores. «Se nos obliga a acoger a menas sin acreditarnos que son realmente menores de edad, porque muchos no lo son; se nos dice que están desamparados porque no tienen referentes familiares, pero sí que los tienen y se saben; y se incumple con la obligación legal de repatriarlos para devolverlos a sus familias», ha destacado Nolasco.
Aragón, ha asegurado Nolasco, será «mucho más exhaustivo» con la comprobación de la edad real de los menores que entrega el Ministerio con muchas más pruebas y el estudio de cada expediente en busca de lo que ha definido como «incongruencias» a partir de la «duda visual» de la apariencia, la falta de coincidencia con la documentación que aporte y su posible falsificación. Así, ha dicho que el 70% de los expedientes analizados correspondían a jóvenes mayores de edad y que en algunos casos constaba como fecha genérica de nacimiento el 1 de enero: «Se está reconociendo la condición de mena a jóvenes en edad militar y mayores de edad», ha sostenido.
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En la actualidad, Aragón acoge a 219 menores inmigrantes no acompañados, de los que 130 han llegado al amparo del decreto suscrito por las comunidades autónomas, 14 en los últimos diez días y 130 en los últimos ocho meses, según ha detallado Nolasco. Un reparto «obligatorio y bajo amenaza de prevaricación» que rechaza, pero ante el que ha asegurado que se atendrá a la legalidad:
«En Vox no vamos a prevaricar, estamos decididos a emplear todas las herramientas jurídicas necesarias para impedir que estos menas vengan, para evitar el fraude, para impedir la inseguridad y, sobre todo, para acabar con el efecto llamada», ha asegurado el vicepresidente del Gobierno de Aragón durante la rueda de prensa en el Pignatelli.
Por ello, ha anunciado una «ofensiva jurídica» contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España para denunciar lo que ha calificado como la «reiterada y masiva acción fraudulenta en materia de menas». La pondrá en marcha con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma «y, si fuera necesario, ha advertido, recurriendo a gabinetes jurídicos externos, porque la urgencia es máxima».
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Además, el Gobierno exigirá a la Fiscalía que practique a través del Instituto de Medicina Legal de Aragón -IMLA- una prueba pericial forense que compruebe la edad real de todos aquellos menores en acogida que no tengan acreditada fehacientemente su edad. «Y todo mena que no sea menor, lo sacaremos del sistema y se lo dejaremos en la puerta de la Delegación al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez para que quede bajo su responsabilidad, como por otro lado marca la ley», ha asegurado.
Acuerdos con los países de origen
Nolasco también ha puesto en cuestión el «desamparo» de los menores en acogida porque «sabemos que tienen referentes familiares en sus países de origen y la práctica totalidad de los menas declaran en los expedientes que obran en nuestro poder que tienen familia y que mantienen contacto con ellas».
En ese sentido, ha establecido que, «con la máxima urgencia», con base en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería y la Convención de Derechos del Niño, se van a promover «acuerdos con los principales países de origen» de esos menores para reforzar sus redes de atención social y acogida «con compromisos firmes, verificables y efectivos por parte de las autoridades de esos países».
El vicepresidente defiende que el «interés superior del menor» pasa sostener que «donde mejor están esos menores y donde deben estar es junto a sus familias, siendo educados en su cultura y no en un centro a miles de kilómetros de su hogar».
Y ha avanzado que va a suspender todas aquellas subvenciones a la cooperación internacional y al desarrollo del Gobierno de Aragón «que no vayan dirigidas a facilitar la repatriación de menas».
Transparencia
Nolasco ha reiterado que va a dar cuenta públicamente, «con absoluta transparencia, de la gravísima situación que está provocando el Gobierno de Pedro Sánchez con su política de acogida de menas». «Lo hago -ha destacado- porque la opinión pública debe saber la realidad y sus consecuencias».
«No voy a ocultar la realidad, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer esa realidad y saber también que mi compromiso es trabajar y pelear con todas las herramientas legales para cambiarla, para dar seguridad y tranquilidad a los aragoneses».
Al respecto, ha aludido a «la larga lista de delitos», sin ofrecer datos concretos, que tienen como protagonistas a «un elevado número de menas», entre agresiones a trabajadores sociales, robos en el exterior de los centros de acogida, amenazas dentro y fuera de esos centros.
Y ha mencionado la incautación «a un peligroso mena» de un arma blanca casera de grandes dimensiones y ha llegado a calificar algunas situaciones generadas por grupos de esos menores de «regímenes de terror y de extorsión», por lo que ha justificado la necesidad de reforzar la seguridad de los centros con vigilantes de seguridad las 24 horas los 365 días del año, una medida que ha asegurado concretará en los próximos días.
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