Un contrato de trabajo puede llegar a costar 10.500 euros. Un empadronamiento engañoso alcanza los 1.200 euros. Así, un contrato de alquiler falso o un empleo que nunca ha existido puede convertirse en la llave de muchos inmigrantes ilegales para tramitar con éxito un expediente de regularización. En torno a esos documentos, imprescindibles para acreditar arraigo o residencia en España, ha surgido e n Almería un mercado negro que durante los últimos meses ha quedado al descubierto a través de varias operaciones desarrolladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El fenómeno se ha incrementado tras el anuncio en enero del Gobierno del proceso de regularización extraordinaria que finalizará este mes de junio.Las investigaciones realizadas durante 2026 muestran hasta el momento un fenómeno que va mucho más allá de casos aislados . Las redes criminales han diversificado su actividad y comercializan prácticamente cualquier documento susceptible de ser utilizado en un procedimiento administrativo relacionado con la extranjería.La operación ‘Lutasanol’, desarrollada hace unas semanas por la Guardia Civil en Almería, ha permitido desarticular una organización que ofrecía contratos laborales ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de cantidades comprendidas entre los 4.500 y los 10.500 euros . La trama habría facilitado más de un centenar de expedientes fraudulentos mediante empresas utilizadas como pantalla y altas simuladas en la Seguridad Social, generando un fraude superior a los 100.000 euros.En la red criminal participaban un captador, dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor que colaboraba con la trama . Un bazar servía como centro de operaciones. Aquí se localizó abundante documentación, copias de identidad, nóminas falsas, anotaciones y dinero en efectivo procedente de los cobros realizados a las víctimas.Colas de inmigrantes para obtener documentación en el Ayuntamiento de Almería ABCMeses antes, la Policía Nacional desmanteló en El Ejido y Vícar a otra organización dedicada a vender empadronamientos ficticios por importes de entre 800 y 1.200 euros. La investigación reveló la utilización de contratos de alquiler simulados y otra documentación falsa para hacer creer que los solicitantes residían en viviendas donde nunca habían residido.También este año, la denominada operación ‘Resurrección’ permitió descubrir otra trama que utilizaba documentación donde figuraba la identidad de una persona fallecida para lograr empadronamientos engañosos que posteriormente eran empleados en procedimientos de regularización administrativa. A estas investigaciones se suma otra desarrollada en Roquetas de Mar, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas un funcionario municipal, por su presunta implicación en una red dedicada a falsificar empadronamientos y contratos de alquiler relacionados con expedientes de extranjería.Aunque cada organización empleaba métodos diferentes, todas compartían un mismo objetivo: proporcionar por vías ilegales la documentación necesaria para acceder o renovar autorizaciones de residencia y trabajo. Este fenómeno coincide con el debate abierto sobre el acceso al padrón en algunos municipios de la provincia.El informe «Vivir sin existir», elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, denuncia las dificultades que encuentran numerosos trabajadores inmigrantes para empadronarse en Níjar cuando residen en asentamientos, cortijos o infraviviendas . La entidad asegura haber acompañado cerca de un millar de expedientes relacionados con el padrón entre 2023 y 2025 y sostiene que la falta de inscripción administrativa puede dificultar el acceso a distintos derechos y a posteriores procedimientos de regularización. El propio informe advierte además de un «mercado irregular de compraventa de empadronamientos » que surge cuando el acceso ordinario al padrón resulta incierto o bloqueado. Las operaciones policiales desarrolladas este año evidencian precisamente la existencia de ese negocio clandestino. Colas de inmigrantes en el Puerto de Almería para ser atendidos por Almería Acoge ABC Juan Miralles: «Cuando la legislación no responde a las necesidades de las personas, surgen vías no legales» El director de la ONG Almería Acoge, Juan Miralles, considera que las redes ilegales que operan en torno a los trámites de extranjería encuentran terreno fértil cuando la normativa y la administración no ofrecen respuestas ágiles a las necesidades de las personas inmigrantes y de las empresas que demandan mano de obra. Miralles asegura que la organización ha actuado siempre que ha tenido conocimiento de posibles irregularidades. «Cuando nos hemos enterado, lo hemos gestionado como hay que gestionarlo, poniéndolo en manos de la Policía», afirma, recordando que la persecución de estos delitos corresponde a las fuerzas de seguridad. No obstante, sostiene que el origen del problema es estructural. «Cuando la legislación no responde a las necesidades de las personas, surgen vías no legales para dar respuesta a esas necesidades», explica. En su opinión, la normativa de extranjería «no responde ni a las necesidades de las personas inmigrantes ni a las de los empresarios que necesitan mano de obra», una situación que, según dice, facilita la proliferación de redes que intentan aprovecharse de quienes buscan regularizar su situación. En relación con el proceso extraordinario de regularización actualmente en marcha, el director de la entidad cree que cualquier requisito administrativo difícil de obtener puede convertirse en una oportunidad para las mafias. Como ejemplo, cita las dificultades que se produjeron para conseguir los certificados de vulnerabilidad, lo que provocó colas y problemas de acceso. «Si no pones mecanismos accesibles para conseguir un requisito, aparecerán expedidores falsos que cobrarán por algo que debería ser gratuito», sostiene. Para Miralles, la solución pasa por simplificar y hacer transparentes todos los procedimientos administrativos. «No tenemos que generar la necesidad de que haya mafias. Cuanto más clara sea el agua, más difícil es que surjan», resume. Sobre el desarrollo del proceso de regularización, asegura que la atención a las personas está transcurriendo con normalidad, aunque muestra preocupación por la lentitud en la resolución de los expedientes y por la fase final del procedimiento, especialmente en aquellos municipios donde existen dificultades para obtener el empadronamiento. En este sentido, advierte que exigir el padrón para asignar una oficina de extranjería puede dejar fuera a personas que ya hayan obtenido una resolución favorable. «Podemos destrozar todo el trabajo hecho en tres meses si al final la persona no puede completar el trámite», lamenta. Por último, Miralles reclama una mayor conexión entre quienes elaboran la normativa y quienes trabajan diariamente sobre el terreno. «Quien mejor se calienta es quien está más cerca del fuego», recuerda citando un proverbio africano, para defender que las administraciones escuchen a entidades sociales, empresas y profesionales antes de diseñar los procedimientos de extranjería.Los investigadores describen estructuras cada vez más especializadas, con captadores, intermediarios, gestores documentales, propietarios de viviendas o responsables de empresas instrumentales que colaboran para dotar de apariencia legal a expedientes construidos sobre documentos falsos. El resultado es una economía sumergida que gira en torno a la regularización administrativa y que encuentra en la vulnerabilidad de muchos inmigrantes un nicho de negocio. Las organizaciones criminales, según fuentes policiales de las distintas investigaciones, suelen adaptarse rápidamente a los requisitos administrativos que generan oportunidades de negocio. La necesidad de acreditar domicilio o trabajo para iniciar o mantener procesos de regularización convierte cada documento requerido en una oportunidad económica.Para las organizaciones sociales, la clave no está solo en la represión del fraude, sino en reducir las situaciones de vulnerabilidad administrativa que empujan a parte de la población inmigrante a buscar intermediarios ilegales para poder regularizar su situación. Un contrato de trabajo puede llegar a costar 10.500 euros. Un empadronamiento engañoso alcanza los 1.200 euros. Así, un contrato de alquiler falso o un empleo que nunca ha existido puede convertirse en la llave de muchos inmigrantes ilegales para tramitar con éxito un expediente de regularización. En torno a esos documentos, imprescindibles para acreditar arraigo o residencia en España, ha surgido e n Almería un mercado negro que durante los últimos meses ha quedado al descubierto a través de varias operaciones desarrolladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El fenómeno se ha incrementado tras el anuncio en enero del Gobierno del proceso de regularización extraordinaria que finalizará este mes de junio.Las investigaciones realizadas durante 2026 muestran hasta el momento un fenómeno que va mucho más allá de casos aislados . Las redes criminales han diversificado su actividad y comercializan prácticamente cualquier documento susceptible de ser utilizado en un procedimiento administrativo relacionado con la extranjería.La operación ‘Lutasanol’, desarrollada hace unas semanas por la Guardia Civil en Almería, ha permitido desarticular una organización que ofrecía contratos laborales ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de cantidades comprendidas entre los 4.500 y los 10.500 euros . La trama habría facilitado más de un centenar de expedientes fraudulentos mediante empresas utilizadas como pantalla y altas simuladas en la Seguridad Social, generando un fraude superior a los 100.000 euros.En la red criminal participaban un captador, dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor que colaboraba con la trama . Un bazar servía como centro de operaciones. Aquí se localizó abundante documentación, copias de identidad, nóminas falsas, anotaciones y dinero en efectivo procedente de los cobros realizados a las víctimas.Colas de inmigrantes para obtener documentación en el Ayuntamiento de Almería ABCMeses antes, la Policía Nacional desmanteló en El Ejido y Vícar a otra organización dedicada a vender empadronamientos ficticios por importes de entre 800 y 1.200 euros. La investigación reveló la utilización de contratos de alquiler simulados y otra documentación falsa para hacer creer que los solicitantes residían en viviendas donde nunca habían residido.También este año, la denominada operación ‘Resurrección’ permitió descubrir otra trama que utilizaba documentación donde figuraba la identidad de una persona fallecida para lograr empadronamientos engañosos que posteriormente eran empleados en procedimientos de regularización administrativa. A estas investigaciones se suma otra desarrollada en Roquetas de Mar, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas un funcionario municipal, por su presunta implicación en una red dedicada a falsificar empadronamientos y contratos de alquiler relacionados con expedientes de extranjería.Aunque cada organización empleaba métodos diferentes, todas compartían un mismo objetivo: proporcionar por vías ilegales la documentación necesaria para acceder o renovar autorizaciones de residencia y trabajo. Este fenómeno coincide con el debate abierto sobre el acceso al padrón en algunos municipios de la provincia.El informe «Vivir sin existir», elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, denuncia las dificultades que encuentran numerosos trabajadores inmigrantes para empadronarse en Níjar cuando residen en asentamientos, cortijos o infraviviendas . La entidad asegura haber acompañado cerca de un millar de expedientes relacionados con el padrón entre 2023 y 2025 y sostiene que la falta de inscripción administrativa puede dificultar el acceso a distintos derechos y a posteriores procedimientos de regularización. El propio informe advierte además de un «mercado irregular de compraventa de empadronamientos » que surge cuando el acceso ordinario al padrón resulta incierto o bloqueado. Las operaciones policiales desarrolladas este año evidencian precisamente la existencia de ese negocio clandestino. Colas de inmigrantes en el Puerto de Almería para ser atendidos por Almería Acoge ABC Juan Miralles: «Cuando la legislación no responde a las necesidades de las personas, surgen vías no legales» El director de la ONG Almería Acoge, Juan Miralles, considera que las redes ilegales que operan en torno a los trámites de extranjería encuentran terreno fértil cuando la normativa y la administración no ofrecen respuestas ágiles a las necesidades de las personas inmigrantes y de las empresas que demandan mano de obra. Miralles asegura que la organización ha actuado siempre que ha tenido conocimiento de posibles irregularidades. «Cuando nos hemos enterado, lo hemos gestionado como hay que gestionarlo, poniéndolo en manos de la Policía», afirma, recordando que la persecución de estos delitos corresponde a las fuerzas de seguridad. No obstante, sostiene que el origen del problema es estructural. «Cuando la legislación no responde a las necesidades de las personas, surgen vías no legales para dar respuesta a esas necesidades», explica. En su opinión, la normativa de extranjería «no responde ni a las necesidades de las personas inmigrantes ni a las de los empresarios que necesitan mano de obra», una situación que, según dice, facilita la proliferación de redes que intentan aprovecharse de quienes buscan regularizar su situación. En relación con el proceso extraordinario de regularización actualmente en marcha, el director de la entidad cree que cualquier requisito administrativo difícil de obtener puede convertirse en una oportunidad para las mafias. Como ejemplo, cita las dificultades que se produjeron para conseguir los certificados de vulnerabilidad, lo que provocó colas y problemas de acceso. «Si no pones mecanismos accesibles para conseguir un requisito, aparecerán expedidores falsos que cobrarán por algo que debería ser gratuito», sostiene. Para Miralles, la solución pasa por simplificar y hacer transparentes todos los procedimientos administrativos. «No tenemos que generar la necesidad de que haya mafias. Cuanto más clara sea el agua, más difícil es que surjan», resume. Sobre el desarrollo del proceso de regularización, asegura que la atención a las personas está transcurriendo con normalidad, aunque muestra preocupación por la lentitud en la resolución de los expedientes y por la fase final del procedimiento, especialmente en aquellos municipios donde existen dificultades para obtener el empadronamiento. En este sentido, advierte que exigir el padrón para asignar una oficina de extranjería puede dejar fuera a personas que ya hayan obtenido una resolución favorable. «Podemos destrozar todo el trabajo hecho en tres meses si al final la persona no puede completar el trámite», lamenta. Por último, Miralles reclama una mayor conexión entre quienes elaboran la normativa y quienes trabajan diariamente sobre el terreno. «Quien mejor se calienta es quien está más cerca del fuego», recuerda citando un proverbio africano, para defender que las administraciones escuchen a entidades sociales, empresas y profesionales antes de diseñar los procedimientos de extranjería.Los investigadores describen estructuras cada vez más especializadas, con captadores, intermediarios, gestores documentales, propietarios de viviendas o responsables de empresas instrumentales que colaboran para dotar de apariencia legal a expedientes construidos sobre documentos falsos. El resultado es una economía sumergida que gira en torno a la regularización administrativa y que encuentra en la vulnerabilidad de muchos inmigrantes un nicho de negocio. Las organizaciones criminales, según fuentes policiales de las distintas investigaciones, suelen adaptarse rápidamente a los requisitos administrativos que generan oportunidades de negocio. La necesidad de acreditar domicilio o trabajo para iniciar o mantener procesos de regularización convierte cada documento requerido en una oportunidad económica.Para las organizaciones sociales, la clave no está solo en la represión del fraude, sino en reducir las situaciones de vulnerabilidad administrativa que empujan a parte de la población inmigrante a buscar intermediarios ilegales para poder regularizar su situación.
Un contrato de trabajo puede llegar a costar 10.500 euros. Un empadronamiento engañoso alcanza los 1.200 euros. Así, un contrato de alquiler falso o un empleo que nunca ha existido puede convertirse en la llave de muchos inmigrantes ilegales para tramitar con … éxito un expediente de regularización.
En torno a esos documentos, imprescindibles para acreditar arraigo o residencia en España, ha surgido en Almería un mercado negro que durante los últimos meses ha quedado al descubierto a través de varias operaciones desarrolladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El fenómeno se ha incrementado tras el anuncio en enero del Gobierno del proceso de regularización extraordinaria que finalizará este mes de junio.
Las investigaciones realizadas durante 2026 muestran hasta el momento un fenómeno que va mucho más allá de casos aislados. Las redes criminales han diversificado su actividad y comercializan prácticamente cualquier documento susceptible de ser utilizado en un procedimiento administrativo relacionado con la extranjería.
La operación ‘Lutasanol’, desarrollada hace unas semanas por la Guardia Civil en Almería, ha permitido desarticular una organización que ofrecía contratos laborales ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de cantidades comprendidas entre los 4.500 y los 10.500 euros. La trama habría facilitado más de un centenar de expedientes fraudulentos mediante empresas utilizadas como pantalla y altas simuladas en la Seguridad Social, generando un fraude superior a los 100.000 euros.
En la red criminal participaban un captador, dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor que colaboraba con la trama. Un bazar servía como centro de operaciones. Aquí se localizó abundante documentación, copias de identidad, nóminas falsas, anotaciones y dinero en efectivo procedente de los cobros realizados a las víctimas.
(ABC)
Meses antes, la Policía Nacional desmanteló en El Ejido y Vícar a otra organización dedicada a vender empadronamientos ficticios por importes de entre 800 y 1.200 euros. La investigación reveló la utilización de contratos de alquiler simulados y otra documentación falsa para hacer creer que los solicitantes residían en viviendas donde nunca habían residido.
También este año, la denominada operación ‘Resurrección’ permitió descubrir otra trama que utilizaba documentación donde figuraba la identidad de una persona fallecida para lograr empadronamientos engañosos que posteriormente eran empleados en procedimientos de regularización administrativa. A estas investigaciones se suma otra desarrollada en Roquetas de Mar, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas un funcionario municipal, por su presunta implicación en una red dedicada a falsificar empadronamientos y contratos de alquiler relacionados con expedientes de extranjería.
Aunque cada organización empleaba métodos diferentes, todas compartían un mismo objetivo: proporcionar por vías ilegales la documentación necesaria para acceder o renovar autorizaciones de residencia y trabajo. Este fenómeno coincide con el debate abierto sobre el acceso al padrón en algunos municipios de la provincia.
El informe «Vivir sin existir», elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, denuncia las dificultades que encuentran numerosos trabajadores inmigrantes para empadronarse en Níjar cuando residen en asentamientos, cortijos o infraviviendas. La entidad asegura haber acompañado cerca de un millar de expedientes relacionados con el padrón entre 2023 y 2025 y sostiene que la falta de inscripción administrativa puede dificultar el acceso a distintos derechos y a posteriores procedimientos de regularización.
El propio informe advierte además de un «mercado irregular de compraventa de empadronamientos» que surge cuando el acceso ordinario al padrón resulta incierto o bloqueado. Las operaciones policiales desarrolladas este año evidencian precisamente la existencia de ese negocio clandestino.
(ABC)
Juan Miralles: «Cuando la legislación no responde a las necesidades de las personas, surgen vías no legales»
El director de la ONG Almería Acoge, Juan Miralles, considera que las redes ilegales que operan en torno a los trámites de extranjería encuentran terreno fértil cuando la normativa y la administración no ofrecen respuestas ágiles a las necesidades de las personas inmigrantes y de las empresas que demandan mano de obra.
Miralles asegura que la organización ha actuado siempre que ha tenido conocimiento de posibles irregularidades. «Cuando nos hemos enterado, lo hemos gestionado como hay que gestionarlo, poniéndolo en manos de la Policía», afirma, recordando que la persecución de estos delitos corresponde a las fuerzas de seguridad.
No obstante, sostiene que el origen del problema es estructural. «Cuando la legislación no responde a las necesidades de las personas, surgen vías no legales para dar respuesta a esas necesidades», explica. En su opinión, la normativa de extranjería «no responde ni a las necesidades de las personas inmigrantes ni a las de los empresarios que necesitan mano de obra», una situación que, según dice, facilita la proliferación de redes que intentan aprovecharse de quienes buscan regularizar su situación.
En relación con el proceso extraordinario de regularización actualmente en marcha, el director de la entidad cree que cualquier requisito administrativo difícil de obtener puede convertirse en una oportunidad para las mafias. Como ejemplo, cita las dificultades que se produjeron para conseguir los certificados de vulnerabilidad, lo que provocó colas y problemas de acceso. «Si no pones mecanismos accesibles para conseguir un requisito, aparecerán expedidores falsos que cobrarán por algo que debería ser gratuito», sostiene.
Para Miralles, la solución pasa por simplificar y hacer transparentes todos los procedimientos administrativos. «No tenemos que generar la necesidad de que haya mafias. Cuanto más clara sea el agua, más difícil es que surjan», resume.
Sobre el desarrollo del proceso de regularización, asegura que la atención a las personas está transcurriendo con normalidad, aunque muestra preocupación por la lentitud en la resolución de los expedientes y por la fase final del procedimiento, especialmente en aquellos municipios donde existen dificultades para obtener el empadronamiento.
En este sentido, advierte que exigir el padrón para asignar una oficina de extranjería puede dejar fuera a personas que ya hayan obtenido una resolución favorable. «Podemos destrozar todo el trabajo hecho en tres meses si al final la persona no puede completar el trámite», lamenta.
Por último, Miralles reclama una mayor conexión entre quienes elaboran la normativa y quienes trabajan diariamente sobre el terreno. «Quien mejor se calienta es quien está más cerca del fuego», recuerda citando un proverbio africano, para defender que las administraciones escuchen a entidades sociales, empresas y profesionales antes de diseñar los procedimientos de extranjería.
Los investigadores describen estructuras cada vez más especializadas, con captadores, intermediarios, gestores documentales, propietarios de viviendas o responsables de empresas instrumentales que colaboran para dotar de apariencia legal a expedientes construidos sobre documentos falsos. El resultado es una economía sumergida que gira en torno a la regularización administrativa y que encuentra en la vulnerabilidad de muchos inmigrantes un nicho de negocio.
Las organizaciones criminales, según fuentes policiales de las distintas investigaciones, suelen adaptarse rápidamente a los requisitos administrativos que generan oportunidades de negocio. La necesidad de acreditar domicilio o trabajo para iniciar o mantener procesos de regularización convierte cada documento requerido en una oportunidad económica.
Para las organizaciones sociales, la clave no está solo en la represión del fraude, sino en reducir las situaciones de vulnerabilidad administrativa que empujan a parte de la población inmigrante a buscar intermediarios ilegales para poder regularizar su situación.
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