«Este consejero va a controlar el lobo», comprometía el titular de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en su comparecencia para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio, en los que se reservan 13,13 millones de euros para la gestión del lobo , de los que 7,58 millones corresponden a la partida de indemnizaciones por daños y los otros 5,55, a prevención y otras actuaciones. Y es que, subrayaba el titular del nuevo departamento que aglutina las competencias en materia agraria y medioambiental, entre los perjuicios que ocasiona la fauna silvestre, los del cánido son los más «cuantiosos». Así que, «lo primero es minimizar» e l impacto de las incursiones del canis lupus en las explotaciones «y que no haya esta barbaridad de daños». «Que nadie se rasgue las vestiduras» ante estas declaraciones, reclamaba Pino, quien defendía que de lo que se trata es de buscar un «equilibrio» en la convivencia entre la especie protegida y al ganado. «No significa que queramos exterminar al lobo» , añadía, pero «la presencia del lobo no puede convertirse en un coste que tenga que soportar el ganadero». Así, comprometía que cuando haya un ataque se debe indemnizar «el coste real a precio de mercado incluido el lucro cesante y hacerlo con agilidad». Un extremo en el que el consejero, además de censurar que el Gobierno central sigue sin hacer las aportaciones que le corresponden, existe un «problema» de tramitación con expedientes de 2025 y 2026 que choca además con el «escollo» de que antes la competencias sobre el lobo recaían en Medio Ambiente -y ahí siguen consignados los créditos- y ahora están en el nuevo departamento que dirige Pino, que comprometía añadir esos créditos que lleguen pendientes a los de 2027. Y al tiempo, añadía, se deben poner los medios «para intentar reducir drásticamente los ataques» por parte de unos ejemplares cuya caza por cupos también está prohibida al norte del Duero desde que en septiembre de 2021 entró en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), pese a la oposición de los territorios loberos, entre ellos, Castilla y León. Crecen también los fondos para la prevención e indemnización de daños producidos por otra fauna silvestre, indemnizaciones por especies protegidas o material de protección frente al oso pardo. En total, los presupuestos de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ascienden hasta los 739,72 millones de euros, f rente a los 634,80 de las últimas cuentas aprobadas (las de 2024) y teniendo en cuenta la acumulación de competencias, defendía Pino, quien antes que consejero fue agricultor y así se definía hablando en primera persona sobre esta reclamación «durante años» por parte del sector de «gestionar conjuntamente cuestiones que sobre el terreno están directamente relacionadas».Del total, 195 millones se destinan a inversiones e incluyen novedades como ocho millones «para responder frente a normativas o políticas especialmente gravosas» para el sector, ante el que también se comprometía a «vigilar el funcionamiento de la cadena alimentaria y reforzar la posición del agricultor y del ganadero en ella». «Queremos que se cumpla», recalcaba Pino, quien avanzaba que se van a «intensificar los controles, también de oficio, cuando existan indicios de incumplimiento o de destrucción de valor». En este sentido, se contará con un calendario anual con los costes de producción para «aportar referencias objetivas, dar transparencia y disponer de mejores herramientas». «Este consejero no se arruga para actuar con toda la contundencia», sostenía.Pino avanza que se van a «intensificar los controles, también de oficio» para vigilar que se cumple la Ley de la Cadena AlimentariaEntre los objetivos y partidas de las cuentas, también la primera convocatoria de ayudas para facilitar la recogida de leche en zonas de montaña (500.000 euros), 21 millones -un 40 por ciento más que en 2026- para los seguros agrarios ó 12 millones -frente a los 5 actuales- para sanidad animal, «una de las cuestiones que más preocupan», con «refuerzo» de la vigilancia epidemiológica y el objetivo de «mejorar el estatus» de la cabaña ganadera y «reducir» la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis bovina. «Sin condiciones absurdas»La incorporación de jóvenes al campo es otra de las patas que sustentan las cuentas, tras lograr superar el objetivo marcado, con la previsión de acabar 2026 con 900 beneficiarios de las ayudas para adentrarse en la actividad, además de otros 60 millones destinados a mejora de las explotaciones. En este sentido, Pino avanzaba que ultima una nueva convocatoria «con un cambio importante», pues será «más sencilla, con menos cargas burocráticas -extremo sobre el que se quejaba como lastre del sector en su conjunto-, con criterios adaptados a la realidad de las explotaciones y sin pedir condiciones absurdas». También se prevé el impulso de nuevos procesos de concentración parcelaria sobre otras 150.000 hectáreas así como el impulso a los regadíos, bajo la convicción de que «el agua es un recurso esencial para el futuro de la agricultura de Castilla y León y vamos a defender su utilización para producir alimentos». Productos por los que se apuesta, con un refuerzo a las figuras de calidad -con «impulso» especial a las más recientes- y Tierra de Sabor y un papel clave para el Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario), de modo que cuente con « más capacidad científica y tecnológica , mayor conexión con las explotaciones y empresas y más recursos para investigación», con una dotación de 101,55 millones.Sin embargo, la exposición de Pino no ha convencido a los grupos de la oposición (Socialista y Mixto): «Estos presupuestos no son los que merece el campo de Castilla y León», han concluido. «Este consejero va a controlar el lobo», comprometía el titular de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en su comparecencia para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio, en los que se reservan 13,13 millones de euros para la gestión del lobo , de los que 7,58 millones corresponden a la partida de indemnizaciones por daños y los otros 5,55, a prevención y otras actuaciones. Y es que, subrayaba el titular del nuevo departamento que aglutina las competencias en materia agraria y medioambiental, entre los perjuicios que ocasiona la fauna silvestre, los del cánido son los más «cuantiosos». Así que, «lo primero es minimizar» e l impacto de las incursiones del canis lupus en las explotaciones «y que no haya esta barbaridad de daños». «Que nadie se rasgue las vestiduras» ante estas declaraciones, reclamaba Pino, quien defendía que de lo que se trata es de buscar un «equilibrio» en la convivencia entre la especie protegida y al ganado. «No significa que queramos exterminar al lobo» , añadía, pero «la presencia del lobo no puede convertirse en un coste que tenga que soportar el ganadero». Así, comprometía que cuando haya un ataque se debe indemnizar «el coste real a precio de mercado incluido el lucro cesante y hacerlo con agilidad». Un extremo en el que el consejero, además de censurar que el Gobierno central sigue sin hacer las aportaciones que le corresponden, existe un «problema» de tramitación con expedientes de 2025 y 2026 que choca además con el «escollo» de que antes la competencias sobre el lobo recaían en Medio Ambiente -y ahí siguen consignados los créditos- y ahora están en el nuevo departamento que dirige Pino, que comprometía añadir esos créditos que lleguen pendientes a los de 2027. Y al tiempo, añadía, se deben poner los medios «para intentar reducir drásticamente los ataques» por parte de unos ejemplares cuya caza por cupos también está prohibida al norte del Duero desde que en septiembre de 2021 entró en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), pese a la oposición de los territorios loberos, entre ellos, Castilla y León. Crecen también los fondos para la prevención e indemnización de daños producidos por otra fauna silvestre, indemnizaciones por especies protegidas o material de protección frente al oso pardo. En total, los presupuestos de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ascienden hasta los 739,72 millones de euros, f rente a los 634,80 de las últimas cuentas aprobadas (las de 2024) y teniendo en cuenta la acumulación de competencias, defendía Pino, quien antes que consejero fue agricultor y así se definía hablando en primera persona sobre esta reclamación «durante años» por parte del sector de «gestionar conjuntamente cuestiones que sobre el terreno están directamente relacionadas».Del total, 195 millones se destinan a inversiones e incluyen novedades como ocho millones «para responder frente a normativas o políticas especialmente gravosas» para el sector, ante el que también se comprometía a «vigilar el funcionamiento de la cadena alimentaria y reforzar la posición del agricultor y del ganadero en ella». «Queremos que se cumpla», recalcaba Pino, quien avanzaba que se van a «intensificar los controles, también de oficio, cuando existan indicios de incumplimiento o de destrucción de valor». En este sentido, se contará con un calendario anual con los costes de producción para «aportar referencias objetivas, dar transparencia y disponer de mejores herramientas». «Este consejero no se arruga para actuar con toda la contundencia», sostenía.Pino avanza que se van a «intensificar los controles, también de oficio» para vigilar que se cumple la Ley de la Cadena AlimentariaEntre los objetivos y partidas de las cuentas, también la primera convocatoria de ayudas para facilitar la recogida de leche en zonas de montaña (500.000 euros), 21 millones -un 40 por ciento más que en 2026- para los seguros agrarios ó 12 millones -frente a los 5 actuales- para sanidad animal, «una de las cuestiones que más preocupan», con «refuerzo» de la vigilancia epidemiológica y el objetivo de «mejorar el estatus» de la cabaña ganadera y «reducir» la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis bovina. «Sin condiciones absurdas»La incorporación de jóvenes al campo es otra de las patas que sustentan las cuentas, tras lograr superar el objetivo marcado, con la previsión de acabar 2026 con 900 beneficiarios de las ayudas para adentrarse en la actividad, además de otros 60 millones destinados a mejora de las explotaciones. En este sentido, Pino avanzaba que ultima una nueva convocatoria «con un cambio importante», pues será «más sencilla, con menos cargas burocráticas -extremo sobre el que se quejaba como lastre del sector en su conjunto-, con criterios adaptados a la realidad de las explotaciones y sin pedir condiciones absurdas». También se prevé el impulso de nuevos procesos de concentración parcelaria sobre otras 150.000 hectáreas así como el impulso a los regadíos, bajo la convicción de que «el agua es un recurso esencial para el futuro de la agricultura de Castilla y León y vamos a defender su utilización para producir alimentos». Productos por los que se apuesta, con un refuerzo a las figuras de calidad -con «impulso» especial a las más recientes- y Tierra de Sabor y un papel clave para el Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario), de modo que cuente con « más capacidad científica y tecnológica , mayor conexión con las explotaciones y empresas y más recursos para investigación», con una dotación de 101,55 millones.Sin embargo, la exposición de Pino no ha convencido a los grupos de la oposición (Socialista y Mixto): «Estos presupuestos no son los que merece el campo de Castilla y León», han concluido.
«Este consejero va a controlar el lobo», comprometía el titular de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en su comparecencia para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio, en los que se reservan 13,13 millones de … euros para la gestión del lobo, de los que 7,58 millones corresponden a la partida de indemnizaciones por daños y los otros 5,55, a prevención y otras actuaciones. Y es que, subrayaba el titular del nuevo departamento que aglutina las competencias en materia agraria y medioambiental, entre los perjuicios que ocasiona la fauna silvestre, los del cánido son los más «cuantiosos». Así que, «lo primero es minimizar» el impacto de las incursiones del canis lupus en las explotaciones «y que no haya esta barbaridad de daños». «Que nadie se rasgue las vestiduras» ante estas declaraciones, reclamaba Pino, quien defendía que de lo que se trata es de buscar un «equilibrio» en la convivencia entre la especie protegida y al ganado.
«No significa que queramos exterminar al lobo», añadía, pero «la presencia del lobo no puede convertirse en un coste que tenga que soportar el ganadero». Así, comprometía que cuando haya un ataque se debe indemnizar «el coste real a precio de mercado incluido el lucro cesante y hacerlo con agilidad». Un extremo en el que el consejero, además de censurar que el Gobierno central sigue sin hacer las aportaciones que le corresponden, existe un «problema» de tramitación con expedientes de 2025 y 2026 que choca además con el «escollo» de que antes la competencias sobre el lobo recaían en Medio Ambiente -y ahí siguen consignados los créditos- y ahora están en el nuevo departamento que dirige Pino, que comprometía añadir esos créditos que lleguen pendientes a los de 2027.
Y al tiempo, añadía, se deben poner los medios «para intentar reducir drásticamente los ataques» por parte de unos ejemplares cuya caza por cupos también está prohibida al norte del Duero desde que en septiembre de 2021 entró en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), pese a la oposición de los territorios loberos, entre ellos, Castilla y León. Crecen también los fondos para la prevención e indemnización de daños producidos por otra fauna silvestre, indemnizaciones por especies protegidas o material de protección frente al oso pardo.
En total, los presupuestos de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ascienden hasta los 739,72 millones de euros, frente a los 634,80 de las últimas cuentas aprobadas (las de 2024) y teniendo en cuenta la acumulación de competencias, defendía Pino, quien antes que consejero fue agricultor y así se definía hablando en primera persona sobre esta reclamación «durante años» por parte del sector de «gestionar conjuntamente cuestiones que sobre el terreno están directamente relacionadas».
Del total, 195 millones se destinan a inversiones e incluyen novedades como ocho millones «para responder frente a normativas o políticas especialmente gravosas» para el sector, ante el que también se comprometía a «vigilar el funcionamiento de la cadena alimentaria y reforzar la posición del agricultor y del ganadero en ella». «Queremos que se cumpla», recalcaba Pino, quien avanzaba que se van a «intensificar los controles, también de oficio, cuando existan indicios de incumplimiento o de destrucción de valor». En este sentido, se contará con un calendario anual con los costes de producción para «aportar referencias objetivas, dar transparencia y disponer de mejores herramientas». «Este consejero no se arruga para actuar con toda la contundencia», sostenía.
Pino avanza que se van a «intensificar los controles, también de oficio» para vigilar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria
Entre los objetivos y partidas de las cuentas, también la primera convocatoria de ayudas para facilitar la recogida de leche en zonas de montaña (500.000 euros), 21 millones -un 40 por ciento más que en 2026- para los seguros agrarios ó 12 millones -frente a los 5 actuales- para sanidad animal, «una de las cuestiones que más preocupan», con «refuerzo» de la vigilancia epidemiológica y el objetivo de «mejorar el estatus» de la cabaña ganadera y «reducir» la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis bovina.
«Sin condiciones absurdas»
La incorporación de jóvenes al campo es otra de las patas que sustentan las cuentas, tras lograr superar el objetivo marcado, con la previsión de acabar 2026 con 900 beneficiarios de las ayudas para adentrarse en la actividad, además de otros 60 millones destinados a mejora de las explotaciones. En este sentido, Pino avanzaba que ultima una nueva convocatoria «con un cambio importante», pues será «más sencilla, con menos cargas burocráticas -extremo sobre el que se quejaba como lastre del sector en su conjunto-, con criterios adaptados a la realidad de las explotaciones y sin pedir condiciones absurdas».
También se prevé el impulso de nuevos procesos de concentración parcelaria sobre otras 150.000 hectáreas así como el impulso a los regadíos, bajo la convicción de que «el agua es un recurso esencial para el futuro de la agricultura de Castilla y León y vamos a defender su utilización para producir alimentos». Productos por los que se apuesta, con un refuerzo a las figuras de calidad -con «impulso» especial a las más recientes- y Tierra de Sabor y un papel clave para el Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario), de modo que cuente con «más capacidad científica y tecnológica, mayor conexión con las explotaciones y empresas y más recursos para investigación», con una dotación de 101,55 millones.
Sin embargo, la exposición de Pino no ha convencido a los grupos de la oposición (Socialista y Mixto): «Estos presupuestos no son los que merece el campo de Castilla y León», han concluido.
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