La Comisión Europea ya congeló un total de 500.348.248 euros sobre el quinto tramo de ayudas no reembolsables Leer La Comisión Europea ya congeló un total de 500.348.248 euros sobre el quinto tramo de ayudas no reembolsables Leer
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El tiempo se agota para que el Gobierno español cumpla con los compromisos fiscales de Bruselas. Aunque el Ejecutivo aprobó este lunes la prórroga de las medidas anticrisis en los carburantes -que incluyen ajustes temporales en la fiscalidad de los hidrocarburos-, le quedan dos meses (hasta el próximo 31 de agosto) para aplicar un incremento en el impuesto al diésel o perderá 475,3 millones de euros de fondos Next Generation.
Se trata del hito 388 del Plan de Recuperación, en el que se establecía la obligación de reformar el sistema tributario para impulsar la fiscalidad verde y que aumentara la recaudación de dinero del país en al menos un 0,3% del PIB, con la subida del impuesto al diésel como pieza central. El objetivo era acabar con «el trato fiscal favorable que recibe este combustible frente a la gasolina». Un compromiso que se ha topado con la falta de apoyos parlamentarios.
A finales de julio del año pasado, la Comisión Europea ya congeló un total de 500.348.248 euros sobre el quinto tramo de ayudas no reembolsables (de un total de 9.104,6 millones de euros) porque consideró que dos hitos específicos no se habían cumplido satisfactoriamente: la reforma fiscal del diésel y Digitalización de entidades regionales y locales (hito 167 y vinculado a los 25 millones restantes).
Desde entonces, España ha aportado la documentación y evidencia para justificar el cumplimiento y ha logrado desbloquear solo la segunda partida. Sin embargo, el Gobierno justificó el impacto esperado de la subida del diésel en unas previsiones de ingresos permanentes aun con la medida sin entrar en vigor. En su escenario, España alcanzaba en 0,26% del PIB y en el que la Comisión tomó como referencia llegaba a los 0,23%. En cualquier caso, por debajo de lo pactadopara recibir los fondos.
Según ha podido saber este periódico, el límite del 31 de agosto es la última fecha en la que el Gobierno podrá solicitar la liberación de los fondos pendientes, siguiendo el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Comisión solo tiene autorización legal para captar el dinero en los mercados hasta 2026 por un acuerdo previo con el Consejo; pasado ese plazo, no existe posibilidad técnica ni política de prorrogar los pagos sin un acuerdo unánime de los 27 países de la UE, algo que Bruselas ya ha descartado por completo.
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