La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñes de Sada. Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y distintos elementos decorativos, que no han sido reclamadas por el Estado y tras un proceso judicial para dirimir qué bienes eran propiedad de los herederos del dictador y cuáles de titularidad estatal.Este traslado se produce, además, después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca tras dejar de ser propiedad de los Franco. Toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado una vez que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era estatal y no de la familia del dictador.Esta decisión también deriva de la confirmación del Tribunal Supremo de que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló — por unanimidad — que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad.La comisiónPor su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha tildado esta iniciativa de «expolio» por parte de la familia Franco y de haberlo hecho con la «complicidad» del Estado y la «total pasividad» de la Xunta.En un comunicado, la asociación ha criticado la «pésima gestión» del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, haciendo que los Franco «saqueen» todo tipo de piezas «que van mucho más allá de elementos de carácter personal o bienes que tienen una vinculación con el Pazo posterior a la muerte del dictador Franco, dentro del listado de más de 400 elementos que no fueron demandados por el Estado».En concreto, la CRMH insiste en que los Franco están sacando de Meirás bienes ligados con la etapa del dictador «como resultado de un proceso en el que estos bienes no fueron defendidos apropiadamente por el Estado».«El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta», han lamentado.Por todo ello, pide al Ministerio de Memoria Democrática que dé las explicaciones «oportunas» y que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden.También se pregunta si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control, supervisión y previa autorización de estos trabajos que supusieron incluso la instalación de andamios para el desmontaje de elementos. La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñes de Sada. Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y distintos elementos decorativos, que no han sido reclamadas por el Estado y tras un proceso judicial para dirimir qué bienes eran propiedad de los herederos del dictador y cuáles de titularidad estatal.Este traslado se produce, además, después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca tras dejar de ser propiedad de los Franco. Toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado una vez que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era estatal y no de la familia del dictador.Esta decisión también deriva de la confirmación del Tribunal Supremo de que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló — por unanimidad — que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad.La comisiónPor su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha tildado esta iniciativa de «expolio» por parte de la familia Franco y de haberlo hecho con la «complicidad» del Estado y la «total pasividad» de la Xunta.En un comunicado, la asociación ha criticado la «pésima gestión» del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, haciendo que los Franco «saqueen» todo tipo de piezas «que van mucho más allá de elementos de carácter personal o bienes que tienen una vinculación con el Pazo posterior a la muerte del dictador Franco, dentro del listado de más de 400 elementos que no fueron demandados por el Estado».En concreto, la CRMH insiste en que los Franco están sacando de Meirás bienes ligados con la etapa del dictador «como resultado de un proceso en el que estos bienes no fueron defendidos apropiadamente por el Estado».«El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta», han lamentado.Por todo ello, pide al Ministerio de Memoria Democrática que dé las explicaciones «oportunas» y que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden.También se pregunta si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control, supervisión y previa autorización de estos trabajos que supusieron incluso la instalación de andamios para el desmontaje de elementos.
La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñes de Sada. Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y distintos elementos decorativos, que no han sido reclamadas por el Estado y tras un … proceso judicial para dirimir qué bienes eran propiedad de los herederos del dictador y cuáles de titularidad estatal.
Este traslado se produce, además, después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca tras dejar de ser propiedad de los Franco. Toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado una vez que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era estatal y no de la familia del dictador.
Esta decisión también deriva de la confirmación del Tribunal Supremo de que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló — por unanimidad — que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad.
La comisión
Por su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha tildado esta iniciativa de «expolio» por parte de la familia Franco y de haberlo hecho con la «complicidad» del Estado y la «total pasividad» de la Xunta.
En un comunicado, la asociación ha criticado la «pésima gestión» del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, haciendo que los Franco «saqueen» todo tipo de piezas «que van mucho más allá de elementos de carácter personal o bienes que tienen una vinculación con el Pazo posterior a la muerte del dictador Franco, dentro del listado de más de 400 elementos que no fueron demandados por el Estado».
En concreto, la CRMH insiste en que los Franco están sacando de Meirás bienes ligados con la etapa del dictador «como resultado de un proceso en el que estos bienes no fueron defendidos apropiadamente por el Estado».
«El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta», han lamentado.
Por todo ello, pide al Ministerio de Memoria Democrática que dé las explicaciones «oportunas» y que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden.
También se pregunta si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control, supervisión y previa autorización de estos trabajos que supusieron incluso la instalación de andamios para el desmontaje de elementos.
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