Compromís ha exigido al Gobierno prohibir la compra de vivienda a población no residente en Alicante para garantizar el derecho a los censados allí. Aunque no lo ha definido así, el planteamiento entraña de facto una ‘prioridad nacional’.Contrasta este veto sugerido con el rechazo contundente que esta formación política ha mostrado contra Vox por pretender conceder cualquier tipo de prioridad a los ciudadanos españoles frente a los foráneos, en su caso, para la percepción de ayudas o subvenciones.Sin embargo, ahora el diputado de la coalición valencianista en el Congreso de los Diputados Alberto Ibáñez ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda en esa línea ante los últimos datos de inflación en el sector, muy presionado desde hace años, en especial, en esta provincia con fuerte atractivo para el turismo europeo.Inflación por su mayor poder adquisitivo«En junio de 2026, el precio de la vivienda de segunda mano creció un 16,8 por ciento más que el año anterior en Alicante y el no residente pagó aproximadamente un 76% más que un comprador residente español», ha argumentado el parlamentario de Compromís, descartando cualquier duda sobre la nacionalidad, ya que la mayoría de esas operaciones son de extranjeros, no de interesados del resto de autonomías. No cabe pues, una «prioridad local o provincial» para los alicantinos.En un comunicado, el portavoz de Vivienda de la formación parcialmente nacionalista en la Cámara baja ha abundado en que «la subida bestial de precios se debe, entre otros factores, por la compra de población no residente». Ante esta progresión agravada en el mercado, ha pedido al Gobierno «medidas urgentes, tanto regulatorias como fiscales, para frenar la presión que sufren las comarcas del sur» de la Comunidad Valenciana.De hecho, esta región «concentró un 40% de todas las compraventas realizadas por no residentes en España en 2025, una tendencia que ha empeorado en lo que llevamos de año y algo que no podemos tolerar si queremos garantizar el acceso a la vivienda», ha enfatizado Ibáñez.Ciertamente, la Costa Blanca alicantina suele figurar cada año como la zona preferida por extranjeros para hacerse con una casa o piso, porcentualmente en cabeza de las estadísticas de toda la Península Ibérica y en cifras absolutas tan sólo por detrás de Madrid y Barcelona, núcleos de población mucho mayores.Hasta ahora, no se conocen antecedentes de que ningún partido haya planteado una medida correctora en la que se tenga en cuenta el origen del comprador de la vivienda. Compromís ha exigido al Gobierno prohibir la compra de vivienda a población no residente en Alicante para garantizar el derecho a los censados allí. Aunque no lo ha definido así, el planteamiento entraña de facto una ‘prioridad nacional’.Contrasta este veto sugerido con el rechazo contundente que esta formación política ha mostrado contra Vox por pretender conceder cualquier tipo de prioridad a los ciudadanos españoles frente a los foráneos, en su caso, para la percepción de ayudas o subvenciones.Sin embargo, ahora el diputado de la coalición valencianista en el Congreso de los Diputados Alberto Ibáñez ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda en esa línea ante los últimos datos de inflación en el sector, muy presionado desde hace años, en especial, en esta provincia con fuerte atractivo para el turismo europeo.Inflación por su mayor poder adquisitivo«En junio de 2026, el precio de la vivienda de segunda mano creció un 16,8 por ciento más que el año anterior en Alicante y el no residente pagó aproximadamente un 76% más que un comprador residente español», ha argumentado el parlamentario de Compromís, descartando cualquier duda sobre la nacionalidad, ya que la mayoría de esas operaciones son de extranjeros, no de interesados del resto de autonomías. No cabe pues, una «prioridad local o provincial» para los alicantinos.En un comunicado, el portavoz de Vivienda de la formación parcialmente nacionalista en la Cámara baja ha abundado en que «la subida bestial de precios se debe, entre otros factores, por la compra de población no residente». Ante esta progresión agravada en el mercado, ha pedido al Gobierno «medidas urgentes, tanto regulatorias como fiscales, para frenar la presión que sufren las comarcas del sur» de la Comunidad Valenciana.De hecho, esta región «concentró un 40% de todas las compraventas realizadas por no residentes en España en 2025, una tendencia que ha empeorado en lo que llevamos de año y algo que no podemos tolerar si queremos garantizar el acceso a la vivienda», ha enfatizado Ibáñez.Ciertamente, la Costa Blanca alicantina suele figurar cada año como la zona preferida por extranjeros para hacerse con una casa o piso, porcentualmente en cabeza de las estadísticas de toda la Península Ibérica y en cifras absolutas tan sólo por detrás de Madrid y Barcelona, núcleos de población mucho mayores.Hasta ahora, no se conocen antecedentes de que ningún partido haya planteado una medida correctora en la que se tenga en cuenta el origen del comprador de la vivienda.
Compromís ha exigido al Gobierno prohibir la compra de vivienda a población no residente en Alicante para garantizar el derecho a los censados allí. Aunque no lo ha definido así, el planteamiento entraña de facto una ‘prioridad nacional’.
Contrasta este veto sugerido con el rechazo … contundente que esta formación política ha mostrado contra Vox por pretender conceder cualquier tipo de prioridad a los ciudadanos españoles frente a los foráneos, en su caso, para la percepción de ayudas o subvenciones.
Sin embargo, ahora el diputado de la coalición valencianista en el Congreso de los Diputados Alberto Ibáñez ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda en esa línea ante los últimos datos de inflación en el sector, muy presionado desde hace años, en especial, en esta provincia con fuerte atractivo para el turismo europeo.
Inflación por su mayor poder adquisitivo
«En junio de 2026, el precio de la vivienda de segunda mano creció un 16,8 por ciento más que el año anterior en Alicante y el no residente pagó aproximadamente un 76% más que un comprador residente español», ha argumentado el parlamentario de Compromís, descartando cualquier duda sobre la nacionalidad, ya que la mayoría de esas operaciones son de extranjeros, no de interesados del resto de autonomías. No cabe pues, una «prioridad local o provincial» para los alicantinos.
En un comunicado, el portavoz de Vivienda de la formación parcialmente nacionalista en la Cámara baja ha abundado en que «la subida bestial de precios se debe, entre otros factores, por la compra de población no residente».
Ante esta progresión agravada en el mercado, ha pedido al Gobierno «medidas urgentes, tanto regulatorias como fiscales, para frenar la presión que sufren las comarcas del sur» de la Comunidad Valenciana.
De hecho, esta región «concentró un 40% de todas las compraventas realizadas por no residentes en España en 2025, una tendencia que ha empeorado en lo que llevamos de año y algo que no podemos tolerar si queremos garantizar el acceso a la vivienda», ha enfatizado Ibáñez.
Ciertamente, la Costa Blanca alicantina suele figurar cada año como la zona preferida por extranjeros para hacerse con una casa o piso, porcentualmente en cabeza de las estadísticas de toda la Península Ibérica y en cifras absolutas tan sólo por detrás de Madrid y Barcelona, núcleos de población mucho mayores.
Hasta ahora, no se conocen antecedentes de que ningún partido haya planteado una medida correctora en la que se tenga en cuenta el origen del comprador de la vivienda.
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