El hotel El Algarrobico ha sobrevivido a gobiernos, cambios legislativos, más de dos décadas de litigios y decenas de resoluciones judiciales. El gigantesco edificio de 21 plantas y 411 habitaciones , levantado frente al mar en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sigue desafiando al paso del tiempo y a la propia Justicia. Y ahora, cuando parecía que el proceso para su derribo había entrado en la fase definitiva, todo ha vuelto al punto de partida.El pleno extraordinario celebrado el 17 de junio en el Ayuntamiento de Carboneras debía servir para cumplir una de las últimas exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: declarar nula la licencia municipal de obras concedida en enero de 2003. Sin ese paso previo, el derribo resulta jurídicamente inviable. Sin embargo, la votación terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de un caso que parece condenado a repetirse indefinidamente.Contra todo pronóstico, concejales del PSOE y no adscritos decidieron dejar sobre la mesa la votación sobre la anulación de la licencia. La decisión se aplazó hasta disponer de nuevos informes sobre las posibles consecuencias económicas para el municipio. La explicación ofrecida por los ediles socialistas no gira en torno a la legalidad urbanística del edificio, ampliamente cuestionada por los tribunales durante años, sino al impacto económico que podría provocar la nulidad del permiso municipal.El temor es que Azata del Sol, promotora del hotel , reclame una indemnización millonaria por los daños derivados de la anulación de una licencia concedida por el propio Ayuntamiento hace más de dos décadas. Para un municipio de apenas 8.400 habitantes y con un presupuesto muy limitado, una condena de esa magnitud supondría un golpe prácticamente imposible de asumir.Ese miedo, según los argumentos que esgrimió el portavoz municipal socialista, ha terminado imponiéndose a las directrices del partido. La escena resultó especialmente incómoda para el PSOE. Fue un alcalde socialista, Cristóbal Fernández , quien concedió hace 23 años la licencia que permitió levantar el macrohotel. En aquel momento, el proyecto contaba además con informes favorables de distintas administraciones gobernadas por los socialistas, tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración del Estado.Con el paso de los años, el discurso ha cambiado radicalmente. El mismo partido que respaldó el desarrollo urbanístico acabó convirtiendo El Algarrobico en símbolo del urbanismo ilegal y de la protección ambiental, prometiendo una y otra vez su demolición. Tras una denuncia de un grupo ecologista, un juez paró la construcción en 2006 cuando se encontraba al 95%.La contradicción de los socialistas ha protagonizado un nuevo capítulo durante el último pleno carbonero. El grupo socialista de Carboneras, liderado por José Luis Amérigo Fernández, sobrino del alcalde que concedió la licencia, anunció su voto en contra de la anulación del permiso que su partido lleva años reclamando, hasta no contar con más información respecto a la repercusión que conlleva el trámite para la localidad.El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández ABC Salvador Hernández: «Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras» El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha defendido que el principal afectado por el conflicto del hotel de El Algarrobico es el municipio y ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía una «solución definitiva» que permita cerrar un problema que se prolonga desde hace más de dos décadas. «El Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras», ha manifestado el regidor, quien ha pedido a ambas administraciones «altura de miras» para respaldar al municipio y compensar el daño sufrido. Las declaraciones del alcalde llegan después de que el Pleno municipal decidiera posponer la votación sobre la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, trámite que debía servir para anular el permiso de construcción en cumplimiento de las resoluciones judiciales que declararon ilegal el inmueble. Tras la sesión plenaria, Hernández lamentó que no se aprobara la propuesta y aseguró que «lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá». Con los votos favorables del PSOE y dos ediles no adscritos, el asunto quedó sobre la mesa para solicitar nuevos informes sobre el impacto económico y patrimonial que podría derivarse de la decisión. El alcalde insistió en que el propio acuerdo contemplaba abrir posteriormente un expediente para analizar las posibles reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia y tras el pronunciamiento de los tribunales. «No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición», afirmó. Hernández reconoció además que no esperaba este desenlace, ya que su intención era sacar adelante la propuesta conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Hasta donde llegan mis capacidades he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno», señaló. En este sentido, reiteró que el Ayuntamiento está obligado a cumplir las resoluciones judiciales «dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.400 habitantes», al tiempo que recordó que cada concejal es responsable de su voto. El Pleno tenía previsto aprobar la revisión de la licencia concedida en enero de 2003, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara su nulidad al haberse otorgado sobre suelos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en la zona de servidumbre de protección del litoral.La reacción fue inmediata. La dirección provincial del PSOE anunció la apertura de expedientes disciplinarios y la suspensión cautelar de militancia de los cinco concejales por desobedecer las instrucciones de la organización.La situación también deja en una posición comprometida a María Jesús Montero. La vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía prometía hace un año que lo tiraría en cinco meses , sin embargo, el calendario ha seguido avanzando sin que las excavadoras aparezcan en la playa del Algarrobico. Tampoco ha evolucionado el expediente de expropiación que solo afectaba a la zona del hotel ubicada en dominio público marítimo-terrestreNoticia relacionada estandar No general No No El Gobierno y la Junta de Andalucía se reunirán el martes 23 para abordar el conflicto de El Algarrobico José María AguileraLa paradoja resulta difícil de igualar. Para restaurar la legalidad urbanística primero debe anularse una licencia que fue concedida por una administración pública y que por el momento sigue en vigor, a pesar de ser una construcción ilegal por estar en suelo protegido e invadir parte de la franja costera. La anulación del permiso municipal puede abrir la puerta a reclamaciones económicas multimillonarias que nadie quiere asumir.La Junta de Andalucía ya ha anunciado que solicitará al TSJA la ejecución subsidiaria de la sentencia para intentar sortear el bloqueo municipal y que sea la propia administración autonómica quien impulse la nulidad del permiso. Greenpeace también ha pedido al tribunal que actúe de forma forzosa para evitar nuevos retrasos. El hotel El Algarrobico ha sobrevivido a gobiernos, cambios legislativos, más de dos décadas de litigios y decenas de resoluciones judiciales. El gigantesco edificio de 21 plantas y 411 habitaciones , levantado frente al mar en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sigue desafiando al paso del tiempo y a la propia Justicia. Y ahora, cuando parecía que el proceso para su derribo había entrado en la fase definitiva, todo ha vuelto al punto de partida.El pleno extraordinario celebrado el 17 de junio en el Ayuntamiento de Carboneras debía servir para cumplir una de las últimas exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: declarar nula la licencia municipal de obras concedida en enero de 2003. Sin ese paso previo, el derribo resulta jurídicamente inviable. Sin embargo, la votación terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de un caso que parece condenado a repetirse indefinidamente.Contra todo pronóstico, concejales del PSOE y no adscritos decidieron dejar sobre la mesa la votación sobre la anulación de la licencia. La decisión se aplazó hasta disponer de nuevos informes sobre las posibles consecuencias económicas para el municipio. La explicación ofrecida por los ediles socialistas no gira en torno a la legalidad urbanística del edificio, ampliamente cuestionada por los tribunales durante años, sino al impacto económico que podría provocar la nulidad del permiso municipal.El temor es que Azata del Sol, promotora del hotel , reclame una indemnización millonaria por los daños derivados de la anulación de una licencia concedida por el propio Ayuntamiento hace más de dos décadas. Para un municipio de apenas 8.400 habitantes y con un presupuesto muy limitado, una condena de esa magnitud supondría un golpe prácticamente imposible de asumir.Ese miedo, según los argumentos que esgrimió el portavoz municipal socialista, ha terminado imponiéndose a las directrices del partido. La escena resultó especialmente incómoda para el PSOE. Fue un alcalde socialista, Cristóbal Fernández , quien concedió hace 23 años la licencia que permitió levantar el macrohotel. En aquel momento, el proyecto contaba además con informes favorables de distintas administraciones gobernadas por los socialistas, tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración del Estado.Con el paso de los años, el discurso ha cambiado radicalmente. El mismo partido que respaldó el desarrollo urbanístico acabó convirtiendo El Algarrobico en símbolo del urbanismo ilegal y de la protección ambiental, prometiendo una y otra vez su demolición. Tras una denuncia de un grupo ecologista, un juez paró la construcción en 2006 cuando se encontraba al 95%.La contradicción de los socialistas ha protagonizado un nuevo capítulo durante el último pleno carbonero. El grupo socialista de Carboneras, liderado por José Luis Amérigo Fernández, sobrino del alcalde que concedió la licencia, anunció su voto en contra de la anulación del permiso que su partido lleva años reclamando, hasta no contar con más información respecto a la repercusión que conlleva el trámite para la localidad.El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández ABC Salvador Hernández: «Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras» El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha defendido que el principal afectado por el conflicto del hotel de El Algarrobico es el municipio y ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía una «solución definitiva» que permita cerrar un problema que se prolonga desde hace más de dos décadas. «El Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras», ha manifestado el regidor, quien ha pedido a ambas administraciones «altura de miras» para respaldar al municipio y compensar el daño sufrido. Las declaraciones del alcalde llegan después de que el Pleno municipal decidiera posponer la votación sobre la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, trámite que debía servir para anular el permiso de construcción en cumplimiento de las resoluciones judiciales que declararon ilegal el inmueble. Tras la sesión plenaria, Hernández lamentó que no se aprobara la propuesta y aseguró que «lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá». Con los votos favorables del PSOE y dos ediles no adscritos, el asunto quedó sobre la mesa para solicitar nuevos informes sobre el impacto económico y patrimonial que podría derivarse de la decisión. El alcalde insistió en que el propio acuerdo contemplaba abrir posteriormente un expediente para analizar las posibles reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia y tras el pronunciamiento de los tribunales. «No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición», afirmó. Hernández reconoció además que no esperaba este desenlace, ya que su intención era sacar adelante la propuesta conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Hasta donde llegan mis capacidades he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno», señaló. En este sentido, reiteró que el Ayuntamiento está obligado a cumplir las resoluciones judiciales «dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.400 habitantes», al tiempo que recordó que cada concejal es responsable de su voto. El Pleno tenía previsto aprobar la revisión de la licencia concedida en enero de 2003, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara su nulidad al haberse otorgado sobre suelos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en la zona de servidumbre de protección del litoral.La reacción fue inmediata. La dirección provincial del PSOE anunció la apertura de expedientes disciplinarios y la suspensión cautelar de militancia de los cinco concejales por desobedecer las instrucciones de la organización.La situación también deja en una posición comprometida a María Jesús Montero. La vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía prometía hace un año que lo tiraría en cinco meses , sin embargo, el calendario ha seguido avanzando sin que las excavadoras aparezcan en la playa del Algarrobico. Tampoco ha evolucionado el expediente de expropiación que solo afectaba a la zona del hotel ubicada en dominio público marítimo-terrestreNoticia relacionada estandar No general No No El Gobierno y la Junta de Andalucía se reunirán el martes 23 para abordar el conflicto de El Algarrobico José María AguileraLa paradoja resulta difícil de igualar. Para restaurar la legalidad urbanística primero debe anularse una licencia que fue concedida por una administración pública y que por el momento sigue en vigor, a pesar de ser una construcción ilegal por estar en suelo protegido e invadir parte de la franja costera. La anulación del permiso municipal puede abrir la puerta a reclamaciones económicas multimillonarias que nadie quiere asumir.La Junta de Andalucía ya ha anunciado que solicitará al TSJA la ejecución subsidiaria de la sentencia para intentar sortear el bloqueo municipal y que sea la propia administración autonómica quien impulse la nulidad del permiso. Greenpeace también ha pedido al tribunal que actúe de forma forzosa para evitar nuevos retrasos.
El hotel El Algarrobico ha sobrevivido a gobiernos, cambios legislativos, más de dos décadas de litigios y decenas de resoluciones judiciales. El gigantesco edificio de 21 plantas y 411 habitaciones, levantado frente al mar en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sigue … desafiando al paso del tiempo y a la propia Justicia. Y ahora, cuando parecía que el proceso para su derribo había entrado en la fase definitiva, todo ha vuelto al punto de partida.
El pleno extraordinario celebrado el 17 de junio en el Ayuntamiento de Carboneras debía servir para cumplir una de las últimas exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: declarar nula la licencia municipal de obras concedida en enero de 2003. Sin ese paso previo, el derribo resulta jurídicamente inviable. Sin embargo, la votación terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de un caso que parece condenado a repetirse indefinidamente.
Contra todo pronóstico, concejales del PSOE y no adscritos decidieron dejar sobre la mesa la votación sobre la anulación de la licencia. La decisión se aplazó hasta disponer de nuevos informes sobre las posibles consecuencias económicas para el municipio. La explicación ofrecida por los ediles socialistas no gira en torno a la legalidad urbanística del edificio, ampliamente cuestionada por los tribunales durante años, sino al impacto económico que podría provocar la nulidad del permiso municipal.
El temor es que Azata del Sol, promotora del hotel, reclame una indemnización millonaria por los daños derivados de la anulación de una licencia concedida por el propio Ayuntamiento hace más de dos décadas. Para un municipio de apenas 8.400 habitantes y con un presupuesto muy limitado, una condena de esa magnitud supondría un golpe prácticamente imposible de asumir.
Ese miedo, según los argumentos que esgrimió el portavoz municipal socialista, ha terminado imponiéndose a las directrices del partido. La escena resultó especialmente incómoda para el PSOE. Fue un alcalde socialista, Cristóbal Fernández, quien concedió hace 23 años la licencia que permitió levantar el macrohotel. En aquel momento, el proyecto contaba además con informes favorables de distintas administraciones gobernadas por los socialistas, tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración del Estado.
Con el paso de los años, el discurso ha cambiado radicalmente. El mismo partido que respaldó el desarrollo urbanístico acabó convirtiendo El Algarrobico en símbolo del urbanismo ilegal y de la protección ambiental, prometiendo una y otra vez su demolición. Tras una denuncia de un grupo ecologista, un juez paró la construcción en 2006 cuando se encontraba al 95%.
La contradicción de los socialistas ha protagonizado un nuevo capítulo durante el último pleno carbonero. El grupo socialista de Carboneras, liderado por José Luis Amérigo Fernández, sobrino del alcalde que concedió la licencia, anunció su voto en contra de la anulación del permiso que su partido lleva años reclamando, hasta no contar con más información respecto a la repercusión que conlleva el trámite para la localidad.
(ABC)
Salvador Hernández: «Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras»
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha defendido que el principal afectado por el conflicto del hotel de El Algarrobico es el municipio y ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía una «solución definitiva» que permita cerrar un problema que se prolonga desde hace más de dos décadas.
«El Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras», ha manifestado el regidor, quien ha pedido a ambas administraciones «altura de miras» para respaldar al municipio y compensar el daño sufrido.
Las declaraciones del alcalde llegan después de que el Pleno municipal decidiera posponer la votación sobre la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, trámite que debía servir para anular el permiso de construcción en cumplimiento de las resoluciones judiciales que declararon ilegal el inmueble.
Tras la sesión plenaria, Hernández lamentó que no se aprobara la propuesta y aseguró que «lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá». Con los votos favorables del PSOE y dos ediles no adscritos, el asunto quedó sobre la mesa para solicitar nuevos informes sobre el impacto económico y patrimonial que podría derivarse de la decisión.
El alcalde insistió en que el propio acuerdo contemplaba abrir posteriormente un expediente para analizar las posibles reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia y tras el pronunciamiento de los tribunales. «No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición», afirmó.
Hernández reconoció además que no esperaba este desenlace, ya que su intención era sacar adelante la propuesta conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Hasta donde llegan mis capacidades he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno», señaló.
En este sentido, reiteró que el Ayuntamiento está obligado a cumplir las resoluciones judiciales «dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.400 habitantes», al tiempo que recordó que cada concejal es responsable de su voto.
El Pleno tenía previsto aprobar la revisión de la licencia concedida en enero de 2003, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara su nulidad al haberse otorgado sobre suelos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en la zona de servidumbre de protección del litoral.
La reacción fue inmediata. La dirección provincial del PSOE anunció la apertura de expedientes disciplinarios y la suspensión cautelar de militancia de los cinco concejales por desobedecer las instrucciones de la organización.
La situación también deja en una posición comprometida a María Jesús Montero. La vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía prometía hace un año que lo tiraría en cinco meses, sin embargo, el calendario ha seguido avanzando sin que las excavadoras aparezcan en la playa del Algarrobico. Tampoco ha evolucionado el expediente de expropiación que solo afectaba a la zona del hotel ubicada en dominio público marítimo-terrestre
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La paradoja resulta difícil de igualar. Para restaurar la legalidad urbanística primero debe anularse una licencia que fue concedida por una administración pública y que por el momento sigue en vigor, a pesar de ser una construcción ilegal por estar en suelo protegido e invadir parte de la franja costera. La anulación del permiso municipal puede abrir la puerta a reclamaciones económicas multimillonarias que nadie quiere asumir.
La Junta de Andalucía ya ha anunciado que solicitará al TSJA la ejecución subsidiaria de la sentencia para intentar sortear el bloqueo municipal y que sea la propia administración autonómica quien impulse la nulidad del permiso. Greenpeace también ha pedido al tribunal que actúe de forma forzosa para evitar nuevos retrasos.
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