La Generalitat de Cataluña cerró 2024 con 1.199 viviendas del parque público propio de la Agencia de la Vivienda (AHC, por sus siglas en catalán) okupadas, seis más que un año antes, cuando eran 1.193. El dato -que no incluye los de la Sareb- aumenta en términos absolutos, aunque baja en términos relativos porque el parque administrado por la AHC pasó de 22.341 pisos en 2023 a 23.417 en 2024, según los datos oficiales.Las viviendas afectadas representaban el 5,12% del total a 31 de diciembre de 2024, frente al 5,34% del año anterior. Así consta en una respuesta parlamentaria, a una pregunta de Junts consultada por ABC, firmada por la la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en la que se detallan por comarcas, siendo el Barcelonés, con 363; el Vallés Occidental, con 204; y el Bajo Llobregat, con 98, las más afectadas.El dato confirma que Cataluña es líder en el fenómeno de la okupación en España. Según los últimos datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, Cataluña registró 5.913 denuncias por allanamientos y usurpaciones de vivienda en 2025, casi el 40% del total nacional, pese a que descendieron respecto a las 7.009 de 2024.Noticia relacionada No No El Ayuntamiento de Barcelona permite 29 inmuebles municipales okupados Daniel TerceroLa respuesta parlamentaria de Paneque añade otro elemento relevante. El Govern de Salvador Illa reconoce implícitamente que no tiene mecanismos para poner freno a esta situación ilegal, o no quiere aplicarlos, ya que señala que la AHC trabaja con los ayuntamientos mediante protocolos de colaboración y que son estos los que valoran la vulnerabilidad y las distintas situaciones de los hogares afectados.Es decir, la Generalitat contabiliza el problema en su parque público de la vivienda, pero deriva a la administración local una parte esencial del diagnóstico social previo a cualquier actuación. Una situación que, por un lado retrasa las resoluciones y, por otro, se diluye la responsabilidad institucional pública.La concentración territorial de los pisos públicos okupados reproduce, además, el mapa de la presión inmobiliaria en el área metropolitana de Barcelona, zona metropolitana que trata de absorber la gran demanda y que sufre la contracción de la oferta, entre otros motivos, por la intervención en el mercado de la Generalitat.Solo en el Barcelonés hay 363 viviendas del parque de la AHC okupadas, 17 más que en 2023Solo la comarca del Barcelonés acumula 363 viviendas del parque de la AHC en esta situación, 17 más que en 2023. Y los datos de las comarcas de alrededor de la capital catalana lo confirman, si bien las que rodean a Gerona y Tarragona también sufren esta situación. A las citadas Vallés Occidental y Bajo Llobregat hay que sumar el Maresme, con 73 pisos okupados; el Gironés, con 66; el Vallés Oriental, con 65; y el Tarragonés, con 61.El problema, sin embargo, no se limita al parque autonómico. El Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ha ido publicando este diario, tenía a comienzos de 2025 29 inmuebles municipales okupados, siete más que el año anterior. El consistorio de Jaume Collboni aseguró entonces que en todos los casos estaban en marcha los trámites iniciales para la recuperación posesoria, aunque no facilitó la ubicación de las fincas alegando protección de datos.Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la okupación agrupa realidades distintas: desde situaciones de vulnerabilidad habitacional hasta usos sin título habilitante que obligan a activar procedimientos de recuperación posesoria. El propio Govern evita detallar en la respuesta parlamentaria qué parte de esos 1.199 casos responde a cada supuesto, y se limita a subrayar el papel de los ayuntamientos en la valoración social. La Generalitat de Cataluña cerró 2024 con 1.199 viviendas del parque público propio de la Agencia de la Vivienda (AHC, por sus siglas en catalán) okupadas, seis más que un año antes, cuando eran 1.193. El dato -que no incluye los de la Sareb- aumenta en términos absolutos, aunque baja en términos relativos porque el parque administrado por la AHC pasó de 22.341 pisos en 2023 a 23.417 en 2024, según los datos oficiales.Las viviendas afectadas representaban el 5,12% del total a 31 de diciembre de 2024, frente al 5,34% del año anterior. Así consta en una respuesta parlamentaria, a una pregunta de Junts consultada por ABC, firmada por la la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en la que se detallan por comarcas, siendo el Barcelonés, con 363; el Vallés Occidental, con 204; y el Bajo Llobregat, con 98, las más afectadas.El dato confirma que Cataluña es líder en el fenómeno de la okupación en España. Según los últimos datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, Cataluña registró 5.913 denuncias por allanamientos y usurpaciones de vivienda en 2025, casi el 40% del total nacional, pese a que descendieron respecto a las 7.009 de 2024.Noticia relacionada No No El Ayuntamiento de Barcelona permite 29 inmuebles municipales okupados Daniel TerceroLa respuesta parlamentaria de Paneque añade otro elemento relevante. El Govern de Salvador Illa reconoce implícitamente que no tiene mecanismos para poner freno a esta situación ilegal, o no quiere aplicarlos, ya que señala que la AHC trabaja con los ayuntamientos mediante protocolos de colaboración y que son estos los que valoran la vulnerabilidad y las distintas situaciones de los hogares afectados.Es decir, la Generalitat contabiliza el problema en su parque público de la vivienda, pero deriva a la administración local una parte esencial del diagnóstico social previo a cualquier actuación. Una situación que, por un lado retrasa las resoluciones y, por otro, se diluye la responsabilidad institucional pública.La concentración territorial de los pisos públicos okupados reproduce, además, el mapa de la presión inmobiliaria en el área metropolitana de Barcelona, zona metropolitana que trata de absorber la gran demanda y que sufre la contracción de la oferta, entre otros motivos, por la intervención en el mercado de la Generalitat.Solo en el Barcelonés hay 363 viviendas del parque de la AHC okupadas, 17 más que en 2023Solo la comarca del Barcelonés acumula 363 viviendas del parque de la AHC en esta situación, 17 más que en 2023. Y los datos de las comarcas de alrededor de la capital catalana lo confirman, si bien las que rodean a Gerona y Tarragona también sufren esta situación. A las citadas Vallés Occidental y Bajo Llobregat hay que sumar el Maresme, con 73 pisos okupados; el Gironés, con 66; el Vallés Oriental, con 65; y el Tarragonés, con 61.El problema, sin embargo, no se limita al parque autonómico. El Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ha ido publicando este diario, tenía a comienzos de 2025 29 inmuebles municipales okupados, siete más que el año anterior. El consistorio de Jaume Collboni aseguró entonces que en todos los casos estaban en marcha los trámites iniciales para la recuperación posesoria, aunque no facilitó la ubicación de las fincas alegando protección de datos.Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la okupación agrupa realidades distintas: desde situaciones de vulnerabilidad habitacional hasta usos sin título habilitante que obligan a activar procedimientos de recuperación posesoria. El propio Govern evita detallar en la respuesta parlamentaria qué parte de esos 1.199 casos responde a cada supuesto, y se limita a subrayar el papel de los ayuntamientos en la valoración social.
La Generalitat de Cataluña cerró 2024 con 1.199 viviendas del parque público propio de la Agencia de la Vivienda (AHC, por sus siglas en catalán) okupadas, seis más que un año antes, cuando eran 1.193. El dato -que no incluye los de … la Sareb- aumenta en términos absolutos, aunque baja en términos relativos porque el parque administrado por la AHC pasó de 22.341 pisos en 2023 a 23.417 en 2024, según los datos oficiales.
Las viviendas afectadas representaban el 5,12% del total a 31 de diciembre de 2024, frente al 5,34% del año anterior. Así consta en una respuesta parlamentaria, a una pregunta de Junts consultada por ABC, firmada por la la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en la que se detallan por comarcas, siendo el Barcelonés, con 363; el Vallés Occidental, con 204; y el Bajo Llobregat, con 98, las más afectadas.
El dato confirma que Cataluña es líder en el fenómeno de la okupación en España. Según los últimos datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, Cataluña registró 5.913 denuncias por allanamientos y usurpaciones de vivienda en 2025, casi el 40% del total nacional, pese a que descendieron respecto a las 7.009 de 2024.
La respuesta parlamentaria de Paneque añade otro elemento relevante. El Govern de Salvador Illa reconoce implícitamente que no tiene mecanismos para poner freno a esta situación ilegal, o no quiere aplicarlos, ya que señala que la AHC trabaja con los ayuntamientos mediante protocolos de colaboración y que son estos los que valoran la vulnerabilidad y las distintas situaciones de los hogares afectados.
Es decir, la Generalitat contabiliza el problema en su parque público de la vivienda, pero deriva a la administración local una parte esencial del diagnóstico social previo a cualquier actuación. Una situación que, por un lado retrasa las resoluciones y, por otro, se diluye la responsabilidad institucional pública.
La concentración territorial de los pisos públicos okupados reproduce, además, el mapa de la presión inmobiliaria en el área metropolitana de Barcelona, zona metropolitana que trata de absorber la gran demanda y que sufre la contracción de la oferta, entre otros motivos, por la intervención en el mercado de la Generalitat.
Solo en el Barcelonés hay 363 viviendas del parque de la AHC okupadas, 17 más que en 2023
Solo la comarca del Barcelonés acumula 363 viviendas del parque de la AHC en esta situación, 17 más que en 2023. Y los datos de las comarcas de alrededor de la capital catalana lo confirman, si bien las que rodean a Gerona y Tarragona también sufren esta situación. A las citadas Vallés Occidental y Bajo Llobregat hay que sumar el Maresme, con 73 pisos okupados; el Gironés, con 66; el Vallés Oriental, con 65; y el Tarragonés, con 61.
El problema, sin embargo, no se limita al parque autonómico. El Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ha ido publicando este diario, tenía a comienzos de 2025 29 inmuebles municipales okupados, siete más que el año anterior. El consistorio de Jaume Collboni aseguró entonces que en todos los casos estaban en marcha los trámites iniciales para la recuperación posesoria, aunque no facilitó la ubicación de las fincas alegando protección de datos.
Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la okupación agrupa realidades distintas: desde situaciones de vulnerabilidad habitacional hasta usos sin título habilitante que obligan a activar procedimientos de recuperación posesoria. El propio Govern evita detallar en la respuesta parlamentaria qué parte de esos 1.199 casos responde a cada supuesto, y se limita a subrayar el papel de los ayuntamientos en la valoración social.
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