El juez Juan Carlos Peinado sostiene que Begoña Gómez utilizó su «condición de esposa de» Pedro Sánchez para «influir» en sus negocios privados, haciendo uso incluso del Palacio de la Moncloa para celebrar «reuniones». Desde su punto de vista, Gómez se aprovechó de su «relación personal» con el líder del PSOE y, a su vez, de la de «éste con el resto de la administración».Este lunes, mientras Sánchez y Gómez se encontraban de viaje oficial en China, el titular del juzgado número 41 de Madrid dictó un auto de 39 páginas en el que desglosaba los motivos por los que propone juzgar a la esposa del jefe del Ejecutivo, a la asesora de Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En esa resolución, el instructor pone el foco en el ascenso de Sánchez, «primero a la Secretaría General del PSOE» y, «sobre todo, a la Presidencia del Gobierno». Estos dos hitos supusieron, afirma, que se tomaran «decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto Transformación Social Competitiva» que dirigió su esposa en la Universidad Complutense de Madrid. Decisiones, añade, «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».Noticia relacionada general No No El juez procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos y la deja a un paso del banquillo Carmen Lucas-TorresLa causa contra Begoña Gómez arrancó en abril de 2024, cuando el juez Peinado admitió una denuncia presentada por Manos Limpias. La causa ha ido engordando a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, lo que ha llevado al magistrado a investigar, por una parte, la relación profesional de Gómez con la Complutense y con empresarios y, por otro lado, si malversó fondos públicos al contratar a Álvarez como su asesora.El juez dice que es un caso «más propio de regímenes absolutistas», como el de Fernando VIIEl instructor, que dio por concluida la investigación este lunes, cree que este caso es difícilmente comparable a cualquier otro vivido en España. Este tipo de conductas, «que provienen de palacios presidenciales», parecen para el magistrado «más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo», y para los que habría que «remontarse al reinado de Fernando VII». En su auto, el magistrado sostiene que hay indicios suficientes para continuar el procedimiento contra Gómez y su asesora por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. No así respecto del delito de intrusismo, que el juez acuerda archivar ante la falta de indicios. Por lo investigado hasta la fecha, el juez no tiene dudas de que Gómez «fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal». Y ello, según la resolución judicial, «ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública aprovechando ser su esposo el presidente del gobierno de España, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública».A modo de ejemplo, y para apuntalar la acusación por el delito de corrupción en los negocios, el magistrado destaca la carta de apoyo de Gómez a una unión de empresas vinculada con Barrabés. En concreto la firmada en julio de 2020, «coincidiendo presuntamente con las reuniones» del empresario en la Moncloa y la visita del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, al complejo presidencial. Una misiva, incide el juez, que se firmó cuando Gómez «ya había registrado como marca» el nombre que luego tendría la cátedra. «La carta de apoyo a la UTE vinculada a Barrabés es la prueba indiciaria de reciprocidad más alegada por las partes», recuerda. En este contexto, el juez analiza detalladamente el encuentro entre Goyache y Gómez en Moncloa. Goyache, recuerda el magistrado, dijo que «apenas la conocía por los medios y que sabía de ella porque era la mujer del presidente del Gobierno». Peinado también considera significativa la afirmación del vicerrector Juan Carlos Doadrio en sede judicial. «(Goyache) me llamó y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», destacó. Para el juez, «la ocultación» del rector a Doadrio [exvicerrector de la universidad] de la mencionada reunión en Moncloa «evidencia una presión de naturaleza jerárquica».Gómez se puso en contacto con uno de los patrocinadores de la cátedra, que abonó 60.000 euros, «a través de un amigo de su esposo»Además, el magistrado pone el foco en uno de los patrocinadores de la cátedra, Reale Seguros, que se comprometió con 60.000 euros. El contacto con la compañía, destaca el juez, «vino a través de un amigo de su esposo». En su declaración ante el juez, el CEO de la compañía negó que eligieran la cátedra porque la dirigiera Begoña Gómez. La situación de Gómez como esposa del presidente del Gobierno ha sido una constante en la investigación, a la que el juez ha puesto hoy fin. Eso le llevó a citarle como testigo, una declaración celebrada en julio de 2024. Entonces, el jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, una dispensa prevista en la ley. En una de sus resoluciones, el juez calificó de «fundamental» la relación entre Sánchez y su esposa. Y es que, a su juicio, «sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno difícilmente» podrían los tres investigados haber puesto «en práctica las conductas» por las que ha acordado procesales este mismo lunes.Aprovechó a su asesora en Moncloa para hacer negocioEl magistrado también se refiere a la relación entre Gómez y su asesora para fundamentar el procesamiento por un delito de malversación. A su juicio, la esposa del presidente «solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto como la interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas y desarrollo del proyecto tecnológico». En lo relativo al delito de apropiación indebida, el juez Peinado considera acreditado de Gómez «recibió el programa de los desarrolladores en el marco de su posición de codirección del proyecto universitario y como destinataria funcional del mismo en representación» de la Universidad Complutense, «sin que posteriormente lo pusiera a disposición» de la misma «ni lo sometiera al cauce institucional correspondiente». El magistrado afirma que Gómez «lo integró en una web de su titularidad y bajo su control, frustrando con ello la obligación de entrega, restitución o sometimiento al destino universitario del bien». «Concurren indicios bastantes de actos de disposición material, funcional y nominativa sobre el activo tecnológico, su soporte digital y sus elementos identificativos incompatibles con su destino institucional y reveladores de su incorporación a una esfera de control ajena a la Universidad Complutense», añade. El juez Juan Carlos Peinado sostiene que Begoña Gómez utilizó su «condición de esposa de» Pedro Sánchez para «influir» en sus negocios privados, haciendo uso incluso del Palacio de la Moncloa para celebrar «reuniones». Desde su punto de vista, Gómez se aprovechó de su «relación personal» con el líder del PSOE y, a su vez, de la de «éste con el resto de la administración».Este lunes, mientras Sánchez y Gómez se encontraban de viaje oficial en China, el titular del juzgado número 41 de Madrid dictó un auto de 39 páginas en el que desglosaba los motivos por los que propone juzgar a la esposa del jefe del Ejecutivo, a la asesora de Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En esa resolución, el instructor pone el foco en el ascenso de Sánchez, «primero a la Secretaría General del PSOE» y, «sobre todo, a la Presidencia del Gobierno». Estos dos hitos supusieron, afirma, que se tomaran «decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto Transformación Social Competitiva» que dirigió su esposa en la Universidad Complutense de Madrid. Decisiones, añade, «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».Noticia relacionada general No No El juez procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos y la deja a un paso del banquillo Carmen Lucas-TorresLa causa contra Begoña Gómez arrancó en abril de 2024, cuando el juez Peinado admitió una denuncia presentada por Manos Limpias. La causa ha ido engordando a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, lo que ha llevado al magistrado a investigar, por una parte, la relación profesional de Gómez con la Complutense y con empresarios y, por otro lado, si malversó fondos públicos al contratar a Álvarez como su asesora.El juez dice que es un caso «más propio de regímenes absolutistas», como el de Fernando VIIEl instructor, que dio por concluida la investigación este lunes, cree que este caso es difícilmente comparable a cualquier otro vivido en España. Este tipo de conductas, «que provienen de palacios presidenciales», parecen para el magistrado «más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo», y para los que habría que «remontarse al reinado de Fernando VII». En su auto, el magistrado sostiene que hay indicios suficientes para continuar el procedimiento contra Gómez y su asesora por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. No así respecto del delito de intrusismo, que el juez acuerda archivar ante la falta de indicios. Por lo investigado hasta la fecha, el juez no tiene dudas de que Gómez «fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal». Y ello, según la resolución judicial, «ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública aprovechando ser su esposo el presidente del gobierno de España, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública».A modo de ejemplo, y para apuntalar la acusación por el delito de corrupción en los negocios, el magistrado destaca la carta de apoyo de Gómez a una unión de empresas vinculada con Barrabés. En concreto la firmada en julio de 2020, «coincidiendo presuntamente con las reuniones» del empresario en la Moncloa y la visita del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, al complejo presidencial. Una misiva, incide el juez, que se firmó cuando Gómez «ya había registrado como marca» el nombre que luego tendría la cátedra. «La carta de apoyo a la UTE vinculada a Barrabés es la prueba indiciaria de reciprocidad más alegada por las partes», recuerda. En este contexto, el juez analiza detalladamente el encuentro entre Goyache y Gómez en Moncloa. Goyache, recuerda el magistrado, dijo que «apenas la conocía por los medios y que sabía de ella porque era la mujer del presidente del Gobierno». Peinado también considera significativa la afirmación del vicerrector Juan Carlos Doadrio en sede judicial. «(Goyache) me llamó y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», destacó. Para el juez, «la ocultación» del rector a Doadrio [exvicerrector de la universidad] de la mencionada reunión en Moncloa «evidencia una presión de naturaleza jerárquica».Gómez se puso en contacto con uno de los patrocinadores de la cátedra, que abonó 60.000 euros, «a través de un amigo de su esposo»Además, el magistrado pone el foco en uno de los patrocinadores de la cátedra, Reale Seguros, que se comprometió con 60.000 euros. El contacto con la compañía, destaca el juez, «vino a través de un amigo de su esposo». En su declaración ante el juez, el CEO de la compañía negó que eligieran la cátedra porque la dirigiera Begoña Gómez. La situación de Gómez como esposa del presidente del Gobierno ha sido una constante en la investigación, a la que el juez ha puesto hoy fin. Eso le llevó a citarle como testigo, una declaración celebrada en julio de 2024. Entonces, el jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, una dispensa prevista en la ley. En una de sus resoluciones, el juez calificó de «fundamental» la relación entre Sánchez y su esposa. Y es que, a su juicio, «sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno difícilmente» podrían los tres investigados haber puesto «en práctica las conductas» por las que ha acordado procesales este mismo lunes.Aprovechó a su asesora en Moncloa para hacer negocioEl magistrado también se refiere a la relación entre Gómez y su asesora para fundamentar el procesamiento por un delito de malversación. A su juicio, la esposa del presidente «solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto como la interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas y desarrollo del proyecto tecnológico». En lo relativo al delito de apropiación indebida, el juez Peinado considera acreditado de Gómez «recibió el programa de los desarrolladores en el marco de su posición de codirección del proyecto universitario y como destinataria funcional del mismo en representación» de la Universidad Complutense, «sin que posteriormente lo pusiera a disposición» de la misma «ni lo sometiera al cauce institucional correspondiente». El magistrado afirma que Gómez «lo integró en una web de su titularidad y bajo su control, frustrando con ello la obligación de entrega, restitución o sometimiento al destino universitario del bien». «Concurren indicios bastantes de actos de disposición material, funcional y nominativa sobre el activo tecnológico, su soporte digital y sus elementos identificativos incompatibles con su destino institucional y reveladores de su incorporación a una esfera de control ajena a la Universidad Complutense», añade.
El juez Juan Carlos Peinado sostiene que Begoña Gómez utilizó su «condición de esposa de» Pedro Sánchez para «influir» en sus negocios privados, haciendo uso incluso del Palacio de la Moncloa para celebrar «reuniones». Desde su punto de vista, Gómez se aprovechó de su «relación … personal» con el líder del PSOE y, a su vez, de la de «éste con el resto de la administración».
Este lunes, mientras Sánchez y Gómez se encontraban de viaje oficial en China, el titular del juzgado número 41 de Madrid dictó un auto de 39 páginas en el que desglosaba los motivos por los que propone juzgar a la esposa del jefe del Ejecutivo, a la asesora de Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En esa resolución, el instructor pone el foco en el ascenso de Sánchez, «primero a la Secretaría General del PSOE» y, «sobre todo, a la Presidencia del Gobierno».
Estos dos hitos supusieron, afirma, que se tomaran «decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto Transformación Social Competitiva» que dirigió su esposa en la Universidad Complutense de Madrid. Decisiones, añade, «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
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La causa contra Begoña Gómez arrancó en abril de 2024, cuando el juez Peinado admitió una denuncia presentada por Manos Limpias. La causa ha ido engordando a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, lo que ha llevado al magistrado a investigar, por una parte, la relación profesional de Gómez con la Complutense y con empresarios y, por otro lado, si malversó fondos públicos al contratar a Álvarez como su asesora.
El juez dice que es un caso «más propio de regímenes absolutistas», como el de Fernando VII
El instructor, que dio por concluida la investigación este lunes, cree que este caso es difícilmente comparable a cualquier otro vivido en España. Este tipo de conductas, «que provienen de palacios presidenciales», parecen para el magistrado «más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo», y para los que habría que «remontarse al reinado de Fernando VII».
En su auto, el magistrado sostiene que hay indicios suficientes para continuar el procedimiento contra Gómez y su asesora por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. No así respecto del delito de intrusismo, que el juez acuerda archivar ante la falta de indicios.
Por lo investigado hasta la fecha, el juez no tiene dudas de que Gómez «fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal». Y ello, según la resolución judicial, «ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública aprovechando ser su esposo el presidente del gobierno de España, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública».
A modo de ejemplo, y para apuntalar la acusación por el delito de corrupción en los negocios, el magistrado destaca la carta de apoyo de Gómez a una unión de empresas vinculada con Barrabés. En concreto la firmada en julio de 2020, «coincidiendo presuntamente con las reuniones» del empresario en la Moncloa y la visita del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, al complejo presidencial. Una misiva, incide el juez, que se firmó cuando Gómez «ya había registrado como marca» el nombre que luego tendría la cátedra. «La carta de apoyo a la UTE vinculada a Barrabés es la prueba indiciaria de reciprocidad más alegada por las partes», recuerda.
En este contexto, el juez analiza detalladamente el encuentro entre Goyache y Gómez en Moncloa. Goyache, recuerda el magistrado, dijo que «apenas la conocía por los medios y que sabía de ella porque era la mujer del presidente del Gobierno».
Peinado también considera significativa la afirmación del vicerrector Juan Carlos Doadrio en sede judicial. «(Goyache) me llamó y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», destacó. Para el juez, «la ocultación» del rector a Doadrio [exvicerrector de la universidad] de la mencionada reunión en Moncloa «evidencia una presión de naturaleza jerárquica».
Gómez se puso en contacto con uno de los patrocinadores de la cátedra, que abonó 60.000 euros, «a través de un amigo de su esposo»
Además, el magistrado pone el foco en uno de los patrocinadores de la cátedra, Reale Seguros, que se comprometió con 60.000 euros. El contacto con la compañía, destaca el juez, «vino a través de un amigo de su esposo». En su declaración ante el juez, el CEO de la compañía negó que eligieran la cátedra porque la dirigiera Begoña Gómez.
La situación de Gómez como esposa del presidente del Gobierno ha sido una constante en la investigación, a la que el juez ha puesto hoy fin. Eso le llevó a citarle como testigo, una declaración celebrada en julio de 2024. Entonces, el jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, una dispensa prevista en la ley.
En una de sus resoluciones, el juez calificó de «fundamental» la relación entre Sánchez y su esposa. Y es que, a su juicio, «sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno difícilmente» podrían los tres investigados haber puesto «en práctica las conductas» por las que ha acordado procesales este mismo lunes.
Aprovechó a su asesora en Moncloa para hacer negocio
El magistrado también se refiere a la relación entre Gómez y su asesora para fundamentar el procesamiento por un delito de malversación. A su juicio, la esposa del presidente «solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto como la interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas y desarrollo del proyecto tecnológico».
En lo relativo al delito de apropiación indebida, el juez Peinado considera acreditado de Gómez «recibió el programa de los desarrolladores en el marco de su posición de codirección del proyecto universitario y como destinataria funcional del mismo en representación» de la Universidad Complutense, «sin que posteriormente lo pusiera a disposición» de la misma «ni lo sometiera al cauce institucional correspondiente».
El magistrado afirma que Gómez «lo integró en una web de su titularidad y bajo su control, frustrando con ello la obligación de entrega, restitución o sometimiento al destino universitario del bien». «Concurren indicios bastantes de actos de disposición material, funcional y nominativa sobre el activo tecnológico, su soporte digital y sus elementos identificativos incompatibles con su destino institucional y reveladores de su incorporación a una esfera de control ajena a la Universidad Complutense», añade.
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