El Consejo Regional de Consumo ha analizado el balance de actividad correspondiente a 2025, un año en el que se llevaron a cabo 48.042 actuaciones inspectoras en Castilla-La Mancha, detectándose algún tipo de irregularidad en el 4,18 por ciento de los casos.Este órgano, máximo espacio de participación en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras en la región, ha reunido en Toledo a una treintena de representantes de distintas consejerías, así como de entidades e instituciones vinculadas al ámbito del consumo.En materia de seguridad de productos, durante el pasado año se gestionaron 662 notificaciones a través de la red de alerta, lo que permitió la retirada del mercado de 8.212 unidades potencialmente peligrosas. Un dato que, junto al descenso progresivo de estas alertas, refleja una mejora en los controles de mercado y, por tanto, una mayor garantía para la seguridad de los consumidores.Noticia relacionada general No No Consumo quiere obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos con alérgenos o productos peligrosos EPLa actividad de los servicios públicos de Consumo también se ha mantenido elevada, con más de 24.000 consultas atendidas y más de 13.000 reclamaciones y denuncias registradas. Los sectores de telecomunicaciones y energético continúan concentrando la mayor parte de las quejas, especialmente en lo relativo a telefonía y suministro eléctrico.No obstante, uno de los aspectos más destacados del ejercicio ha sido el incremento de las reclamaciones vinculadas al comercio electrónico, en línea con el crecimiento sostenido de las ventas online en los últimos años.En cuanto al sistema arbitral de consumo, se resolvieron 947 solicitudes, con la emisión de 256 laudos. Los sectores más reclamados por esta vía fueron electricidad, transportes, telecomunicaciones y automóviles, coincidiendo con la tendencia del año anterior. Actualmente, un total de 12.868 empresas están adheridas a este sistema, lo que evidencia su consolidación como mecanismo eficaz de resolución amistosa de conflictos.Durante la reunión, el Consejo aprobó además dos proyectos de decreto. El primero actualizará la regulación de las hojas de reclamaciones en Castilla-La Mancha, incorporando un procedimiento electrónico más ágil y simplificado. El segundo se centra en la protección de las personas usuarias de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales.En el ámbito normativo, también se informó del estado de tramitación del anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de las Personas Consumidoras. Tras el debate de enmiendas en comisión, el texto será elevado próximamente al pleno de las Cortes regionales.Asimismo, se abordaron otras iniciativas como la campaña informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el Plan de Inspección de Consumo y Control de Mercado para 2026 y un avance del futuro Plan Estratégico de Consumo Responsable 2026-2030, cuya aprobación se prevé antes del verano.Por último, se presentaron los estudios e investigaciones que se desarrollarán este año en el marco del Observatorio de Consumo, así como un nuevo trabajo centrado en el análisis del desperdicio alimentario. El Consejo Regional de Consumo ha analizado el balance de actividad correspondiente a 2025, un año en el que se llevaron a cabo 48.042 actuaciones inspectoras en Castilla-La Mancha, detectándose algún tipo de irregularidad en el 4,18 por ciento de los casos.Este órgano, máximo espacio de participación en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras en la región, ha reunido en Toledo a una treintena de representantes de distintas consejerías, así como de entidades e instituciones vinculadas al ámbito del consumo.En materia de seguridad de productos, durante el pasado año se gestionaron 662 notificaciones a través de la red de alerta, lo que permitió la retirada del mercado de 8.212 unidades potencialmente peligrosas. Un dato que, junto al descenso progresivo de estas alertas, refleja una mejora en los controles de mercado y, por tanto, una mayor garantía para la seguridad de los consumidores.Noticia relacionada general No No Consumo quiere obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos con alérgenos o productos peligrosos EPLa actividad de los servicios públicos de Consumo también se ha mantenido elevada, con más de 24.000 consultas atendidas y más de 13.000 reclamaciones y denuncias registradas. Los sectores de telecomunicaciones y energético continúan concentrando la mayor parte de las quejas, especialmente en lo relativo a telefonía y suministro eléctrico.No obstante, uno de los aspectos más destacados del ejercicio ha sido el incremento de las reclamaciones vinculadas al comercio electrónico, en línea con el crecimiento sostenido de las ventas online en los últimos años.En cuanto al sistema arbitral de consumo, se resolvieron 947 solicitudes, con la emisión de 256 laudos. Los sectores más reclamados por esta vía fueron electricidad, transportes, telecomunicaciones y automóviles, coincidiendo con la tendencia del año anterior. Actualmente, un total de 12.868 empresas están adheridas a este sistema, lo que evidencia su consolidación como mecanismo eficaz de resolución amistosa de conflictos.Durante la reunión, el Consejo aprobó además dos proyectos de decreto. El primero actualizará la regulación de las hojas de reclamaciones en Castilla-La Mancha, incorporando un procedimiento electrónico más ágil y simplificado. El segundo se centra en la protección de las personas usuarias de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales.En el ámbito normativo, también se informó del estado de tramitación del anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de las Personas Consumidoras. Tras el debate de enmiendas en comisión, el texto será elevado próximamente al pleno de las Cortes regionales.Asimismo, se abordaron otras iniciativas como la campaña informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el Plan de Inspección de Consumo y Control de Mercado para 2026 y un avance del futuro Plan Estratégico de Consumo Responsable 2026-2030, cuya aprobación se prevé antes del verano.Por último, se presentaron los estudios e investigaciones que se desarrollarán este año en el marco del Observatorio de Consumo, así como un nuevo trabajo centrado en el análisis del desperdicio alimentario.
El Consejo Regional de Consumo ha analizado el balance de actividad correspondiente a 2025, un año en el que se llevaron a cabo 48.042 actuaciones inspectoras en Castilla-La Mancha, detectándose algún tipo de irregularidad en el 4,18 por ciento de los … casos.
Este órgano, máximo espacio de participación en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras en la región, ha reunido en Toledo a una treintena de representantes de distintas consejerías, así como de entidades e instituciones vinculadas al ámbito del consumo.
En materia de seguridad de productos, durante el pasado año se gestionaron 662 notificaciones a través de la red de alerta, lo que permitió la retirada del mercado de 8.212 unidades potencialmente peligrosas. Un dato que, junto al descenso progresivo de estas alertas, refleja una mejora en los controles de mercado y, por tanto, una mayor garantía para la seguridad de los consumidores.
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La actividad de los servicios públicos de Consumo también se ha mantenido elevada, con más de 24.000 consultas atendidas y más de 13.000 reclamaciones y denuncias registradas. Los sectores de telecomunicaciones y energético continúan concentrando la mayor parte de las quejas, especialmente en lo relativo a telefonía y suministro eléctrico.
No obstante, uno de los aspectos más destacados del ejercicio ha sido el incremento de las reclamaciones vinculadas al comercio electrónico, en línea con el crecimiento sostenido de las ventas online en los últimos años.
En cuanto al sistema arbitral de consumo, se resolvieron 947 solicitudes, con la emisión de 256 laudos. Los sectores más reclamados por esta vía fueron electricidad, transportes, telecomunicaciones y automóviles, coincidiendo con la tendencia del año anterior. Actualmente, un total de 12.868 empresas están adheridas a este sistema, lo que evidencia su consolidación como mecanismo eficaz de resolución amistosa de conflictos.
Durante la reunión, el Consejo aprobó además dos proyectos de decreto. El primero actualizará la regulación de las hojas de reclamaciones en Castilla-La Mancha, incorporando un procedimiento electrónico más ágil y simplificado. El segundo se centra en la protección de las personas usuarias de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales.
En el ámbito normativo, también se informó del estado de tramitación del anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de las Personas Consumidoras. Tras el debate de enmiendas en comisión, el texto será elevado próximamente al pleno de las Cortes regionales.
Asimismo, se abordaron otras iniciativas como la campaña informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el Plan de Inspección de Consumo y Control de Mercado para 2026 y un avance del futuro Plan Estratégico de Consumo Responsable 2026-2030, cuya aprobación se prevé antes del verano.
Por último, se presentaron los estudios e investigaciones que se desarrollarán este año en el marco del Observatorio de Consumo, así como un nuevo trabajo centrado en el análisis del desperdicio alimentario.
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