Todo comenzó en mayo 2025 con la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Palencia por una persona que había perdido cerca de 278.000 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas. Se iniciaba de este modo una investigación que ha terminado destapando una red internacional dedicada a las estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas y al blanqueo de capitales, así como la recuperación de 1,2 millones de dólares.La operación Jecay -así es como la han llamado- se ha prolongado más de un año, hasta este mismo mes de agosto, tiempo en el que se han llegado a esclarecer once delitos de estafa, otro de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental y uno de pertenencia e integración en una organización criminal trasnacional. Asimismo, se ha identificado a seis personas que están siendo investigadas y sobre las que pesan órdenes internacionales de busca, captura y detención, detallaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que se desplazaba hasta la comandancia de la Guardia Civil palentina para explicar la intervención. Según exponía, las víctimas eran captadas a través de «agresivas» campañas publicitarias en televisión e internet, donde se prometían «altas rentabilidades». Sobre el ‘modus operandi’, el capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Palencia, Pedro Luis Lorenzo, apuntaba que a través de los citados anuncios, los estafados contactaban con unos «falsos asesores que en principio se presentaba como auténticos especialistas», y que «a base de insistir» se iban ganando la confianza de sus ‘clientes’. A través de aplicaciones ficticias, los afectados podían comprobar cómo, aparentemente, el dinero invertido aumentaba y cómo evolucionaba de forma positiva su cartera.Sin embargo, detrás de esas cifras no había ninguna inversión real. La plataforma era ficticia, no existían los supuestos asesores y tampoco había una entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), añadía el mando de la Guardia Civil, recordando que los beneficios que aparecían en las aplicaciones eran únicamente números en pantalla. «Las víctimas no eran conscientes del instante exacto en el cual perdían el control absoluto de sus fondos hasta que semanas después se daban cuenta de que habían perdido todo el dinero», añadía Nicanor Sen.Dificultades de la operaciónUno de los elementos que dificultaba seguir el rastro del dinero, y que Pedro Luis Lorenzo destacaba como clave en este delito, era que las víctimas eran quienes abrían las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas a su propio nombre. De esta manera, «la organización no aparecía vinculada en ningún sitio porque los dueños eran las propias víctimas. Luego, les decían que se instalaran aplicaciones de control remoto en sus dispositivos con la excusa de ayudarles a realizar determinadas gestiones». Al hacerlo, los delincuentes obtenían el control de los equipos y de los fondos y a partir de ese momento, la organización dispersaba el dinero mediante cientos de transferencias y lo mezclaba con fondos procedentes de otras víctimas. Las víctimas eran captadas a través de «agresivas» campañas publicitarias en televisión e internet, donde se prometían «altas rentabilidades»Debido la complejidad del entramado, los investigadores tuvieron que seguir diferentes movimientos entre redes y divisas hasta que finalmente dieron con una cuenta que actuaba como destino final de los criptoactivos. Esta cuenta, detallaba el capitán, estaba vinculada a una empresa ficticia con sede en Hong Kong y dada de alta en Seychelles. Desde allí, los fondos se convertían posteriormente en dinero convencional y eran transferidos a una entidad bancaria de Singapur. «La investigación ha implicado a ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur», informaba el delegado del Gobierno.Más de 5.000 transferenciasEl capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Palencia se refería también a la dimensión económica de la investigación. En total, los investigadores analizaron 5.650 transferencias. Detallaba también que el circuito de blanqueo estudiado superaba los 1.200 millones de dólares, mientras que 436 millones de dólares fueron canalizados desde la cuenta final de criptoactivos hacia el banco de salida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.El momento clave de la operación llegó cuando los agentes consiguieron bloquear la cuenta de destino, que en ese momento contaba con 1,2 millones de dólares. Tras seis meses de trámites internacionales, ese dinero ha quedado a disposición del juzgado desde la semana pasada.De esa cantidad, 278.000 euros corresponden al dinero que había sido sustraído a la víctima que originó la investigación. La Guardia Civil ha conseguido trasladar esos fondos desde Seychelles para que puedan ser restituidos tanto a esta persona como a otra víctima relacionada con la misma estafa que también reside en la provincia de Palencia.Para dar cuenta de la importancia de esta operación, el teniente coronel jefe de la Comandancia, Luis Miguel Lombardero, detallaba que todas las operaciones desarrolladas en el presente año por la Guardia Civil de Palencia ha supuesto la recuperación de 40.000 euros. En concreto, actualmente mantiene 57 operaciones de cibercriminalidad abiertas.La información obtenida durante la investigación ha sido trasladada a otras unidades de la Guardia Civil, que están trabajando en la recuperación del dinero de otras nueve víctimas, aunque estos procedimientos se encuentran actualmente en proceso. Todo comenzó en mayo 2025 con la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Palencia por una persona que había perdido cerca de 278.000 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas. Se iniciaba de este modo una investigación que ha terminado destapando una red internacional dedicada a las estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas y al blanqueo de capitales, así como la recuperación de 1,2 millones de dólares.La operación Jecay -así es como la han llamado- se ha prolongado más de un año, hasta este mismo mes de agosto, tiempo en el que se han llegado a esclarecer once delitos de estafa, otro de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental y uno de pertenencia e integración en una organización criminal trasnacional. Asimismo, se ha identificado a seis personas que están siendo investigadas y sobre las que pesan órdenes internacionales de busca, captura y detención, detallaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que se desplazaba hasta la comandancia de la Guardia Civil palentina para explicar la intervención. Según exponía, las víctimas eran captadas a través de «agresivas» campañas publicitarias en televisión e internet, donde se prometían «altas rentabilidades». Sobre el ‘modus operandi’, el capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Palencia, Pedro Luis Lorenzo, apuntaba que a través de los citados anuncios, los estafados contactaban con unos «falsos asesores que en principio se presentaba como auténticos especialistas», y que «a base de insistir» se iban ganando la confianza de sus ‘clientes’. A través de aplicaciones ficticias, los afectados podían comprobar cómo, aparentemente, el dinero invertido aumentaba y cómo evolucionaba de forma positiva su cartera.Sin embargo, detrás de esas cifras no había ninguna inversión real. La plataforma era ficticia, no existían los supuestos asesores y tampoco había una entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), añadía el mando de la Guardia Civil, recordando que los beneficios que aparecían en las aplicaciones eran únicamente números en pantalla. «Las víctimas no eran conscientes del instante exacto en el cual perdían el control absoluto de sus fondos hasta que semanas después se daban cuenta de que habían perdido todo el dinero», añadía Nicanor Sen.Dificultades de la operaciónUno de los elementos que dificultaba seguir el rastro del dinero, y que Pedro Luis Lorenzo destacaba como clave en este delito, era que las víctimas eran quienes abrían las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas a su propio nombre. De esta manera, «la organización no aparecía vinculada en ningún sitio porque los dueños eran las propias víctimas. Luego, les decían que se instalaran aplicaciones de control remoto en sus dispositivos con la excusa de ayudarles a realizar determinadas gestiones». Al hacerlo, los delincuentes obtenían el control de los equipos y de los fondos y a partir de ese momento, la organización dispersaba el dinero mediante cientos de transferencias y lo mezclaba con fondos procedentes de otras víctimas. Las víctimas eran captadas a través de «agresivas» campañas publicitarias en televisión e internet, donde se prometían «altas rentabilidades»Debido la complejidad del entramado, los investigadores tuvieron que seguir diferentes movimientos entre redes y divisas hasta que finalmente dieron con una cuenta que actuaba como destino final de los criptoactivos. Esta cuenta, detallaba el capitán, estaba vinculada a una empresa ficticia con sede en Hong Kong y dada de alta en Seychelles. Desde allí, los fondos se convertían posteriormente en dinero convencional y eran transferidos a una entidad bancaria de Singapur. «La investigación ha implicado a ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur», informaba el delegado del Gobierno.Más de 5.000 transferenciasEl capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Palencia se refería también a la dimensión económica de la investigación. En total, los investigadores analizaron 5.650 transferencias. Detallaba también que el circuito de blanqueo estudiado superaba los 1.200 millones de dólares, mientras que 436 millones de dólares fueron canalizados desde la cuenta final de criptoactivos hacia el banco de salida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.El momento clave de la operación llegó cuando los agentes consiguieron bloquear la cuenta de destino, que en ese momento contaba con 1,2 millones de dólares. Tras seis meses de trámites internacionales, ese dinero ha quedado a disposición del juzgado desde la semana pasada.De esa cantidad, 278.000 euros corresponden al dinero que había sido sustraído a la víctima que originó la investigación. La Guardia Civil ha conseguido trasladar esos fondos desde Seychelles para que puedan ser restituidos tanto a esta persona como a otra víctima relacionada con la misma estafa que también reside en la provincia de Palencia.Para dar cuenta de la importancia de esta operación, el teniente coronel jefe de la Comandancia, Luis Miguel Lombardero, detallaba que todas las operaciones desarrolladas en el presente año por la Guardia Civil de Palencia ha supuesto la recuperación de 40.000 euros. En concreto, actualmente mantiene 57 operaciones de cibercriminalidad abiertas.La información obtenida durante la investigación ha sido trasladada a otras unidades de la Guardia Civil, que están trabajando en la recuperación del dinero de otras nueve víctimas, aunque estos procedimientos se encuentran actualmente en proceso.
Todo comenzó en mayo 2025 con la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Palencia por una persona que había perdido cerca de 278.000 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas. Esta denuncia permitió iniciar una investigación que ha terminado destapando una … red internacional dedicada a las estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas y al blanqueo de capitales, así como la recuperación de 1,2 millones de dólares.
La operación Jecay -así es como la han llamado- se ha prolongado más de un año, hasta este mismo mes de agosto, tiempo en el que se han llegaron a esclarecer once delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental y uno de pertenencia e integración en una organización criminal trasnacional. Asimismo, se ha identificado a seis personas que están siendo investigadas y sobre las que pesan órdenes internacionales de busca, captura y detención, detallaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que se desplazaba hasta la comandancia de la Guardia Civil palentina para explicar la intervención.
Según exponía, las víctimas eran captadas a través de «agresivas» campañas publicitarias en televisión e internet, donde se prometían «altas rentabilidades». Sobre el ‘modus operandi’, el capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Palencia, Pedro Luis Lorenzo, apuntaba que a través de los citados anuncios, los estafados contactaban con unos «falsos asesores que en principio se presentaba como auténticos especialistas», y que «a base de insistir» se iban ganando la confianza de sus ‘clientes’. A través de aplicaciones ficticias, los afectados podían comprobar cómo, aparentemente, el dinero invertido aumentaba y cómo evolucionaba de forma positiva su cartera.
Sin embargo, detrás de esas cifras no había ninguna inversión real. La plataforma era ficticia, no existían los supuestos asesores y tampoco había una entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, añadía el cargo de la Guardia Civil, recordando que los beneficios que aparecían en las aplicaciones eran únicamente números en pantalla. «Las víctimas no eran conscientes del instante exacto en el cual perdían el control absoluto de sus fondos hasta que semanas después se daban cuenta de que habían perdido todo el dinero», añadía Nicanor Sen.
Uno de los elementos que dificultaba seguir el rastro del dinero, y que Pedro Luis Lorenzo destacaba como clave en este delito, era que las víctimas eran quienes abrían las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas a su propio nombre. De esta manera, «la organización no aparecía vinculada en ningún sitio porque los dueños eran las propias víctimas. Luego, les decían que se instalaran aplicaciones de control remoto en sus dispositivos con la excusa de ayudarles a realizar determinadas gestiones». Al hacerlo, los delincuentes obtenían el control de los equipos y de los fondos y a partir de ese momento, la organización dispersaba el dinero mediante cientos de transferencias y lo mezclaba con fondos procedentes de otras víctimas.
Debido la complejidad del entramado, los investigadores tuvieron que seguir diferentes movimientos entre redes y divisas hasta que finalmente dieron con una cuenta que actuaba como destino final de los criptoactivos. Esta cuenta, detallaba el capitán, estaba vinculada a una empresa ficticia con sede en Hong Kong y dada de alta en Seychelles. Desde allí, los fondos se convertían posteriormente en dinero convencional y eran transferidos a una entidad bancaria de Singapur.
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«La investigación ha implicado a ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur», informaba el delegado del Gobierno.
El capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Palencia se refería también a la dimensión económica de la investigación. En total, los investigadores analizaron 5.650 transferencias. Detallaba también que el circuito de blanqueo estudiado superaba los 1.200 millones de dólares, mientras que 436 millones de dólares fueron canalizados desde la cuenta final de criptoactivos hacia el banco de salida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.
El momento clave de la operación llegó cuando los agentes consiguieron bloquear la cuenta de destino, que en ese momento contaba con 1,2 millones de dólares. Tras seis meses de trámites internacionales, ese dinero ha quedado a disposición del juzgado desde la semana pasada.
De esa cantidad, 278.000 euros corresponden al dinero que había sido sustraído a la víctima que originó la investigación. La Guardia Civil ha conseguido trasladar esos fondos desde Seychelles para que puedan ser restituidos tanto a esta persona como a otra víctima relacionada con la misma estafa que también reside en la provincia de Palencia.
Para dar cuenta de la importancia de esta operación, el teniente coronel jefe de la Comandancia, Luis Miguel Lombardero, detallaba que todas las operaciones desarrolladas en el presente año por la Guardia Civil de Palencia ha supuesto la recuperación de 40.000 euros. En concreto, actualmente mantiene 57 operaciones de cibercriminalidad abiertas.
La información obtenida durante la investigación ha sido trasladada a otras unidades de la Guardia Civil, que están trabajando en la recuperación del dinero de otras nueve víctimas, aunque estos procedimientos se encuentran actualmente en proceso.
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