Illa y Collboni compran un bloque okupado en Barcelona para evitar el desahucio

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña acordaron, este miércoles, comprar el edificio situado en la calle Llenguadoc, 74 (en el distrito de San Andrés) e impedir, así, el desahucio de los vecinos, que estaban okupando el bloque, no tenían título de alquiler ni informes de vulnerabilidad. El caso de Casa Orsola (2025), que costó 9,2 millones de euros al consistorio, creó un precedente. Ahora, además, la actuación municipal y autonómica se aplica a un bloque okupado. Ninguna de las dos administraciones ha hecho público el coste de la compra.A última hora de la tarde, ayer, se suspendió el desahucio ordenado por la Justicia, tras llegar a un acuerdo el Ayuntamiento y la Generalitat con la familia propietaria del edificio. La compra correrá a cargo del Fondo de Emergencia Habitacional, cuya creación se anunció por parte del Gobierno de Salvador Illa hace apenas un par de días y cuyo objetivo declarado es financiar «la adquisición de propiedades para su incorporación al parque de viviendas públicas de Cataluña», que se utilizará «para satisfacer las necesidades residenciales de personas vulnerables y unidades de convivencia que se vean afectadas por procedimientos que puedan llevar a desahucio». Una vez se hizo público el acuerdo las 300 personas que se concentraron desde primera hora de la mañana a las puertas del bloque para evitar su desahucio lo celebraron y los Mossos d’Esquadra retiraron el operativo policial.En el edificio viven 32 personas. El procedimiento de los tres lanzamientos se inició en 2019, cuando las viviendas fueron okupadas por personas sin títulos de alquiler (ni propiedad). En 2021 se llevó a cabo un primer desahucio, pero poco después fueron otra vez okupadas ilegalmente. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ninguno de los okupantes tiene informes de vulnerabilidad y la empresa, que ahora vende la propiedad, llevaba tiempo tratando de negociar con los okupas una posible solución beneficiosa para los dos partes.Ante la falta de acuerdo y la obligación de aplicar el lanzamiento, todo apunta a que, en plena precampaña electoral y con la política de la vivienda como estandarte de la izquierda, Illa y Collboni han optado por ceder a la presión de las entidades que han promovido parar el desahucio y comprar el bloque, a pesar de que es un edificio okupado, no de vecinos que o han dejado de pagar el alquiler o, teniéndolo, no se les quiere renovar el contrato. El teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, tras el acuerdo de compra-venta, felicitó a «los movimientos sociales».La compra-venta (cuyo precio no se ha hecho público) se tramitará a través del Fondo de Emergencia Habitacional, creado recientemente por la GeneralitatLídia Guillén, secretaria de Vivienda de la Generalitat, señaló que gracias al nuevo fondo de la Generalitat la «gente que tenía un piso puede seguir viviendo en él» y celebró que «las personas afectadas [en este caso] podrán seguir en su casa». «El derecho a la vivienda en crucial en Cataluña, no es solo el derecho de quien puede perder su casa, sino también el de la madre que no llega a fin de mes y no puede pagar el alquiler, o el del joven que no tiene acceso a una vivienda», añadió.Por su parte, Marta Espriu, portavoz de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, mostró su satisfacción por frenar la actuación judicial y criticó al PSC, como partido de gobierno de la ciudad y la comunidad, por «ponerse la medalla». Y dijo: «Si no hubiera sido por la organización de las vecinas, este desahucio no se habría frenado. Les interesaba muy poco [al ayuntamiento y la Generalitat] que su policía ejecutara el desahucio con violencia».Daniel Sirera, líder del PP de Barcelona, por otro lado, criticó la decisión adoptada por el ayuntamiento y cargó contra el alcalde y el presidente autonómico. «Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas y solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos», señaló, haciendo así una mención implícita al caso de la Casa Orsola, que supuso un desembolso por parte del consistorio de más de nueve millones de euros. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña acordaron, este miércoles, comprar el edificio situado en la calle Llenguadoc, 74 (en el distrito de San Andrés) e impedir, así, el desahucio de los vecinos, que estaban okupando el bloque, no tenían título de alquiler ni informes de vulnerabilidad. El caso de Casa Orsola (2025), que costó 9,2 millones de euros al consistorio, creó un precedente. Ahora, además, la actuación municipal y autonómica se aplica a un bloque okupado. Ninguna de las dos administraciones ha hecho público el coste de la compra.A última hora de la tarde, ayer, se suspendió el desahucio ordenado por la Justicia, tras llegar a un acuerdo el Ayuntamiento y la Generalitat con la familia propietaria del edificio. La compra correrá a cargo del Fondo de Emergencia Habitacional, cuya creación se anunció por parte del Gobierno de Salvador Illa hace apenas un par de días y cuyo objetivo declarado es financiar «la adquisición de propiedades para su incorporación al parque de viviendas públicas de Cataluña», que se utilizará «para satisfacer las necesidades residenciales de personas vulnerables y unidades de convivencia que se vean afectadas por procedimientos que puedan llevar a desahucio». Una vez se hizo público el acuerdo las 300 personas que se concentraron desde primera hora de la mañana a las puertas del bloque para evitar su desahucio lo celebraron y los Mossos d’Esquadra retiraron el operativo policial.En el edificio viven 32 personas. El procedimiento de los tres lanzamientos se inició en 2019, cuando las viviendas fueron okupadas por personas sin títulos de alquiler (ni propiedad). En 2021 se llevó a cabo un primer desahucio, pero poco después fueron otra vez okupadas ilegalmente. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ninguno de los okupantes tiene informes de vulnerabilidad y la empresa, que ahora vende la propiedad, llevaba tiempo tratando de negociar con los okupas una posible solución beneficiosa para los dos partes.Ante la falta de acuerdo y la obligación de aplicar el lanzamiento, todo apunta a que, en plena precampaña electoral y con la política de la vivienda como estandarte de la izquierda, Illa y Collboni han optado por ceder a la presión de las entidades que han promovido parar el desahucio y comprar el bloque, a pesar de que es un edificio okupado, no de vecinos que o han dejado de pagar el alquiler o, teniéndolo, no se les quiere renovar el contrato. El teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, tras el acuerdo de compra-venta, felicitó a «los movimientos sociales».La compra-venta (cuyo precio no se ha hecho público) se tramitará a través del Fondo de Emergencia Habitacional, creado recientemente por la GeneralitatLídia Guillén, secretaria de Vivienda de la Generalitat, señaló que gracias al nuevo fondo de la Generalitat la «gente que tenía un piso puede seguir viviendo en él» y celebró que «las personas afectadas [en este caso] podrán seguir en su casa». «El derecho a la vivienda en crucial en Cataluña, no es solo el derecho de quien puede perder su casa, sino también el de la madre que no llega a fin de mes y no puede pagar el alquiler, o el del joven que no tiene acceso a una vivienda», añadió.Por su parte, Marta Espriu, portavoz de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, mostró su satisfacción por frenar la actuación judicial y criticó al PSC, como partido de gobierno de la ciudad y la comunidad, por «ponerse la medalla». Y dijo: «Si no hubiera sido por la organización de las vecinas, este desahucio no se habría frenado. Les interesaba muy poco [al ayuntamiento y la Generalitat] que su policía ejecutara el desahucio con violencia».Daniel Sirera, líder del PP de Barcelona, por otro lado, criticó la decisión adoptada por el ayuntamiento y cargó contra el alcalde y el presidente autonómico. «Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas y solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos», señaló, haciendo así una mención implícita al caso de la Casa Orsola, que supuso un desembolso por parte del consistorio de más de nueve millones de euros.  

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña acordaron, este miércoles, comprar el edificio situado en la calle Llenguadoc, 74 (en el distrito de San Andrés) e impedir, así, el desahucio de los vecinos, que estaban okupando el bloque, no tenían título de alquiler … ni informes de vulnerabilidad. El caso de Casa Orsola (2025), que costó 9,2 millones de euros al consistorio, creó un precedente. Ahora, además, la actuación municipal y autonómica se aplica a un bloque okupado. Ninguna de las dos administraciones ha hecho público el coste de la compra.

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