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El presidente de Alquiler Seguro, sancionado con 3,6 millones por el Ministerio de Consumo, defiende su modelo de negocio y prepara una batalla judicial contra el Gobierno a la vez que aspira a gestionar vivienda pública Leer El presidente de Alquiler Seguro, sancionado con 3,6 millones por el Ministerio de Consumo, defiende su modelo de negocio y prepara una batalla judicial contra el Gobierno a la vez que aspira a gestionar vivienda pública Leer
Allí donde va, intenta dejar claro que su modelo de negocio no es como lo está pintando el Gobierno: que no hacen prácticas abusivas, que no obligan a los inquilinos a firmar productos concretos y que no tienen una posición monopolística del mercado. La sanción firme, de 3,6 millones de euros, que les ha impuesto el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, y la posterior llamada a la huelga del Sindicato de Inquilinas, dice lo contrario y roba demasiado tiempo de trabajo estos días a Antonio Carroza (Ceuta, 1975), presidente de Alquiler Seguro. Se ha sentido indefenso en un proceso en el que cree que las cartas ya estaban marcadas desde el primer momento y confía en que los tribunales le den ahora la razón.
La gestión de esta crisis, en la que se han volcado importantes recursos tanto desde el Ministerio como desde la empresa, pone en evidencia la extrema sensibilidad que la evolución del mercado del alquiler genera en nuestro país. Con unos precios sin techo a la vista pese a las medidas aplicadas por el Gobierno y con una oferta cada vez más estrecha, Carroza tiene claro que la solución pasa por la liberación masiva de suelo y por la creación de una «fábrica de viviendas».
Nacida en 2007, Alquiler Seguro gestiona unas 30.000 viviendas en el país con el compromiso de garantizar el cobro a los propietarios el día 5 de cada mes. Antonio Carroza mantiene el control con el 51% de las acciones. En 2023 se dio entrada con un 49% al fondo Aurica Capital y su facturación ha experimentado un importante salto desde entonces, cercano al 25%, hasta los 50 millones firmados en 2025. Opta a gestionar un lote importante del parque de Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, y espera que la polémica con Consumo no les deje fuera de la carrera o tendrán que volver a los tribunales, avisa.
- Van a recurrir la sanción de 3,6 millones interpuesta por Consumo, pero además exigen una disculpa pública del ministro, Pablo Bustinduy. ¿Con qué argumentos?
- Todo este proceso administrativo ha sido un atropello por las formas en las que se ha producido. Llevamos casi 19 años en el mercado y, como toda empresa privada, estamos expuestos a inspecciones y a sanciones. Hacemos las cosas bien, pero sabemos que siempre se puede mejorar. En toda nuestra historia hemos tenido inspecciones: desde la Dirección General de Seguros, hasta otras de determinados ámbitos de consumo, ayuntamientos, comunidades o el Estado. En todas nos hemos sentido siempre bien administrados, independientemente de que hayan concluido o no en sanciones, porque hemos tenido la oportunidad de defendernos y de argumentar lo que estábamos haciendo.
- ¿Y ahora es diferente?
- En este caso, lo que hemos recibido ha sido básicamente un ataque desde el primer día con una decisión ya tomada y sin capacidad de argumentar nada.
- Cita las formas. ¿A qué se refiere?
- Estamos convencidos de que han utilizando grabaciones ilícitas a nuestros comerciales sin autorización y descontextualizadas.
- Ustedes han podido aportar las conversaciones enteras y defenderse..
- En los recursos que hemos ido haciendo en estos últimos años sobre el expediente hemos aportado las grabaciones completas. Si se escuchan, demuestran que dicen lo contrario de lo que están intentando utilizar haciendo cortes fuera de contexto. Pero para mí, mucho más importante, es que se ha vulnerado nuestro derecho a la tutela efectiva.
- ¿De qué manera?
- Ante un procedimiento administrativa, tienes derecho a acudir a la Administración y pedir medidas cautelares mientras demuestras que estás haciendo las cosas bien. Sin embargo, el simple hecho de hacer una rueda de prensa por parte de un ministro y anunciar la sanción, sin dejarnos esos dos meses de plazo que tenemos para acudir a los tribunales, nos hace pensar que la decisión en todo este proceso estaba tomada desde el primer día. Desde que nos mandaron la primera propuesta de sanción hasta esta última, en la que nos rechazan la apelación.
- Pero sí han podido hacer alegaciones…
- Hemos puesto más de 2.000 folios en el expediente y no los han tenido en cuenta. Lo suyo ha sido un corta-pega desde la primera propuesta. Esto nos hace pensar, insisto, que la decisión estaba tomada independientemente de la acción inspectora. Yo no tengo tanta experiencia en el ámbito contencioso-administrativo, pero los despachos a los que hemos acudido para que nos asistan y asesoren nos dicen que esta actuación es totalmente excepcional; que no encuentran ningún otro caso en los 30 o 40 años de la acción de Consumo equiparable a lo que están haciendo con nosotros.
- Más allá de las formas, se les acusa de obligar a los inquilinos a firmar seguros o productos propios. ¿Es así?
- No. Y esto lo hemos intentado demostrar. Si fuera así, el 100% de nuestros inquilinos tendrían los servicios contratados. Nuestras tasas de penetración son altas, ya que tenemos una red comercial bastante eficiente, pero por ejemplo, en el servicio de atención al inquilino [SAI], que es el que más está en entredicho, hay centenares de inquilinos en viviendas que gestionamos nosotros que no han firmado ese contrato.
- ¿Y no exigen su seguro de hogar?
- En el ámbito del seguro de hogar, otra de las razones por las que nos pretenden sancionar, solo tenemos una cuota de penetración del 80%. Nosotros nunca obligamos, aconsejamos contratar un seguro porque se vive mucho mejor teniendo un seguro. El propio Ministerio de Consumo, en colaboración con la OCU, en un documento que tienen publicado en su web sobre un manual de cómo alquilar una vivienda, aconseja a los inquilinos contratar un seguro de hogar y en algunas comunidades como Madrid o el País Vasco es obligatorio. Nosotros tenemos muy buenos productos y están bien acogidos. En el ámbito del SAI, un último dato: tenemos una valoración de nuestros inquilinos que han contratado el servicio del 9,8 sobre 10. Esto hace pensar que, más que obligado, es que es bien aceptado.
- Por ser claros: ¿el inquilino tiene capacidad real para no contratar su producto y seguir optando a ese alquiler?
- Perfectamente, el inquilino puede no optar a ese producto y optar al alquiler.
- ¿Y puede contratar un seguro alternativo al suyo?
- Por supuesto. Es verdad que aconsejamos que tengan unas coberturas mínimas, para que la vida del contrato sea más afable, pero puede o no contratarlo, o contratar con otra compañía.
- En todo este tiempo, ¿se ha reunido usted con el ministro Bustinduy o con alguien de su equipo?
- Todo lo contrario: dentro de los recursos que hemos hecho, pedimos una vista para poder aclarar los conceptos más controvertidos, pero no nos han permitido acceder a ellos.
- La acusación de prácticas abusivas se fundamenta en parte en su posición dominante, casi «monopolística» del mercado. ¿Qué cuota tienen?
- Ya me gustaría a mí tener una cuota monopolística. El mercado del alquiler en España, desafortunadamente, está muy desprofesionalizado. De las miles de operaciones que se firman al mes en alquiler en España, los profesionales solo tenemos acceso, yo creo, a un 30% o un 40%, porque gran parte de los contratos terminan haciéndose entre particulares. Pero es que, además, dentro del mercado la dispersión es enorme.
- ¿De qué cuota hablamos?
- Si en España somos 47 millones, puede haber en torno a 10 o 12 millones de viviendas. Teniendo en cuenta que la cuota de alquiler está en torno al 30%, habrá unas 3 millones de viviendas en alquiler. Nosotros gestionamos 30.000. O sea, nuestra cuota de mercado es grande porque somos el operador que más tiene, pero no es monopolística.
- El Sindicato de Inquilinas llama a la huelga contra ustedes. ¿Le preocupa?
- No. Decía el ministro que hay que cumplir la ley y que los que cumplen la ley deben estar tranquilos. Y yo, que afortunadamente he nacido en democracia en este país y confío plenamente en que los poderes públicos actúan ante ilegalidades, estoy tranquilo. Apoyo ese tipo de acciones para evitar ilegalidades, pero cuando un grupúsculo que no sé quién lo dirige, pero que evidentemente no representa a nadie, sale por la tele diciendo que va a instar a una huelga ilegal, entiendo que los poderes públicos actuarán.
- El impacto económico será grande…
- Mi tranquilidad es absoluta. Somos una empresa muy solvente que podemos cubrir una crisis como esta, como hemos cubierto otras como fue la del covid, en la que también teníamos un ministro que decía que no pasaba nada si no se pagaban los alquileres.
- Optan a gestionar 1.600 viviendas de Casa 47, la empresa pública de vivienda. ¿Teme que esta polémica les deje fuera?
- Nos hemos presentado por nuestra vocación de servicio, conscientes de que tenemos las características necesarias que el pliego de condiciones exige, y en ningún caso tener una sanción por parte de Consumo imposibilita la concesión. Hombre, si llegado el momento, cuando el tribunal de turno tenga que dar el fallo, estamos fuera por esto, tomaremos medidas legales, por supuesto, porque evidentemente cumplimos el pliego de condiciones. Ahora, si hay un competidor que lo hace mejor que nosotros, lo aplaudiremos también.
- Al margen de la tensión con el Ejecutivo, ¿cómo va el negocio? ¿Cuánto han facturado en 2025 y qué perspectivas tienen para este 2026 y en adelante?
- 2025 ha sido un año excepcional en cuanto a operaciones para Alquiler Seguro. Hemos visto una muy buena acogida, tanto en las 60 oficinas donde estamos presentes, como a través de la oficina digital. Hemos sufrido un proceso de especialización y profesionalización interna que nos ha permitido alcanzar cuotas de mercado mayores. Sin embargo, 2026 está siendo un año difícil, probablemente por factores más exógenos como es el estrechamiento del mercado del alquiler. Es patente que hay menos viviendas en promoción y, si bien es cierto que el parque inmobiliario del alquiler va aumentando año a año, las ofertas son cada vez menores y esto hace que la tensión que los inquilinos sufren a la hora de encontrar vivienda se agrande.
- No me ha dicho la cifra de facturación…
- Cerramos el año pasado con 50 millones de volumen de negocio y este año creceremos por encima de los dos dígitos.
- ¿Sobre qué palancas fundamentan ese crecimiento?
- Desafortunadamente, todo este proceso está haciendo que muchísimos más propietarios acudan a nosotros. La falta de seguridad jurídica, los cambios legislativos continuos y la inseguridad que están generando hacen que el propietario acuda con más razón a un profesional que le lleve sus contratos. Seguimos creciendo a nivel geográfico, abriendo oficinas en zonas donde antes no estábamos, como Asturias, Galicia, Burgos o Valladolid. Y nuestros servicios evolucionan en función de la demanda: tenemos una línea de adelanto de renta al propietario y otra de préstamos blandos para inquilinos cuando no pueden pagar.
- ¿La IA es ya un catalizador de productividad en Alquiler Seguro?
- Nos esforzamos en nuestra reconversión informática con aplicación de IA en todos nuestros procesos de back office. Soy consciente de que la IA ha llegado para quedarse, pero el consejo de administración de esta empresa no quiere utilizar la IA para interactuar con nuestros clientes. Queremos que detrás de un mostrador y de un teléfono haya siempre una persona. Lo que estamos haciendo es reforzar todo nuestro back office para que haya agentes de IA que nos faciliten el trabajo, pero de cara al público estaremos siempre nosotros.
- En un sector tan atomizado, ¿contempla operaciones de crecimiento inorgánico?
- Sí, si bien es cierto que es difícil en un mercado donde los competidores son pequeñitos y no se pueden hacer operaciones muy profesionales. Nuestra forma de trabajar es bastante exclusiva y, cuando nos enfrentamos a operaciones inorgánicas, a veces no vemos el nexo de unión para hacer una absorción de cartera de manera homogénea, pero sí estamos estudiando operaciones que puedan hacernos seguir creciendo.
- ¿Ha cambiado el perfil del casero en España desde que arrancaron en 2007?
- El perfil es el mismo, pero es cierto que la razón por la que accede al mercado es distinta. Empezamos en 2007, antes de la crisis, donde el arrendador era aquel pequeño inversor que tenía vocación de arrendador: compraba un piso, lo arreglaba y lo ponía en el mercado. Aquel era un mercado muy estrecho, pero el perfil era una familia que con sus ahorros compraba una vivienda. Tras la crisis, nos encontramos propietarios que eran arrendadores pero no vocacionales; es decir, no habían comprado la vivienda para explotarla, pero ante la imposibilidad de venderla o los cambios de necesidades habitacionales, las lanzaban al mercado para cubrir parte de la hipoteca. Hoy nos enfrentamos al mismo cliente: familias con una vivienda, de clase media. Desafortunadamente, cuando se le va el inquilino, muchos toman la decisión de vender por miedo.
- ¿No gestionan también pisos de grandes tenedores?
- Desde el momento que para ser gran tenedor solo tienes que tener 5 propiedades, pues ya sí tenemos grandes tenedores. Pero más del 95% de nuestros propietarios tiene una o dos viviendas. Gestionamos carteras de algún fondo de inversión o de algún family office, pero no es nuestro cliente estrella.
- El Gobierno se ha esforzado en los últimos años por contener el precio de los alquileres. ¿Qué balance hace?
- No hay que ser muy listo para darse cuenta de que la oferta se ha desplomado. Si vemos los datos de hace ocho años hasta ahora, hay un desplome total. No se ha construido nueva vivienda, no se saca la vacía al mercado y el Gobierno ha desatendido la pública asequible. En los últimos años, de los cientos de miles de viviendas prometidas, no se ha puesto ni un ladrillo. Como consecuencia, una parte de la sociedad que debería acceder a esas viviendas tiene que ir al mercado libre, generando muchísima más presión. Si a eso juntamos el crecimiento demográfico, vemos que es una olla a presión que terminará explotando. Los cambios legislativos se producen sin consenso y sin dirección.
- El segundo decreto del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo y que incluye la prórroga de alquileres no tiene garantizada su convalidación. ¿Les afecta?
- Sí. Ahora nos enfrentamos al hecho de la derogación del Real Decreto sobre el tema de las prórrogas. No se sabe si saldrá o se va a derogar y esa incertidumbre es la que da miedo al propietario. Hay cientos de propietarios y de inquilinos que nos llaman sin saber qué hacer. Desde Alquiler Seguro siempre hemos apostado por políticas de consenso en el ámbito de vivienda y en verdad no nos metemos en política. Lo importante no es quién gobierne, es que lo haga con cierto sentido.
- ¿Cómo estimularía usted la oferta?
- Básicamente hay que liberar suelo, es fundamental. Y para estimular la oferta necesitamos una fábrica de viviendas que no hay en España actualmente. Entendemos que son los ayuntamientos y la Administración pública quienes tienen que hacerlo y después dar seguridad jurídica al propietario. Si el propietario ve una situación de seguridad jurídica donde sabe que va a poder alquilar su vivienda recibiendo una renta a cambio, va a sacarla al mercado. Pero esto no se está produciendo. Existe otro problema en cuanto a la transferencia de las competencias. Hay competencias de vivienda a nivel estatal, autonómico y local, y cada instancia toma decisiones contradictorias a las otras. Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos un mercado que construya más vivienda y necesitamos que las que hay construidas salgan al mercado.
- En esta necesidad de liberar suelo, ¿entiende el bloqueo de la Ley de Suelo cuando los dos principales partidos parecen de acuerdo en sus líneas generales?
- No hay consenso, es un despropósito.
- ¿Qué recorrido le ve a los precios? ¿Espera que alcancen un techo pronto?
- En un mercado libre la oferta y la demanda marcan los precios, pero hay una limitación importante: los ingresos familiares. Los precios suben por falta de oferta, pero ese límite de los ingresos viene capado porque el Gobierno tampoco está haciendo nada por subir los salarios. No hay ayudas bien encauzadas. Y los jóvenes tienen más dificultades porque tienen menos ingresos, eso es evidente.
- ¿Son los jóvenes los grandes expulsados del mercado? ¿Tuvieron más oportunidades sus padres?
- Yo llegué a Madrid en el año 98 y tampoco había vivienda en alquiler. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero lo que estamos consiguiendo con estas políticas es que los que ya tienen un alquiler se vean beneficiados y que los perjudicados sean los que están fuera, sean jóvenes o mayores. Se habla mucho de una lucha de clases en el arrendamiento, pero nosotros no la vemos. No hay dos grupos organizados con intereses contrapuestos. Muchos propietarios son mayores y muchos inquilinos son jóvenes, pero son los hijos de los primeros. Enfrentar a padres e hijos es un poco absurdo. El joven tiene dificultades porque está fuera del mercado, no porque sea joven.
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