¿Qué lleva a un inspector de la Policía Nacional a liderar una red de tráfico de cocaína en el puerto de Barcelona? Los motivos sólo los sabe él, pero la consecuencia ha sido una condena de 15 años de cárcel .La denuncia de un arrepentido, tras una descarga, llevó a los Mossos d’Esquadra hasta el entramado que lideraba Calixto M., inspector del Grupo 1 de Estupefacientes de la Udyco. También hasta el responsable de la empresa de logística que facilitó su infraestructura para transportar la droga. En julio de 2025, ingresaba en prisión el número 2 de Vigilancia Aduanera en Cataluña, tras ser detenido en una operación contra el contrabando de tabaco, también en el puerto de Barcelona. Hace dos años, fue la Audiencia de Gerona la que impuso una década de condena a tres mossos por robar marihuana del depósito policial para revenderla a traficantes.Estos casos, con funcionarios implicados, son la punta del iceberg de la infiltración del narco en el circuito legal. Las organizaciones criminales invierten millones de euros para obtener la máxima rentabilidad, en un entorno de competencia feroz, y ello también incluye tener a policías en nómina. Esa corrupción abarca la compra de sectores logísticos para el transporte de la mercancía; infiltración en el inmobiliario para blanquear sus ganancias, y el uso masivo de asesoría jurídico-legal para granjearse no sólo un buen entramado financiero, sino también una buena defensa cuando los ‘cazan’. Según Europol, más del 80 por ciento de las redes «más peligrosas» de la Unión Europea emplean estructuras comerciales legales para blanquear los beneficios de su actividad delictiva. «Si no atacamos su economía e intentamos contener la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido económico, no podremos revertir parte de este narcotráfico que tenemos arraigado en el territorio», advertía el subinspector de los Mossos, Marc Bayon, hace unas semanas, tras una operación que consiguió desmantelar la infiltración en el circuito legal del dinero negro de unos traficantes de marihuana; habiéndose convertido Cataluña en la huerta de Europa, donde llega a triplicar su valor en el mercado negro. Y es que la exportación es el ‘corazón’ del negocio: la diferencia de precios incentiva la producción local masiva para su posterior comercialización en otros territorios. Seguir la pista del dinero es clave para poder asestar golpes realmente eficaces contra el crimen organizado, pero son investigaciones complejas que requieren tiempo y recursos de los que los Cuerpos policiales escasean, sobre todo, cuando el incremento de incidentes armados -perpetrados por los mismos traficantes- acucia a proporcionar respuestas efectistas. Léase: grandes operaciones con sus consecuentes detenciones e incautaciones. Pero sin atajar la raíz de dichas organizaciones; es decir, su financiación, el esfuerzo empleado resulta prácticamente estéril porque esos fondos les permiten, más pronto que tarde, retomar su actividad ilícita. Por ejemplo, en el citado caso, la operación Krippy contra la infiltración del dinero de la marihuana, fueron tres años de pesquisas de la Policía catalana y la Guardia Civil hasta desarticular el entramado dedicado al suministro de material a los narcos y su posterior blanqueo. Eran cuatro individuos, de nacionalidad española, que se dedicaban a dotar de logística e infraestructura a grupos de albaneses, para sus plantaciones a gran escala. Lo más complicado para los investigadores fue llegar a demostrar su segunda actividad: el blanqueo de capitales para introducir en el tejido legal el dinero del narcotráfico, ya que el entramado empresarial prestaba una actividad aparentemente lícita, con ‘growshops’, cuando en realidad lo que hacía era garantizar el aprovisionamiento de los delincuentes dedicados al cultivo. Una empresa realmente ‘valiosa’ por su capacidad de abastecer a múltiples organizaciones, garantizando el anonimato entre unas y otras. También por la ingeniería financiera desplegada para evitar la vinculación entre el negocio legal y el dinero negro. Según estimaciones del INE, los españoles gastan unos 8.000 millones de euros anuales en droga al detalle o menudeo. Es decir, unos 21 millones al día. Además de la violencia asociada, existe otra consecuencia inherente: la corrupción. El riesgo último es que el territorio se acabe convirtiendo en una narcosociedad. Al respecto, los Mossos llevan años alertando de sus «brotes», ya detectados en Cataluña. En el caso de la marihuana, desde electricistas; encargados de las instalaciones para los cultivos, a los denominados ‘jardineros’, que los mantienen. En ocasiones, por su precaria situación económica. Este fue el caso de Diego Vargas , al que mató su socio, Luis Bonet; empresario que proporcionaba la logística a un grupo de traficantes. Su cadáver no se ha localizado, pero la investigación de la Policía catalana se saldó con la detención y posterior condena del homicida. Crimen perpetrado porque Bonet fingió un robo en la plantación que compartían para evitar así repartir los beneficios. Tampoco se ha encontrado aún el cuerpo de Pol Cugat, al que asesinaron en octubre de 2021 en el cultivo que custodiaba.Cataluña pide aumentar las penas de cárcel por tenencia ilícita de armas y cultivo de marihuana a gran escala para evitar el ‘efecto llamada’ para el crimen organizadoDe esa violencia perpetrada por los traficantes: de narcoasaltos a homicidios; al ‘dopaje’ de sectores legales, que se extiende particularmente a inmobiliarias, dado que una de las formas más habituales de blanqueo pasa por la compraventa de inmuebles. Pero también de empresas de logística -como la de Bonet-, para garantizar una tapadera para el transporte de la droga, incluida cocaína, como ocurrió con una de las ubicadas en la Zona Franca de Barcelona, que la llevaba hasta Australia oculta entre material sanitario. Y es sólo un ejemplo.Esta infiltración en el circuito legal ocurre también con el hachís. La bautizada como operación Osiris, de la Guardia Civil, Aduanas y los Mossos, permitió dar al traste, por primera vez en el territorio, con la logística de los traficantes; desmantelando una organización asentada en Gerona, dedicada a construir narcolanchas para transportar la droga entre Marruecos y la costa catalana. Funcionaba como un ‘hub’ empresarial, con sede en Castelló d’Empúries. Allí disponía de una nave industrial, donde, en función de la demanda de los narcos, se hacían con equipos náuticos, y sus responsables se encargaban de construir las embarcaciones y participaban en su traslado hasta el punto de la costa donde realizaban la botadura.A sueldoEl trabajo para el narco se extiende también a los vigilantes de las descargas -pueden embolsarse hasta 1.000 euros, por unas pocas horas de espera en la playa para alertar de la eventual presencia policial- o estibadores, en el caso de los puertos. Hay territorios donde las organizaciones tienen a sueldo no sólo a policías, sino que sus tentáculos se han expandido ya hasta conseguir corromper a políticos y jueces. Y es que, como advertía hace unos días el fiscal antidroga Gerardo Cavero, en una entrevista: «El territorio que produce droga corre el riesgo de convertirse en un narcoestado». En el caso de Cataluña, la propuesta para ponerle coto pasa por una reforma legislativa que aborde dos ámbitos: ante el incremento de incidentes con armas de fuego -68, hasta junio de este año-, y siete asesinatos a tiros -de los cuales seis están vinculados a ajustes de cuentas entre el crimen organizado-, aumentar las penas por su tenencia ilícita. En cuanto al cultivo de marihuana, hacer lo propio para plantaciones masivas. Aunque tanto responsables políticos como policiales son conscientes de que la modificación no ejercerá un poder disuasorio en muchos casos, sí puede suponer una medida efectiva para evitar una de las razones que motiva una suerte de ‘efecto llamada’ para los delincuentes: que la legislación en España es más laxa que la de otros países de su entorno. ¿Qué lleva a un inspector de la Policía Nacional a liderar una red de tráfico de cocaína en el puerto de Barcelona? Los motivos sólo los sabe él, pero la consecuencia ha sido una condena de 15 años de cárcel .La denuncia de un arrepentido, tras una descarga, llevó a los Mossos d’Esquadra hasta el entramado que lideraba Calixto M., inspector del Grupo 1 de Estupefacientes de la Udyco. También hasta el responsable de la empresa de logística que facilitó su infraestructura para transportar la droga. En julio de 2025, ingresaba en prisión el número 2 de Vigilancia Aduanera en Cataluña, tras ser detenido en una operación contra el contrabando de tabaco, también en el puerto de Barcelona. Hace dos años, fue la Audiencia de Gerona la que impuso una década de condena a tres mossos por robar marihuana del depósito policial para revenderla a traficantes.Estos casos, con funcionarios implicados, son la punta del iceberg de la infiltración del narco en el circuito legal. Las organizaciones criminales invierten millones de euros para obtener la máxima rentabilidad, en un entorno de competencia feroz, y ello también incluye tener a policías en nómina. Esa corrupción abarca la compra de sectores logísticos para el transporte de la mercancía; infiltración en el inmobiliario para blanquear sus ganancias, y el uso masivo de asesoría jurídico-legal para granjearse no sólo un buen entramado financiero, sino también una buena defensa cuando los ‘cazan’. Según Europol, más del 80 por ciento de las redes «más peligrosas» de la Unión Europea emplean estructuras comerciales legales para blanquear los beneficios de su actividad delictiva. «Si no atacamos su economía e intentamos contener la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido económico, no podremos revertir parte de este narcotráfico que tenemos arraigado en el territorio», advertía el subinspector de los Mossos, Marc Bayon, hace unas semanas, tras una operación que consiguió desmantelar la infiltración en el circuito legal del dinero negro de unos traficantes de marihuana; habiéndose convertido Cataluña en la huerta de Europa, donde llega a triplicar su valor en el mercado negro. Y es que la exportación es el ‘corazón’ del negocio: la diferencia de precios incentiva la producción local masiva para su posterior comercialización en otros territorios. Seguir la pista del dinero es clave para poder asestar golpes realmente eficaces contra el crimen organizado, pero son investigaciones complejas que requieren tiempo y recursos de los que los Cuerpos policiales escasean, sobre todo, cuando el incremento de incidentes armados -perpetrados por los mismos traficantes- acucia a proporcionar respuestas efectistas. Léase: grandes operaciones con sus consecuentes detenciones e incautaciones. Pero sin atajar la raíz de dichas organizaciones; es decir, su financiación, el esfuerzo empleado resulta prácticamente estéril porque esos fondos les permiten, más pronto que tarde, retomar su actividad ilícita. Por ejemplo, en el citado caso, la operación Krippy contra la infiltración del dinero de la marihuana, fueron tres años de pesquisas de la Policía catalana y la Guardia Civil hasta desarticular el entramado dedicado al suministro de material a los narcos y su posterior blanqueo. Eran cuatro individuos, de nacionalidad española, que se dedicaban a dotar de logística e infraestructura a grupos de albaneses, para sus plantaciones a gran escala. Lo más complicado para los investigadores fue llegar a demostrar su segunda actividad: el blanqueo de capitales para introducir en el tejido legal el dinero del narcotráfico, ya que el entramado empresarial prestaba una actividad aparentemente lícita, con ‘growshops’, cuando en realidad lo que hacía era garantizar el aprovisionamiento de los delincuentes dedicados al cultivo. Una empresa realmente ‘valiosa’ por su capacidad de abastecer a múltiples organizaciones, garantizando el anonimato entre unas y otras. También por la ingeniería financiera desplegada para evitar la vinculación entre el negocio legal y el dinero negro. Según estimaciones del INE, los españoles gastan unos 8.000 millones de euros anuales en droga al detalle o menudeo. Es decir, unos 21 millones al día. Además de la violencia asociada, existe otra consecuencia inherente: la corrupción. El riesgo último es que el territorio se acabe convirtiendo en una narcosociedad. Al respecto, los Mossos llevan años alertando de sus «brotes», ya detectados en Cataluña. En el caso de la marihuana, desde electricistas; encargados de las instalaciones para los cultivos, a los denominados ‘jardineros’, que los mantienen. En ocasiones, por su precaria situación económica. Este fue el caso de Diego Vargas , al que mató su socio, Luis Bonet; empresario que proporcionaba la logística a un grupo de traficantes. Su cadáver no se ha localizado, pero la investigación de la Policía catalana se saldó con la detención y posterior condena del homicida. Crimen perpetrado porque Bonet fingió un robo en la plantación que compartían para evitar así repartir los beneficios. Tampoco se ha encontrado aún el cuerpo de Pol Cugat, al que asesinaron en octubre de 2021 en el cultivo que custodiaba.Cataluña pide aumentar las penas de cárcel por tenencia ilícita de armas y cultivo de marihuana a gran escala para evitar el ‘efecto llamada’ para el crimen organizadoDe esa violencia perpetrada por los traficantes: de narcoasaltos a homicidios; al ‘dopaje’ de sectores legales, que se extiende particularmente a inmobiliarias, dado que una de las formas más habituales de blanqueo pasa por la compraventa de inmuebles. Pero también de empresas de logística -como la de Bonet-, para garantizar una tapadera para el transporte de la droga, incluida cocaína, como ocurrió con una de las ubicadas en la Zona Franca de Barcelona, que la llevaba hasta Australia oculta entre material sanitario. Y es sólo un ejemplo.Esta infiltración en el circuito legal ocurre también con el hachís. La bautizada como operación Osiris, de la Guardia Civil, Aduanas y los Mossos, permitió dar al traste, por primera vez en el territorio, con la logística de los traficantes; desmantelando una organización asentada en Gerona, dedicada a construir narcolanchas para transportar la droga entre Marruecos y la costa catalana. Funcionaba como un ‘hub’ empresarial, con sede en Castelló d’Empúries. Allí disponía de una nave industrial, donde, en función de la demanda de los narcos, se hacían con equipos náuticos, y sus responsables se encargaban de construir las embarcaciones y participaban en su traslado hasta el punto de la costa donde realizaban la botadura.A sueldoEl trabajo para el narco se extiende también a los vigilantes de las descargas -pueden embolsarse hasta 1.000 euros, por unas pocas horas de espera en la playa para alertar de la eventual presencia policial- o estibadores, en el caso de los puertos. Hay territorios donde las organizaciones tienen a sueldo no sólo a policías, sino que sus tentáculos se han expandido ya hasta conseguir corromper a políticos y jueces. Y es que, como advertía hace unos días el fiscal antidroga Gerardo Cavero, en una entrevista: «El territorio que produce droga corre el riesgo de convertirse en un narcoestado». En el caso de Cataluña, la propuesta para ponerle coto pasa por una reforma legislativa que aborde dos ámbitos: ante el incremento de incidentes con armas de fuego -68, hasta junio de este año-, y siete asesinatos a tiros -de los cuales seis están vinculados a ajustes de cuentas entre el crimen organizado-, aumentar las penas por su tenencia ilícita. En cuanto al cultivo de marihuana, hacer lo propio para plantaciones masivas. Aunque tanto responsables políticos como policiales son conscientes de que la modificación no ejercerá un poder disuasorio en muchos casos, sí puede suponer una medida efectiva para evitar una de las razones que motiva una suerte de ‘efecto llamada’ para los delincuentes: que la legislación en España es más laxa que la de otros países de su entorno.
¿Qué lleva a un inspector de la Policía Nacional a liderar una red de tráfico de cocaína en el puerto de Barcelona? Los motivos sólo los sabe él, pero la consecuencia ha sido una condena de 15 años de cárcel.
La denuncia de … un arrepentido, tras una descarga, llevó a los Mossos d’Esquadra hasta el entramado que lideraba Calixto M., inspector del Grupo 1 de Estupefacientes de la Udyco. También hasta el responsable de la empresa de logística que facilitó su infraestructura para transportar la droga.
En julio de 2025, ingresaba en prisión el número 2 de Vigilancia Aduanera en Cataluña, tras ser detenido en una operación contra el contrabando de tabaco, también en el puerto de Barcelona. Hace dos años, fue la Audiencia de Gerona la que impuso una década de condena a tres mossos por robar marihuana del depósito policial para revenderla a traficantes.
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CRÓNICA NEGRA
Elena Burés
Estos casos, con funcionarios implicados, son la punta del iceberg de la infiltración del narco en el circuito legal. Las organizaciones criminales invierten millones de euros para obtener la máxima rentabilidad, en un entorno de competencia feroz, y ello también incluye tener a policías en nómina. Esa corrupción abarca la compra de sectores logísticos para el transporte de la mercancía; infiltración en el inmobiliario para blanquear sus ganancias, y el uso masivo de asesoría jurídico-legal para granjearse no sólo un buen entramado financiero, sino también una buena defensa cuando los ‘cazan’.
Según Europol, más del 80 por ciento de las redes «más peligrosas» de la Unión Europea emplean estructuras comerciales legales para blanquear los beneficios de su actividad delictiva. «Si no atacamos su economía e intentamos contener la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido económico, no podremos revertir parte de este narcotráfico que tenemos arraigado en el territorio», advertía el subinspector de los Mossos, Marc Bayon, hace unas semanas, tras una operación que consiguió desmantelar la infiltración en el circuito legal del dinero negro de unos traficantes de marihuana; habiéndose convertido Cataluña en la huerta de Europa, donde llega a triplicar su valor en el mercado negro. Y es que la exportación es el ‘corazón’ del negocio: la diferencia de precios incentiva la producción local masiva para su posterior comercialización en otros territorios.
Seguir la pista del dinero es clave para poder asestar golpes realmente eficaces contra el crimen organizado, pero son investigaciones complejas que requieren tiempo y recursos de los que los Cuerpos policiales escasean, sobre todo, cuando el incremento de incidentes armados -perpetrados por los mismos traficantes- acucia a proporcionar respuestas efectistas. Léase: grandes operaciones con sus consecuentes detenciones e incautaciones. Pero sin atajar la raíz de dichas organizaciones; es decir, su financiación, el esfuerzo empleado resulta prácticamente estéril porque esos fondos les permiten, más pronto que tarde, retomar su actividad ilícita.
Por ejemplo, en el citado caso, la operación Krippy contra la infiltración del dinero de la marihuana, fueron tres años de pesquisas de la Policía catalana y la Guardia Civil hasta desarticular el entramado dedicado al suministro de material a los narcos y su posterior blanqueo. Eran cuatro individuos, de nacionalidad española, que se dedicaban a dotar de logística e infraestructura a grupos de albaneses, para sus plantaciones a gran escala.
Lo más complicado para los investigadores fue llegar a demostrar su segunda actividad: el blanqueo de capitales para introducir en el tejido legal el dinero del narcotráfico, ya que el entramado empresarial prestaba una actividad aparentemente lícita, con ‘growshops’, cuando en realidad lo que hacía era garantizar el aprovisionamiento de los delincuentes dedicados al cultivo. Una empresa realmente ‘valiosa’ por su capacidad de abastecer a múltiples organizaciones, garantizando el anonimato entre unas y otras. También por la ingeniería financiera desplegada para evitar la vinculación entre el negocio legal y el dinero negro. Según estimaciones del INE, los españoles gastan unos 8.000 millones de euros anuales en droga al detalle o menudeo. Es decir, unos 21 millones al día.
Además de la violencia asociada, existe otra consecuencia inherente: la corrupción. El riesgo último es que el territorio se acabe convirtiendo en una narcosociedad. Al respecto, los Mossos llevan años alertando de sus «brotes», ya detectados en Cataluña. En el caso de la marihuana, desde electricistas; encargados de las instalaciones para los cultivos, a los denominados ‘jardineros’, que los mantienen. En ocasiones, por su precaria situación económica. Este fue el caso de Diego Vargas, al que mató su socio, Luis Bonet; empresario que proporcionaba la logística a un grupo de traficantes.
Su cadáver no se ha localizado, pero la investigación de la Policía catalana se saldó con la detención y posterior condena del homicida. Crimen perpetrado porque Bonet fingió un robo en la plantación que compartían para evitar así repartir los beneficios. Tampoco se ha encontrado aún el cuerpo de Pol Cugat, al que asesinaron en octubre de 2021 en el cultivo que custodiaba.
Cataluña pide aumentar las penas de cárcel por tenencia ilícita de armas y cultivo de marihuana a gran escala para evitar el ‘efecto llamada’ para el crimen organizado
De esa violencia perpetrada por los traficantes: de narcoasaltos a homicidios; al ‘dopaje’ de sectores legales, que se extiende particularmente a inmobiliarias, dado que una de las formas más habituales de blanqueo pasa por la compraventa de inmuebles. Pero también de empresas de logística -como la de Bonet-, para garantizar una tapadera para el transporte de la droga, incluida cocaína, como ocurrió con una de las ubicadas en la Zona Franca de Barcelona, que la llevaba hasta Australia oculta entre material sanitario. Y es sólo un ejemplo.
Esta infiltración en el circuito legal ocurre también con el hachís. La bautizada como operación Osiris, de la Guardia Civil, Aduanas y los Mossos, permitió dar al traste, por primera vez en el territorio, con la logística de los traficantes; desmantelando una organización asentada en Gerona, dedicada a construir narcolanchas para transportar la droga entre Marruecos y la costa catalana. Funcionaba como un ‘hub’ empresarial, con sede en Castelló d’Empúries. Allí disponía de una nave industrial, donde, en función de la demanda de los narcos, se hacían con equipos náuticos, y sus responsables se encargaban de construir las embarcaciones y participaban en su traslado hasta el punto de la costa donde realizaban la botadura.
A sueldo
El trabajo para el narco se extiende también a los vigilantes de las descargas -pueden embolsarse hasta 1.000 euros, por unas pocas horas de espera en la playa para alertar de la eventual presencia policial- o estibadores, en el caso de los puertos. Hay territorios donde las organizaciones tienen a sueldo no sólo a policías, sino que sus tentáculos se han expandido ya hasta conseguir corromper a políticos y jueces. Y es que, como advertía hace unos días el fiscal antidroga Gerardo Cavero, en una entrevista: «El territorio que produce droga corre el riesgo de convertirse en un narcoestado».
En el caso de Cataluña, la propuesta para ponerle coto pasa por una reforma legislativa que aborde dos ámbitos: ante el incremento de incidentes con armas de fuego -68, hasta junio de este año-, y siete asesinatos a tiros -de los cuales seis están vinculados a ajustes de cuentas entre el crimen organizado-, aumentar las penas por su tenencia ilícita. En cuanto al cultivo de marihuana, hacer lo propio para plantaciones masivas. Aunque tanto responsables políticos como policiales son conscientes de que la modificación no ejercerá un poder disuasorio en muchos casos, sí puede suponer una medida efectiva para evitar una de las razones que motiva una suerte de ‘efecto llamada’ para los delincuentes: que la legislación en España es más laxa que la de otros países de su entorno.
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