El Ministerio de Sanidad y cuatro altos y ex altos cargos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), entre ellos el exdirector, Rafael Matesanz y la actual directora, Beatriz Domínguez-Gil , se enfrentan en el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la vigilancia de subvenciones concedidas por el propio ministerio hace once años por valor de 180.000 euros. No se juzga apropiación indebida de fondos, sino el no haber reclamado a los beneficiarios finales de las ayudas la subsanación de deficiencias en la justificación de algunos gastos, según ha podido saber ABC.Sanidad actúa contra la institución de mayor prestigio de su departamento, de perfil técnico y, casi siempre, ajena a los cambios políticos de las administraciones.El departamento de Mónica García confirma que existe un proceso abierto en el que forma parte «como perjudicado», aunque quiere dejar claro que «no es contra la ONT, sino contra personas concretas que ostentaban cargos en un momento concreto». Y que «en ningún caso los hechos investigados suponen ningún tipo de lucro por parte de las personas implicadas», explica un portavoz en una respuesta por escrito a este periódico.El origen de este proceso se remonta a febrero de 2018 cuando un control aleatorio de la Intervención General del Estado detectó deficiencias en la justificación de algunas de las ayudas concedidas en 2015 para realizar cursos de actualización en materia de donación y trasplante. Estas subvenciones se otorgan anualmente para la formación continuada de todos los profesionales sanitarios que pueden verse implicados en el proceso, desde los equipos de urgencia a las UCI o los coordinadores de trasplante de los hospitales. Es la fórmula que funciona desde hace cuatro décadas para que el sistema de trasplantes español, reconocido en todo el mundo, se mantenga perfectamente entrenado.Las supuestas irregularidades se comunicaron tanto a la secretaría general de la ONT como al Ministerio de Sanidad. Y, a su vez, la Organización de Trasplantes informó al ministerio de que no era competente para incoar los procedimientos de reintegro porque no era quien había concedido las ayudas. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes argumenta que la normativa que regía entonces dejaba claro que la Secretaría General del Ministerio de Sanidad era la única competente para resolver dichos expedientes y que los fondos pasaban directamente de esta institución a los beneficiarios. Los expedientes de reintegro de 2015 no se tramitaron y la bola de nieve empezó a crecer hasta llegar al Tribunal de Cuentas sin que nadie lo parara Lo cierto es que, tras varias comunicaciones entre las dos instituciones, los expedientes de reintegro no se tramitaron y se agotó el plazo para poder iniciarlos. Ese plazo era junio de 2020 y el mundo solo se preocupaba entonces por la pandemia del covid . Ahí comenzó a rodar una bola de nieve, que afecta a varios equipos de Sanidad, con gobiernos del PP y del PSOE, y no ha dejado de crecer once años después hasta llegar ahora al Tribunal de Cuentas. «Sin que yo tuviera conocimiento de esta situación hasta 2023», se defiende la actual directora de la ONT en conversación telefónica con ABC.Un DJ y una visita turística a la Sagrada Familia Los cursos de 2015 se habían realizado, pero la Intervención detectó errores en la justificación del gasto por parte de determinados beneficiarios a los que se habían concedido las ayudas. Por ejemplo, que la suma total de los justificantes no alcanzaba el importe comprometido en la solicitud, sino únicamente el importe de la ayuda concedida. El informe de la Intervención también señala que el órgano gestor no revisa adecuadamente que los justificantes sean originales o que todas las cuentas justificativas presentan algún tipo de deficiencia o incumplimiento en relación con los justificantes aportados. Pero también hay reparos a acciones realizadas durante los cursos que no estaban relacionadas con ninguna actividad científica. Destacan una visita turística guiada a la Sagrada Familia de Barcelona durante un curso organizado por la Fundación Puigvert o la contratación de un DJ, pago de taxis y obsequios para ponentes durante una cena de la reunión de coordinadores de trasplantes celebrada en La Coruña. Todos estos conceptos no son subvencionables, admite la ONT que ha proporcionado al tribunal documentación donde se justifica que esas actividades, ajenas a la actividad puramente científica, no se pagaron con el dinero de la subvención, sino con otras partidas privadas de otras instituciones que aportan fondos para la celebración de los cursos. También llama la atención a la Intervención, el exceso de gasto en algunos casos en alojamiento y manutención. Almuerzos de 43 por euros persona, cuando las escuetas dietas oficiales prevén una manutención por día y persona de 37,40 euros para todas las comidas.Responsables por alcanceLa sección de Enjuiciamiento del Tribunal considera «responsables solidarios por alcance» a los dos directores de la ONT y a dos secretarios generales, encargados de la administración financiera de la institución. «A pesar de que la ONT no era competente ni para incoar ni para resolver los expedientes de reintegro ante la Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad ni ante el Tribunal de Cuentas», insiste Beatriz Domínguez-Gil. El departamento que dirige Mónica García prefiere no entrar en detalles porque «el proceso aún está abierto y, por ello, máxima prudencia por nuestra parte». Sí explican que, cuando el Tribunal de Cuentas le ofreció la oportunidad de aportar información al respecto, aportaron el expediente completo de la subvención y facilitaron todo lo posible para que este tribunal actuara en consonancia. También recuerdan que se trata de un suceso ocurrido durante el gobierno de Mariano Rajoy y años posteriores. «Con el cambio de gobierno se introdujeron cambios en la gestión de las subvenciones que previenen que puedan ocurrir ese tipo de cosas», aseguran.Un depósito de 210.000 eurosEl procedimiento de responsabilidad contable que ahora se inicia no juzga apropiación indebida de fondos públicos. Tampoco no haber realizado las actividades subvencionadas, sino el no haber reclamado a los beneficiarios la justificación de algunos gastos señalados por la auditoría como irregulares.El tribunal ha tomado unas medidas cautelares que obligan a tres de las cuatro personas consideradas presuntas responsables a depositar la práctica totalidad de la subvención de 2015: 180.000 euros, más 30.000 euros en concepto de intereses, es decir un total de 210.00 euros. «El Ministerio podría haber parado esta bola de nieve. Pero se ha empujado por rencillas personales. Yo soy solo un daño colateral de este disparate» Rafael Matesanz Ex director de la ONTEl exdirector de la ONT, Rafael Matesanz, retirado desde 2017, asegura que ha tenido que depositar el equivalente a tres años de su pensión para hacer frente a esas medidas cautelares «sin tener arte ni parte» en lo ocurrido. «Me he encontrado con esta situación solo por haber colaborado en la convocatoria de unos cursos. Ni sabía que había habido una auditoría». Recuerda que los cursos de 2015 se hicieron como todos los años, como ha venido sucediendo desde hace cuarenta años. «Toda la política de formación de la ONT se basa en estos cursos, pero sólo vigilábamos su calidad, que se impartiesen y se hicieran en condiciones; del resto era siempre responsable la Secretaría General del Ministerio hasta que recientemente se cambió la normativa», asegura.Matesanz tiene claro que el actual Ministerio de Sanidad podría haber parado esta bola de nieve sin que llegara al Tribunal de Cuentas. «Al contrario, ha habido gente encargada de empujarla por rencillas personales dentro del Ministerio. Yo soy solo un daño colateral de este disparate». Tanto Matesanz como Domínguez-Gil dicen estar dispuestos a recurrir hasta el Supremo, si fuera necesario, para restituir su honor y demostrar que la dirección de la ONT solo ha buscado el buen funcionamiento del sistema de donación y trasplantes. El Ministerio de Sanidad y cuatro altos y ex altos cargos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), entre ellos el exdirector, Rafael Matesanz y la actual directora, Beatriz Domínguez-Gil , se enfrentan en el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la vigilancia de subvenciones concedidas por el propio ministerio hace once años por valor de 180.000 euros. No se juzga apropiación indebida de fondos, sino el no haber reclamado a los beneficiarios finales de las ayudas la subsanación de deficiencias en la justificación de algunos gastos, según ha podido saber ABC.Sanidad actúa contra la institución de mayor prestigio de su departamento, de perfil técnico y, casi siempre, ajena a los cambios políticos de las administraciones.El departamento de Mónica García confirma que existe un proceso abierto en el que forma parte «como perjudicado», aunque quiere dejar claro que «no es contra la ONT, sino contra personas concretas que ostentaban cargos en un momento concreto». Y que «en ningún caso los hechos investigados suponen ningún tipo de lucro por parte de las personas implicadas», explica un portavoz en una respuesta por escrito a este periódico.El origen de este proceso se remonta a febrero de 2018 cuando un control aleatorio de la Intervención General del Estado detectó deficiencias en la justificación de algunas de las ayudas concedidas en 2015 para realizar cursos de actualización en materia de donación y trasplante. Estas subvenciones se otorgan anualmente para la formación continuada de todos los profesionales sanitarios que pueden verse implicados en el proceso, desde los equipos de urgencia a las UCI o los coordinadores de trasplante de los hospitales. Es la fórmula que funciona desde hace cuatro décadas para que el sistema de trasplantes español, reconocido en todo el mundo, se mantenga perfectamente entrenado.Las supuestas irregularidades se comunicaron tanto a la secretaría general de la ONT como al Ministerio de Sanidad. Y, a su vez, la Organización de Trasplantes informó al ministerio de que no era competente para incoar los procedimientos de reintegro porque no era quien había concedido las ayudas. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes argumenta que la normativa que regía entonces dejaba claro que la Secretaría General del Ministerio de Sanidad era la única competente para resolver dichos expedientes y que los fondos pasaban directamente de esta institución a los beneficiarios. Los expedientes de reintegro de 2015 no se tramitaron y la bola de nieve empezó a crecer hasta llegar al Tribunal de Cuentas sin que nadie lo parara Lo cierto es que, tras varias comunicaciones entre las dos instituciones, los expedientes de reintegro no se tramitaron y se agotó el plazo para poder iniciarlos. Ese plazo era junio de 2020 y el mundo solo se preocupaba entonces por la pandemia del covid . Ahí comenzó a rodar una bola de nieve, que afecta a varios equipos de Sanidad, con gobiernos del PP y del PSOE, y no ha dejado de crecer once años después hasta llegar ahora al Tribunal de Cuentas. «Sin que yo tuviera conocimiento de esta situación hasta 2023», se defiende la actual directora de la ONT en conversación telefónica con ABC.Un DJ y una visita turística a la Sagrada Familia Los cursos de 2015 se habían realizado, pero la Intervención detectó errores en la justificación del gasto por parte de determinados beneficiarios a los que se habían concedido las ayudas. Por ejemplo, que la suma total de los justificantes no alcanzaba el importe comprometido en la solicitud, sino únicamente el importe de la ayuda concedida. El informe de la Intervención también señala que el órgano gestor no revisa adecuadamente que los justificantes sean originales o que todas las cuentas justificativas presentan algún tipo de deficiencia o incumplimiento en relación con los justificantes aportados. Pero también hay reparos a acciones realizadas durante los cursos que no estaban relacionadas con ninguna actividad científica. Destacan una visita turística guiada a la Sagrada Familia de Barcelona durante un curso organizado por la Fundación Puigvert o la contratación de un DJ, pago de taxis y obsequios para ponentes durante una cena de la reunión de coordinadores de trasplantes celebrada en La Coruña. Todos estos conceptos no son subvencionables, admite la ONT que ha proporcionado al tribunal documentación donde se justifica que esas actividades, ajenas a la actividad puramente científica, no se pagaron con el dinero de la subvención, sino con otras partidas privadas de otras instituciones que aportan fondos para la celebración de los cursos. También llama la atención a la Intervención, el exceso de gasto en algunos casos en alojamiento y manutención. Almuerzos de 43 por euros persona, cuando las escuetas dietas oficiales prevén una manutención por día y persona de 37,40 euros para todas las comidas.Responsables por alcanceLa sección de Enjuiciamiento del Tribunal considera «responsables solidarios por alcance» a los dos directores de la ONT y a dos secretarios generales, encargados de la administración financiera de la institución. «A pesar de que la ONT no era competente ni para incoar ni para resolver los expedientes de reintegro ante la Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad ni ante el Tribunal de Cuentas», insiste Beatriz Domínguez-Gil. El departamento que dirige Mónica García prefiere no entrar en detalles porque «el proceso aún está abierto y, por ello, máxima prudencia por nuestra parte». Sí explican que, cuando el Tribunal de Cuentas le ofreció la oportunidad de aportar información al respecto, aportaron el expediente completo de la subvención y facilitaron todo lo posible para que este tribunal actuara en consonancia. También recuerdan que se trata de un suceso ocurrido durante el gobierno de Mariano Rajoy y años posteriores. «Con el cambio de gobierno se introdujeron cambios en la gestión de las subvenciones que previenen que puedan ocurrir ese tipo de cosas», aseguran.Un depósito de 210.000 eurosEl procedimiento de responsabilidad contable que ahora se inicia no juzga apropiación indebida de fondos públicos. Tampoco no haber realizado las actividades subvencionadas, sino el no haber reclamado a los beneficiarios la justificación de algunos gastos señalados por la auditoría como irregulares.El tribunal ha tomado unas medidas cautelares que obligan a tres de las cuatro personas consideradas presuntas responsables a depositar la práctica totalidad de la subvención de 2015: 180.000 euros, más 30.000 euros en concepto de intereses, es decir un total de 210.00 euros. «El Ministerio podría haber parado esta bola de nieve. Pero se ha empujado por rencillas personales. Yo soy solo un daño colateral de este disparate» Rafael Matesanz Ex director de la ONTEl exdirector de la ONT, Rafael Matesanz, retirado desde 2017, asegura que ha tenido que depositar el equivalente a tres años de su pensión para hacer frente a esas medidas cautelares «sin tener arte ni parte» en lo ocurrido. «Me he encontrado con esta situación solo por haber colaborado en la convocatoria de unos cursos. Ni sabía que había habido una auditoría». Recuerda que los cursos de 2015 se hicieron como todos los años, como ha venido sucediendo desde hace cuarenta años. «Toda la política de formación de la ONT se basa en estos cursos, pero sólo vigilábamos su calidad, que se impartiesen y se hicieran en condiciones; del resto era siempre responsable la Secretaría General del Ministerio hasta que recientemente se cambió la normativa», asegura.Matesanz tiene claro que el actual Ministerio de Sanidad podría haber parado esta bola de nieve sin que llegara al Tribunal de Cuentas. «Al contrario, ha habido gente encargada de empujarla por rencillas personales dentro del Ministerio. Yo soy solo un daño colateral de este disparate». Tanto Matesanz como Domínguez-Gil dicen estar dispuestos a recurrir hasta el Supremo, si fuera necesario, para restituir su honor y demostrar que la dirección de la ONT solo ha buscado el buen funcionamiento del sistema de donación y trasplantes.
El Ministerio de Sanidad y cuatro altos y ex altos cargos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), entre ellos el exdirector, Rafael Matesanz y la actual directora, Beatriz Domínguez-Gil, se enfrentan en el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la vigilancia de … subvenciones concedidas por el propio ministerio hace once años por valor de 180.000 euros. No se juzga apropiación indebida de fondos, sino el no haber reclamado a los beneficiarios finales de las ayudas la subsanación de deficiencias en la justificación de algunos gastos, según ha podido saber ABC.
Sanidad actúa contra la institución de mayor prestigio de su departamento, de perfil técnico y, casi siempre, ajena a los cambios políticos de las administraciones.
El departamento de Mónica García confirma que existe un proceso abierto en el que forma parte «como perjudicado», aunque quiere dejar claro que «no es contra la ONT, sino contra personas concretas que ostentaban cargos en un momento concreto». Y que «en ningún caso los hechos investigados suponen ningún tipo de lucro por parte de las personas implicadas», explica un portavoz en una respuesta por escrito a este periódico.
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El origen de este proceso se remonta a febrero de 2018 cuando un control aleatorio de la Intervención General del Estado detectó deficiencias en la justificación de algunas de las ayudas concedidas en 2015 para realizar cursos de actualización en materia de donación y trasplante. Estas subvenciones se otorgan anualmente para la formación continuada de todos los profesionales sanitarios que pueden verse implicados en el proceso, desde los equipos de urgencia a las UCI o los coordinadores de trasplante de los hospitales. Es la fórmula que funciona desde hace cuatro décadas para que el sistema de trasplantes español, reconocido en todo el mundo, se mantenga perfectamente entrenado.
Las supuestas irregularidades se comunicaron tanto a la secretaría general de la ONT como al Ministerio de Sanidad. Y, a su vez, la Organización de Trasplantes informó al ministerio de que no era competente para incoar los procedimientos de reintegro porque no era quien había concedido las ayudas. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes argumenta que la normativa que regía entonces dejaba claro que la Secretaría General del Ministerio de Sanidad era la única competente para resolver dichos expedientes y que los fondos pasaban directamente de esta institución a los beneficiarios.
Los expedientes de reintegro de 2015 no se tramitaron y la bola de nieve empezó a crecer hasta llegar al Tribunal de Cuentas sin que nadie lo parara
Lo cierto es que, tras varias comunicaciones entre las dos instituciones, los expedientes de reintegro no se tramitaron y se agotó el plazo para poder iniciarlos. Ese plazo era junio de 2020 y el mundo solo se preocupaba entonces por la pandemia del covid. Ahí comenzó a rodar una bola de nieve, que afecta a varios equipos de Sanidad, con gobiernos del PP y del PSOE, y no ha dejado de crecer once años después hasta llegar ahora al Tribunal de Cuentas. «Sin que yo tuviera conocimiento de esta situación hasta 2023», se defiende la actual directora de la ONT en conversación telefónica con ABC.
Un DJ y una visita turística a la Sagrada Familia
Los cursos de 2015 se habían realizado, pero la Intervención detectó errores en la justificación del gasto por parte de determinados beneficiarios a los que se habían concedido las ayudas. Por ejemplo, que la suma total de los justificantes no alcanzaba el importe comprometido en la solicitud, sino únicamente el importe de la ayuda concedida. El informe de la Intervención también señala que el órgano gestor no revisa adecuadamente que los justificantes sean originales o que todas las cuentas justificativas presentan algún tipo de deficiencia o incumplimiento en relación con los justificantes aportados.
Pero también hay reparos a acciones realizadas durante los cursos que no estaban relacionadas con ninguna actividad científica. Destacan una visita turística guiada a la Sagrada Familia de Barcelona durante un curso organizado por la Fundación Puigvert o la contratación de un DJ, pago de taxis y obsequios para ponentes durante una cena de la reunión de coordinadores de trasplantes celebrada en La Coruña.
Todos estos conceptos no son subvencionables, admite la ONT que ha proporcionado al tribunal documentación donde se justifica que esas actividades, ajenas a la actividad puramente científica, no se pagaron con el dinero de la subvención, sino con otras partidas privadas de otras instituciones que aportan fondos para la celebración de los cursos.
También llama la atención a la Intervención, el exceso de gasto en algunos casos en alojamiento y manutención. Almuerzos de 43 por euros persona, cuando las escuetas dietas oficiales prevén una manutención por día y persona de 37,40 euros para todas las comidas.
Responsables por alcance
La sección de Enjuiciamiento del Tribunal considera «responsables solidarios por alcance» a los dos directores de la ONT y a dos secretarios generales, encargados de la administración financiera de la institución. «A pesar de que la ONT no era competente ni para incoar ni para resolver los expedientes de reintegro ante la Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad ni ante el Tribunal de Cuentas», insiste Beatriz Domínguez-Gil.
El departamento que dirige Mónica García prefiere no entrar en detalles porque «el proceso aún está abierto y, por ello, máxima prudencia por nuestra parte». Sí explican que, cuando el Tribunal de Cuentas le ofreció la oportunidad de aportar información al respecto, aportaron el expediente completo de la subvención y facilitaron todo lo posible para que este tribunal actuara en consonancia.
También recuerdan que se trata de un suceso ocurrido durante el gobierno de Mariano Rajoy y años posteriores. «Con el cambio de gobierno se introdujeron cambios en la gestión de las subvenciones que previenen que puedan ocurrir ese tipo de cosas», aseguran.
Un depósito de 210.000 euros
El procedimiento de responsabilidad contable que ahora se inicia no juzga apropiación indebida de fondos públicos. Tampoco no haber realizado las actividades subvencionadas, sino el no haber reclamado a los beneficiarios la justificación de algunos gastos señalados por la auditoría como irregulares.
El tribunal ha tomado unas medidas cautelares que obligan a tres de las cuatro personas consideradas presuntas responsables a depositar la práctica totalidad de la subvención de 2015: 180.000 euros, más 30.000 euros en concepto de intereses, es decir un total de 210.00 euros.
«El Ministerio podría haber parado esta bola de nieve. Pero se ha empujado por rencillas personales. Yo soy solo un daño colateral de este disparate»
Rafael Matesanz
Ex director de la ONT
El exdirector de la ONT, Rafael Matesanz, retirado desde 2017, asegura que ha tenido que depositar el equivalente a tres años de su pensión para hacer frente a esas medidas cautelares «sin tener arte ni parte» en lo ocurrido. «Me he encontrado con esta situación solo por haber colaborado en la convocatoria de unos cursos. Ni sabía que había habido una auditoría». Recuerda que los cursos de 2015 se hicieron como todos los años, como ha venido sucediendo desde hace cuarenta años. «Toda la política de formación de la ONT se basa en estos cursos, pero sólo vigilábamos su calidad, que se impartiesen y se hicieran en condiciones; del resto era siempre responsable la Secretaría General del Ministerio hasta que recientemente se cambió la normativa», asegura.
Matesanz tiene claro que el actual Ministerio de Sanidad podría haber parado esta bola de nieve sin que llegara al Tribunal de Cuentas. «Al contrario, ha habido gente encargada de empujarla por rencillas personales dentro del Ministerio. Yo soy solo un daño colateral de este disparate».
Tanto Matesanz como Domínguez-Gil dicen estar dispuestos a recurrir hasta el Supremo, si fuera necesario, para restituir su honor y demostrar que la dirección de la ONT solo ha buscado el buen funcionamiento del sistema de donación y trasplantes.
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